Hora de conocer la verdad sobre la tregua

Mientras que los cargos civiles por enriquecimiento ilícito en contra del ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, han avanzado; este también podría estar en la mira del nuevo fiscal general del país por su papel en la tregua entre pandillas en 2012. La tregua cumpliría cuatro años este mes y el fiscal Douglas Meléndez ha prometido llevar a cabo una «investigación seria». Dicha investigación recorrería un largo camino hacia el esclarecimiento de los hechos de los últimos cuatro años. Y es la única manera de que el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional comiencen a recuperar la confianza en las autoridades políticas y jurídicas del país.


Como resultado de la tregua, se redujeron drásticamente los enfrentamientos violentos entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, al igual que entre las pandillas y el estado. Casi de la noche a la mañana, el promedio de homicidios diarios del país se redujo de aproximadamente 14 a 5 asesinatos. El Estado, la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional se movieron para apoyar la tregua y buscar la manera de transformarla en una paz significativa. Lamentablemente, la tregua se derrumbó de manera espectacular a finales de 2013 y principios de 2014.

La violencia se disparó casi de inmediato, dejando a El Salvador con el dudoso honor de haber conquistado el título del país más peligroso del mundo. En 2015, el pequeño país centroamericano vio cómo su tasa de homicidios sobrepasaba los 100 por cada 100,000 habitantes. Las instituciones de seguridad del Estado se manifestaron más débiles y menos profesionales. Y Si bien el uso de tácticas de mano dura no es nada nuevo, informes altamente creíbles indican que la policía está involucrada en ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros y testigos. Las pandillas, por otro lado, parecen más fuertes y más violentas de lo que habían sido antes de la tregua. Se presume que han asesinado a decenas de agentes fuera de servicio y han puesto dos coches bomba desde el final de la tregua.

En determinado momento dentro de la tregua, esta parecía digna de apoyo. Dada la fuerza de las pandillas, el limitado compromiso de algunos de sus miembros, el remordimiento de otros que sentían que no tenían más remedio que unirse, y la debilidad del Estado salvadoreño, una especie de tregua y diálogo tenía sentido. No fue un acuerdo de paz, sino un tipo de cese al fuego durante el cual el gobierno podría facilitar la salida de las pandillas para aquellos miembros que así lo quisieran. Al menos en teoría, la tregua también podría haber proporcionado al gobierno una oportunidad para fortalecer sus instituciones políticas, sociales y económicas. Esto con miras a la aplicación de estrategias para desalentar a potenciales nuevos miembros de unirse a la pandilla y hacer frente a los que quedaban dentro.

Quezalte asesinados 7

A cambio de entregar sus armas, algunos líderes de alto nivel de las pandillas fueron retirados de sus celdas y trasladados a celdas más cómodas, además se les otorgó otros beneficios. En ese tiempo, algunos observadores tenían la preocupación de que estos movimientos −junto con el aumento de las visitas «familiares»− fueran un precio demasiado alto a pagar; pero las negociaciones siempre implican dar y recibir de ambos lados. Dado el enorme poder de las pandillas en 2012, estas no eran compensaciones irrazonables. Por mi parte, la suposición era que los funcionarios del gobierno y los mediadores involucrados estaban negociando de buena fe. Por lo menos, era razonable asumir que tenían el control de la situación, y lo que sea que haya sido negociado no permitía violar el espíritu de la tregua.

Recientemente, sin embargo, se han planteado cuestionamientos acerca de si los líderes de las pandillas recibieron más que eso —teléfonos celulares, strippers, dinero en efectivo y armas nuevas— y acerca de si había suficiente supervisión de la implementación de la tregua. Al mismo tiempo, se han expresado preocupaciones de que a cambio de estos pertrechos y su apoyo a la tregua, los miembros de las pandillas entregaron su voto a los funcionarios elegidos. No hace falta decir que esto no era lo que en general se entendía que estaba en juego en la negociación.

A lo largo de los casi dos años que se mantuvo la tregua, se difundieron rumores sin fundamento que parecían estar diseñados para socavar los esfuerzos de los mediadores. Hubo rumores que aseguraban que miembros de las pandillas habían establecido campos de entrenamiento fuera de la ciudad con el fin de mejorar su capacidad para manejar empresas criminales. De esto puedo decir que los rumores no tienen ninguna base en hechos reales. También, hubo rumores de fosas comunes repartidas en diferentes puntos del país que contenían personas ejecutadas por las pandillas durante la tregua. Sin embargo, esto tampoco pasó del rumor ya que la única fosa común que realmente hizo noticia era más pequeña de lo que se imaginaba e incluía en su mayoría restos de personas que habían sido asesinadas antes que la tregua entrara en vigor.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, el ex combatiente del FMLN, Raúl Mijango, y el obispo católico, Fabio Colindres, fueron los arquitectos de la tregua. A pesar de que Munguía Payés tuvo un rol clave, la administración de Funes mantuvo como versión oficial que solamente estaba proporcionando apoyo «logístico» a los negociadores de la tregua o que la tregua fue simplemente entre las dos pandillas, en resumen, que la tregua no fue una iniciativa del gobierno.

El empeño de Funes en una negación plausible no era creíble y −peor aún− socavaba cualquier esfuerzo de buena fe que hubiera existido para transformar la tregua en algún tipo de acuerdo de paz. Era imposible para muchos salvadoreños y para la comunidad internacional apoyar una tregua en la que estuviese involucrado el gobierno con las pandillas cuando el gobierno mismo negaba su papel. Si Funes hubiera apoyado públicamente la tregua y hubiera admitido la participación del gobierno, es posible que la ayuda interna y externa necesaria para llevar la tregua a un acuerdo más amplio hubiera sido más inminente.

El papel de Estados Unidos en todo esto tampoco es irreprochable. La posición de Estados Unidos en todo fue notable por su falta de apoyo a la iniciativa. Para estar seguro, Washington no tenía necesidad de proclamarse públicamente en apoyo a la tregua, y mucho menos de financiarla directamente. Aún así, había medidas «fuera» de la tregua que Estados Unidos pudo haber tomado con el fin de apoyar el proceso. Las advertencias de viaje para El Salvador, emitidas por el Departamento de Estado en 2013 fueron publicadas durante un período de disminución significativa en la tasa de homicidios en el país. Tal sincronización parecía estar diseñada para socavar la tregua.

Teniendo en cuenta las incomprensibles declaraciones de Funes en las que aseguraba que su gobierno no tenía nada que ver con la tregua, las recientes acusaciones de corrupción en su contra y la falta de confianza que hoy en día muchos tienen en Munguía Payés (quien ha sido vinculado al tráfico de armas) se puede pensar que tal vez los funcionarios estadounidenses sí estaban metidos en algo. No se podía confiar en los líderes de las pandillas del país. Peor aún, no se podía confiar en los facilitadores de la tregua de parte del gobierno.

Si ese es el caso, es necesaria una investigación seria de parte del nuevo fiscal general. Una investigación de este tipo sería controversial: El ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Munguía Payés, es ahora ministro de Defensa bajo la administración del Presidente Sánchez Cerén. De todos modos, se debe proceder.

El reciente nombramiento del nuevo fiscal general de El Salvador ofrece al pueblo salvadoreño la oportunidad de conocer de una vez por todas las motivaciones de los protagonistas (gobierno, mediadores y los mismos líderes de las pandillas). Se puede llegar a entender mejor si la tregua estaba condenada desde un principio por ser un pacto entre ladrones, o si su fracaso fue consecuencia del débil apoyo nacional e internacional a lo que tenía el potencial de ser una importante mejora de seguridad. Sin importar el resultado, una investigación exhaustiva contribuiría en buena medida a la construcción de la tan necesitada confianza en los sistemas de justicia criminal y política del país.


Mike Allison es profesor asociado del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Scranton en Pennsylvania. Tiene un blog en Política de Centroamérica. Síguelo en Twitter en @centampolmike. La versión original de este artículo fue publicada en el portal de Warscapes. La traducción es de Alejandra Nolasco.

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