El atentado contra la activista hondureña Berta Cáceres fue planificado cinco meses antes de ser asesinada. La prueba del caso contra ocho imputados consta de mensajes de WhatsApp y registros de llamadas telefónicas que fueron analizados por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El informe recabado por el grupo señala a la empresa DESA, que ejecuta el proyecto hidroeléctrico; a las instituciones del Estado que debían proteger a la activista y a las financieras iniciales del proyecto para que colaboren en la investigación.
Foto FACTUM/Archivo
El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores no fue un hecho aislado. La planeación del crimen inició en noviembre de 2015, pasó por un intento frustrado en febrero y se logró consumar en su vivienda cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016; todo bajo la planificación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima de Capital Variable (DESA), sostiene el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
Estas afirmaciones son parte del informe “Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”, que GAIPE presentó este 31 de octubre en Tegucigalpa. El grupo se conformó para investigar el crimen de la reconocida ambientalista a petición de sus familiares y los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Para realizar sus indagaciones se apoyaron en el acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, ambientalista mexicano, además de 30 entrevistas y la revisión de los procesos judiciales por demandas de Copihn.
El crimen de Cáceres sucedió tras años de protestas y movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh en oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA. Un proyecto que, a pesar de contar con permisos del Estado, no había sido consultado ni apoyado por la población de la zona. De hecho, la versión del Ministerio Público señala que el móvil del crimen del crimen de la activista fue por sus años de lucha en contra de la represa.
La obra, ahora suspendida, se encuentra en territorio del pueblo lenca hondureño y afecta al río Gualcarque, en el departamento de Intibucá.
El informe del GAIPE retoma las conversaciones a través de WhatsApp de algunos de los imputados y tres directivos de la empresa que no han sido individualizados. En esas conversaciones se comprueba que durante enero y febrero 2016, los imputados y otras personas, que aún no han sido identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, donde vivía Berta Cáceres y funcionan las oficinas del Copinh.
El plan para atentar contra Cáceres fue planificado desde noviembre de 2015, cuando un alto directivo de DESA se puso en contacto con Douglas Geovanny Bustillo, exmilitar imputado y exjefe de seguridad de DESA. El nombre del directivo no ha sido revelado porque no forma parte del proceso judicial.
En enero de 2016, Douglas Geovanny Bustillo y Henry Javier Hernández Rodríguez, también exmilitar imputado en este caso, visitaron La Esperanza, municipio donde residía Berta Cáceres.
Además, hay mensajes que son concluyentes en que el primer atentado contra Cáceres- según la prueba consultada por GAIPE- iba a consumarse entre el 5 y 6 de febrero de 2016. Pero por razones de logística el operativo fue abortado porque en esa fecha no se contaba con vehículo para el desplazamiento y porque Berta estaba acompañada por otras personas.
Extracto del informe de GAIPE que muestra una conversación en Whatsapp sobre participación del imputado Douglas Bustillo y un directivo de DESA en la planeación del asesinato de Berta Cáceres.
GAIPE critica que la reserva del proceso judicial contraviene el derecho a la legítima defensa de los imputados y de las garantías de no repetición en contra de las víctimas y sus familiares, así también para Copinh y otros grupos en riesgo. Sin embargo, la reserva no ha sido impedimento para que el grupo asesor haya logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado, “en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, hechos que aún permanecen en la impunidad, señala el grupo de expertos.
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Estos son los nombres de los detenidos, con fecha del 2 de mayo: Edilson Duarte Meza, presunto ejecutor; Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa DESA; Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército; y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de DESA.
También fueron detenidos Emerson Eusebio Duarte Meza, hermano Edilson; Elvin Heriberto Rápalo Orellana, presunto ejecutor; Henry Javier Hernández, presunto ejecutor y exsoldado del Quince Batallón; y Óscar Aroldo Velásquez, presunto ejecutor.
Sobre la captura de Emerson Eusebio Duarte Meza, el GAIPE resalta que no hay prueba para determinar su participación en el crimen contra Cáceres y el homicidio tentado de Gustavo Castro. Por lo que consideran que su detención y procesamiento es ilegal.
Además, el grupo analizó el tráfico de llamadas entre los imputados y a partir del mismo considera que hay personas involucradas que aún no han sido identificadas por el Ministerio Público de Honduras. También criticaron las primeras versiones policiales del crimen contra Cáceres atribuyéndolo a su excompañero sentimental, Gustavo Castro, sobreviviente del atentado, y alegando que se trataba de un crimen “pasional”; y que días después también se informara que la razón del crimen eran los conflictos internos dentro de la Copinh.
Una mujer hondureña llevando un sombrero con la consigna, Todos Somos Berta Cáceres, pidiendo justicia en el asesinato de la activista Berta Cáceres, en las calles de Tegucigalpa.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
La falta de protección de Berta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había ordenado medidas cautelares a favor de Berta Cáceres desde el 29 de junio de 2009. Estas medidas dirigidas al Estado de Honduras tenían como fin asegurar su vida e integridad personal a raíz de las amenazas y seguimientos que la activista recibía.
GAIPE señala en el informe que esas medidas no fueron aplicadas y que en 2013 la activista fue acusada, junto a otros dos líderes de Copinh, por los delitos de usurpación, coacción y daños continuados a causa de sus acciones de protesta en contra de la represa.
Un año antes de su muerte, en marzo de 2015, Cáceres “había solicitado a la Secretaría de Seguridad, como medida idónea de protección, que fuera reforzada la seguridad del muro perimetral de su lugar de residencia. La única respuesta que recibió fue: “seamos razonables en lo peticionado y deseo manifestarle con toda responsabilidad y decirle categóricamente que el muro de su casa (…) no podemos construírselo”, recoge el informe de GAIPE.
Los presuntos ejecutores de la activista pudieron ingresar en la vivienda de la víctima y salir de la misma sin problemas, según las investigaciones, porque la propiedad no contaba con ninguna medida de protección.
El grupo asesor también señala que DESA recibió financiamiento de bancos internacionales para el desarrollo durante la instalación del proyecto Agua Zarca. Los financistas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco holandés para el desarrollo (FMO) y Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund), que en julio de 2017 anunciaron su salida del proyecto.
GAIPE solicita a las tres instituciones que colaboren en la investigación penal del crimen de Berta Cáceres porque considera que sus informes periódicos sobre riesgos sociales, las relaciones con las comunidades cercanas y valoraciones de seguridad del proyecto pueden ser muy útiles para el caso.
Mientras tanto, el proyecto de Agua Zarca se mantiene suspendido a la espera de retomar un “diálogo pacífico entre todos los actores involucrados, para que sea a través del entendimiento y la racionalidad como podamos juntos construir un país más próspero, con desarrollo y empleo para todos”, señala DESA en un comunicado emitido el pasado 22 de octubre.
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