Los más influyentes de 2015

Para resumir el año decidimos preguntar a varios de nuestros columnistas sobre las personas, instituciones u organizaciones que más influyeron en la vida de los salvadoreños o en los sucesos que marcaron la historia del país durante 2015. Pedimos a nuestros colaboradores que nos enviaran sus listas de cinco nominados y que nos explicaran en breve sus nominaciones. Nosotros, en la redacción de Factum, elaboramos nuestras propias listas. Al final juntamos todas las propuestas, contamos las nominaciones que se repetían y elaboramos una lista preliminar con los más votados. Luego definimos la lista basados en esos votos y en algunas consideraciones editoriales. Aquí los resultados: Los más influyentes de 2015 (para bien y para mal) según Revista Factum.

5. Vanda Pignato y la Iglesia Católica salvadoreña.

Vanda Pignato, secretaria de inclusión social y ex primera dama. Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

Vanda Pignato, secretaria de inclusión social y ex primera dama. Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

La ex primera dama y aún secretaria de inclusión social había dejado de tener, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el protagonismo mediático que tuvo cuando era esposa del ex presidente Mauricio Funes. En 2015 había saltado, sí, a los titulares, pero más por razones personales que políticas o por sus acciones como funcionaria; fueron noticia, por ejemplo, su diagnóstico de cáncer y su tratamiento médico, o comentarios directos sobre su ex esposo: «Sufro más por la pérdida de mis perritos que por la de mi esposo», dijo Pignato en un programa de radio el 25 de noviembre pasado. Fue también en ese programa radial que Vanda Pignato hizo una denuncia pública que cobró trascendencia nacional y puso en entredicho a la Iglesia Católica salvadoreña. En «Pencho y Aída», la ex primera dama acusó a «un sacerdote católico» de haber abusado de una niña durante 11 años. Poco después se supo el nombre de ese sacerdote: Jesús Delgado, un importante miembro de la curia que llegó a ser vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador y director de medios de comunicación de la iglesia católica, entre otros cargos. Tras la denuncia de Pignato, Delgado aceptó que había abusado de la víctima y el arzobispado lo suspendió de todas sus funciones sacerdotales. Monseñor Rafael Urrutia, canciller de la Arquidiócesis de San Salvador, dijo que este era el primer caso de pederastia que conocía la iglesia Católica salvadoreña; eso, sin embargo, no es cierto de acuerdo a las denuncias de otras víctimas. La denuncia de Vanda Pignato fue, sí, la primera que caló fuerte en el seno de la curia de El Salvador y ya ha dado pie a nuevas denuncias. Por la importancia que en El Salvador tiene esta institución y por la impunidad con que obispos y sacerdotes han abusado de miles de menores alrededor del mundo, la denuncia pública de la secretaria de inclusión social la convierten a ella y a la institución denunciada en dos de los más influyentes del año.

4. Los querellante en el caso contra Francisco Flores.

El equipo de abogados querellantes en una audiencia del proceso contra el expresidente Francisco Flores. Foto de Frederick Meza.

El equipo de abogados querellantes en una audiencia del proceso contra el expresidente Francisco Flores. Foto de Frederick Meza.

De no ser por la acción decidida y valiente del grupo de abogados querellantes que se presentaron como parte en el proceso penal contra el expresidente Francisco Flores, acusado de delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero, el caso sería otro de muchos que engrosan la lista negra de la impunidad en El Salvador. No es que la acción de los querellantes sea importante porque esté orientada a probar la culpabilidad de Flores –él es, después de todo y mientras los indicios no sean pruebas concretas valoradas en juicio, un hombre inocente-; es importante porque sin ella la justicia salvadoreña no hubiese tenido, siquiera, la posibilidad de que existiera un proceso penal de verdad en este caso en el que se ha acusado a uno de los políticos más poderosos del país de desviar o de apropiarse de al menos 10 millones de dólares provenientes de donaciones internacionales destinadas, entre otros, a afectados por los terremotos de 2001. El caso nació tras la investigación realizada por una subcomisión legislativa plagada de enemigos políticos del expresidente, en la cual Flores terminó confesando procedimientos cuando menos sospechosos. A partir de ahí, el ex fiscal Luis Martínez hizo del caso un despropósito jurídico, entre otras cosas y según declaraciones de altos dirigentes de ARENA, el partido de Flores, con el fin de chantajear a los areneros para que le dieran los votos que necesitaba para reelegirse. Sin la acción de los querellantes, a quienes Martínez acusó de urdir una novela, y quienes han denunciado amenazas y acoso por este caso, la posibilidad de procesar a Flores por lavado de dinero hubiese desaparecido por completo (aún es una posibilidad lejana debido a que un tribunal de segunda instancia revirtió la decisión de un juez de incluir el delito a petición de la querella). En El Salvador plantar cara a un fiscal decidido a salirse con la suya a toda costa para atender su interés personal antes que el de la Nación, en este caso aniquilando un proceso judicial, no es cosa fácil: se requiere agallas y temple. De nuevo: la acción de estos querellantes es importante porque sin ella la mera posibilidad de que la justicia salvadoreña exista en el caso de un expresidente acusado de corrupción y lavado de dinero estaría muerta.

3. El Beato Óscar Arnulfo Romero.

Mural con el rostro de Monseñor Romero. Foto de Francisco Campos.

Mural con el rostro de Monseñor Romero. Foto de Francisco Campos.

Nada había unido tanto a los salvadoreños en mucho tiempo como este año lo hizo la figura de Monseñor Romero, el arzobispo asesinado por un escuadrón paramilitar financiado por la derecha salvadoreña en 1980. La celebración en San Salvador por la beatificación del obispo mártir es una estampa de alegría auténtica –al menos de la mayoría de asistentes- que no veíamos acaso desde aquellas celebraciones en el centro de San Salvador por el fin del conflicto armado allá por 1992; pero, a diferencia de las dos concentraciones que daban la bienvenida a la paz, una organizada por el gobierno del ARENA y otra por el FMLN, la que hubo para celebrar al Beato Romero fue una sola. Es cierto, la beatificación misma, anunciada por el Vaticano a principios de año, fue objeto de disensión y polarización entre algunos salvadoreños, por motivos políticos o religiosos, pero nos atrevemos a decir que esos son los menos. Y es cierto que el postulador de la causa de beatificación, Monseñor Vincenzo Paglia, confirmó que la figura del Arzobispo tuvo que bregar contra fuerzas poderosas al interior de la Iglesia Católica, sobre todo en las curias salvadoreña y latinoamericana, antes de que se lograra la beatificación, pero al final Roma, de la mano del papa Francisco, decidió que Óscar Arnulfo Romero es un beato de la iglesia, y que su martirio fue provocado por odio a la fe. De Paglia vinieron también las palabras que más deberían resonar en estos tiempos de muerte y violencia en que vive El Salvador: Que Monseñor Romero sea hoy un símbolo de unidad. El sacerdote de Ciudad Barrios es, por hoy, el salvadoreño más universal, esperemos que también uno de los más influyentes para nuestro bien.

2. El ex fiscal Luis Martínez.

Luis Martínez (derecha), ex fiscal general. Edgar Márquez (izquierda), leal a Martínez, es el fiscal en funciones. Foto de Frederick Meza.

Luis Martínez (derecha), ex fiscal general. Edgar Márquez (izquierda), leal a Martínez, es el fiscal en funciones. Foto de Frederick Meza.

Lo poco que la Fiscalía General de la República pudo haber avanzado en las últimas dos décadas se fue al garete con la llegada de este abogado a la silla más importante del Ministerio Público. Solo en esta Revista publicamos tres investigaciones que dan cuenta de la implicación de Martínez en hechos irregulares de tráfico de influencias (sus viajes en aviones de Enrique Rais, un empresario procesado por la Fiscalía, y la consecuente persecución penal contra abogados u otros ciudadanos que son adversarios de Rais en procesos judiciales), en acciones que lindan con la obstrucción de justicia (su insistencia de no procesar a José Adán Salazar Umaña, el líder del llamado Cartel de Texis, por lavado de dinero a pesar de que el Ministerio de Hacienda halló suficientes indicios para hacerlo). El Faro publicó, además, otras notas que dan cuenta de cómo, en forma inexplicable, Martínez pagó un préstamo por cerca de $175,000 dólares a pocos días de asumir como fiscal general. Y otros medios se hicieron eco de las acusaciones que el presidente de ARENA hizo contra Martínez, acusándolo de intentar chantajear al partido con el caso Flores para que votaran por él. El poder de Martínez se basó, entre otras cosas, en su relación con José Luis Merino, uno de los líderes más influyentes del FMLN; en el uso indiscriminado que hizo del centro de monitoreo de escuchas telefónicas, más para chantajear a adversarios políticos o mediáticos (como en el caso del padre Antonio Rodríguez) que para investigar casos relevantes; y, según otra nota periodística, también de El Faro, en el apoyo de empresarios tan influyentes en la derecha salvadoreña como Francisco Calleja y Tomás Regalado. Durante la gestión de Martínez no hubo condenas importantes o investigaciones relevantes, ni mejoras estructurales en la Fiscalía; sus defensores dicen que fue un fiscal valiente porque enfrentó a las pandillas y porque calificó a la tregua de 2014 de hipócrita y oscura, pero fueron solo palabras: además de firmar la extradición de dos líderes pandilleros menores, Luis Martínez no procesó a nadie relacionado con la tregua ni desmontó la capacidad de extorsión y de asesinar de las pandillas. Por todo eso, y por el daño que ocasionó a la Fiscalía General y a la justicia salvadoreña en general, el ex fiscal fue uno de los personajes negativos más influyentes de 2015.

1. El aparato de seguridad del Estado y las pandillas.

Foto de Frederick Meza.

Foto de Frederick Meza.

El Salvador terminará 2015 con más de 6500 homicidios en el año. Los primeros cálculos –a falta de la cifra final de muertes violentas- indican que el país cerrará 2015 con una tasa de entre 90 y 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, un número que podría ser superado solo por el de Venezuela (donde los conteos suelen ser menos precisos que en El Salvador). Se trata, desde cualquier punto de vista, de una catástrofe, humana, de seguridad pública, de gobernabilidad. Durante todo el año, el Gobierno y en general el aparato de seguridad se han esforzado por dar un matiz político a los señalamientos que les han hecho por los pobres resultados del combate al crimen. Lo cierto es que, aun tomando en cuenta todos los factores históricos, estructurales o externos que contribuyen a la matanza, la principal responsabilidad en el fracaso del Estado en el combate al crimen y a la epidemia de homicidios debe atribuirse a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República y al sistema judicial, incapaces todos en las partes que les tocan de prevenir el delito, reprimirlo, investigarlo y castigarlo. No solo eso, de acuerdo a investigaciones periodísticas publicadas en El Faro y La Prensa Gráfica, la fuerza pública optó, en algunos casos, por las ejecuciones sumarias. Las pandillas, que son las estructuras criminales con más importancia territorial en el país, son sin duda protagonistas en este tema: tras la fragmentación de liderazgos que provocó la tregua de 2014, la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 se enzarzaron en una guerra entre ellas, pero sobre todo con la fuerza pública, que provocó buena parte de los homicidios del año. La tregua gestada y administrada por el Gobierno de Mauricio Funes dio a las pandillas mayor fuerza letal; la muerte de la tregua y la administración de la postregua durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén generó, de parte del Estado, respuestas torpes o extremadamente violentas, lo cual también ha contribuido al ciclo de violencia letal. El Estado, la incapacidad de su aparato de seguridad pública, y las pandillas, con su capacidad de matar y extorsionar, son sin duda los dos entes que más han influido en la vida de los salvadoreños este año.

 

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