Por María Cidón Kiernan

En la entrada del edificio central de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Salvador, las personas se encuentran con una placa que fue puesta allí en 2016. Esa placa no es un motivo de orgullo, al contrario, es un recordatorio de que el Estado puede violar los derechos humanos de los salvadoreños si no les garantiza una debida defensa en los procesos judiciales.

La placa, que simboliza esa falla, es parte de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a El Salvador por la detención ilegal de José Agapito Ruano, quien pasó quince años en la cárcel sin que se haya demostrado que él cometió un delito.

Carolina Corpeño, la procuradora adjunta penal, lo dice con un tono de gravedad: “Es penoso, es triste, a mí me da pena entrar a mi institución y ver una placa a la entrada. No es la placa en sí, sino lo que está detrás de ella, la vida de un ser humano. Entender que estamos jugando con la libertad de un ser humano, lo más sagrado que tenemos”.

La sentencia de la Corte Interamericana ordenó que El Salvador compensara los daños a Ruano y a su familia con becas de estudio, terapias psicológicas y el pago de 300,000 dólares en reparación por la injusticia cometida. También dictó que mejoraran los procesos de selección de defensores públicos y que fueran capacitados de forma permanente. Esta sentencia es la primera sobre violaciones de derechos humanos en tiempos de paz, las cinco condenas anteriores fueron por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y la postguerra.

A pesar de la sentencia, las deficiencias de la defensa penal pública en El Salvador se mantienen. Según sus titulares, el presupuesto anual no les permite contratar a más abogados y mucho menos invertir en otras áreas. Entre las carencias más destacadas está la falta de fondos para el transporte a las audiencias y la desaparición de investigadores propios que ayudaban a recabar pruebas de descargo a favor de los imputados.

Para 2019, el área de defensoría penal de la PGR cuenta con un presupuesto de 8.4 millones de dólares y 263 defensores públicos que son “todólogos” —lamenta Corpeño— porque deben cubrir todas las áreas de la defensa penal, mientras la Fiscalía tiene más de 1,300 fiscales que se especializan según su área de trabajo. Por ejemplo, solo para la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía —la encargada de ver los casos de supuestos homicidios de recién nacidos—, hay 88 fiscales especializados, según los datos obtenidos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía cuenta, además, con la colaboración permanente de la Policía Nacional Civil por dirección funcional, un acuerdo para apoyarse en labores de investigación. También con el servicio del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia que brinda peritajes forenses, autopsias y reconocimientos médicos, entre otras pruebas fundamentales para sostener los casos durante los procesos judiciales.

Las mujeres condenadas por homicidio agravado de sus hijos recién nacidos no se salvaron de la precariedad de la defensoría penal pública. Sus procesos pasaron por los tribunales sin que las imputadas pudieran, según los casos analizados, aportar prueba en igualdad de condiciones con la Fiscalía.

La ex procuradora general Sonia Cortez de Madriz, que terminó su cargo en abril de 2019 tras 10 años dirigiendo la institución, define así el papel del defensor: “Debe ser protagónico, activo y velar por los intereses y derechos de su defendido, ese es el cometido surgido de la Constitución. Debe de haber entre el defensor y el defendido como un vínculo que garantice que sus derechos van a estar realmente protegidos”.

Cada mes, los defensores públicos manejan entre 30 a 50 expedientes, una carga laboral que Corpeño reconoce que no llevan “al dedillo”, es un promedio que manejan desde hace años, pero que están actualizándolo con apoyo de la cooperación internacional para mejorar los procesos internos de trabajo y hacer un seguimiento al detalle de sus responsabilidades.

Cortez reconoce que el deber ser de la procuraduría se aleja mucho de la realidad cotidiana: “Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el defensor corre de una a otra audiencia y no alcanza a llegar, se frustra la audiencia. Viene el informe, no llegó el defensor, eso le afecta a toda la agenda que tiene programada el juez…”.

La defensoría ha quedado así relegada a un papel secundario, casi ornamental, y en algunos casos penales —como los investigados por Revista Factum— con actuaciones irregulares avaladas por los jueces de los casos que facilitaron aún más el trabajo de la Fiscalía General de la República.

La procuraduría se ve en desventaja porque no cuenta con investigadores ni con la capacidad de contratar a sus propios peritos para los casos complejos: “Cuando dicen que va a haber fortalecimiento, va para la parte fiscal, para los tribunales, y se les olvida el tercer elemento, porque somos así, como un triángulo —dice la ex procuradora general, mientras dibuja con sus dedos la forma del polígono—: el juez y las partes, que somos opuestos naturales, la Fiscalía y la defensa”.

La defensa de los casos complejos

Entre enero del año 2000 y noviembre de 2018, 39 salvadoreñas han sido procesadas por homicidio agravado de sus hijos recién nacidos, según los registros de la Corte Suprema de Justicia. El 74 % fueron condenadas, en total 29 mujeres. Y de esas, 17 recibieron penas de 30 años de cárcel.

Desde el año 2012, cuando entraron en vigor las leyes especializadas para prevenir la violencia contra las mujeres, la PGR ha trabajado con políticas institucionales de enfoque de género. Según Cortez, estas políticas aplicadas a la defensa penal trataron de hacer un “despertar de la conciencia” para que los defensores comenzaran a tomar en cuenta las condiciones particulares de las mujeres acusadas de homicidio agravado, además de entender las situaciones que las habrían llevado a esa situación y las consecuencias de su detención cuando son jefas de hogar y tienen otros hijos menores de edad a su cargo.

A pesar de la capacitación, Sonia Cortez reconoce que siempre podrá haber defensores acomodados “que se dan por vencidos” y desde un inicio den por perdido el caso, que vean culpable a la mujer acusada de este delito.

“La obligación del defensor o defensora es investigar las circunstancias. Primero, si esa mujer estaba en término, si no vino ese niño antes de las semanas que medicamente se determina que se debe de dar a luz. Por ejemplo, ¿será causal o no tener un alto grado de desnutrición para tener un nacimiento prematuro, por ejemplo? Cada caso refleja sus propias circunstancias”, dice Cortez.

La doctora Victoria Martínez es obstetra del Hospital Nacional de Zacatecoluca y miembro de la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las Mujeres. Esta organización ofrece capacitaciones sobre temas de salud, como el aborto y las emergencias obstétricas que pueden sufrir las mujeres durante el parto. En diciembre de 2018 participó en un encuentro con jueces y defensores de la Procuraduría General. Su experiencia demuestra que la capacitación permanente está cargada de retos.

“Fui a dar un taller sobre emergencias obstétricas, y ellos me decían: ‘Si el perito, que es médico, me está diciendo algo, entonces, ¿cómo yo, que no soy médico ni entiendo ni papa de medicina, voy a creer que es mentira?’. Mi intención es que entiendan los conceptos relacionados con el parto, entonces quedan maravillados porque empiezan a entender”, señala la doctora.

Aparte de la necesidad de formación, la jefa del área penal de la defensoría reconoce que también están tratando de garantizar que el defensor público asignado a un imputado se mantenga, que acuda a todas las audiencias y evite tener que pedir a sus compañeros que le sustituyan a última hora. Esta deficiencia forma parte de los casos investigados por Revista Factum, en los que algunas de las mujeres condenadas dijeron no haber recibido ni apoyo ni asesoría de parte de sus defensores públicos.

“Con 263 defensores a nivel nacional, es sumamente complejo lograr ese tipo de garantías. Lo que estamos haciendo en la defensoría pública penal es que todo el equipo, cuando son casos delicados, a los que nosotros les llamamos complejos, en las que tengan reuniones de trabajo donde socialicen los casos, que traten en conjunto, es la finalidad de los equipos de trabajo”, explica Corpeño.

Los procesos judiciales contra las madres acusadas de matar a sus hijos son parte de los casos complejos ante los cuales la procuraduría se encuentra más limitada por la falta de medios para aportar pruebas de descargo y preparar la defensa.

“Siento que hemos venido en un franco retroceso en el tema de derechos humanos, en el tema de la construcción de la legítima defensa y la búsqueda de la justicia. Creo que es una deuda que nos va a cobrar a futuro, (…) —señala Corpeño con convicción— la búsqueda de la justicia se está dejando en segundo plano. La víctima aparentemente es el imputado, pero no, es la sociedad en general”.

Para mejorar la asistencia legal a las mujeres acusadas de aborto y delitos relacionados, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico comenzó a defender este tipo de casos desde 2009. Posteriormente se conformó el movimiento “Las 17 y Más” para denunciar la criminalización de las mujeres que sufrieron emergencias obstétricas durante el parto y fueron condenadas a penas de más de 30 años de cárcel.

En marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda contra el Estado salvadoreño por las múltiples violaciones de derechos que sufrió Manuela, una mujer pobre que dio a luz en la fosa séptica de su casa y fue condenada por homicidio agravado de su hijo recién nacido. Manuela murió por cáncer linfático cuando cumplía su condena de 30 años.

La demanda fue presentada en 2014 por la Agrupación Ciudadana, el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local e incluye señalamientos al Estado por no garantizar el derecho a la defensa para Manuela. Según la demanda, Manuela no fue entrevistada por su defensor público antes de comenzar el proceso en su contra, solo lo conoció hasta el día del juicio y además el abogado no le informó de su derecho a recurrir la sentencia condenatoria, entre otras irregularidades.

El Centro de Derechos Reproductivos espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita un informe de fondo en los próximos meses y que incluya una serie de recomendaciones para El Salvador. Aunque existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el Estado y las demandantes, la intención de estas organizaciones es llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que El Salvador sea condenado por violar derechos fundamentales de Manuela y su familia y que sirva de precedente para otros casos similares.