Los guatemaltecos están furiosos con su gobierno. Desde finales de abril, y de forma sostenida, han llenado las calles para protestar contra la corrupción y demandar la salida del presidente Otto Pérez Molina. Para un pueblo típicamente apático y desinteresado del acontecer político, las manifestaciones masivas – cerca de 60 mil personas se reunieron solo el 16 de mayo – son un parteaguas en la construcción de sus instituciones democráticas y una lección para otros países en la región.
Cómo un pueblo perdió la paciencia
La corrupción no es nada nuevo para los guatemaltecos. El país ocupa el puesto 115 de 175 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International en 2014 y, en general, la ciudadanía ha mantenido una comprensible sensación de derrota y apatía en los últimos años: los políticos robaban, mentían y abusaban del poder sin consecuencia alguna. Sin embargo, el pasado 16 de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – dirigida actualmente por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez – reveló una estructura de defraudación tributaria conocido como “La Línea”. Más de 45 funcionarios fueron imputados y 19 de ellos capturados ese día, contando entre los fugitivos al entonces secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.
El mismo día, un grupo de estudiantes que permanecen anónimos creó un evento en Facebook para organizar una protesta en la Plaza de la Constitución, ubicada frente al palacio de gobierno, y exigir la renuncia del presidente y la vicepresidente, cuyos hombres de confianza estaban involucrados en la red de corrupción.
Desde entonces, la crisis se ha ampliado con una segunda revelación de un escándalo de corrupción con epicentro en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a raíz del cual se generó la captura de varios funcionarios clave – incluido el presidente del banco central y el director del IGSS y ex secretario privado de la misma presidencia, Juan de Dios Rodríguez. Además, varios funcionarios de gobierno han renunciado, incluyendo a la exvicepresidente Roxana Baldetti el 8 de mayo. Pero si el partido oficial y los grupos de poder que le apoyan pensaban que con eso iban a acallar las protestas, estaban equivocados. Desde entonces, los manifestantes siguen acudiendo a la plaza central para demandar la salida de Otto Pérez Molina y la ejecución de una serie de reformas al sistema electoral y de partidos políticos. Existe un descontento generalizado contra el gobierno de Pérez Molina, pero también se ha cobrado conciencia de que el problema está en el sistema y no únicamente en las personas que integran el aparato de gobierno.
Fuerzas de cambio
El gran logro de las protestas fue la renuncia de la exvicepresidenta Baldetti, la remoción de su inmunidad y el inicio de una investigación en su contra, además de las capturas de varios exfuncionarios de gobierno por los casos de corrupción mencionados. Más allá de este logro inmediato, el incipiente movimiento popular ha dinamizado el panorama político. Independientemente de las diferencias y procedencias ideológicas de sus integrantes, estos adoptaron una agenda común y descubrieron un mecanismo para canalizar las demandas: la protesta masiva. Se ha despertado una cultura de debate y participación nunca antes vista y nuevos liderazgos han saltado a la palestra pública, abriendo las perspectivas de cambio y democratización para Guatemala.
En concreto, los manifestantes han puesto en marcha un diálogo para reformar la ley de contrataciones del Estado, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil e implementar ciertas reformas al sector justicia. A regañadientes, el Congreso se está viendo presionado por la ciudadanía para canalizar estas demandas y actualmente hay un proceso de deliberación sobre qué reformas puntuales deben convertirse en ley.
El peso de la inercia política
El actual movimiento ciudadano ha devuelto la esperanza a un pueblo que la había perdido, pero es claro que la resistencia es numerosa y está bien organizada. En primer lugar, todos los políticos y funcionarios están interesados en que se perpetúe el sistema actual, del que se benefician y con el que pueden lucrar. Los diputados, por ejemplo, han creado una serie de mesas técnicas de trabajo para discutir las reformas, pero el analista de FLACSO Luis Mack claramente señala que “la mesa es un distractor, es una forma para calmar los ánimos”.
Por otro lado, es importante considerar el papel del empresariado organizado y de la embajada estadounidense. En la primera fase de las protestas, la convergencia de los anteriores con las demandas ciudadanas lograron que se prorrogara el mandato de CICIG y que renunciara la vicepresidente Roxana Baldetti, pero ahí quedó toda convergencia posible. Desde entonces, la embajada se reúne con el empresariado de forma periódica y coincide con él en que Otto Pérez Molina debe culminar su período presidencial.
El sector privado organizado teme que un descalabro institucional ponga en riesgo sus intereses económicos y comerciales. Estados Unidos, mientras tanto, teme que un vacío de poder en su patio trasero permita que escale la ingobernabilidad en la región, dificultando su cruzada contra el trasiego de drogas, alimentando los flujos de migrantes hacia el norte y poniendo en riesgo su posición hegemónica en la región. Pero poco les interesa la urgencia por implementar reformas para evitar que los políticos que tomarán el relevo el próximo enero puedan seguir actuando con impunidad.
Un balance positivo
A tan poco tiempo de la elección y cuando todo su equipo ha abandonado el moribundo partido oficial y el mismo gobierno, poco puede hacer Pérez Molina para impulsar cualquier agenda de lucha contra la corrupción. El balón está en la cancha de los diputados y la sociedad civil organizada. Pero el presidente debe renunciar porque su credibilidad es prácticamente nula y porque es una demanda legítima para dar paso a una depuración de las instituciones públicas.
Sin embargo, es claro que la corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana.
La contaminación entre las mafias, el crimen organizado y los partidos políticos es endémica y se extiende más allá de las fronteras guatemaltecas. De cualquier forma, la continuidad de la CICIG y el traspaso de sus capacidades al Ministerio Público, la demanda por reformas al sistema político y un estado de constante alerta contra la corrupción y la inercia política han dinamizado el panorama político sin duda alguna. La ciudadanía descubrió que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de los ciudadanos, que parecen cada vez menos dispuestos a cooperar.
De ahí que no deberíamos sorprendernos si los guatemaltecos – en la capital, provincia y la diáspora en el extranjero – continúan exigiendo #JusticiaYa en las próximas semanas.
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Luis Eduardo Barrueto es periodista guatemalteco. Actualmente reside en Londres, donde completa una maestría en medios y globalización. Pueden seguirlo en @lebarrueto
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