Los años difíciles de Douglas Arquímides Meléndez

Empezó su carrera en el Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía, justo después de la firma de los Acuerdos de Paz. Aquellos eran tiempos en los que el optimismo por la paz recién firmada se extendía a casi todas las instituciones del país, incluidas la PNC y el Ministerio Público. El nuevo fiscal general de la república de El Salvador vio, desde adentro, cómo esa esperanza dio algunos resultados importantes en materia de investigación criminal, pero también cómo la Fiscalía perdía el rumbo, secuestrada desde entonces por el manoseo político y la impunidad.

Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, a quienes sus compañeros fiscales y reporteros judiciales de mediados de los 90 llamaban en tono cómplice “pollo crudo”, se estrenó en los tribunales salvadoreños con casos difíciles. Cuando apenas contaba 25 años, en 1992, lo acreditaron como fiscal en el caso contra varios militares del Batallón Atlacatl y de la Escuela Militar acusados de asesinar a seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas, una masacre ocurrida tres años antes. Y ya a mediados de la década de los 90 trabajó de cerca con los nuevos cuerpos de investigación de la PNC en casos importantes, como el asesinato del joven ingeniero Ramón Mauricio García Prieto a manos de sicarios enquistados dentro de la nueva policía.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del FMLN, juramenta a Douglas Meléndez como fiscal general Fotos de Frederick Meza.

Meléndez Ruiz, juramentado el pasado miércoles 6 de enero de 2016 como fiscal general, empezó su carrera en el Ministerio Público cuando las instituciones salvadoreñas de seguridad pública e investigación criminal —movidas por la inercia transformadora de los Acuerdos auspiciados por la ONU— intentaban desprenderse del tufo a sangre y autoritarismo que les heredaron años bajo control militar.

Con el Departamento de Derechos Humanos (DHFGR), la Fiscalía retomó varios de los casos que investigó, durante la última etapa de la guerra, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la extinta Policía Nacional (CIHD), una instancia que, en general, se había dedicado a obstruir la justicia, coaccionar testigos y, sobre todo, a evitar que las investigaciones llegaran hasta los presuntos autores intelectuales.

En aquellos años (1992-1996), Meléndez Ruiz trabajó junto a otros fiscales jóvenes como él en investigaciones que, como la del asesinato de García Prieto, reflejaban avances incipientes de una Fiscalía que pretendía replantearse su papel en democracia, pero que ocurrían en un ambiente marcado por la lacra de la impunidad, una que venía de los años de militarismo y conflicto, una a la que las reformas planteadas por los Acuerdos de Paz no pudo desterrar, una que terminó creciendo amparada, entre otros, por varios de los jefes que tuvieron Meléndez Ruiz y su generación en los despachos de la Fiscalía General.

El caso García Prieto es un buen ejemplo de esa dualidad.

El 16 de junio de 1994, seis días después del asesinato del joven ingeniero, la Fiscalía acreditó como acusadores en el caso a los auxiliares Deysi Marina Posada (actual oficial de acceso a la información pública de la Fiscalía), René Mauricio Chiquillo Cuéllar, Jorge Carlos Figeac Cisneros y Douglas Arquímides Meléndez. De ellos y de sus logros en esta investigación puede decirse que, en efecto, llevaron ante la justicia a los autores materiales de aquel asesinato: los ex detectives de la Policía Nacional Carlos Romero Alfaro y José Raúl Argueta Rivas. No fue poca cosa: fiscales jóvenes enfrentados a un sistema policial corrupto lograron llevar a la cárcel a dos de esos policías.

El problema, en ese caso y en otros, es que las investigaciones eran mal planteadas desde el principio, para proteger a quienes daban las órdenes de matar, como en el caso jesuitas, según lo establecieron luego Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se tuvo que luchar, incluso, contra el encubrimiento fomentado desde la ahora extinta Policía Nacional, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”, escribió uno de los investigadores de la Fiscalía que trabajó con Meléndez Ruiz en el caso García Prieto.

“Empezó de abajo, a la usanza de la época. Era un buen fiscal, destacaba del promedio. Era valiente y se ganó sus ascensos a pulso”, dijo sobre Meléndez Ruiz un abogado que investigó casos complejos en la década de los 90 y que conoció de cerca el trabajo de la Fiscalía General, y quien habló con condición de no ser identificado.

Otro ex compañero de Meléndez Ruiz, que coincidió en decir que el nuevo fiscal general era en los 90 un investigador valiente, matizó los resultados que los fiscales específicos podían obtener en aquellos años: “No investigó autorías intelectuales ni estructuras complejas… pero creo que en esos casos lo hizo por disciplina institucional…”, dice.

El asesinato del estudiante de medicina Adriano Vilanova Velver, también a manos de policías, es otra investigación compleja de la que el entonces fiscal específico, Douglas Meléndez, tomó parte. Y este es, también, un caso que refleja muy bien la dialéctica del nuevo sistema, el nacido tras los Acuerdos de Paz, que ha solido rendirse ante la impunidad pero a la vez ha intentado dar respuestas más profesionales de investigación criminal en algunos casos.

Víctor Rivera, alias Zacarías, era, cuando Vilanova Velver fue asesinado, un oscuro asesor venezolano de Hugo Barrera, entonces Ministro de Seguridad Pública. Desde el principio, Zacarías, pasando por encima de los fiscales, intentó manipular las investigaciones con el fin de hacer pasar el homicidio como una muerte accidental. En principio, Zacarías quería proteger los asesinos, un sargento y dos agentes de la PNC destacados en Panchimalco, San Salvador. En última instancia, la oscura actuación de Zacarías en ese caso —que incluyó intimidación de testigos y víctimas y falsificación de pruebas— era un afán por proteger a quienes dieron la orden de matar al estudiante y cuyas identidades nunca fueron reveladas.

Del papel del fiscal Meléndez Ruiz puede decirse, de nuevo, que él y sus compañeros lograron algo poco común no solo en los años de posguerra sino aún ahora: meter presos a policías asesinos. Pero también puede decirse, de nuevo, que su investigación ayudó a encubrir a los principales responsables, a los autores intelectuales, aunque en su descargo también cabe recordar que en 1994 —antes de la reforma penal de 1998 que dio a la Fiscalía el papel principal en la investigación criminal— eran los policías quienes dirigían las pesquisas.

La primera conferencia del nuevo fiscal general.

El caso BFA

Para 1996, el Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía se había convertido en la Unidad de Delitos Especiales (UDE) bajo el mandato del fiscal general Manuel Córdova Castellanos. Douglas Arquímides Meléndez fue uno de los que pasó a formar parte de la nueva unidad, aunque su paso fue corto pero intenso: en 1998, tras la reforma penal, lo nombraron jefe de la Regional de La Paz, con sede en Zacatecoluca.

En la UDE, Meléndez Ruiz fue parte del equipo que investigó varios de los primeros grandes casos de corrupción atribuidos a funcionarios o militantes del partido ARENA. Estuvo, por ejemplo, entre los fiscales que vieron la estafa de las financieras FINSEPRO-INSEPRO, propiedad de Roberto Mathies Hill, un empresario joven cercano al partido de derecha.

Meléndez también fue uno de los fiscales que trabajó, entre 1995 y 1996, el llamado “Caso secuestros”, una amplia investigación en la que el Ministerio Público reunió los plagios del joven Andrés Súster, hijo de Saúl Súster, uno de los empresarios más cercanos al expresidente Alfredo Cristiani; de Guillermo Sol Bang, otro hombre fuerte de la derecha; y de Karim Salume Babún. Esas investigaciones implicaron a Raúl Alexander Granillo Laínez, alias Comandante Marcelo y un ex líder guerrillero del Partido Comunista de Shafick Handal, como autor de los secuestros.

En todos estos casos Meléndez Ruiz era solo parte de los equipos de fiscales: las decisiones sobre el rumbo de las investigaciones criminales no las tomaba él.

Justo en 1997, cuando la UDE apenas despegaba, se gestaba en El Salvador una de las defraudaciones públicas más escandalosas ocurridas durante los gobiernos del partido ARENA, que se conoció como el caso del Banco de Fomento Agropecuario (BFA): Raúl García Prieto, miembro de ARENA y presidente del banco estatal, utilizó préstamos de la institución para favorecer a empresarios que compraron un ingenio azucarero en una transacción plagada de irregularidades. Uno de aquellos empresarios es, hoy, harto conocido: José Enrique Rais, el hombre en cuyos aviones viajaba Luis Martínez, el antecesor de Douglas Arquímides Meléndez en el despacho de fiscal general.

Raúl García Prieto, Héctor Cristiani y Enrique Rais, procesados por el caso BFA. Al final, todos salieron libres.

Cuando el caso BFA llegó a los tribunales, en los primeros años de la década de 2000, Meléndez Ruiz era subjefe de la División de Intereses del Estado y poco después fue el encargado de reconvertir la UDE en la Unidad Especial Anticorrupción y Delitos Complejos por órdenes del entonces fiscal general, Belisario Artiga. Esa nueva unidad fue la principal responsable del caso BFA.

En 2002 un tribunal absolvió a Rais de culpas en el caso. El 13 de febrero de 2004, el equipo de Meléndez logró que el tribunal sexto de sentencia de San Salvador condenara a García Prieto. La justicia, sin embargo, no sería servida: una fuga de información, aparentemente desde el tribunal, permitió al funcionario arenero escapar.

Anticorrupción y Delitos Complejos de la Fiscalía también investigó, bajo la batuta de “Pollo crudo”, otros fraudes importantes, como el cometido por Carlos Perla, otro funcionario arenero, en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, o el de licitaciones amañadas atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente durante la administración de Francisco Flores.

De aquellos años le viene a Meléndez Ruiz su relación con Aquiles Parada, otro fiscal que, como él, era investigador y litigante estrella durante la gestión del fiscal general Artiga. Entre ambos llevaron la investigación sobre títulos universitarios irregulares que dirigió el fiscal especial Roberto Vidales. El miércoles 6 de enero de 2016, tras ser juramentado como fiscal general, Meléndez informó que Parada será su adjunto.

El fiscal general Douglas Meléndez saluda a Johnny Wright Sol, de ARENA, el único diputado quese abstuvo de votarlo.

Y hoy es “fiscalón”…

Dicen quienes lo conocen que Douglas Meléndez es un hombre de origen humilde, que vive en la casa que compró y por la cual paga mes a mes la cuota de una hipoteca, “como cualquier otro profesional”, según asegura uno de sus ex compañeros en la Fiscalía, quien accedió a hablar del nuevo fiscal general sin identificarse para poder hacerlo con libertad.

“Nunca oí que se le vinculara a corrupción o que aceptara pisto… Hasta ahora sé que sigue viviendo de acuerdo a sus ingresos”, dice el ex colega de Meléndez.

Douglas Arquímides Meléndez fue, coinciden las voces consultadas por Factum, un fiscal específico y un jefe de unidad competente, aun honesto, que llegó hasta donde sus superiores le permitieron. De sus primeros años, los turbulentos en que las estructuras criminales enquistadas en la PN y emigradas a la nueva PNC corrompían todo el aparato de la fuerza pública, le quedan algunos moretones: “él, como casi todos los fiscales de entonces, avalaba investigaciones viciadas a favor del Gobierno de turno, pero estas eran investigaciones diligenciadas por la CIHD y la PN. Recordá que el fiscal no tenía mucha intervención en la parte investigativa antes de la reforma del 98”, dice un ex agente auxiliar de la FGR que conoció a Meléndez en aquellos días.

También es cierto que, como fiscal específico o jefe de unidad, Douglas Meléndez logró condenas de policías, funcionarios públicos y hombres fuertes de ARENA, algo poco visto antes de la firma de la paz e incluso en los primeros años de la posguerra.

Algunos de los diputados que votaron para nombrarlo fiscal general han recogido, en declaraciones posteriores a la elección, un argumento que también han repetido analistas y editorialistas en las últimas horas: el nuevo fiscal general merece el beneficio de la duda. Patty Valdivieso, una de las legisladoras jóvenes de ARENA, lo expresó así en su muro de Facebook: “No puedo dar certeza plena de su independencia e idoneidad porque no acostumbro poner las manos al fuego por personas a las que yo misma no he visto responder con ética ante cualquier presión; pero sí puedo asegurar que es el profesional con más referencias positivas…”

No parece difícil otorgar el beneficio de la duda al sucesor de Luis Martínez, el fiscal general saliente, señalado por diversas investigaciones periodísticas, incluso por líderes políticos, de obstruir la justicia, de favorecer a imputados poderosos a cambio de favores, de chantajear víctimas, de fabricar pruebas e incluso de enriquecerse.

Hoy Douglas Arquímides Meléndez asume como “fiscalón” —fiscales específicos y reporteros suelen usar hoy en día el término “F1” para referirse al fiscal general, antes se le llamaba “el fiscalón”—. Por su despacho pasarán varias tareas inmediatas, ineludibles para un país que cerró 2015 con una tasa de más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes y que ya cuenta por decenas los asesinatos cometidos en los primeros días de 2016. Quizá una de las más importantes sea convertirse en un “fiscalón” capaz de condenar sin miedo a asesinos, ex presidentes o ex fiscalones; en un “superior” que permita a sus subalternos lo que a él no le permitieron: investigar bien y meter a la cárcel a los criminales, sobre todo a los autores intelectuales.