¿Cuota o no cuota? 

La semana pasada, la Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas (AGOSAR) propuso ante la comisión de cultura de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Ley de Cultura: volver obligatorio para las radios salvadoreñas transmitir un mínimo de cuarenta por ciento de música nacional. El tema está aún en discusión, pero una ojeada a Facebook o Twitter parece indicar que no hay tanta simpatía por una medida así. Para un tema tan lleno de complejidades, para una industria que el salvadoreño común no conoce, lo que más abunda son opiniones breves y desde el hígado. Lo que hay en juego es más complicado de lo que parece. Los factores a tomar en cuenta, también.

Un músico necesita –además de talento y disciplina– educación, recursos y tiempo para crear algo de sustancia. Casi todas estas cosas las compra el dinero. En los países con industria musical exitosa, ese dinero viene del Estado. En esos entornos, el Estado procura que existan carreras universitarias relacionadas, becas, fondos, investigación, subsidios y estudios de grabación que reciben, en mayor o menor medida, apoyo estatal. A la par de estas medidas se establecen cuotas de transmisión para la música nacional en medios de comunicación. Quien escucha una canción que le gusta, compra el disco, va al concierto. Así se activa toda una industria alrededor del artista. En Chile, por ejemplo, el Observatorio de Políticas Culturales explicó a través de un informe cómo funcionan las cuotas en otros países, algunos con porcentajes arriba del cuarenta por ciento.

Estas cuotas en El Salvador no son nuevas. En 1983 se aprobó un decreto legislativo que establecía una cuota del veinte por ciento para obras nacionales y centroamericanas en todos los medios de comunicación. En 2008, un grupo de artistas independientes propuso aumentar este porcentaje a treinta por ciento, sin éxito. Este decreto fue derogado en 2016, sustituido por la actual Ley de Cultura, que solo autoriza en un artículo a las radios nacionales para programar música nacional. 

Siguiendo el orden lógico, ¿qué ha dado este país a sus músicos para ser profesionales en las últimas dos decadas? Solo hay una licenciatura en música y esta se imparte en una universidad privada. Ni el Fondo Nacional Concursable para la Cultura y las Artes (FONNCA) ni el Fideicomiso para la Cultura tienen aún un reglamento que contemple montos exclusivos para apoyar a la música nacional. No hay programas de becas o residencias artísticas; no hay subsidios a estudios de producción para grabar con calidad a precios accesibles; no hay investigación universitaria enfocada a música; no hay políticas para facilitar el movimiento de artistas que viajan a tocar en toda la región. Ni hablar de carreras afines, como negocio de la música, composición o ingeniería en sonido. En una palabra, nada.

El argumento más popular en redes sociales es que no hay música salvadoreña de calidad para transmitir. Se piensa que la cuota condena a escuchar solo “El Carbonero”, King Flyp o cumbias. Lo cierto es que la música salvadoreña se ha defendido como ha podido con lo que ha tenido, que no es mucho. Tanto así, que contra todo pronóstico ha logrado ser fértil e ingeniárselas para alcanzar un nivel profesional. Para constatarlo, basta con un resumen breve de la historia del indie salvadoreño en los últimos veinte años o la línea del tiempo que Óscar Luna hizo para El Faro. Varios de estos artistas se han presentado en festivales internacionales. Algunos encontraron éxito afuera del país, pero la gran mayoría de los salvadoreños no los conoce porque no los han escuchado y nunca recibieron su música a través de la radio.  

Ahora bien, ¿hay suficiente música de esta calidad para cubrir el cuarenta por ciento de programación? Aquí las opiniones varían. Siempre habrá músicos malos o haraganes –como en todo campo profesional–, pero el gran problema no es ese. El problema es que la mayoría de los artistas llevan una doble vida entre la música y otra profesión de la que sí pueden vivir. La falta de seguridad económica y formación les impide tener espacio tanto para producir mejor como para solventar otros problemas, como el mercadeo de lo que producen. El músico promedio es compositor, cantante, diseñador, productor, mercadólogo, community manager y agente de talentos en uno solo. Entre sus colectivos tienden redes invisibles para el ciudadano común, a través de las cuales se promocionan dentro y fuera del país, como pueden. Aunque los músicos salvadoreños han construido industria desde las ruinas, esta misma industria no se fortalece en esta cultura de rebusca e improvisación.

«Lo cierto es que la música salvadoreña se ha defendido como ha podido con lo que ha tenido, que no es mucho»

¿No sería entonces razonable honrar ese trabajo con el espacio en aire que le corresponde, aún si es menor del cuarenta por ciento? El espectro radioeléctrico es del Estado, ¿no? Tener más escuchas –y por lo tanto, consumidores– es bueno para la industria de la música, ¿no?

Sin embargo, parece que lo que es bueno para la industria de la música resulta no serlo tanto para el negocio de las radios privadas. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se opone a la cuota, alegando que coarta la libertad de expresión, que los conduciría a la quiebra y que los radioescuchas migrarían a plataformas como Spotify al no encontrar la música que quieren escuchar. Lo que omiten estos argumentos catastróficos es el desbalance de poder que actualmente favorece a las radios.

En la era del internet, la radio sigue viva por una razón: consumir su oferta es barato. Las ondas de radio llegan más lejos y más rápido que las ondas de televisión. Sintonizarla es gratis. La radio alcanza los rincones donde la televisión y el internet no pueden. El alcance popular es inmenso. Los anunciantes lo saben y pagan bien por hacer publicidad a través de ella. Decir que todos van a migrar a Spotify si suena más música nacional es una mentira dicha desde el privilegio: ni las poblaciones de recursos más escasos pueden hacerlo, ni todos los que pueden pagar Spotify querrán hacerlo. Cambiar de estación es gratis.

En El Salvador, las radios disfrutan todos los beneficios de transmitir música, pero no gustan de cumplir las obligaciones que conlleva. La paga por regalías –el derecho que paga un medio por transmitir la obra musical registrada bajo derechos de autor, respetando la Ley de Propiedad Intelectual– ha sido un conflicto en el cual se han aferrado hasta al último centavo. La payola –que es el acto de sobornar a una radio con grandes cantidades de dinero para que programe una canción en mayor o menor cantidad– ha estado presente en la historia de la industria musical, pero en el país no ha sido comprobada, por ende, no está regulada ni hay datos sobre ella. Una cuota de música nacional impediría –en teoría– prometer ese espacio en tiempo a quien quisiera pagar por él bajo la mesa, sea internacional o nacional. La música nacional en este país suena si el director de la radio quiere, si es amigo del artista o si el artista trabaja en la radio. Cualquier medida que fortalezca a la industria musical haría perder a las radios privadas la ventaja que les brinda el desorden: dictar las reglas del juego, aprovecharse de ellas y dejar al artista salvadoreño en completa dependencia suya.

Entonces el problema de esta discusión es de dinero. De un sector que quiere percibir más beneficio de su trabajo y otro que no quiere disminuir sus ganancias. Sin embargo, el problema profundo es más humano y responde al poco interés que el Estado ha demostrado en el arte desde el frente educativo, el económico, el social y el humano.

La música no es solo un producto creativo. Comunica historia, identidad, expresión humana, complejidad académica. Como parte de la cultura, la Constitución misma la reconoce como un derecho intrínseco, inseparable de nuestra condición de seres humanos. Es responsabilidad del Estado difundirla, conservarla y protegerla. ¿No debería entonces, siendo la música un elemento esencial en la formación humana, fomentar y dar prioridad al crecimiento de la música nacional? ¿No resulta ofensivo saber que, según la Artistas Intérpretes o Ejecutantes de El Salvador (ARIES), de cada cien canciones que suenan en las radios del país solo una es salvadoreña? Claro que sí. Que las industrias creativas nacionales florezcan nos beneficia a todos; artística, económica y humanamente.

«El problema de esta discusión es de dinero. De un sector que quiere percibir más beneficio de su trabajo y otro que no quiere disminuir sus ganancias»

Si la Asamblea Legislativa y el gobierno entrante están realmente comprometidos con esto, van a tomar una decisión meditada, comprehensiva y justa con el artista. Se necesita una cuota razonable para los artistas de hoy.  A la par, es imprescindible estimular la industria para los que vienen; fomentar becas, residencias, formación, espacios de producción, mecanismos de exportación. Recursos y dinero. El Estado debe ser garante activo de este crecimiento. Esas dos cosas, juntas, pueden tomar este momento crucial y elevarlo. Mejor aún, pueden servir como precedente para apoyar de la misma forma a otras industrias creativas, como el cine. O todos en la cama o todos en el suelo. 

La cuota, además del propósito comercial, cultiva a una población que reconoce el talento de sus artistas, pero sobre todo le permite encontrar en cada melodía un espejo de sí misma, inspiración para el futuro y sosiego en los momentos violentos de la vida. Querer y exigir un Estado que proteja al talento de su tierra, que apoye el crecimiento económico de sus industrias creativas y deje de doblarse a la comodidad de empresarios que no ven más allá de sus intereses chatos no es irracional. Es urgente. Es una meta de nación.