La discriminación sexual en tiempos de pandemia 

Dos días después de haber sido dado de alta, Alberto fue llevado de nuevo al centro de contención de la Villa Olímpica. Ahí, según relata, lo acosaron sexualmente por ser un hombre gay. Afirma que fue atacado y también le hurtaron sus pertenencias.

Ilustración/FACTUM


Ser un hombre gay no es fácil en un país como El Salvador. La cuarentena obligatoria que vivió Alberto en la Villa Olímpica Centroamericana, en Ayutuxtepeque, le hizo recordar la discriminación que ha sufrido desde su adolescencia. En su estadía en ese lugar debido a la pandemia de COVID-19, según relata, lo humillaron y fue acosado. Cuenta Alberto que cuando caminaba por los pasillos, un grupo de encuarentenados le decía “culero”, le silbaba y se multuplicaban las bromas acerca de su orientación sexual.

Los insultos que Alberto vivió durante su encierro fueron reportados por el Colectivo Cultura Trans a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de gestiones hechas por la organización Cristosal. Tanto el colectivo como la organización aún se encuentran a la espera de una resolución. Por su parte, Revista Factum solicitó a la Polícia Nacional Civil (PNC) una postura institucional respecto a las acusaciones y señalamientos consignados en la denuncia de Alberto. Sin embargo, al cierre de esta publicación –cinco día después de la solicitud–, no se obtuvo respuesta.

La acusación salpica a la corporación policial debido a que sostiene que el acoso sexual del que Alberto dice haber sido objeto no era ejercido únicamente por sus compañeros de confinamiento. Sostiene, además, que los policías que hacen turno en ese centro de contención también lo acosaban sexualmente, por lo que la presunta víctima evitaba transitar por espacios aislados y de ninguna manera podía asumir el riesgo de ir al baño solo.

El testimonio de Alberto narra que lo capturaron por primera vez el 10 de abril, a las 8:00 de la mañana, cuando estaba comprando pan en la tienda ubicada apenas a tres metros de su casa, en Cuscatancingo. Cuenta que ese día los policías se bajaron de la patrulla, le apuntaron con una pistola y le cuestionaron por qué se encontraba en la calle. A pesar de las súplicas de su tía, Alberto fue esposado y subido a un pick-up policial. En la acera quedó tirada la bolsa con $0.50 de pan. 

Familiares de Alberto cuentan que los agentes de la PNC les dijeron que solo se lo llevarían a un lugar para hacerle la prueba del COVID-19. Sin embargo, Alberto pasó albergado 22 días en la Villa Olímpica, donde le dieron el alta a pesar de que nunca fue sometido a la prueba de PCR para descartar o confirmar el virus en su organismo.

Los insultos que Alberto dice haber recibido comenzaron incluso desde el momento en que los policías que lo detuvieron lo trasladaron al centro de contención. “Me faltaban al respeto. Me decían «culero». Me decían que estaba bien lo que me estaba pasando porque había violado la cuarentena, aunque les expliqué que solo estaba comprando el pan.

La gravedad de la acusación deja abierta, además, la posibilidad de que el patrullaje policial estuviera cumpliendo una cuota de detenciones, a propósito de la cuarentena domiciliaria. «Ese día que me capturaron [la primera vez], alcancé a escuchar cuando un policía le dijo a otro que les faltaba 15 [personas] para llegar a las 300 que les habían solicitado para llenar el centro de contención”, relata.

Factum envió distintas solicitudes de descargo a la PNC. Estas fueron hechas a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. Sin embargo, la policía no respondió a los llamados para que aportaran su versión de lo ocurrido.

Libertad pasajera

Cuando Alberto pensaba que todo estaría bien, pues fue dado de alta el 2 de mayo y enviado  a su casa. Pero aquel alivio duró poco. Dos policías y una doctora lo fueron a traer para llevarlo de nuevo al centro de contención. Cuando pidió explicación le dijeron que necesitaban hacerle –esta vez sí, la prueba–, pues en ese lugar habían reportado casos confirmados de COVID-19 y esa situación lo convertía en un nexo epidemiológico.

Así pues, Alberto volvió a iniciar su cuarentena. 

Cuenta Alberto que la prueba que le realizaron dio un resultado negativo. No estaba contagiado, pero la presión por el confinamiento le resultaba muy dura. “Salimos negativos y necesitábamos que nos dejaran ir a casa. Ya no aguantaba estar en ese lugar donde nos daban poquita comida y sí nos podíamos enfermar, porque estábamos casi a la par”, narra con desesperación. 

Alberto se sincera y reconoce que en sus 31 años de edad ha desarrollado la paciencia. Su trabajo en una organización que vela por los derechos de la población LGBTI le enseñó a no responder a los insultos. Dice que se conoce porque está acostumbrado a ‘no dejarse’ y eso lo ha llevado a resistirse a dos arrestos en distintas redadas que la PNC ha realizado en su comunidad. En la cuarentena que vivió, afirma que prefería guardar silencio cuando lo están molestando. Cuenta que no tenía tranquilidad ni cuando dormía, pues por la parte alta de la división de los cubículos del lugar –los mismos que en 1994 albergaron a los atletas centroamericanos de alto rendimiento–, entraba un grupo de encuarentenados para robarle sus pertenencias. Le habrían hurtado una gorra y una camiseta, pero el mayor temor de Alberto era otro: sentía miedo de que lo asesinaran o lo agredieran sexualmente.

Buena parte del temor que Alberto narra provenía de lo que provocaban los cuatro policías que cuidan el centro de contención de la Villa, quienes –según el testimonio– ocupan su tiempo libre para jugar naipes o vender los donativos que los familiares de los encuarentenados llevan a ese lugar: cigarros y cafés instantáneos a $3 y $2, respectivamente. Alberto afirma que, cuando nadie los miraba, ellos lo acosaban. 

Lian Linares, coordinador del Colectivo Cultura Trans, monitoreaba a Alberto mientras permanecía en el centro de contención de Ayutuxtepeque. Él buscó apoyo en Cristosal para denunciar lo que estaba ocurriendo. El acoso, dice Lian, no debería de ocurrir en ningún ámbito y mucho menos durante una crisis sanitaria. Lamenta que Alberto estuviera expuesto a daño sexual y físico por no ceder a los acosos policiales. 

“Desaparecimos en esta pandemia. Somos inexistentes para el Estado. Nos han invisibilizado y esa es una violación a los derechos humanos en medio de una situación donde también tenemos derecho a la protección por la emergencia del COVID-19”, dijo Lian vía telefónica a Factum.  

Según los cálculos de tres encuarentenados consultados por Revista Factum, en la Villa Olímpica están albergadas 300 hombres que violaron la cuarentena domiciliaria obligatoria que está vigente en el territorio salvadoreño desde el pasado 21 de marzo como respuesta a la pandemia de la COVID-19. Fotos FACTUM/Cortesía.

Ese centro de contención ha sido cuestionado desde el inicio de la emergencia nacional, debido a que los albergados denuncian que no reúne las condiciones adecuadas de salubridad y se ha convertido en un lugar de contagios. Jordan Daniel, de 20 días de nacido, estuvo más de 16 horas en el hacinamiento de personas de la Villa. Durante su estancia, su madre no tuvo agua potable para lavarse las manos ni para lavar las pachas. El bebé estuvo en medio de un hacinamiento similar al de Alberto, en camarotes ubicados a un metro de distancia. 

Los testimonios hablan de que en la Villa Centroamericana no se tiene privacidad. Cuando los compañeros de un colectivo le llevaron víveres a Alberto, un grupo de albergados que solía molestarlo se encargó de gritar en los pasillos de manera despectiva acerca de su orientación sexual. “Es difícil estar discutiendo con héteros”, dice Alberto.

«Para grupos históricamente discriminados, como la población LGBTI, la emergencia de salud producida por la pandemia aumenta significativamente los riesgos a los que cotidianamente están expuestos», asegura el colombiano Santiago Carvajal, investigador de la Línea de Género de Justicia, en una columna de opinión en la que retrata situaciones de discriminación similares a las que Alberto afirma haber sufrido, vejaciones que durante la pandemia han sido reportadas en diferentes países. 

“La pérdida de privacidad les expone a revelar su orientación sexual o identidad de género, siendo observados al comunicarse con amigos o parejas, lo que puede provocar discusiones, reacciones de violencia correctiva, tanto física como psicológica”, explica Carvajal. 

A los ojos de  Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de la ONG Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis), el Plan de Emergencia por la pandemia tiene un vacío, pues no cuenta con una política de atención basada en género para las personas que son llevadas a centros de contención y que siguen siendo enmarcados en un tema binario de hombre y mujer.

“Desconocemos si ha habido casos positivos de la población LGBTI. Simplemente, en los datos, el gobierno únicamente clasifica por hombres y mujeres, pero no sabemos cómo está la población LGTBI. No existen datos estadísticos en las plataformas oficiales. Es válido preguntar cómo está afectada la población LGBTI por el coronavirus”, dijo Bianka.

En medio de la pandemia, la activista condecorada internacionalmente debido a su trabajo por el respeto a los derechos humanos está preocupada por el riesgo a la salud de mujeres y hombres trans, una población que ha usado métodos artesanales y anticonceptivos para cambiar su identidad y expresión de género. 

Los registros de Comcavis detallan que, por esas modificaciones, varios trans salvadoreños padecen de insuficiencia renal, problemas de tiroides, obesidad, problemas cardíacos e hipertensión. Estos son factores de riesgo que podría complicar su condición de salud, en caso de contagiarse de COVID-19. 

Al cierre de esta publicación, según los registros del gobierno salvadoreño, un total de 2,424 personas están en los centros de contención por violar la restricción a la movilidad impuesta por decreto Ejecutivo desde hace más de un mes. Alberto vivió 33 días en confinamiento obligatorio. Médicos salvadoreños han cuestionado la cantidad de días que dura la cuarentena bajo las disposiciones del gobierno salvadoreño, porque el período de incubación del virus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de dos semanas. En ese lapso de tiempo, dicen los especialistas, se manifiestan los síntomas. Consultado a principios de abril, Rolando Cedillos, jefe del servicio de Infectología del Hospital Nacional Rosales, cuestionó que las personas permanezcan retenidas en los centros de contención por más de 14 días. «Nadie en el mundo está poniendo a sanos en cuarentena más de 14 días, solo El Salvador”, dijo Cedillos.

Para Alberto, la incertidumbre es permanente. Haber entrado, salido y vuelto a entrar en el centro de contención generó un impacto en su vida. Dice que cuando estaba ahí, dormía con un ojo abierto para estar alerta y tratar de protegerse de sus agresores, los mismos que le robaban sus camisetas por las noches. Temía lo agredieran o que lo mataran. Ahora su temor radica en volver a ese lugar.


 * El nombre del protagonista de esta historia fue modificado a petición suya.