Miles de hondureños han salido a las calles en las últimas semanas para protestar abiertamente contra el presidente Juan Orlando Hernández y muchas de las instituciones de su gobierno, acusadas de sustraer millones de dólares del erario público. Las masivas protestas, que al principio fueron ignoradas por los medios tradicionales hondureños, han forzado la creación de una comisión legislativa para investigar la financiación pública (extraída del IHSS) para la campaña de Hernández. Los manifestantes, alejados de la tradicional oposición política, lo tienen claro: Honduras necesita una comisión contra la corrupción como la que tiene Guatemala.
Tegucigalpa olía a fiesta. Desde muy temprano del viernes 5 de junio, tal como pasa cuando hay un partido importante de la Selección Nacional en la que todos se saben invitados y se organizan para verlo. Las redes sociales daban la alerta de que esta vez los asistentes a la segunda marcha de las antorchas se contarían por miles.
Los cientos de selfies con las antorchas apagadas, con las camisas de la selección, con la bandera de Honduras fueron la antesala de lo que sería una fiesta popular como la que volcó a las calles a cientos de miles de capitalinos en 2009, cuando miles salieron a celebrar la clasificación al mundial de fútbol.
Esa vez la fiesta ocurría en medio de los estertores de la crisis política ocasionada por el Golpe de Estado del 28 de junio, y el júbilo fue tal que el Gobierno otorgó medio día de asueto a los empleados públicos para que la celebración se prolongara sin culpas hasta la madrugada. No había visto tanta emoción entre los hondureños desde entonces. Fue curioso saber que la fiesta del 5 de junio era cívica, que no había fútbol de por medio.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define indignación como “enojo, ira, enfado vehemente contra un apersona o contra sus actos”. Y así, precisamente, con ese enfado cientos de miles de hondureños empezaron a caminar, al ritmo de batucada, pitos y consignas nacidas del hartazgo, por las calles de Tegucigalpa rumbo a la sede de las Naciones Unidas.
“¿Cuál es la ruta? Sacar a ese hijo de puta”. Fue la consigna más utilizada por la multitud, que a medida avanzaba y entraba la noche se iba convirtiendo en una sola masa de gritos, calor y humo que no disolvió ni la lluvia, y que por su parsimonioso andar y cantar en un momento me recordó la procesión del Santo Entierro.
Los políticos se colaron, sí, pero la presión de la gente fue tal que no les quedó más que caminar junto a ellos sin micrófonos ni distintivos partidarios. El más renuente a renunciar al protagonismo fue el expresidente Manuel Zelaya, quien se hizo acompañar de una unidad móvil y un grupo de seguidores que intentaron sin éxito sacar un resquicio de apoyo para su líder con el tradicional grito “Urge Mel”. Fueron abucheados por oportunistas.
“Estos creen que uno es penco”, me dijo después del episodio don Carlos, un maestro retirado que asistió a la marcha con su familia de ocho, dos sobrinos incluidos. Opinaron también los Hernández, ellos eran 16 entre primos, tíos y vecinos. “Ya estamos cansados, Juan Orlando se tiene que ir y todos los corruptos con él”, dijeron atropellándose al hablar al preguntarles qué los motivó para asistir a la marcha.
La fiesta del viernes 5 de junio duró hasta casi la medianoche y al calor del entusiasmo se oyeron incluso gritos que instaban a seguir de largo hasta Casa Presidencial. Muchos grupos se quedaron en los bares que están en los alrededores de Naciones Unidas, otros optaron por lugares más familiares y los que más volvieron a sus casas cansados, mojados pero con una gran sonrisa en los labios, según dan cuenta las miles de fotos de ese día que inundaron las redes sociales.
Los organizadores, ese grupo a quienes sólo se les llama “los jóvenes”, estaban tan sorprendidos como agradecidos por el apoyo, pues solo una semana antes, cuando se convocó la primera marcha, los asistentes sumaron poco más de 2,000.
Con la legendaria canción “Casas de Cartón” de fondo, uno de esos jóvenes, un artista de 35 años que trabaja por su cuenta, Agustín Lagos, se tomó unos minutos para hablar con Factum, mientras hacía llamados con un megáfono para que llegaran hasta frente el edificio de Naciones Unidas a firmar la petición formal de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICIH.
—¿Cuántas personas son las que están organizando esta marcha de Indignados Honduras?
—Oposición Indignada Honduras es un grupo de unas 16 personas, jóvenes todos, unos ciudadanos, otros militantes de algunos partidos, pero que han decidido quitarse la bandera de su partido y ponerse la bandera de Honduras. Por el bien de este país.
—¿Qué los motivó a organizarse y salir a las calles?
—Estamos indignados por el robo, el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social y a otras instituciones públicas del país.
—¿Tú a qué partido perteneces?
—Yo no soy de ningún partido.
—¿Qué cambió? ¿por qué ahora estás en la calle?
— Lo que a mí me motivó es que este es mi país, y estamos viendo públicamente que la gente se muere por falta de medicamentos, que no hay dinero, que hay una gran inseguridad, entonces se le tiene que pedir responsabilidad al Gobierno, y no solo a este, estamos de acuerdo que también se le tiene que pedir a otros. Pero es este el que permitió el robo en el Seguro Social, entonces nos tiene que dar cuenta. Y el informe que nos dieron ayer nos indigna más porque eso ya lo sabíamos.
—¿Qué tan difícil ha sido mantener alejados a los políticos?
—Como lo he dicho varias veces: lo que pedimos es que no se haga la foto de la marcha con ellos, porque cuando éramos 200 personas no fueron. Ellos pueden venir perfectamente acá y como ciudadanos mostrar su indignación, aquí todos cabemos, todos los partidos, todas las banderas, lo que nos tiene que unir es la lucha contra la corrupción.
Estampa de la marcha en Tegucigalpa, el pasado 5 de junio. Un joven muestra una reproducción de uno de los cuestionados cheques emitidos a favor del Partido Nacional, el partido del presidente Hernández. Foto de Marcela Hernández.
No hay duda, los tiempos han cambiado. “Honduras despertó y está indignada”, afirma con contundencia Omar Rivera, Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia, APJ, y Coordinador de Incidencia Política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una oenegé que tiene la representación de Transparencia Internacional en Honduras.
Con esa frase ya cliché por las veces que se ha repetido en las últimas dos semanas, Rivera quiere resumir la creciente movilización ciudadana que por primera vez en la historia reciente de este país se ha volcado a la calles sin banderas partidarias para demandar que se investigue un complejo entramado de colusión entre funcionarios, empresarios y dirigentes del Partido Nacional.
Pero la corrupción descubierta al interior del IHSS fue, en opinión de Rivera, solo el detonante de un creciente descontento en la población. Según él, fue originado por diferentes acciones que evidencian el deseo del actual de Gobierno de caminar hacia un “poder hegemónico” que se empezó a gestar cuando Hernández ya era presidente electo, pero aún presidía el Congreso de la República.
“Tenemos en la actualidad un Gobierno que sobrepasa en gran medida los límites del poder que le han concedido. El presidente copta, influye en una manera determinante en otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial y algunas otras instituciones de los operadores de justicia”, sostiene Rivera.
Se refiere, entre otras acciones, a la elección adelantada en 2014 de un nuevo Fiscal de la República, la creación de un cuerpo de seguridad de élite que depende del Ejecutivo conocido como Policía Militar y la controversial resolución de la Sala de lo Constitucional que en abril pasado allanó el camino para la reelección, aun cuando la Constitución Política de este país contempla en su artículo 4 que “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de ésta norma constituye delito de traición a la patria”. De hecho fue invocando esta norma que hace s6 años fue depuesto el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, quien pretendía a través de un proceso conocido como “la cuarta urna” buscar el apoyo de la población para la reelección.
Rivera no se atreve de hablar de un gobierno de corte totalitario, pues reconoce que todavía “hay un ámbito de independencia de los demás poderes del Estado”, pero sí acepta que los demás poderes están actuando de forma “pusilánime” y han optado por someterse a los designios del Presidente, y es esto lo que configura el riesgo de caminar hacia un “poder hegemónico”.
Es en este marco institucional caótico que surge, en mayo pasado, una iniciativa desde diferentes sectores de la oposición, aunque sin tinte partidario según ellos mismos se encargan de aclarar, la iniciativa de salir a protestar por las muertes ocasionadas por la falta de medicamentos al interior del IHSS.
La primera protesta organizada se gestó a través de las redes sociales para el 2 de mayo en una de las estaciones del proyecto conocido como Trans 450, el cual salpicó con rumores de corrupción al ex alcalde capitalino Ricardo Álvarez, también expresidente del Partido Nacional y actual Primer Designado a la Presidencia.
A esta convocatoria llegaron unas 20 personas. De esta acción surgió un grupo más comprometido de jóvenes que empezó a organizar las siguientes actividades, que los llevó a realizar plantones con velas frente al IHSS y el Congreso Nacional, y la primera marcha de las antorchas durante el resto del mes de mayo.
Sin embargo, la chispa que encendió la participación masiva a estos eventos fue la denuncia realizada por el periodista de Radio y TV Globo David Romero, el 14 de mayo, de que los recursos saqueados del IHSS habían servido para financiar la campaña política del presidente Hernández. Romero mostró en pantalla fotocopias de cheques de las empresas vinculadas al desfalco en el IHSS a nombre del Partido Nacional, mismos que a la fecha no han podido ser descalificados.
“En Honduras, los contrapesos institucionales se han perdido, al no tenerlos la gente termina de manera natural actuando en respuesta a estos abusos de poder, tenemos una ciudadanía indignada saliendo a las calles y sí creo que esa sociedad civil no organizada, independiente, esa masa, invita a la sociedad civil organizada a los medios de comunicación, y a los partidos políticos a tener un actuar más responsable”, afirma Rivera.
Así se explica cómo este movimiento ciudadano ha pasado de cientos a miles en cuestión de días, y cómo se están viendo movilizaciones populares en zonas tradicionalmente indiferentes a los problemas nacional como Roatán, y tan lejanas como Suiza.
El ímpetu ha sido tal que fueron capaces de forzar el nombramiento de una comisión legislativa para investigar diferentes casos de corrupción, entre ellos el del IHSS, y también han sido capaces de abrirse paso en los principales medios de comunicación del país, mismos que en un inicio se resistieron a legitimarlos.
La referida comisión interpartidaria trabajó contra el reloj y presentó la madrugada del 5 de junio –día para el cual estaba convocada la segunda marcha de las antorchas en Tegucigalpa- un informe en el que se revelaba que empresarios relacionados al desfalco del IHSS contribuyen con 2.8 millones de dólares a la campaña política de Hernández.
En total se vincularon 10 cheques por importe de 940 mil dólares en las cuentas del entonces precandidato a la presidencia, Ricardo Álvarez, que ahora es vicepresidente del país, y otros dos cheques de 190 mil dólares fueron entregados por la firma CA Technologies al Partido Nacional.
Si bien Hernández ya había reconocido, un día antes en una rueda de prensa, la vinculación de su partido con el ilícito, se desmarcó de cualquier responsabilidad al asegurar que “no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)” e instar a su partido a “devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco de la seguridad social”.
El mandatario recordó en la misma rueda de prensa que era su actual vicepresidente, Ricardo Álvarez, quien presidía el partido en ese momento. Esta afirmación no hizo más que levantar sospechas de una purga al interior de ese instituto político, el cual estuvo a un paso del cisma durante las elecciones primarias de 2013 cuando Álvarez se negó a reconocer la victoria de Hernández y pidió al Tribunal Supremo Electoral un recuento voto por voto que le fue negado.
Pero esos juegos de palabras, esos choques públicos entre los políticos, los que ahora han llevado a los hondureños a las calles.
“El reclamo del pueblo es justo. El pueblo ha despertado, no tenemos tintes políticos, somos el pueblo que queremos que se haga justicia, porque el informe que ayer se dio en el Congreso es una farsa”, me aseguró don Carlos, ese maestro retirado que asistió a marchar junto a ocho miembros de su familia, y que se reconoce como un hondureño de clase media baja que solo quiere “salir adelante”.
“Ver la desfachatez de todos los políticos, que nos quieren engañar, ver que todos tienen el mismo discurso, es lo que nos tiene cansados, hartos de verdad”, dijo Miguel Palma, un ingeniero mecánico de 33 años que tiene un año y medio sin trabajar, un bebé de tres meses y una esposa que también está desempleada.
El caso del IHSS
Aun cuando no hay una cifra exacta de lo defraudado en el IHSS con contratos sobrevalorados, y lo sustraído directamente a los empleados del renglón de aportaciones para pensiones, impuestos y pagos a instituciones financieras, la cifra que se ha judicializado y por la que se han emitido órdenes internacionales de captura a una decena de exfuncionarios de la institución y empresarios es de 2,174 millones de lempiras, es decir, unos 100 millones de dólares.
En la lista de Interpol aparecen exfuncionarios, empresarios y familiares de lo que se supone son los que diseñaron y ejecutaron un plan para drenar financieramente a la institución a través de compras millonarias a empresas relacionadas a los mismos funcionarios, quienes luego transfirieron parte de dichos recursos al Partido Nacional, según lo reconoció el mismo presidente Hernández.
Entre los ilícitos por los que se buscan a este grupo de personas, entre los cuales se encuentra uno de los empresarios más prominentes de Honduras, Schukry Luis Kafie Larach, está equipo médico sobrevalorado, lavado de activos a través de empresas fantasmas y soborno a un alto funcionario del Ministerio Público, cuyo nombre, aun cuando se quiso mantener en privado, trascendió que se trataba del mismo Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar.
En el contrato que más notoriedad ha ganado es el suscrito el 9 de mayo de 2011 por un monto de 118.9 millones de dólares con la empresa Distribuidora Metropolitana S. A., Dimesa, cuando según una cotización realizada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el costo real del equipo oscila entre 61 y 67 millones de dólares, por lo que se decidió procesar a los titulares de Dimesa, Schucry Luis Kafie Larach, presidente de la junta directiva de socio de Dimesa; y Juan Alberto Madrid Casaca, representante legal de Dimesa y quien firmó el contrato de la relación comercial por el delito de estafa en perjuicio del IHSS.
Schukry Kafie Larach, según la página web schukrykafie.com, “es un empresario hondureño nacido en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 1947. Su enfoque es centrar sus esfuerzos en la creación de negocios que generen empleo y contribuyan a dinamizar la economía del país. A través de los diferentes rubros de las empresas que lidera junto a sus hermanos Luis y Eduardo Kafie han generado 5 mil empleos directos y más de 25 mil empleos indirectos”.
Continua la publicación web que “en la actualidad, además de ser uno de sus fundadores, Schucry Kafie es presidente de la Junta Directiva de las empresas: Lácteos de Honduras, S.A. (LACTHOSA) y Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (LUFUSSA).” La página también destaca la activa participación de este empresario en la vida gremial hondureña y regional, pues ha formado parte del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL): de allí que su involucramiento en casos de corrupción ha despertado un verdadero revuelo al interior de Honduras.
A través de un comunicado, Kafie se desvinculó de los ilícitos que se le imputan e informó que sus representantes legales presentaron ante el juzgado de lo penal un escrito para presentarse de forma voluntaria y responder por el delito que se le acusa, lo que le serviría para evitar la cárcel pues podrían otorgársele medidas cautelares.
A esto habrá que sumar los más de 7 mil millones de lempiras, unos 335 millones de dólares, por las cuales se encuentra procesado el ex director del IHSS, Mario Zelaya, quien fue capturado en septiembre de 2014 luego de estar prófugo durante casi un año.
La orden de detención y posterior captura de Zelaya fue producto de una de las primeras acciones de Gobierno de Juan Orlando Hernández cuando asumió el poder en enero de 2014, cuando ordenó sendas intervenciones para frenar los crecientes rumores de corrupción al interior del IHSS, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y el Instituto de la Propiedad.
Sin embargo, fue el fracaso de las referidas intervenciones las que fueron caldeando los ánimos de los hondureños, que finalmente parecen haber perdido el miedo a la represión y se han volcado a las calles a exigir la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción como se hizo en Guatemala.
Al principio, las marchas civiles fueron ignoradas por los grandes medios de comunicación hondureños . Foto de Marcela Hernández.
Prensa hondureña en jaque
La novel movilización popular también ha logrado un cambio importante al interior de los medios de comunicación en Honduras, quienes tradicionalmente han respondido a los intereses empresariales y políticos del momento, pues los más grandes e influyentes son parte de las corporaciones privadas más importantes del país.
Grupo Opsa (Diario El Heraldo, Diario La Prensa, Revista Estrategia y Negocios, entre otros), propiedad del empresario Jorge Canahuati Larach, está vinculado a los sectores de bebidas, medicamentos y armas; mientras que el grupo de medios formado por Canal 11, Cable Color y Diario Tiempo es propiedad del empresario Jaime Rosenthal Oliva, quien con su Grupo Continental fue considerado por la Revista Forbes Centroamérica como el empresario con más millones en Honduras, al estimarse su fortuna en 248.8 mil millones de dólares. Grupo Continental tiene negocios en los sectores de Zonas Francas, Construcción, Banca, Seguros, Turismo, Agroindustria y Comunicaciones.
El otro actor importante a nivel de prensa escrita es Diario La Tribuna, que es propiedad del expresidente liberal Carlos Flores, que si bien no está directamente relacionado con ningún grupo empresarial si lo está su tío, Miguel Facussé, quien dirige Corporación Dinant y considerado también por Forbes como uno de los hombres más ricos de toda Centroamérica; y su cuñado Fredy Nasser, Presidente de Grupo Terra, cuyos negocios incluyen la comercialización de combustibles, lubricantes, así como la producción de energía térmica, hídrica y eólica en centro y Suramérica. Grupo Terra también es el responsable de administrar los Aeropuertos en Honduras.
Con menos peso económico pero con igual capacidad de influir en la opinión pública se encuentra la Editorial Hablemos Claro del empresario Rodrigo Wong Arévalo, que incluye el informativo televisivo Abriendo Brecha, Canal 10, y un grupo de revistas de corte popular y social; y el proyecto informativo de radio y televisión Hable como Habla, HCH, propiedad del conductor Eduardo Maldonado, quien se enfrentó al expresidente Manuel Zelaya Rosales en las internas del Partido Liberal de 2006.
En radio, el grupo América Multimedios, con 8 radios que se repiten a lo largo y ancho de Honduras a través de 48 frecuencias, que encabeza la popular Radio América, una de las radios informativas de mayor trayectoria en Honduras, está relacionada al sector farmacéutico con Droguería Mandofer y la cadena de farmacias Regis.
El panorama mediático lo completa el grupo formado por Televicentro y Emisoras Unidas, propiedad del empresario José Rafael Ferrari, que también dirige el equipo de fútbol Olimpia, uno de los más importantes del país; y Fundación Teletón. A sus 80 años, Ferrari ha delegado la administración de sus medios a su sobrino Rafael Enrique Villeda Ferrari.
La tendencia mediática durante las primeras manifestaciones populares fue ignorarlas. Fueron solamente los canales tradicionalmente asociados al movimiento del expresidente Zelaya (Canal 36 y Radio Globo) los que dieron cobertura informativa a las protestas.
Posterior a la denuncia de David Romero, la cual fue endosada públicamente por el ex candidato presidencial del Partido Anti Corrupción, PAC, Salvador Nasralla, la mayoría de medios optó por asumir como línea editorial la vinculación política de estas manifestaciones populares como acciones partidistas de los partidos de oposición.
Sin embargo, desde la semana anterior se ha evidenciado un cambio importante al interior de los medios. Rivera asegura que “hay más medios que han respondido mejor a las protestas, que han dejado de criminilizarlas”. Uno de los primeros en dar este golpe de timón fue Televicentro, quien de la mano de uno de sus más experimentados directores de noticias, Renato Álvarez, a través de su programa de entrevistas Frente a Frente, abrió sus puertas al grupo de jóvenes que empezaron con las protestas en las calles el lunes 1 de junio. Incluso reconoció que su familia saldría el viernes 5 a apoyar la marcha.
Este cambio editorial al interior de los noticieros de Televicentro fue mucho más evidente despuéss de que Álvarez declinara participar a un conversatorio público con el presidente Hernández en Casa de Gobierno el 3 de junio, hecho que según muchos analistas coinciden en señalar como causal de su intempestiva renuncia a este medio de comunicación el pasado 10 de junio.
Gloria Rodríguez es periodista salvadoreña radicada en Honduras.
Fotos de Marcela Hernández.
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1 Responses to “Honduras y la batalla civil contra la corrupción”
Woooow….. honduras es extraordinario lo q esta pasando