Comité de Juegos contrató a empresa de alimentos que incumplía requisitos

Una empresa colombiana ganó un contrato por cuatro millones de dólares cuando todavía no se había registrado en El Salvador.  Se registró un día después de la adjudicación. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la invitó a participar en el proceso y, para que esta empresa pudiera quedarse con el contrato, redujo la cantidad de porciones que solicitaba para la alimentación de los atletas.

El Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (COSSAN) violó dos artículos de dos leyes salvadoreñas para otorgarle un contrato por servicios de alimentación por más de cuatro millones de dólares a la empresa colombiana Servicios de Alimentación N.P. S.A., conocida como La Vianda, que administra el comedor de atletas en la Universidad de El Salvador (UES).

En Colombia, esa sociedad fue investigada por vender canastas alimenticias a sobreprecios a la alcaldía de Barranquilla durante la pandemia por Covid. 

Los juegos iniciaron el pasado 21 de junio de 2023 y finalizarán el 8 de julio. La empresa colombiana provee la alimentación de 5,000 atletas y 3,000 delegados deportivos en un comedor provisional, tipo carpa, instalado en la universidad pública. 

La sociedad colombiana inició las negociaciones para su contratación con el Comité Organizador sin estar inscrita en el Registro de Comercio salvadoreño, cómo lo manda el Código de Comercio. En su artículo 358, este establece: “Las sociedades extranjeras que deseen realizar actos de comercio en El Salvador, fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el Registro de Comercio”.

El punto siete del acta 006-2023 de la sesión ordinaria del Comité Organizador, celebrada el 22 de febrero de 2023, en la colonia San Francisco, en San Salvador, detalla que el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), César Fuentes, solicitó la adjudicación del contrato para la alimentación de los atletas. Fuentes explicó en esa reunión que a principios de febrero de 2023 se promovió un proceso de contratación directa sin competencia en invitaron a un solo participante: Servicios de Alimentación N.P. S.A.   

Esa contratación directa fue hecha bajo la sombrilla del artículo 71 de la derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que permitió que La Vianda recibiera invitación directa, sin competencia, para presentar su oferta. 

En la exposición previa a la adjudicación, el jefe de la UACI explicó  que la empresa colombiana había empezado los trámites para abrir una sucursal en El Salvador. La empresa realizó ese trámite, que se hace en el Registro de Comercio, hasta un día después de recibir la adjudicación del millonario contrato, según la documentación consultada por esta revista.

Recibo de derecho de registro de inscripción de sucursal El Salvador de Servicios de Alimentación N.P. S.A.

A esas alturas del proceso, la empresa colombiana únicamente tenía aprobado el registro de capital extranjero por un monto de $12,000 en el Ministerio de Economía, una gestión que es necesaria para solicitar la inscripción en el Registro de Comercio.

La mañana del 22 de febrero de 2023, el COSSAN  adjudicó el contrato por $4,663,707.50 a La Vianda. Ese mismo día el abogado Luis Tevez Rivas, en su calidad de representante legal de la empresa, redactó  un escrito dirigido al Registro de Comercio salvadoreño para iniciar el proceso de inscripción de la sucursal salvadoreña.  

El abogado presentó la documentación para la inscripción de la sucursal un día después de que la empresa ganara el contrato. “En cumplimiento a los Artículos 358 y siguiente del Código de Comercio, se inician las diligencias para que se inscriba la sucursal denominada , sucursal El Salvador”, escribió Tevez Rivas en el documento que presentó el 23 de febrero de 2023 a la 1:29 de la tarde, según el recibo de pago del expediente 58145074.

La sucursal salvadoreña de Servicios de Alimentación, N.P. S.A. fue inscrita el 24 de febrero de 2023, dos días después de ganar el millonario contrato. El  capital inicial de esa empresa fue de $12,000. El giro comercial con el que puede hacer negocios es la compra, preparación, transformación y venta de alimentos a casinos, residencias, empresas y a todo tipo de personas a domicilio o preparados en el lugar. 

Una mujer sirve alimentos en la Universidad de El Salvador. Foto FACTUM/Cortesía

Hasta el mediodía del 20 de junio de 2023, la sucursal en El Salvador de La Vianda no había nombrado a su junta directiva en el país. 

Además de incumplir el Código de Comercio, el Comité Organizador también violó el  artículo 83 A de la LACAP, que estaba vigente  al momento de la contratación, al autorizar por solicitud del proveedor un cambio en el contrato de alimentación. El cambio era referente a la personería jurídica.

En la reunión, el jefe de la UACI abogó para que el nombre del contratista fuera modificado cuando la empresa legalizara su sucursal en El Salvador. Es decir, que el contrato se firmara con la sociedad colombiana Servicios de Alimentación N.P. S.A. y, al finalizar su inscripción en el Registro de Comercio, fuera cambiado a Servicios de Alimentación N.P. S.A. Sucursal El Salvador. 

Por no tener registro salvadoreño, el trato fue firmado con la personería jurídica colombiana. En el acta de aprobación de esos servicios, el Comité Organizador se comprometió a modificar el documento cuando La Vianda obtuviera su inscripción en el registro de comercio salvadoreño. Delegaron a una persona para hacer esa gestión. 

El literal A del artículo 83 de la LACAP permite la modificación de los contratos “siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas”. Abogados expertos en Compras Públicas consultados para esta publicación coinciden que ese punto solo se refiere a cambios por montos y prórrogas de plazos, no a modificaciones por personería jurídica. 

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Comité Organizador no han explicado cuáles fueron los motivos que provocaron el atraso en esta adjudicación, a pesar de que iniciaron a trabajar en la logística de los Juegos desde 13 de enero de 2022. 

Esta revista buscó al abogado Tevez Rivas, que tiene a cargo la representación legal de la empresa, para preguntarle porqué inscribió a la empresa hasta después de recibir el contrato de los Juegos de San Salvador y  cómo fueron las negociaciones con el Comité Organizador. El pasado viernes 23 de junio, se visitó la dirección que la empresa tiene registrada en el CNR. Una mujer recibió la solicitud escrita de entrevista, pero no quiso firmar de recibido. Al insistir que se  buscaba a  Tevez Rivas para hablar de este contrato, afirmó que él mandaba a decir que se comunicaría pronto a esta redacción. Hasta el cierre de esta publicación eso no ha ocurrido. 

Los miembros propietarios del Comité Organizador Yanira Salvador Blanco y Gloria Ramos de Henríquez; y los suplentes Rodolfo Mena Gómez, Dorys Rascón Calles, Alberto Revelo, Francisco Ávalos Alfaro y Juan José Roberto Gómez estuvieron en la sesión en la que se aprobó el contrato.  Se llamó por teléfono dos veces Gloria Ramos y tres veces Rodolfo Mena Gómez, quien además de ser organizador de COSSAN también es asesor de la presidencia del INDES. Ramos pidió que se le llamará más tarde y luego no respondió. 

Mena Gómez se comprometió a dar una respuesta por escrito, por lo que se le proporcionó el acta de aprobación del contrato y cuatro preguntas, pero al cierre de esta publicación no mandó su respuesta. 

Los integrantes de alto nivel del Comité Organizador no estuvieron presentes durante la aprobación de ese contrato, según el acta. El presidente del INDES Yamil Bukele, el entonces director de la DOM Álvaro O’Byrne; la ministra de Turismo Morena Valdéz y el presidente del Comité Olímpico de El Salvador José Armando Bruni, quienes también han estado involucrados en la organización de los juegos, se disculparon por su ausencia en esa reunión.

Revista Factum solicitó a Mario Posada, director de Comunicaciones de los Juegos de San Salvador y quien también tiene a su cargo  las Comunicaciones del INDES, los manuales de procedimiento, las bases del proceso o los términos de referencia de la adjudicación de servicios de alimentos otorgada a la empresa colombiana. Con esa gestión también se buscaba conocer detalles de la contratación del servicio de alimentos.

Posada respondió que el Comité Organizador por el momento está concentrado en la organización de los Juegos y que cuando terminen atenderán “con todo gusto” a la petición de información.

Se le escribió un correo a la directora ejecutiva de los Juegos San Salvador 2023, Dinora Acevedo, para hacerle la misma solicitud, pero no hubo resultados. 

También se le preguntó directamente al presidente del INDES Yamil Bukele porqué le adjudicaron el contrato a la empresa colombiana que no estaba inscrita en el Registro de Comercio, pero no respondió un correo. Fue abordado la mañana del 27 de junio de 2023 cuando salió de la entrevista Frente a Frente, pero el funcionario dijo que tenía una reunión, se subió en su camioneta y se fue. 

El contrato fue ajustado a la medida

El presidente del INDES, Yamil Bukele, consume alimentos en el comedor para atletas instalado adentro de la UES.

El 3 de febrero de 2023, el departamento de Operaciones de los Juegos de San Salvador proporcionó al departamento de compras el contacto de la empresa invitada a participar en el proceso: la sociedad de nacionalidad colombiana, según el acta de adjudicación. La versión pública del documento deja en blanco los espacios donde están plasmados los nombres de los integrantes de la comisión evaluadora de ofertas y de otros cargos claves para las contrataciones de servicios. 

En un primer momento, el comité pidió en los términos de referencia que fueran preparados 73,082 desayunos, 73,082 almuerzos, 73,082 cenas, 73,082 snacks, y el servicio de alquiler de una carpa que ya funciona como comedor para atletas y oficiales deportivos en la Universidad de El Salvador. La oferta inicial de la empresa colombiana fue de  $4,793,416.10 y sobrepasaba el presupuesto asignado por la organización de los Juegos de San Salvador, que era de  $4,738,008.60. 

Cuando se discutió la contratación, el jefe de la UACI explicó que solicitaron que los costos de cada plato fueran calculados con base en servicios buffet, y que se incluyeran la instalación de una cocina industrial, compra de insumos y logística para servir los platillos. En esa fase de la negociación, la empresa colombiana ofreció sus servicios con precios unitarios de $18 los desayunos, $20 los almuerzos y cenas, $4.30 los aperitivos y a  $240,407.50 la instalación y alquiler de la carpa que funciona como comedor en la UES.

Carpa instalada por le empresa colombiana para el consumo de alimentos dentro de la UES. Foto FACTUM/Cortesía

Para ajustarse al presupuesto que tenía el Comité Organizador, y otorgar el contrato a la empresa colombiana, el jefe de la UACI detalló que  redujeron las cantidades de alimentos solicitadas a 71,000 desayunos, 71,000 almuerzos, 71,000 cenas, 71,000 snacks e incluyeron el alquiler de la carpa para finalizar con un costo total de $4,663,707.50. Con ese monto fue sellada la contratación. 

La Unidad de Adquisición y Contrataciones justificó la reducción de porciones con la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública 2022; creada por el nuevo gobierno. El numeral 2 y apartado 2.9 de esa normativa establece: “podrá establecerse en los instrumentos de contratación que se adjudicará hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestaria y que ello implicará el correspondiente ajuste en el plazo del contrato o la cantidad del suministro”.

César Fuentes, jefe de la UACI del COSSAN, recibió en sus manos la petición escrita de entrevista hecha por esta revista. Sin embargo, el mediodía del pasado sábado 24 de junio de 2023, dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones y que únicamente puede hacerlo el presidente del COSSAN, Yamil Bukele, quien dirige el INDES y que es hermano del presidente del país. 

Cuestionados en Colombia

Servicios de Alimentación NP SA de Colombia, conocida como La Vianda de Barranquilla, es una sociedad constituida por la familia Navarro Polania, reconocida por brindar servicios de alimentación desde hace más de cuatro décadas. Ricardo Alfredo Navarro Rodríguez, María del Socorro Polania Navarro, Ana Navarro Rodríguez, Ricardo Alfredo Navarro Polania, Fabián Navarro Polania  y César Navarro Polania integran la junta directiva de la empresa en Colombia.

En 2020, la Contraloría General de la República de Colombia abrió una investigación contra esa empresa por presuntos sobrecostos en la venta de canastas de alimentos con la alcaldía de Barranquilla. Esas canastas fueron entregadas por la municipalidad a la población durante la pandemia por Covid y, según la prensa colombiana, Servicios de Alimentos NP SA fue uno de los principales proveedores de ese servicio.

La Contraloría de Colombia determinó “presuntas irregularidades” relacionadas a diferencias que existieron entre los montos contratados y los precios de referencia que tenían los productos en el mercado, según señalaron en una rueda de prensa transmitida en vivo desde Bogotá el 21 de mayo de 2020.

Esta revista buscó el resultado de la resolución final de la Contraloría de Colombia; sin embargo, un agente de comunicaciones de la sede central dijo que no volvieron a publicar  información de ese tema, por lo que probable que el caso fue archivado y no se abrió  un proceso en contra de la empresa.  Se comprometió a consultar con un delegado de la Contraloría de Barranquilla, pero al cierre de esta publicación no respondió.

Problema de origen

La organización de los juegos se arropó con el artículo 19 de la Ley de Creación del Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos, aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista el 24 de agosto de 2021. Esa ley estableció que el trámite de compras y contrataciones de los equipos, bienes, servicios, construcción y reconstrucción de escenarios deportivos financiados de Fondo General serían hechos bajo la modalidad de contratación directa establecido en el artículo 71 de la LACAP. 

La contratación directa, a la que se refiere ese fragmento de la ley, detalla que es la forma que una institución contrata con una o más personas o empresas, buscando mantener los criterios de competencia y requerimientos técnicos. Por la exposición hecha por el jefe de la UACI en la reunión del COSSAN, se conoce que solo la empresa colombiana Servicios de Alimentación N.P. S.A., conocida como La Vianda, fue invitada a participar en ese proceso. No tuvo competencia.

El 15 de marzo de 2023, luego de la contratación de La Vianda, fue publicada en el Diario Oficial una reforma al artículo 19 de la ley de los Juegos que eliminó que las compras públicas fueran regidas por la extinta LACAP, una ley que fue creada para controlar las compras públicas. Con la reforma se dejó habilitado al Comité Organizador para que elaborara manuales que detallen  los procedimientos para la adquisición de equipo, servicios, la construcción y la reconstrucción de infraestructura deportiva. 

Sin embargo, la información de al menos cuatro contratos importantes fue declarada como información reservada por tres años, por lo que nadie puede saber cuáles fueron los criterios técnicos para otorgarlos. 

El INDES también declaró la inexistencia de información de contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas entre enero, febrero y marzo de 2023. Lo anterior escudados en el Manual de Compras Públicas de los Juegos, según un acta elaborada por el oficial de información de la autónoma, Carlos Eduardo Ceceña, el 19 de abril de 2023.