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Diplomacia a la guanaca: la bochornosa participación de El Salvador en la UNGASS

“La penalización no debería causar a una persona más daño de lo que la droga le hace, y cuando es así las leyes deben ser cambiadas”

Jimmy Carter, Ex-Presidente de EE.UU.

La Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) se celebró con algunas sorpresas y sinsabores, pues fue una oportunidad desaprovechada por la comunidad internacional para acabar de una vez por todas con la infame “Guerra Contra las Drogas”. A pesar de ello, considero que ha sido un buen banderillazo de salida hacia la declaración política de 2019 con las posturas de algunas naciones como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Bolivia y Uruguay por mencionar algunas del continente americano. Sin duda, a pesar de las posturas retrógradas de algunas naciones, la balanza queda con una clara inclinación hacia la profundización del debate internacional. Además deja una experiencia que refleja el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y contribuye a la cohesión de una red internacional muy diversa en torno a la búsqueda de alternativas al prohibicionismo a nivel internacional aglutinada en su mayoría en la IDPC (International Drug Policy Consortium).


La trágica y sombría representación de El Salvador durante la UNGASS fue una de las de más bajo nivel de la región. Además de utilizar un lenguaje poco adecuado e incongruente con su discurso, cabe destacar que El Salvador presidió una de las mesas redondas durante la asamblea, específicamente la que trató el tema de “Drogas, delito y lavado de dinero”. Esta mesa fue la única en la que no se le cedió la palabra a representantes de la sociedad civil, lo cual generó molestias en torno al papel que desempeñó la embajadora Carmen María Gallardo, pues impidió que al menos una organización internacional y cinco representantes de la sociedad civil de distintos países, incluyendo El Salvador, pudieran participar durante la importante jornada.

Los sofismas de las intervenciones de la delegación salvadoreña

A manera de resumen plasmaré lo medular del discurso oficial, antes de expresar mi opinión sobre las declaraciones oficiales de El Salvador.

Sofisma: Razón o argumento falso con apariencia de verdad.

Durante la mesa redonda presidida por la embajadora salvadoreña, Carmen María Gallardo, el embajador Rubén Zamora intervino afirmando que la política de drogas de El Salvador fue creada por el gobierno y con el apoyo de autoridades y actores “competentes”, dejando de lado la participación de la población directamente afectada por la implementación de estas políticas, es decir las personas que usan drogas (PQUD) y las juventudes salvadoreñas.

Asimismo el embajador aclaró que el gobierno salvadoreño ha “intentado” poner en práctica su política, pero que debido a la ausencia de fondos no lo ha logrado. En cuanto al consumo de drogas en El Salvador, según el señor embajador, “no se observa disminución en la prevalencia de consumo de drogas en los últimos quince años”. Sin embargo, aclara que el alcohol y el tabaco son las sustancias que generan problemas de salud pública. En el discurso oficial se sigue ignorando el alto consumo de psicofármacos.

Por si fuera poco, el gobierno afirmó que sólo el 0.53% del consumo total de “drogas”  en El Salvador corresponde a sustancias ilícitas, asegurando que los jóvenes son la población que más riesgo corre al consumo de drogas; situación lógica al ser las juventudes la población más representativa en el país.

La delegación tuvo la “valentía” de aseverar que, a nivel de legislación, El Salvador ha hecho lo posible por cumplir los estándares internacionales, ignorando el hecho que el Estado salvadoreño no es eficaz, ni capaz, de determinar la pureza de las sustancias, incumpliendo de esta manera el objetivo principal de las convenciones internacionales que tanto defiende el aparato del Estado. Pues, según éstas, es preciso que, en cada uno de los casos, la pureza de la sustancia sea verificada y evidenciada en orden a establecer la peligrosidad o lesividad de la falta por la ley de drogas determinada.

El discurso oficial destacó con bombos y platillos las reformas realizadas en los dos últimos años a la ley contra el lavado de dinero y de activos,  “lo que ha permitido volverla más ágil”. Al mismo tiempo se hizo hincapié en la aprobación de la ley de extinción de dominio y de administración de bienes, la cual, según el embajador, acompañada de un consejo nacional de administración de bienes “bastante autónoma” permite evitar los problemas de corrupción que genera la incautación de bienes a los narcotraficantes”.

El Embajador Zamora acentuó que su discurso se centra en aclarar que El Salvador no produce drogas, que El Salvador es un bajo consumidor de drogas, pero que es un país de tránsito de drogas. Afirmación llena de falsedades, pues somos un país con un nivel de consumo de sustancias bastante alto entre sustancias legales, controladas y prohibidas. En la actualidad es muy difícil argumentar que un país es netamente productor, consumidor o de tránsito debido a la facilidad para la creación de sustancias sintéticas y la expansión de los mercados. Asimismo, la delegación reclamó que la ONU no tiene una estrategia para países que son exclusivamente de tránsito de drogas pidiendo una estrategia específica a nivel internacional.

Finalmente, precisó que la estrategia de combate al narcotráfico de El Salvador se centra en atacar el blanqueo de dinero, en atacar los flujos de dinero que son los que permiten realmente reducir a los narcotraficantes aludiendo a que “un narcotraficante le teme más que a la cárcel a que le quiten los bienes…”. Al mismo tiempo, aseguró que eso requiere un conocimiento “financiero y cibernético muy sofisticado” que el gobierno salvadoreño no puede adquirir, por ello pidió que “para cubrir la laguna que impide combatir la droga” es necesaria “la creación de un instituto que se dedique a preparar a fiscales y policías para realizar ese tipo de trabajo”.

La participación durante la sesión de la asamblea general también tuvo sus sofismas.

El Estado salvadoreño se comprometió a luchar contra las drogas, más no contra el narcotráfico. No obstante, el Estado afirmó que sus políticas se enfocan en el respeto a los derechos humanos y el enfoque de género. El Salvador se comprometió a respetar y contribuir en el debate para implementar políticas integrales en el combate al narcotráfico, pero, en realidad, la actual política de drogas de El Salvador va en contra de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU) y de los objetivos de reducción de propagación del VIH /SIDA para el 2030, precisamente siendo tan necesario implementar de manera urgente políticas públicas basadas en en los derechos humanos y la salud pública, respetando el Estado de Derecho y garantizando la laicidad del Estado.

El discurso tuvo el mismo trasfondo que el dado durante la mesa redonda, haciendo hincapié en la necesidad del aumento de cooperación financiera y técnica para la lucha contra el narcotráfico.

Demoliendo los sofismas oficiales

Nuestro país carece de un verdadero estado de derecho, por ello, la representación de El Salvador en la mesa, co-presidiendo y moderando la discusión sobre “drogas, delito y lavado de dinero” carece de robustez moral. Sobre todo, siendo conscientes que la administración del Presidente Sánchez Cerén es cómplice del crimen organizado al negar por un lado la guerra social que se vive nivel nacional y también por los vínculos del Vicepresidente de la República con uno de los capos más buscados de la región. Además, por desconocer, ignorar y violentar la condición fundamental del Ser Humano desde los organismos de Estado, lo cual va contra la “Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre”  de 1948.

Después de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados Americanos reconocieron y acordaron “…que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

El Salvador necesita, en definitiva, apoyo para el real combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas.  De cualquier manera se hace imprescindible la creación de una “comisión internacional contra la impunidad”, como una herramienta de transición, hasta recuperar el tejido que une a la civilidad con el Estado. El Salvador se encuentra en una grave crisis, a tal punto de haberse convertido silenciosamente en un “Narco-Estado”. En la medida en que las Organizaciones de Tráfico de Drogas diversifican su mercado y van permeando cada vez más en las estructuras del Estado, se hace más difícil obtener lecturas fiables para diferenciar entre el humo y los espejos, qué es crimen organizado y qué es gobierno.

Es penoso que nuestro gobierno se jacte, en la arena internacional, de la ley de extinción de dominio, aún más, asegurando que ésta ha logrado detener al narcotráfico en El Salvador, siendo una ley que entró en vigencia en Junio de 2014 y que en 2015 logró incautar apenas setecientos mil dólares estadounidenses.

Según los datos facilitados por Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al estudio reciente “Aportes Para Una Nueva Política De Drogas En El Salvador”, el “Grupo Conjunto Cuzcatlán” ha recibido desde su creación en 2012 poco más de cuatro millones de dólares en efectivo, además de equipos, mobiliario, infraestructuras, entrenamiento y tecnología para el combate a la narcoactividad, teniendo resultados mínimos que generan serias dudas sobre la utilización efectiva de recursos nacionales y de la cooperación extranjera en el combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD).

Las fuentes oficiales también confirman la escandalosa impunidad dentro de las estructuras del Estado, los datos ratifican que no ha habido detención alguna por delitos relativos a drogas entre funcionarios de gobierno, siendo evidente la gran influencia e infiltración del crimen organizado en las entidades gubernamentales, lo que deja entrever que la División AntiNarcóticos de la Policía Nacional Civil y el Grupo Conjunto Cuzcatlán no han desarrollado su trabajo de investigación sobre los delitos relativos a las drogas al interior de la administración del Estado.

Cabe señalar que en la actualidad existe un abanico de estudios y análisis multidisciplinarios que demuestran que los enfrentamientos por la territorialidad del Triángulo Norte entre Organizaciones de Tráfico de Drogas, y los enfrentamientos de éstas contra las fuerzas policiales, son en gran medida la causa de las altas tasas de homicidio en la región, hecho que pasan por alto los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad del Estado, ansiosos de retratar a los miembros de las pandillas como las ‘fuentes’ más importantes de la violencia, postura que mantuvo su continuidad en el discurso de la delegación del gobierno salvadoreño durante la UNGASS.

Nuestro gobierno ha sido históricamente negligente, tolerante y cómplice de la narco-actividad, y en ocasiones, hasta la ha incentivado, desde la década de los ochenta hasta el día de hoy. Por todo esto, más que nunca, urge implementar políticas criminales inteligentes respecto al crimen organizado y las organizaciones de tráfico de drogas; políticas que se enfoquen en investigar y perseguir a los funcionarios y estructuras criminales dentro del aparato del Estado.

Para priorizar el verdadero combate al narcotráfico es importante cambiar el enfoque hacia la regulación de los mercados y la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos. Esto permitirá tener una mejor visión y aprovechar los recursos en materia de seguridad, combatiendo de una vez por todas a las estructuras de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y descriminalizando, por fin, a las juventudes y a las personas que usan drogas (PQUD). Superando el estigma de creer criminales a los ciudadanos, sólo por el hecho de usar drogas.

La evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de salud pública y de derechos humanos. Es indispensable que esta retórica se consolide mediante cambios concretos en las políticas, las leyes y las prácticas en materia de drogas. Falta financiar presupuestos que atiendan el área de prevención y educación relativa a las drogas, falta generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo, falta fomentar la investigación científica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales y semi-sintéticas. Finalmente, falta crear políticas públicas que incluyan a la persona como sujeto de derecho dentro de un marco legal de regulación que cubra la producción, el comercio y el consumo de drogas.

Las políticas de control de drogas vigentes se basan en criterios represivos sin tomar en cuenta la salud y menos las implicaciones en la salud mental de la sociedad en su conjunto. Es hora de pensar y contribuir a diseños de políticas regionales alternativas para la ingeniería social necesaria durante la inevitable posguerra contra las drogas.

El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras sangran; su población necesita urgentemente de la cooperación internacional y, enfatizo, su población necesita de apoyo para lograr derrotar la corrupción y el crimen organizado afianzado en las estructuras del Estado.

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