Por Revista Factum

Sobre un tema de interés público como este, que además parece dividir a la sociedad en dos frentes, hicimos una investigación que tuvo por objetivo uno clásico dentro del periodismo: fiscalizar al poder. En este caso, al Estado y su aparato de justicia. Nos propusimos verificar y explicar cómo el sistema judicial acusa, procesa y condena a estas mujeres que reciben de las penas más duras establecidas en el Código Penal.

En la información de acceso público que tiene disponible la Corte Suprema de Justicia, hay 39 sentencias definitivas de casos de mujeres que fueron procesadas por homicidio agravado o intento de homicidio en contra de sus recién nacidos. Los casos se desglosan así: 37 de estas mujeres parieron fuera de un hospital y sin atención médica —todas tienen pocos recursos económicos o viven en situación de pobreza—; 29 resultaron culpables; 21 de ellas parieron en una letrina o un baño; 16 del total fueron confinadas a la cárcel por 30 años, una por 35 y otra por 40 años.

Estas mujeres son solo una muestra de todas las que, desde que en 1998 entró en vigor la penalización de cualquier forma de interrupción del embarazo, han sido denunciadas por aborto y luego procesadas como asesinas de sus hijos.

De las 16 historias de mamás condenadas por homicidio de sus hijos recién nacidos, escogimos cuatro casos que consideramos paradigmáticos y los investigamos a profundidad. Luego de ver que existen movimientos sociales en favor de la liberación de estas mujeres, luego de atestiguar la liberación de varias por indulto, anulación o reducción de las penas; después de hablar con abogados y analizar los expedientes de los cuatro casos escogidos y las 39 sentencias públicas, partimos de una hipótesis, la principal: hay un patrón de irregularidades en los procesos judiciales contra estas mujeres. Esto las llevó a la cárcel.

Es necesario hablar de las mamás asesinas de El Salvador, porque detrás de toda esa vorágine de casos judicializados y de esas condenas de 30 años o más de cárcel, lo que aparece es la violación de dos derechos fundamentales: el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Esta situación ha sido posible por la intersección de prejuicios de género con la estigmatización de la maternidad en pobreza y el apoyo de grupos conservadores contrarios a la despenalización del aborto.

Qué tienen que ver estas mujeres con el aborto si no fueron encarceladas por ese delito. Es cierto, de las 39 sentencias públicas analizadas, solo una condena fue por aborto, un delito que consiste en la interrupción voluntaria o inducida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación y que el Código Penal castiga con penas de dos a cinco años de prisión (artículo 133). A todas las demás, con embarazos entre las 32 y 38 semanas, se les adjudicaron condenas por homicidio agravado, un crimen por el que se puede recibir entre 30 y 50 años de cárcel.

Desde que en 1998 entró en vigor la reforma al Código Penal, médicos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la inseguridad jurídica que la penalización absoluta del aborto ha provocado, sobre todo para las mujeres que menos recursos tienen. Efectivamente, las mamás asesinas no han sido procesadas ni condenadas por aborto, ya que sus gestaciones estaban en una etapa avanzada. Sin embargo, muchas fueron denunciadas, desde los hospitales o por familiares o vecinos, por este delito, como se puede comprobar en las sentencias públicas. Un parto extrahospitalario, un alumbramiento prematuro o una complicación obstétrica, cuando le sucede a una mujer pobre, automáticamente la puede volver sospechosa, primero, de haberse provocado un aborto y, luego, de asesina.

Esta investigación muestra que luego de recibir una denuncia por aborto, la Fiscalía General de la República suele cambiar el delito y presentar una acusación por homicidio agravado, generalmente en las primeras 72 horas después de capturada la mujer.

Por supuesto, las acusadas tienen el derecho a una defensa, que generalmente la hace un litigante de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, sirve de poco, ya que estos abogados casi siempre están poco preparados o simplemente creen a pie juntillas que estos casos no tienen defensa.

La Fiscalía, por su parte, parece más interesada en construir argumentos incriminatorios, no profundiza en las historias de las mujeres, e incluso en algunos casos ni se molesta en sustentar con solidez la acusación principal: que fueron estas mamás quienes asesinaron a sus bebés. Los jueces de estos casos también tuvieron a bien dar por comprobadas historias de infidelidades y de especulaciones sobre estas mujeres, con declaraciones de testigos que ni siquiera fueron versiones de primera mano. Y en otro caso ejemplar, aceptando que no existieron pruebas directas sobre la culpabilidad de la mujer, así la condenaron.

En los últimos años, la misma Corte Suprema de Justicia ha venido corrigiendo con mucha sutileza los agravios contra estas mamás. Desde la Sala de lo Penal, en varios casos, los magistrados y magistradas han revisado los casos, han descubierto irregularidades y deficiencias en los procesos judiciales, sean de los fiscales, de los defensores o de los mismos jueces. En palabras más definitivas: se han topado con injusticias. Sin embargo, no está reparado del todo: las resoluciones por las que han salido en libertad varias mujeres hablan de que se las castigó de una forma extremadamente severa, pero no hacen el mea culpa de que las condenaron sin pruebas suficientes o con base en irregularidades y que por ello deben de ser borradas de todo expediente judicial. No, el sistema de justicia no ha aceptado sus errores. Ellas siguen siendo mamás asesinas, ahora en libertad.

Sí, la justicia les ha fallado.

Lo cierto es que en muchos de esos juicios los fiscales no sustentaron sus acusaciones, los defensores públicos ni siquiera llegaron a las audiencias, los jueces aceptaron que no había pruebas directas y, aun así, con toda la duda razonable del lado de las mujeres, terminaron condenando. El Estado salvadoreño no parece dispuesto a aceptar todos esos despropósitos.

Esta investigación que ahora presentamos pretende llevar al lector hasta la intimidad de los tribunales de justicia de El Salvador para que los lectores conozcan a los jueces, a los abogados defensores, a fiscales, a policías, a médicos, a catedráticos, a magistrados, a familias completas fracturadas y a ellas, las “mamás asesinas”.

Son historias que tienen que ser contadas. Tenemos que hablar de estas mujeres y del Estado que, empecinado y sin hacer lo que por ley le corresponde en un tribunal de justicia, no ve más camino que mandarlas a la cárcel y seguirlas llamando asesinas.