En la actualidad, El Salvador atraviesa por una fuerte crisis de institucionalidad en la que las autoridades irrespetan cotidianamente principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Vulneraciones que pretenden disfrazar o hacer pasar desapercibidas por medio de las fuertes inversiones de dinero público en medios de comunicación oficialistas que, en lugar de comunicar, desinforman o pretenden distorsionar la realidad.
Esta crisis incluso ha llevado a cuestionar la facilidad de cómo se puede violentar el estado constitucional de derecho por parte del órgano ejecutivo, que es quien comanda las fuerzas de seguridad y militares como lo son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Estas instituciones, lejos de cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, se han vuelto completamente discrecionales y en función del gobierno de turno, lo cual contraviene flagrantemente lo establecido tanto en la Constitución como en los Acuerdos de Paz.
Lo anterior ha quedado en evidencia con actuaciones como la vulneración a derechos fundamentales a la población interna y privada de libertad por parte de la Dirección de Centros Penales a raíz de los estados de emergencia decretados por la Presidencia de la República, que incluso prohibió el contacto de los reos con sus propios abogados defensores. También ha quedado en evidencia con el golpe de estado realizado el 9 de febrero de 2020 contra el órgano legislativo por parte del presidente con el apoyo del ministro de la Defensa y la Fuerza Armada, lo que valió la condena internacional al país por parte de diversas instituciones, incluido el Congreso de Estados Unidos. Luego, otras evidencias: la negativa reiterada de los ministerios de Hacienda, Salud, Obras Públicas y Agricultura de rendir cuentas en relación a cómo han sido utilizados los fondos públicos durante la pandemia de la Covid-19 y la instrumentalización de la Policía Nacional Civil como policía política de gobierno al estilo de una Gestapo para controlar o incluso detener a personas que no son afines al gobierno.
Frente a esto surge el importante rol que desempeñan los jueces y, tal como lo he mencionado en artículos anteriores, su función de contingencia en la defensa del estado constitucional y democrático de derecho, todos como jueces de la Constitución y en aplicación al control difuso de constitucionalidad que el desempeño de su función conlleva. Así pues, nos hemos encontrado con resoluciones que han sentado valiosos precedentes en defensa de la Constitución y del principio de legalidad, que van desde las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional en relación a los decretos ejecutivos a razón de la pandemia y las mal llamadas convocatorias del Consejo de Ministros, así como las resoluciones de los jueces de Vigilancia Penitenciara en relación al decreto de emergencia en Centros Penitenciarios y las valientes resoluciones del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, quien se ha enfrentado hasta en cuatro ocasiones a la negativa ilegal de la Fuerza Armada de entregar los archivos correspondientes a la masacre de El Mozote.
Sin lugar a dudas, la coyuntura actual requiere jueces y aplicadores de justicia conocedores del derecho, que sean defensores de la Constitución y las leyes, pero sobre todo valientes y comprometidos con el estado constitucional y democrático de derecho. Juzgadores que estén dispuestos a renunciar a la zona de confort que puede brindar una judicatura y las aspiraciones de hacer carrera judicial con perfil bajo y de esta forma ser elegible para algún cargo superior o de mayor rango en el órgano judicial.
Lo anterior nos lleva a cuestionarnos: ¿qué tipo de jueces son los que actualmente se están formando en las universidades? ¿Qué tipo de derecho es el que están aprendiendo? No se trata de tener jueces que no vean el contexto de la realidad o no se den cuenta de esta; que se queden únicamente en el discurso normativo, sino que, por el contrario, asuman un compromiso con la realidad desde el cargo que desempeñan y exige a lo jueces el cumplimiento de los derechos humanos desde una postura firme y valiente que limite el avance de las prácticas violatorias.
Uno de estos jueces comprometidos y valientes desde su formación personal y académica ha sido el licenciado Roberto Eduardo Marenco Álvarez, quien se desempeñaba como juez Segundo de Familia de la jurisdicción de Santa Ana, a quien la vida me dio el privilegio de conocer cuando fungíamos como letrados o resolutores del Juzgado Tercero de Familia de San Salvador, allá por el año 2001, cuando ambos aún nos encontrábamos cursando el pregrado de la licenciatura en ciencias jurídicas. En Roberto advertí, a parte de su amor por la música, un deseo constante de superación que trascendía al ámbito personal, es decir, el deseo de aprender y saber más con el propósito de ayudar a los demás.
Dentro de nuestro desarrollo profesional, la vida nos tenía preparados caminos distintos, pero que de vez en cuando o de cuando en vez nos permitían volver a reencontrarnos y entre risas y chascarrillos cuestionábamos el rumbo de la institucionalidad del país y cómo cada uno se planteaba retos para poder aportar desde su trinchera jurídica aportes a la administración de justicia, la academia e incluso a la crisis de institucionalidad que atraviesa el país hoy en día. Y, a mi juicio, Roberto lo tenía claro desde la jurisdicción de familia. La última vez que lo visité en el tribunal a su cargo, me comentó con claridad qué criterios estaba dispuesto a implementar, pues su nombramiento era de reciente data. Temas como fácil acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, celeridad en casos de emergencia, garantía al interés superior y severo trato a los deudores de cuotas alimenticias es un breve listado de los aspectos que pudo mencionarme, aspectos que destacan la calidad humana y compromiso de Roberto a la hora de impartir justicia.
La tarea de los jueces nunca es fácil, siempre es difícil, y a veces se necesita valor, salir de una situación de confort para colocarse realmente en el lugar que corresponde. Y hoy más que nunca necesitamos jueces valientes, porque esa es otra calidad que a todos los jueces hay que pedirles. La aplicación de la ley no es un catecismo y a veces se necesita una interpretación creativa de acuerdo con el momento y con la situación ante la que se actúa. Por ejemplo, en los juicios donde hay violaciones a derechos constitucionales o en los casos de delitos de corrupción, los jueces tienen obligación de una mayor diligencia. Estos juicios deben tener la mayor rapidez posible, porque el bienestar de la sociedad pende de esos resultados.
El pasado sábado 28 de noviembre, a tempranas horas de la noche, recibí una llamada telefónica en la cual se me informaba que Roberto había fallecido trágicamente en un accidente de tránsito, en donde la lluvia y la poca visibilidad se conjugaron para terminar de imprevisto con la vida del juez Segundo de Familia de Santa Ana, mi colega y amigo el licenciado Roberto Eduardo Marenco Álvarez, quien a sus 40 años de edad tuvo por finalizada una fecunda y prometedora vida, no solo en el ámbito profesional y académico, sino también en su vida familiar como padre de una hija menor de edad, a quien se entregaba con la locura y amor que solo los padres podemos sentir por nuestras hijas.
Me disculpo por haber apartado las líneas de este texto del enfoque académico, jurídico, político y social y haberlas cargado de un grado evidente de emotividad y subjetividad. Sin embargo, estoy convencido de que la situación lo amerita, pues, como lo he dicho en su momento, con la partida temprana de Roberto el órgano judicial salvadoreño ha perdido a un juez con un tremendo potencial. El Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría General de la República perdieron a un buen capacitador, la academia perdió a un muy buen catedrático, pero sobre todo aquellos que le conocimos sabemos que hemos perdido a un grandioso ser humano. Hasta siempre, señor juez, mi amigo, mi hermano.
*Óscar Canjura es abogado y notario de la República, licenciado en Ciencias Jurídicas y maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con estudios especializados en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Políticas Publicas. Miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU.
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