Un informe inédito del Gobierno rechaza (otra vez) el desplazamiento por violencia

El gobierno de El Salvador rechaza el concepto de desplazamiento forzado por la violencia para referirse a las personas que abandonan sus casas por amenazas o ataques. No dice que no exista, pero tampoco asume las implicaciones de reconocerlo. Un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que aún no ha sido compartido, nombra al problema como “movilidad interna a causa de la violencia” y se basa en una encuesta realizada en 22 municipios de El Plan El Salvador Seguro. Señala que solo el 1 % de las personas encuestadas reconoció haber huido de su casa por la violencia. Este es un reconocimiento a medias que impide dimensionar el problema y atender de forma efectiva a las víctimas, según denuncian las organizaciones que trabajan con las familias afectadas.

 Foto FACTUM/Archivo

Un nuevo término servirá para definir el problema de cientos de salvadoreños que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia. El gobierno lo llama:  “movilidad interna a causa de la violencia”. Esta expresión ha sido acuñada públicamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública este 20 de abril, durante la presentación de un informe especial que hasta las 9:00 de la noche aún no había sido compartido a través de sus redes sociales, ni en su página web. Ni siquiera fue entregado a los asistentes durante la presentación oficial.

La conclusión de la encuesta, en la que se basa el Informe sobre Caracterización de Movilidad Interna a Causa de la Violencia en El Salvador, es que solo el 1.1 % de la población encuestada reconoce haber abandonado su lugar de residencia entre 2006 y 2016 a causa de la violencia.

La única información detallada sobre la investigación fue la que expuso Saúl García, funcionario de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), durante una presentación que duró unos 30 minutos y se hizo a través de una pantalla donde apenas se leían las cifras desde el fondo del salón. García se refirió en varias ocasiones a “personas que fueron migradas” y a un fenómeno de “migración interna”.

Al iniciar el acto oficial de presentación de los resultados, el director de la Digestyc, Evaristo Hernández, se refirió a hallazgos del estudio para intentar desmentir las publicaciones periodísticas sobre la violencia generalizada en el país.

“Si bien el fenómeno existe en el país, no es como los medios de comunicación lo pintan, no se presenta de esa manera caótica como lo estuve viendo en algunos de los reportajes que aquí en El Salvador hay una guerra no declarada. Existen una serie de afirmaciones que no coindicen con la realidad que dan las investigaciones que se hacen”, dijo Evaristo Hernández.

Las declaraciones de este funcionario se suman al de varios de la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén que han intentado negar o disminuir la gravedad del desplazamiento interno por violencia. Esto a pesar de que ya Naciones Unidas advirtió al Estados salvadoreño que debe reconocerlo como tal.

Ese 1 % de casos reconocidos por las personas que cambiaron de residencia por violencia son incluso menos, dijo Hernández, porque en algunos casos “hay gente que se movilizó por razones de prevención” y que, a partir de esos datos no es posible “responder con eso que El Salvador se encuentra en un estado de guerra y que el Gobierno no tiene control territorial, no es cierto eso”.

La encuesta fue realizada entre septiembre y diciembre de 2016 en 22 municipios incluidos hasta la segunda fase del Plan El Salvador Seguro (PESS). El total de la muestra es de 41,000 personas encuestadas, de las cuales 9,000, casi una cuarta parte, reconoció haber tenido que abandonar su lugar de residencia durante los últimos 10 años.

De esas 9,000 personas, 450 (el 5 %) dijeron haber dejado su lugar de origen por la violencia. Por eso, el gobierno dice que la “movilidad interna” se debe, en primer lugar, a motivos económicos y en segundo lugar a razones educativas, según expuso Saúl García, el funcionario de la Digestyc.

La violencia es la tercera causa de movilidad interna de personas, según la encuesta, la cual detectó que las amenazas, la extorsión y la violencia comunitaria fueron los motivos para dejar su casa. Los principales municipios afectados fueron San Salvador, Soyapango, Ilopango, San Miguel y Santa Ana.

Una persona cercana a las organizaciones que conforma la Mesa Nacional contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador dijo a Revista Factum que la presentación de este informe se hizo de forma imprevista. Esta persona, que pidió el anonimato, aseguró que el ministerio informó a las organizaciones con un plazo de 24 horas para advertirles que, en caso de no recibir observaciones en ese lapso de tiempo, asumirían que estaban de acuerdo con lo que ahí ponía.

Un problema que apenas existe para el gobierno

La definición de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) sobre el desplazamiento forzado es sencilla, no así la complejidad del fenómeno. Las personas desplazadas son aquellas que se ven forzadas a “huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano”.

Para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén el desplazamiento forzado por la violencia en El Salvador no es uno de los problemas prioritarios del país. Ni siquiera después de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos visitara El Salvador, Zeid Ra’ad Al Hussein , visitara el país en 2017 y recomendara reconocerlo a partir de los cientos de casos atendidos por organizaciones locales.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, ha negado durante los últimos meses la magnitud del problema de desplazamiento forzado que denuncia Naciones Unidas, la Mesa Nacional contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El funcionario se ha apoyado en los resultados de las entrevistas realizadas a personas deportadas que son atendidas al llegar El Salvador por funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).  Estos registros indican, según el ministro, que la primera causa por la cual la población salvadoreña deja sus hogares es por asuntos económicos o de reunificación familiar con sus seres queridos en Estados Unidos.

Con la presentación del informe sobre “movilidad interna por la violencia”, el ministro quiso ratificar sus declaraciones: el fenómeno de dejar la casa e irse a vivir a otro lugar dentro del país es multicausal, es decir, que no es solo por la violencia y que además esa violencia no es la causa prioritaria. Además, se comprometió a analizar el problema de esta forma y a vigilar por la coordinación entre las diversas instituciones públicas para mejorar la atención a las víctimas.

Por su parte, la Mesa Nacional contra el Desplazamiento Forzado ha presentado dos informes publicados en 2015 y 2017, donde recogen al detalle el número de casos atendidos desde 2014. El registro más reciente de Cristosal que atiende la mayor parte de casos en el país, contabiliza 1,500 personas atendidas en los últimos tres años. Para esta organización, el fenómeno debe ser reconocido como desplazamiento forzado por la violencia, así los resultados de las encuestas serían más claros y se permitiría que se activaran mecanismos y regulación específica para atender a las víctimas.

Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, señaló al finalizar la presentación de la encuesta que, “el fenómeno del desplazamiento forzado existe y en tanto se quiera usar esos términos que no van en concordancia con la normativa internacional sobre el tema, es continuar invisibilizando el fenómeno y la gravedad y la dimensión real”.

En 2017, la directora de Atención a Víctimas, Fátima Ortiz, dijo a Revista Factum, que en algunos casos de desplazamiento, la población solo quiere cambiarse de casa, aprovecharse. Ayer la directora aseguró que, aunque muchas personas no quieren denunciar que fueron forzadas a huir de su casa, igual les ayudarán a salir y les brindarán protección en cada caso. También presentó una hoja de ruta para coordinar el trabajo interinstitucional para atender y proteger a las víctimas de violencia y agradeció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, Medrano dijo que, según su experiencia, esos documentos que mencionó la directora aún no han sido publicados ni validados.

“Tengo que reconocer que estos son puntos de partida importantes, sobre todo los señalados por el ministro de Justicia. Yo esperaría que sigamos avanzando en reconocimiento oficial de la problemática y en esfuerzos reales de trabajar por políticas integrales y reales de atención a las víctimas”, dijo.