Las empresas, las ganadoras de los Juegos Centroamericanos

Los máximos ganadores de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe son los proveedores que adecuaron – a medias – los escenarios deportivos. A la empresa mexicana Prodisa le fueron asignados contratos por $55 millones, a pesar de que incumplía el requisito de ley de estar inscrita en El Salvador. No se puede comprobar, hasta ahora, la ejecución o los términos del contrato porque tanto ese como la mayor parte de comprobantes legales de adjudicación de fondos públicos están reservados o declarados como “inexistentes”. 

Foto Factum/Gerson Nájera

El 20 de abril de 2022, en un lapso de menos de cuatro horas, la empresa mexicana Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V. (Prodisa) ganó $39.4 millones de fondos públicos para la ejecución de dos contratos relacionados a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe: la remodelación del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y el Estadio Jorge Mágico González. Ninguno de los dos estuvo listo a tiempo para el día inaugural, el pasado 23 de junio. De hecho, pocos días antes, tres disciplinas deportivas tuvieron que cambiar la sede por la falta de finalización de las obras. 

Ambas obras fueron los primeros contratos que Prodisa obtuvo. En los próximos seis meses, esta empresa logró dos más: el mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos “el Famoso” Hernández, por $10.4 millones, luego que la empresa anterior supuestamente incumpliera con el contrato; y otra compra más para el suministro de equipo deportivo, por $5 millones. 

Las primeras dos adjudicaciones a Prodisa fueron irregulares, ya que la empresa no estaba aún registrada en el país, como lo exige la ley. Las autoridades, pese a que la empresa no cumplía ese requisito legal, le asignaron contratos millonarios. Este es el segundo caso detectado de este tipo. El primero benefició a la empresa que distribuye los alimentos a los atletas. Los dos casos, además de la violación de la ley, tienen otra coincidencia: fue el mismo abogado, Luis Bernardo Tévez Rivas, quien registró a ambas empresas.

Las cuatro adjudicaciones a Prodisa constan en actas publicadas en el sitio de transparencia del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), que fueron firmadas por el consejo directivo de esa institución, o por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (COSSAN). Lo que no consta casi en su totalidad son los contratos, las bases de licitación y, en algunos casos, los proveedores beneficiados y los montos adjudicados. 

Revista Factum revisó 77 actas publicadas por el INDES, que van desde diciembre de 2021 a marzo de 2023, para conocer cuántos fondos públicos fueron asignados para la realización de los juegos, qué empresas ganaron los contratos y por cuánto; y cuántos oferentes hubo en cada proceso. 

Lo que consta en dichas actas es que en ese período, el INDES y el COSSAN adjudicaron un aproximado de $118.7 millones, de fondos propios y procedentes del préstamo 2254 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se realizó por un monto de $115.2 millones, y estaba destinado exclusivamente para rescate de sedes deportivas.

De los $118.7 millones adjudicados en actas, $95.3 millones fueron a través de licitaciones públicas o concursos públicos nacionales e internacionales en 20 contratos; y $20 millones más fueron por contratación directa en 34 procesos. Aunque en apariencia los fondos fueron asignados siguiendo los procesos de ley, hay matices que opacan esa conclusión. 

En el periodo analizado, cinco de 20 contratos efectuados por licitación o concurso público internacional tuvieron un único oferente, es decir, no tuvieron competencia alguna. Se trata de la remodelación del estadio Jorge Mágico González, adjudicado a Prodisa; el mejoramiento del Complejo Deportivo el Polvorín, adjudicado a la empresa guatemalteca 4 Carriles, por $15.2 millones; las supervisiones de las remodelaciones del estadio Las Delicias, por $227 mil, y del Parque Saturnino Bengoa, por$163 mil, adjudicadas a la empresa salvadoreña Ingeniería y Tecnología, S.A. 

El último contrato con un único oferente fue la supervisión de la remodelación del Complejo Ecuestre San Andrés, asignada por $38 mil a las empresas H+M, S.A. de C.V. y a la Unión de Personas H+M Arquitectos. 

Nuevo estadio para deportes de playa en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, a tres días de la inauguración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto Factum/Gerson Nájera

Una ilegalidad para contratar a Prodisa

El 20 de abril de 2022, cuando Prodisa obtuvo $39.4 millones para dos obras públicas de envergadura e importancia fundamental para los juegos, el INDES violó la normativa legal vigente del país, ya que la empresa ni siquiera se había registrado en el país. 

El artículo 358 del Código de Comercio establece literalmente: “Las sociedades extranjeras que deseen realizar actos de comercio en El Salvador, fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el Registro de Comercio”. Prodisa quedó legalmente inscrita el 5 de julio de 2022,  es decir, un mes y medio después de haber recibido los dos contratos millonarios, según datos del Registro de Comercio. 

De hecho, el abogado que inscribió a la sociedad mencionó ese mismo artículo cuando presentó la documentación. 

La irregularidad en la adjudicación a Prodisa es la misma evidenciada por Factum con la empresa Servicios de Alimentación N.P.S.A., de nombre comercial La Vianda, que recibió la adjudicación para la alimentación de atletas y delegados por $4.6 millones, sin haber estado legalmente inscrita en el país. 

Las coincidencias no terminan ahí. El abogado que inscribió Servicios de Alimentación N.P.S.A. en el Registro de Comercio es el mismo que inscribió a Prodisa: Luis Tévez Rivas. En el caso de Prodisa, Tévez Rivas funge además como representante legal. 

La sucursal salvadoreña de Prodisa no estuvo registrada hasta inicios de julio de 2022 y no es claro si fue esta empresa la que finalmente ejecutó la remodelación del estadio Jorge Mágico González: no existen contratos, ni actas de avances, ni bases de licitación. En los meses previos a la realización de los juegos, maquinaria con el logo de la empresa salvadoreña Disa, S.A. de C.V. estuvo efectuando trabajos en la sede deportiva, tal y como comprobó Factum, pero no existe registro si se trata de una subcontratación o arriendo de maquinaria. 

Factum llamó por teléfono al abogado Tévez Rivas la mañana del 6 de julio de 2023 para preguntarle por qué, al igual que lo hizo con La Vianda, inscribió a Prodisa hasta después de que le adjudicaron los contratos millonarios. Dijo que pediría autorización para dar una declaración, pero al cierre de esta publicación eso no ocurrió. 

Durante esa llamada, a pesar de estar inscrito en el Registro de Comercio como representante legal de Prodisa, negó serlo y dijo que únicamente brindó sus servicios para la constitución de la sociedad. Además, aunque el Código de Comercio dice otra cosa, dejó entrever que en los procesos de contratación a las empresas extranjeras les basta con presentar una carta de intención de inscripción de la sucursal nacional para participar.  

Sin embargo, Tévez Rivas no profundizó en detalles del proceso de adjudicación a Prodisa. 

Maquinaria de la empresa salvadoreña Disa trabajaba el pasado 11 de mayo en la remodelación del Estadio Jorge Mágico González. Foto: Suchit Chávez

Disa, S.A. de C.V., otro de los grandes contratistas del Estado Salvadoreño y que ha participado en proyectos clave del actual gobierno, mostró interés y retiró las bases de licitación para el proyecto, según consta en el acta 15-2022 del Consejo directivo del INDES; pero no presentó ninguna oferta. Ninguna de las otras 24 empresas que retiró las bases presentó oferta alguna. 

El 25 de enero de 2023, el presidente del INDES  y a la vez presidente del COSSAN , Yamil Bukele aseguró que la empresa que había obtenido el contrato para la remodelación del Palacio Nacional de los Deportes Carlos “el Famoso” Hernández les había “quedado mal”. Según una publicación del periódico Diario El Mundo, Bukele explicó en esa ocasión que la empresa no había presentado las fianzas de cumplimiento y documentos necesarios para el inicio de la obra y que ya había sido denunciada por ese motivo. El funcionario dijo una verdad a medias. 

Según el acta 28-2022 del Consejo directivo del INDES, con fecha 20 de julio de 2022, la empresa ganadora de esa licitación había sido la empresa mexicana Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V., pero se efectuó un proceso de caducidad del contrato y el proceso de extinción se reservó inmediatamente por tres años.

La adjudicación, según esa acta, había sido el 27 de abril de 2022 y la firma del contrato el 24 de mayo. La presentación de la garantía y fianza de cumplimiento correspondía hacerse el 7 de junio, pero la compañía solicitó una prórroga al no tenerla lista. La petición fue aprobada. Llegado el nuevo plazo, Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico aún no tenía la documentación, y así lo planteó al Comité directivo. El INDES decidió retirar la adjudicación y asignarla a la segunda empresa mejor calificada del proceso de licitación: Prodisa. 

Lo que el presidente del INDES no explicó en sus declaraciones de enero de 2023 fueron los motivos por los que la empresa no pudo completar la presentación de documentos. En el acta se reseña que en la carta presentada por la empresa esta misma pide caducar el contrato debido a que hasta ese momento ninguna compañía aseguradora había accedido a garantizar la obra. 

Extracto del acta 28-2022 del Consejo Directivo del INDES del 20 de julio de 2022 donde se plantean las razones para caducar el contrato de remodelación del Palacio de los Deportes a la primera empresa adjudicataria.

El uso de los fondos

El préstamo 2254 del BCIE otorgó $115.2 millones al Gobierno salvadoreño para solventar la readecuación de escenarios deportivos para la realización de los juegos. Pero esos no son los únicos montos que el INDES ha tenido a su disposición.

La Asamblea Legislativa aprobó transferencias y refuerzos presupuestarios para la ejecución de la justa deportiva el 22 de marzo de 2022 por $41.5 millones; el 10 de octubre del mismo año por $10 millones y el 30 de marzo de 2023 por $12 millones más. En total, $178.7 millones.

La diferencia en el uso de los fondos radica en su origen. El contrato con el BCIE establece en su punto 15.04 que la Ley aplicable para el desarrollo de los contratos de infraestructura será “las leyes de la República de El Salvador”. Para la fecha en que el contrato se firmó y hasta inicios de 2023, la vigente era la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Debido a esto, ninguno de los 11 contratos de megaobras de remodelación o construcción de escenarios deportivos con fondos BCIE fueron contrataciones directas.

A tres días de la inauguración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, reos en fase de confianza y empresas constructoras trabajaban en las adecuaciones al Estadio Nacional Mágico González. Foto Factum/Gerson Nájera

El Consejo Directivo del INDES, en cambio, aprobó en su acta 13-2022 del 30 de marzo de 2022 – coincidente con la fecha del primer refuerzo presupuestario – un calificativo de “urgencia” para todas las compras relacionadas a los juegos y estableció que, por ello, se harían a través del mecanismo de la contratación directa, que posibilita hacer adjudicaciones sin límite de monto, sin necesidad de competencia, y al proveedor que mejor le parezca a la institución.

Al menos una adjudicación de readecuación de sede deportiva se hizo a través de una contratación directa pero, al no existir un contrato de forma pública, no es claro si se realizó con fondos BCIE o fondos propios del gobierno salvadoreño. Esta adjudicación no consta dentro del Plan General de Adquisiciones del contrato BCIE. Se trata del mejoramiento del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad de El Salvador (UES). Para tal motivo se contrató a la empresa Inversiones Reina Cerna, S.A. de C.V. (IRECE) por $797,351 según el acta 18-2022 del COSSAN del 8 de diciembre de 2022.

De lo que no existe registro, al menos dentro del período analizado por Factum, es de la asignación del contrato que posibilitó la remodelación de la UES, ni de los fondos presupuestados, ya que esa información fue declarada bajo reserva por el INDES.

Una investigación publicada por esta revista comprobó que los proveedores beneficiados en este caso fueron Inversiones Omni y la constructora Disa, ambos vinculados a proyectos estrella del gobierno del presidente Nayib Bukele como el hospital de mascotas Chivo Pets, la megacárcel Cecot o el Hospital El Salvador. Sus respectivos representantes legales también comparten la cúpula de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco).

Detalle de los contratos adjudicados bajo licitación o concurso público (nacional o internacional), relacionados a infraestructura, fondeados con dinero del préstamo 2254 con el BCIE.

Contratos en la oscuridad

Entre julio y septiembre de 2022, el INDES efectuó una serie de contratos con proveedores que permanecen en la opacidad, incluso en lo que respecta a algunos de los montos. La institución optó por reservar la información al conocimiento ciudadano o, simplemente, no publicarla.

La mayor parte de esos costos para el erario público están relacionados a la logística y gestión administrativa de los juegos: el dinero invertido en la inauguración y clausura del evento, los contratos pagados por la transmisión, y toda la publicidad relacionada.

Revista Factum realizó una solicitud de información al INDES para conocer esos gastos. La institución solicitó una prórroga para la respuesta, que envió el 6 de julio de 2023.

Las adecuaciones al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda no fueron finalizadas antes de la inauguración de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto Factum/Gerson Nájera

El Consejo Directivo del INDES reservó varias adjudicaciones en las actas 10-2022, 11-2022 y 12-2022, de las que únicamente quedaron registradas los nombres de los procesos: servicios de elaboración de plan de medios y su implementación, contratación de los servicios para la logística de inauguración y clausura de los juegos, contratación de servicios de producción y televisión para contenido multimedia, streaming y broadcast de transmisión; y contratación de servicios de sistemas tecnológicos. 

Cuando el INDES inició el plan de adjudicación del contrato del de plan de medios, en la sesión del 15 de junio de 2022, que quedó plasmada en el acta 08-2022, estipuló que los fondos destinados para este proceso serían de $170 mil. Es el único rastro de inversión que existe en actas de esos contratos. 

No existe evidencia pública de cuánto invirtió el gobierno salvadoreño para la inauguración de los juegos, que contó con la participación del DJ internacional Marshmello, quien para 2019 fue rankeado como el segundo mejor pagado del mundo por una publicación de la Revista GQ, que se basaba en cálculos de la Revista Forbes. Para ese año, el artista de música electrónica cobraba $1 millón por espectáculo nocturno en un casino de Las Vegas. 

Otros rastros de contrataciones relacionadas a la gestión y logística del evento quedaron a medias en otras actas del INDES, por ejemplo la adjudicación del proceso “Suministro e instalación de pantallas electrónicas y equipo de audio y voz en las instalaciones deportivas del Indes” por $6.2 millones, financiado con fondos el préstamo del BCIE, pero del que no consta el nombre del proveedor. El proceso fue aprobado el 28 de septiembre de 2022 y está registrado en el acta 37-2022. 

El 8 de diciembre de 2021, el Consejo Directivo del INDES aprobó en su punto 7.6 del acta 46-2021 ayudas adicionales para distintas federaciones deportivas y proyectos del Comité Olímpico de El Salvador (COES). La institución acordó destinar $110 mil para “para cubrir el costo de contratación de la agencia de publicidad que diseñará la imagen de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023”. 

Tres meses después, en el acta 11-2022 del 16 de marzo de 2022, el INDES aprobó $12 mil dólares extra para el mismo rubro, y justificó que la agencia publicitaria había cumplido ya una primera fase del contrato, pero era necesaria una segunda. La agencia creativa ganadora de ese proceso fue Jia Cac, S.A. y el acta reseña literalmente que “fue la única ofertante de tres empresas invitadas relacionados a ese rubro, y que cumplió con los términos de referencia de este proceso de adquisición, y especialmente por contar con respaldo de personal internacional especializado, debidamente acreditado con experiencia en eventos deportivos de categoría regional y mundial”. 

Pero Jia Cac, S.A. no tenía experiencia comprobable como empresa cuando recibió el primer contrato. Datos del Registro de Comercio arrojan que la empresa fue inscrita el 13 de octubre de 2021, dos meses antes de recibir la adjudicación. 

Su representante legal es el venezolano Luis Eduardo Cadena Ochoa, oriundo de Aragua, y cuya tesis de maestría del año 2017 de la Pontificia Universidad Católica de Perú estuvo enfocada en el sector comercial minorista de ese país. Uno de los socios de la empresa es el abogado salvadoreño Alfredo Alejandro Muñoz Rodas y su apoderado legal es el también abogado salvadoreño Héctor Ramón Torres Córdova. 

Ambos abogados coinciden en otra empresa, Ennedi Investment, de reciente creación e inscrita en el Registro de Comercio el 9 de febrero de 2022. La compañía que se dedica al comercio electrónico, divisas electrónicas, criptomonedas, comercialización de software y asesoría legal, entre otros, tiene su casa matriz en Colombia; y oficinas en  varios países.  

Tanto Ennedi Investment como Jia Cac, S.A. de C.V. comparten – además de su socios – la misma dirección física inscrita en el Registro de Comercio: el #4312 y Calle Cuscaltán de la Colonia Escalón de San Salvador. Ennedi Investment tiene entre sus socios el despacho Torres Legal, donde Torres Córdova es socio director. Este despacho también tiene la misma dirección física.

La página de internet oficial de la oficina local de Ennedi Investment tiene como foto destacada el render de lo que el gobierno salvadoreño tiene proyectado que será Bitcoin City. 

Captura de pantalla de la página web de la empresa Ennedi Investment que comparte dirección física y socios con la empresa Jia Cac, que recibió una adjudicación para desarrollo de la marca de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Existe otra empresa de la que no existe rastro alguno en las actas del INDES o el COSSAN, pero que ha dejado evidencia en sus redes sociales de su activa participación en la logística de los juegos: está relacionada con uno de los contratos reservados. 

La empresa española Quality Media Producciones se ufanaba en un post de Facebook del pasado 28 de junio que “Toda la realización la producimos en remoto desde los hubs de QUALITY en Buenos Aires y en Madrid. Desde El Salvador distribuimos la señal internacional y las señales personalizadas gestionadas por el IBC de QUALITY”. 

Captura de pantalla de la página de Facebook de Quality Media Producciones del pasado 28 de junio en el que detallan que son los encargados de manejar la transmisión de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Según el portal web de información comercial española Infocif, Quality Media Producciones está bajo administración del experiodista Diego de la Serna Ramos y tiene ocho años de existencia. 

Cuatro días antes, la empresa publicó en su perfil de Facebook “Quality Media Producciones es Host Broadcaster de los juegos”, la única evidencia de un contrato otorgado con fondos públicos que el gobierno ha preferido  callar y no rendir cuentas. 

Factum buscó descargos con el INDES, Prodisa, Jia Cac y Quality Media, pero estas no respondieron.