Desde comienzos de octubre de 2022, trascendió en distintos países del continente americano un hackeo masivo de información de fuerzas militares y policiales que fue llamado “Guacamaya Leaks”. El acceso y filtración de información ocurrió en El Salvador, México, Perú, Colombia y Chile. A través de un grupo de ciberactivismo llamado Distributed Denial of Secrets –más conocido como DDoSecrets–, la información fue compartida con distintos medios de comunicación, entre ellos Revista Factum, que contrastó y comprobó la autenticidad de la documentación para trabajarla periodísticamente.
Tras ocho meses de Régimen de Excepción, al menos 90 personas bajo custodia han muerto en las cárceles de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele lo ha minimizado diciendo que son muertes por causas naturales. Sin embargo, documentos internos de la PNC desmienten la versión oficial y dejan en evidencia que algunos han muerto con signos de haber sido asesinados. Familiares de los detenidos también aseguran que otros han muerto porque padecían de enfermedades terminales y no les dieron acceso a medicamentos.
Texto: Bryan Avelar / Foto: Natalia Alberto
El hackeo realizado por el grupo activista Guacamaya obtuvo 4.24 terabytes de información de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador.
Walter Sandoval Peñate, el primer fallecido durante las detenciones por el régimen de excepción, era reconocido en los cantones aledaños por su afición al fútbol. El menor de tres hermanos también pintaba caricaturas infantiles en las paredes de su casa.
Texto: Loida Martínez / Foto: Natalia Alberto
Romeo Mauricio Posada Urrutia falleció 41 días después de haber sido detenido bajo custodia del Estado. La Policía Nacional Civil tenía indicios de que fue asesinado, pero se lo calló.
Texto: Suchit Chávez / Foto: Natalia Alberto
En los primeros días del régimen de excepción, Melvin fue detenido por la Policía Nacional Civil en San Vicente y murió 19 días después en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. Allí lo llevaron a morir desde el centro penal de Izalco. Su caso quedó en “sobreaveriguar” o que es lo mismo: pendiente de investigación.
Texto: Fernando Romero / Foto: Natalia Alberto
Una filtración de documentos provenientes de correos electrónicos de la Policía Nacional Civil revela que la presidencia de Nayib Bukele ordenó que se diera protección a Herbert Saca Vides, un operador político señalado por compra de diputados, cuando este era investigado por la Fiscalía General. Los documentos también exponen asignaciones a discreción de escoltas para exfuncionarios como José Luis Merino, el locutor Salvador Alas, así como para miembros del partido Nuevas Ideas.
Investigación: Revista Factum
—Alberto Escorcia: periodista experto en tecnología y seguridad digital