El ministerio se negó a entregar información sobre el número de atenciones y camas de ese hospital. También decidió no admitir una petición para conocer el presupuesto para salud mental en el país. Estas negativas contemplan “infracciones muy graves”, según la ley.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
El Ministerio de Salud (MINSAL) se negó a entregar información sobre la cantidad de pacientes y las urgencias atendidas en el Hospital El Salvador en los últimos seis meses. También decidió ocultar cuál es el número de camillas o camas con las que cuenta ese hospital.
La Oficina de Información y Respuesta del ministerio hizo la gestión pero, según una respuesta entregada el pasado 21 de junio, no obtuvo respuesta de la unidad administrativa encargada de los datos.
Las cifras sobre el número de camas hospitalarias fueron denegadas al público, a pesar de que no se encuentran en el Índice de Información Reservada. Entre los documentos que el ministerio a cargo de Alabí mantiene en secreto están el Plan Nacional de Salud, así como el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-COV-2, los procesos por los cuales ha adquirido la vacuna contra la viruela símica, información sobre resultados de pruebas para COVID-19, las pautas de publicidad, entre otros datos.
No es la primera vez que Salud niega información sobre el Hospital El Salvador. En 2020, el ministerio denegó una solicitud de acceso realizada por La Prensa Gráfica sobre detalles del equipamiento del Hospital El Salvador, fallecidos durante la pandemia, entre otros datos. En diciembre de 2020, el Gobierno también puso bajo llave los sistemas relacionados a la atención de la COVID-19, ingresos y salidas de hospitales.
Para Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC), la reserva de planes y los recursos obtenidos con fondos públicos son reservas ilegales e impiden a la ciudadanía saber los avances en el área de salud.
“¿Cómo medimos avances o retrocesos si no sabemos a qué apuesta el MINSAL? Estamos a ciegas con respecto a la conducción del tema de salud en el país a falta de un plan al cual dar seguimiento. Esto deja sin participación a la ciudadanía”, criticó Sandoval, quien agregó que no basta con los datos que se publican en redes sociales, donde en algunas ocasiones usuarios han denunciado “pésimas condiciones” de la red hospitalaria.
Según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las instituciones están obligadas a poner a disposición de la población la información estadística y los servicios que prestan, sin necesidad de que alguien tenga que recurrir a una solicitud de información para poder obtenerla. Lo dice el numeral 23 del artículo 10.
Esta misma ley establece, en el artículo 76, literal e, que “negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación” es una infracción muy grave, y recae en una multa de veinte a cuarenta salarios mínimos mensuales (hasta $14,600) contra el funcionario público que lo cometió.
En la solicitud de información, ALAC también pidió información sobre el presupuesto para salud mental en el país. El ministerio resolvió no admitir la petición “ya que los presupuestos se elaboran por niveles de atención”, pero no se explicó la manera de lograr acceder a este dato.
El coordinador de ALAC mencionó que buscarán apelar a la decisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunque añadió que “es muy poco probable que obtengamos algún avance”, debido a que el Instituto ha disminuido significativamente los casos resueltos a favor de la ciudadanía, según el Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de la organización Acción Ciudadana.
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