Luis optó por encerrarse en su casa, en su cuarto. Así pasó un día y otro, hasta seis meses en reclusión por voluntad propia. Temía por su vida. Dejó el estudio, el deporte, a sus amigos. Con la mediación de una iglesia pudo aplicar a un asilo en el extranjero. Ahora vive refugiado en España.
Celia Medrano (de la ong Cristosal) cree que lo más importante, que se vendió como apuesta, falló estos cinco años: la prevención. Además cree que invisibilizaron el desplazamiento forzado con el eufemismo “movilidad humana”.
Elizabeth Ferris trabaja como consultora internacional en derechos humanos y desplazamiento interno. Ha sido consultora para el anteproyecto de ley contra el desplazamiento que estudia la Asamblea Legislativa.
Cristosal presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para garantizar atención adecuada a víctimas de desplazamiento forzado por violencia en El Salvador.
El gobierno de El Salvador, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ahora está obligado a trabajar en políticas para prevenir uno de los problemas que ha negado por años: el desplazamiento forzado por violencia.
El informe de 2017 sobre desplazamiento forzado interno por violencia revela que en 326 de los 701 nuevos casos registrados las personas no han podido huir de sus casas por falta de recursos.
Un supuesto informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que aún no ha sido divulgado, señala que solo el 1 % de las personas encuestadas reconoció haber huido de su casa por la violencia.
