Por María Cidón Kiernan

Cuando Doris Luz Rivas asumió la presidencia de la Sala de lo Penal, en 2012, no imaginó que tendría que encargarse de presidir también el consejo directivo del IML. Para tratar de “imponerse” y conocer el desempeño del trabajo institucional, la magistrada dice que ordenó auditorías en todos los servicios del instituto y así detectó numerosas irregularidades en la distribución de recursos, la asignación de compras directas, la mora en la elaboración y entrega de dictámenes forenses y los turnos asignados entre el personal.

Revista Factum le consultó a la magistrada sobre los casos de mujeres procesadas por homicidio agravado de sus hijos recién nacidos, donde existen precedentes de autopsias forenses con irregularidades. Esas irregularidades son las que luego permitieron que dos mujeres fueran liberadas después pasar varios años en prisión: Karina Herrera Clímaco, en 2009 y María Teresa Rivera, en 2016.

La magistrada Rivas reconoció que la docimasia pulmonar hidrostática podría ser eliminada si se estudiara en el consejo directivo a petición de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y que uno de los principales desafíos durante su periodo ha sido mejorar la prueba científica para que sea más objetiva. Incluso, tiene planes para que los peritos forenses puedan realizar peritajes y pruebas con fines científicos sin necesidad de que sean solicitados por la Fiscalía General de la República.

Como exjueza, la magistrada también responsabiliza a la Fiscalía porque suele retrasarse en pedir exámenes psicológicos de las imputadas, que sirven como prueba de descargo y permiten a los jueces tener todos los elementos para determinar con objetividad si las madres acusadas por homicidio agravado realmente cometieron esos delitos.

Cuando usted asumió como magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, ¿cuáles eran los principales retos que tenían en el instituto para mejorar el servicio?

Lo que normalmente se hace al asumir un cargo es pedir una auditoría de cómo se encuentra la institución. Yo soy jueza de carrera, conocía más desde afuera el resultado de los trabajos por los peritos y la inmediación de la prueba científica que a veces surge de Medicina Legal. Conocer el instituto no fue nada fácil porque yo no me imaginé que era parte de lo que tenía que enfrentar al asumir la presidencia de la sala. Fue un gran reto y tratamos, pues, con el consejo directivo del instituto, de imponerme y conocer de muchas cosas, porque había cantidad de denuncias, de sindicatos, de personas, de usuarios. Nos encontramos con horarios casi al gusto de cada quién y, sin embargo, de a poco fuimos haciendo algunos cambios y propuestas, para llevar a cabo el cumplimiento de las auditorías, había cantidad de hallazgos que no se habían cumplido. (…) Creo que uno de los desafíos fuertes en este periodo ha sido mejorar la prueba científica del instituto, que realmente sea lo más objetiva posible. No lo voy a negar: ha habido cantidad de dificultades y prácticas sometidas a procesos disciplinarios…

En relación con esas irregularidades dentro del Instituto de Medicina Legal, quería preguntarle sobre el trabajo del servicio de Patología Forense, que se encarga de las autopsias. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los protocolos de autopsia que son obligación por ley? Sobre todo, teniendo en cuenta un precedente importante, que es el caso de Karina Herrera Clímaco, cuya sentencia condenatoria por homicidio agravado de su hija recién nacida fue anulada por el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador porque la autopsia tenía un error grave: había confundido el sexo, en algunas partes se leía y se hacía referencia a que su hija era de sexo masculino…

Este peritaje se hizo mucho antes de que yo estuviera aquí. Hay que reconocer que ha habido algunos errores que, a lo mejor, en el traslado de la transcripción puede pasar, o que realmente no se hizo. Aquí podemos desarrollar varias hipótesis. Lo importante es que esto no tendría que suceder ni tendría que seguir sucediendo. Algunas veces ha pasado que se han entregado cadáveres equivocados, ¿verdad?, y cantidades de cosas que tal vez por el cúmulo de trabajo, por eso ha habido que estar más pendientes de ese tipo de errores. Por ejemplo, cuando yo ingresé aquí a la corte y me hago presidenta del consejo, nos encontramos con una cantidad de deudas de los médicos forenses con autopsias, con los dictámenes sin redactar…es como que tuviesen sentencias pendientes. Pero aquí el papel más importante lo debe jugar la Fiscalía porque debería estar un fiscal al momento de realizar la autopsia.  En algunos casos está el policía, por el tema de la cadena de custodia.

¿Los fiscales deberían estar presentes durante las autopsias?

Creo que Fiscalía debe jugar un papel bien importante cuando se hace la autopsia, porque toda esa información le va a servir a ellos. En el marco del Plan El Salvador Seguro se han realizado mesas de trabajo entre la Policía, Fiscalía, jueces y Medicina Legal para corregir algunos hallazgos, algunas dificultades que se presentan ya al momento del juicio a los fiscales con los jueces. Y ha sido bastante productivo porque ya algunas cosas se han venido corrigiendo.

Pero la presencia de los fiscales como un deber ser, para tener más garantías, no está recogido en la ley, habría que reformar eso, ¿no?

No, lo que pasa es que, ¿quién tiene la prueba?, ¿quién asume? ¿quién tiene que llevar la prueba de cargo? La Fiscalía. Yo creo que todas las instituciones tenemos que reordenarnos el trabajo. Esas mesas interinstitucionales han servido mucho. A veces los fiscales dicen: me ha hecho falta esto, me ha hecho falta lo otro, cantidad de cosas, entonces eso ha obligado a venir mejorando las actuaciones de los forenses y nos ha exigido revisar los protocolos y actualizarlos, que es a lo último que hemos llegado en el área de Patología y ahora se están revisando los protocolos en el área de Ciencias de la Conducta para volverlos mucho más eficaces y que contribuyan, pues, que incluyan el enfoque de género. Si, por ejemplo, Medicina Legal encontraba a una persona transgénero o una persona homosexual, o travesti, “un hombre vestido de mujer”, pues romper esos estereotipos también.

¿Y se revisan periódicamente los protocolos de autopsia?

Ha habido necesidad de revisar los protocolos y lo hemos logrado con los expertos que han venido. Se ha trabajado con los mismos médicos forenses, la necesidad de que ellos sean más autónomos, en el sentido de que normalmente el perito no actúa si el fiscal no le pide, pero ahora con los protocolos que se han actualizado esperamos que el perito tenga mayor autonomía y que no esté dependiendo de lo que el fiscal formalmente le esté pidiendo, sino que debe entregarle toda la información posible de lo que encuentre en un cuerpo para poder establecer exactamente qué fue lo que pasó, o las circunstancias en las que la persona falleció. En ese sentido ya en el consejo directivo, al finalizar 2018, elaboramos los nuevos protocolos.

Le voy a mostrar el protocolo de autopsia que me fue entregado por solicitud de acceso a la información pública a través de la Corte Suprema de Justicia. Este documento me lo entregaron en enero de 2019. ¿Me puede confirmar si es el mismo que se sigue usando actualmente?

(La magistrada se pone a revisar varios folletos que tiene sobre la mesa, son las guías elaboradas con apoyo de la cooperación extranjera.) Tenemos guía técnica de autopsia, la guía técnica ocho… Veamos si es el mismo (se pone a revisar el protocolo compartido por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia), no creo que no… esa es… aquí tenemos nosotros la guía, por ejemplo, protocolos de investigación de casos de feminicidios, delitos sexuales, abortos y fetos… ya tenemos otras guías de trabajo para ellos.

Ah, ya, pero esas guías son para tener el enfoque, pero este es el documento del protocolo de autopsia…

No, pero esto también se ha cambiado (sigue revisando la copia del protocolo), a lo mejor no le dieron el actualizado. Ahí sí, no… fíjese que nos lo trajeron, pero no me recuerdo si realmente es esto….

¿Y me podría compartir la última versión?*

Sí, yo lo voy a conseguir. Sí, porque ya la guía es totalmente distinta, todititos los protocolos se han reestructurado de acuerdo con las necesidades actuales. La guía técnica para el levantamiento de cadáver, delitos sexuales, reconocimiento de lesiones, para estimar la edad media, para determinar el estado de embriaguez, para el aborto… y ya no estar cometiendo los mismos yerros que se han venido cometiendo. Investigación médico legal en los casos de delitos de feminicidio, delitos sexuales, aborto y fetos… (lee). Todo esto lo hemos hecho con la cooperación, participaron expertos y el mismo personal del instituto. Esto no va a ser fácil de implementar porque tenemos que establecer políticas diferentes para que esto comience a aplicarse. La Fiscalía debe comenzar a conocerlos. Porque en un delito sexual, lo que hace el médico forense es el reconocimiento de órganos genitales; pero, ¿qué necesita también en ese mismo momento? Se necesita un peritaje psicológico o atender en crisis a la víctima y no tiene que estar esperando que le mande una petición el fiscal, sino hacerlo todo en un solo momento para evitar la revictimización.

*Las guías de lineamientos elaboradas con la cooperación internacional ya fueron aprobadas por el consejo directivo de Medicina Legal, pero aún no han sido publicadas, según la magistrada. El protocolo actualizado para 2019 que mencionó la magistrada no fue compartido, solo se brindó un listado de la bibliografía en la que se apoya el IML para sus protocolos de autopsia forense y en defensa del uso de la docimasia. Son en total siete manuales donde se justifica el uso de las docimasias.

En 2014 ya hubo una posición por parte del Instituto de Medicina Legal respecto al uso y la validez de la prueba de la docimasia pulmonar hidrostática para determinar si realmente un bebé había respirado al nacer. Sucedió en el marco del indulto que se solicitó para Las 17 y del análisis independiente que presentó la antropóloga Jocelyn Viterna y el abogado José Santos Guardado. Ahí se incluye, como respuesta del Instituto de Medicina Legal, un informe firmado por el doctor Aguilar. Ese informe defiende el uso de la prueba, pero reconoce que puede dar falsos positivos y que por eso siempre hay que estar….

Esa prueba ya está siendo superada, no tengo aquí presente cuál es la otra prueba que se realiza que es más certera.

¿La histopatológica, la que examina el tejido del pulmón con microscopio?

Sí, no recuerdo cómo es que se llama, pero sí, ya se está superando el tema de la docimasia. Prácticamente ya no se aplica.

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal me dijo que la docimasia hidrostática pulmonar es un método desfasado, que da muchos falsos positivos. También me dijo que el clima tropical de El Salvador acelera la putrefacción de los cadáveres y que, incluso, en los cuerpos de recién nacidos la putrefacción es más rápida que la de un adulto. Y ese médico, que pidió el anonimato, dice que aun así la docimasia se sigue haciendo porque es parte del protocolo, aunque se coteja siempre con el resultado del examen de microscopio, que es el más fiable.

Sí, pero yo platicando con ellos, bueno, el director que es quien nos informa, me dice que hay otros. Porque nosotros tuvimos que resolver un caso en la sala y me dice: ‘Sí, hay otros’. Pero no me recuerdo realmente el nombre de ese examen, pero tampoco me negó que no lo hagan, sí lo siguen haciendo…

Y en relación con los protocolos, este médico me dijo que hay libertad para que los forenses puedan aplicarlos según la forma que estimen más conveniente, que les da esa libertad.

Eso es lo que ya no se puede seguir permitiendo y no va a ser fácil la deconstrucción. Lo que ellos han hecho por años, que para muchos ha sido “santa palabra”, ahora viene alguien y les dice: miren, esto hay que hacerlo de manera diferente. No va a ser fácil, quizás para las nuevas generaciones sí, pero no para los que ya tienen sus años de estar ahí. Quizás ha sido una directriz, yo la desconozco. Nosotros no hemos dicho: usted apártese del protocolo y haga lo que pueda. A lo mejor, ante la carga de trabajo, se ha hecho eso y por eso le digo que cuando yo llegué había médicos que debían más de cien peritajes. ¿Pero cómo un médico se va a acordar de un caso de hace seis meses, de hace un año, que hizo la autopsia del cadáver y no hizo en ese momento la autopsia, el peritaje? Hubo una decisión administrativa: ellos tenían que digitarlo directamente. Pero hay muchos médicos que no tienen esa habilidad de digitar. Yo luché mucho por darles un apoyo de digitación a través del apoyo secretarial. También porque los fiscales no los pedían, los peritajes de las autopsias, sin un peritaje usted no puede probarle nada al juez. Esa es mi gran preocupación porque si un perito debe más de cien peritajes o cincuenta, o veinte peritajes y nadie se los ha pedido es porque el fiscal tampoco le ha puesto interés.

Hace poco me llamó la atención el caso de Marcela Albizuri, acusada por homicidio agravado tras sufrir un parto extrahospitalario. El caso está en fase de Instrucción, pero la autopsia del cadáver de su hija recién nacida no ha sido presentada, ¿cómo se puede determinar realmente si hay sospecha de un delito si no se cuenta con la autopsia hasta esa etapa del proceso?

Sí, lo que se hace es que a veces se le manda al juez una información, que no es necesariamente el peritaje, pero ya lleva una conclusión que realmente el juez lo toma como un medio de prueba. Pero, después, cuando vaya a juicio tiene que tenerse ya el peritaje. A veces uno le dice al fiscal: “Mire, tráigame aunque sea algo para justificar la existencia del delito”. Totalmente de acuerdo, por eso es que nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para poder garantizar que los peritajes sean entregados de manera oportuna. ¿Y qué pasa con este atraso que puede tener un perito? Que no son peritajes de la calidad que debería de tener un peritaje y así pueden escapársele elementos que puedan echar a perder un caso, o condenar a una persona inocente por algún elemento que no haya sido objetivo.

En estos casos de mujeres que sí han sido condenadas por homicidio agravado se está viendo que ahora están saliendo algunas por conmutación de la pena.

Sí, es que ese es otro tema, esa es una alegación que nosotros tenemos y al asumir la presidencia (de la Sala de lo Penal) obvio que también es un tema que a mí me ha tocado y tengo la delegación de género (de la Corte Suprema de Justicia) y a nosotros la primera vez que venían los 17 casos, venían incluso las peticiones calcadas. Yo me reuní mucho con algunas personas de sociedad civil porque hubo mucho reproche o descontento porque no todas salieron con dictámenes favorables. Lo interesante ha sido es que los ocursos de gracia nada impide que se vuelvan a solicitar, porque habían pedido indulto y entonces se han solicitado las conmutaciones. Nosotros hemos incorporado el enfoque de género para conocer la situación de vida de las mujeres, las relaciones de desigualdad a las que se han visto sometidas, en algunos casos han sido abusadas sexualmente desde su infancia. Todas estas pruebas de contexto, o que han sido maltratadas y al final el gran premio es la cárcel. Por ahí venimos nosotros, no a analizar los hechos porque no somos tribunal de instancia. Y ese era uno de los errores que se cometían antes, cuando se analizaban las conmutaciones y los indultos. Cuando yo comienzo aquí, en 2012, yo les dije: no, miren, esto es una gracia, lo que hay que hacer es ver las condiciones en que la persona pudo haber cometido ese delito, en circunstancias muy, muy particulares.

En esos casos es fundamental también el trabajo que realizan los consejos criminológicos de Centros Penales donde están internas las mujeres condenadas, ¿verdad?

Nos hemos apartado de muchos dictámenes desfavorables del consejo criminológico y lo decimos también, pero nosotros estamos pidiendo que se modifique, porque casi todos los casos tienen el mismo rasgo de personalidad y no entendemos porque a algunos les dan el dictamen favorable y a otro desfavorable.

Hay un caso de una mujer que salió de la cárcel el 7 de marzo de 2019 por conmutación de la pena, se trata de Alba Lorena Rodríguez Santos, condenada a 30 años de cárcel. Ella pasó algo más de nueve años interna. Alba Lorena fue violada desde niña, obligada al trabajo infantil y sin acceso a la educación, analfabeta. A pesar de estas vulneraciones graves de sus derechos, a ella no se le hizo ningún examen psicológico durante el proceso judicial en su contra. ¿Esta prueba podría haber sido prueba fundamental para el caso?

Correcto, una pericia social, un psicosocial que estableciera cuáles eran sus condiciones de vida y que los jueces deban de tomar en cuenta.

Pero ese trabajo le corresponde a Medicina Legal, pero si no puede proponer, si solo responde a lo que le pide la Fiscalía…

Ahí es donde nosotros queremos proponer, porque el trabajo del perito debe ser objetivo, no hacer lo que le pide el fiscal. El peritaje social le va a plantear todo el escenario sociofamiliar donde la persona se ha desarrollado y es información que le puede servir. Si el fiscal realmente también investiga lo que le es favorable (a la imputada), porque la ley así le exige hacerlo, debería pedir una pena menor, o una absolución. Pero, a veces, como no les conviene, porque tenemos una mente muy restringida, que lo que yo quiero es condenar… porque también hay fiscales que tienen otra mirada, pero si a mí solo me interesa condenar, no me interesa esa prueba, no la voy a pedir (…). El fiscal tiene ese alcance: aquí necesito un peritaje social, pero si no tiene esa perspectiva, si de lo contrario se queda con el hecho aislado, sin nada colateral ni nada de contexto, entonces bien fácil, mecánicamente está el hecho y condeno, pero luego los jueces y juezas debemos abrirnos a esas perspectivas, ya la sana crítica tiene que ir rompiendo con esos patrones o estereotipos patriarcales.

Y usted presidiendo el consejo directivo, ¿qué capacidad tiene para decir: “bueno, ya no hagamos más esto, que no sigan las malas prácticas”?

Sí, con esto nosotros tenemos que tomar ya decisiones porque este acuerdo si no me recuerdo mal fue de noviembre o diciembre de 2018 y le hemos pedido al señor director que nos diga cuáles son todos los lineamientos que nosotros como consejo debemos de direccionar a nivel nacional para que se cumplan estos y no lo que tradicionalmente se ha estado haciendo. Eso lo tenemos pendiente, ahí es donde nosotros podríamos hacer un estudio sobre la necesidad de eliminar esa práctica (docimasia). Yo creo que eso sería interesante que algún peticionario lo hiciera a Medicina Legal y que nos obligue a revisarlo.

Después de que se pidió el indulto para “Las 17” en 2017 y llegaran a Medicina Legal para reunirse con el director, que entonces era el doctor José Miguel Fortín Magaña, ¿ya no hubo más acercamientos o seguimientos a Medicina Legal?

No, incluso yo desconocía que se habían reunido con él. Nosotros establecemos las políticas y por eso hubiera sido interesante que se sometiera al consejo directivo de Medicina Legal y nosotros someterlo a estudio científico. Pero si hubiese una petición a lo mejor esto va a obligar a revisarlo y tener que eliminar esa prueba y sustituirla por otra que sea más científica.

El médico forense con el que hablé me dijo que también hay otros problemas como la falta de insumos, de herramientas básicas, porque solo tienen dos bisturís y dos pinzas para hacer todas las autopsias. Este doctor dice que la sala de autopsias se inunda cuando llueve, que es peligroso para ellos en su trabajo diario. ¿Estaba usted al tanto de estas deficiencias?

Pero esos son recursos que deberían solicitarse. Nosotros estamos confiados, el presupuesto de Medicina Legal es fuerte…ahí quizás se está fallando en la parte administrativa porque, ¿cómo voy a estar pendiente hasta de las bolsas de los muertos? Yo le decía al director de Medicina Legal (Pedro Hernán Martínez): Doctor, hay que tener un plan de contingencia, de apoyo entre todas las sedes, donde haya más carga que vayan otros a trabajar, a apoyar, que los recursos no hagan falta. Yo no quiero que vayan a estar haciendo denuncias por recursos que se terminaron, se tiene que prever. Nosotros establecemos la política, pero si se está ejecutando o no, por eso es importante la denuncia. Ha habido casos donde los médicos forenses nos dicen: miren, hace falta esto. Tampoco nosotros estamos negando. Si realmente no se están cumpliendo los requerimientos, realmente hay un problema de gestión que tenemos que checar, es un tema bastante fuerte, pero tiene que ser desde la dirección al staff de la administración. Desde la administración de la corte no compramos los insumos.

¿Y hay alguna norma de calidad en los servicios de Medicina Legal para evitar este tipo de problemas?

Por eso son importantes los hallazgos, las auditorías, porque nos permiten hacer una radiografía. Es como que necesitamos alguna supervisión de calidad también para un monitoreo permanente de todo esto. ¿Pero qué pasa? Entre algunas prácticas que no son las más felices, entre el personal y ahí incluidos peritos y todo, entre ellos se cubren cosas, saben que hay un problema “x”, pero mientras no me afecte a mí, ahí que pase. Y entonces viene y le sale otra cosa a otro, y no se dice nada. Necesitamos generar una responsabilidad más ética y mayor compromiso. El tema del instituto no debe ser marginal, hay prácticas que encontramos a personal trabajando ocho horas en hospitales y ocho horas aquí, eso no puede ser. Hemos venido corrigiéndolo, pero, lógico, hay muchas personas a las que no les ha gustado (…). Ir haciendo las cosas sobre un desorden no es fácil, hay que ir generando cambios. La demanda es de todos los días, nosotros venimos aquí a ver cómo mejorar la calidad de atención al usuario y generar las condiciones de trabajo de los empleados, auxiliares de autopsias, los médicos y todo. A todo esto, hay que acompañarle cantidad de problemas.