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La impunidad aún anida en la Fiscalía General

Es un escándalo. Todo está escrito en documentos que la misma Fiscalía presentó a tribunales salvadoreños para acusar a Luis Martínez, exfiscal general, y al empresario Enrique Rais de corrupción, de vender justicia. En algunos de esos documentos se apoyó luego un juez para decir que Martínez y Rais mantenían una estructura de crimen organizado en la Fiscalía. Y en los mismos documentos, testigos e informes oficiales dan indicios de que Allan Hernández, actual fiscal adjunto, participó en esa mafia. Un escándalo.

El segundo al mando en la Fiscalía General de la República, el que sustituye al titular cuando este no está, viajó dos veces en un avión privado, propiedad de un empresario denunciado en la misma Fiscalía y, de acuerdo con los testigos, recibió dinero de ese empresario. Los testigos dicen, además, que el ahora fiscal adjunto participó en la fabricación de pruebas.

Antes de publicar, Revista Factum realizó el debido reporteo y le preguntó a Raúl Melara, el fiscal general que nombró a Allan Hernández como su segundo, acerca de los documentos y testimonios que la misma Fiscalía ha presentado a tribunales en casos de corrupción. Melara, en sus respuestas, no dejó de defender a Hernández, y al hacerlo permite que se le implique –no sabemos si con dolo o por ignorancia– en un asunto grave: que le haya comprado una mentira a su subalterno.

Melara dijo que Hernández no sabía que el avión matrícula N440KM era propiedad de Rais cuando viajó en él. Sin embargo, es un hecho probado que Hernández lo sabía perfectamente. Así lo dijo él mismo cuando declaró como testigo en uno de los casos que involucran a Martínez y a Rais. El fiscal general también aseguró que Hernández solo había hecho un viaje en el avión de Rais, cuando lo cierto es que hizo dos, y eso consta en documentos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que son públicos.

Desde Revista Factum vemos con desconfianza el afán del fiscal general por defender a Hernández. Nos parece un escándalo que Melara empiece su gestión permitiendo que el fiscal adjunto mienta de manera abierta y esto permanezca impune.

El caso de Allan Hernández habla con claridad –es casi un grito– de la corrupción que se incrustó en la FGR durante la gestión de Luis Martínez, pero más grave es que vuelve a revelarnos algo que es una certeza, no una sospecha: la impunidad sigue enraizada en la Fiscalía, y con ella su incapacidad para combatir el crimen o defender los intereses de la ciudadanía o del Estado.

Si lo que sabemos de la gestión de Martínez nos muestra el nivel de la podredumbre, los atisbos que nos da la administración Melara nos devuelve el tufillo que, ingenuos, pensamos venía de una putrefacción que empezaba a sanar.

Porque no es solo el asunto de Hernández, son otros indicios que empezamos a ver desde el nombramiento mismo de este fiscal general. Los diputados de todas las fracciones lo escogieron a pesar de que sobre él pasaba la sombra de su vinculación con el partido Arena y con la campaña de Carlos Calleja, excandidato presidencial del pasado de derecha. Muchos, diputados y colegas de Melara incluidos, saltaron a defenderlo a pesar de que la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya sentó precedente respecto a los nexos partidarios de funcionarios de segundo grado.

Antes del escándalo Hernández, en una de sus apariciones en medios, el fiscal general Melara dijo que abriría una investigación a partir del reportaje publicado por esta Revista en el que se reveló la compra de diputados hecha por el expresidente Mauricio Funes con dinero de Casa Presidencial administrado por el operador político Herbert Saca. Es cierto, Melara abrió un expediente, pero hasta ahora lo único que ha hecho –al menos de forma pública– es citar a declarar a los periodistas que elaboraron el reportaje.

Antes de enviar los citatorios, el fiscal general expresó en el programa «Morning Club» que tenía interés en conocer la fuente de la información. Los periodistas de Factum, a través de un apoderado legal, ya le aclararon a la Fiscalía que, amparados en el artículo 206 del Código Procesal Penal y en los códigos de ética propios, no declararán porque jamás revelarán sus fuentes a autoridad alguna. 

Está bien que la Fiscalía investigue y esperamos que se haga mejor de lo que, de momento, se está haciendo, si de verdad se quiere llegar al fondo de la corrupción atribuida a Funes y los suyos. Esperamos que la investigación no deje de citar a Herbert Saca a declarar. Esperamos que también se le tome declaración a Miguel Menéndez, otro de los operadores del expresidente.

Por lo visto hasta ahora no parece que eso, la investigación real del crimen organizado y la corrupción sea prioridad el fiscal general Melara.

¿Es muy pronto para juzgar la gestión? No. La confianza en la Fiscalía General está ya dañada como para permitir de nuevo que sus autoridades no se tomen en serio sus obligaciones constitucionales. En El Salvador no puede haber medias tintas en esto.

Cada vez que a un político o empresario salvadoreño –a la mayoría de ellos– se le pregunta por sus recetas para combatir la corrupción y el crimen organizado dicen, como repitiendo un guion inocuo, que todo pasa por fortalecer las instituciones. Pues bien, elegir a un fiscal con evidentes vínculos partidarios y soportarlo en el puesto –aun cuando su primera acción pública es defender a capa y espada a su lugarteniente señalado de actos corruptos– no es fortalecer nada.

Es por eso que, como todo el asunto de Allan Hernández, también es escandaloso el silencio de la clase política en torno a estos hechos. En el marco de este escándalo, los políticos parecen embebidos en su confusión de cómo oponerse o agradar al presidente electo, Nayib Bukele.

Hasta ahora, Bukele no se ha pronunciado respecto a los señalamientos que pesan contra Hernández y las reacciones de Melara. En el pasado no dudó en alzar la voz contra la Fiscalía General cuando pensó que, en investigaciones abiertas contra él, había dolo y corrupción. Hoy es un buen momento para que el presidente electo nos diga de qué está hecho en el combate a la corrupción.

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