La jueza Kimberly Swank del distrito este de Carolina del Norte, en Estados Unidos, resolvió ayer, 4 de febrero, que el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales es sujeto de extradición al Reino de España por los cargos de asesinatos terroristas de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Swank ordena, además, que el militar retirado se someta a la jurisdicción de los comisarios federales de Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición.

El coronel Montano tendrá que viajar a Madrid, España, para responder ante el juez Eloy Velasco por los asesinatos de Ignacio Ellacuría Baescoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, cinco sacerdotes jesuitas de nacionalidad española, asesinados el 16 de noviembre de 1989 junto al también sacerdote Joaquín López y López y las empleadas Elba Ramos y Celina Ramos, salvadoreños. Así lo determinó la jueza estadounidense que estudiaba una petición de extradición introducida por un fiscal estadounidense el 8 de abril de 2014 en nombre de los gobiernos de España y los Estados Unidos.

“La corte concluye que el acusado es sujeto de extradición… por las ofensas imputadas y por las cuales fue solicitada la extradición, y certifica esta decisión al Secretario de Estado”, escribió la jueza Kimberly Swank en la certificación de extradición introducida ayer, 4 de febrero de 2016, al proceso 2:15-MJ-1021-KS.

De acuerdo a la corte estadounidense, Montano era uno de los militares que “tomaba decisiones en un grupo de oficiales que, como colectivo, ordenó los asesinatos de los jesuitas”.

A partir de este fallo, Montano debe someterse a la autoridad de los comisarios federales (U.S. Marshalls) para hacer efectiva la extradición a Madrid, donde el coronel y otros 19 militares son requeridos desde el 30 de mayo de 2011 por el titular del tribunal sexto de instrucción de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, por los asesinatos de los jesuitas y sus empleadas. Uno de esos militares, el general René Emilio Ponce, ya falleció; otros están en El Salvador, pendientes de que la Policía Nacional Civil ejecute órdenes internacionales de arresto.

Imagen de la certificación de extradición de Inocente Orlando Montano, firmada por la jueza Kimberly Swank.

Las bases de la extradición

Para determinar que la extradición procede, la corte, según los argumentos de la jueza Swank, determinó que hay un tratado válido entre España y Estados Unidos, que hay suficiente evidencia para sostener los cargos que se imputan a Montano, que el delito o delitos imputados están contemplados en las legislaciones de ambos países y que la evidencia permite determinar que hay “causa probable” de la participación del imputado en las ofensas atribuidas.

De acuerdo a la evidencia sometida por España a la corte de Carolina del Norte y del análisis propio de la juzgadora en Estados Unidos, concluye Swank, el caso de Montano cumple con todos los requisitos arriba planteados.

“La corte encuentra suficiente evidencia en los documentos sometidos por España para entender que hay causa probable de que el imputado cometió las ofensas atribuidas”, razona Swank en la parte resolutoria de su documento.

En síntesis, a la corte estadounidense no le tocaba determinar la culpabilidad o inocencia del coronel salvadoreño, sino solo valorar la evidencia presentada por España para determinar que Montano participó, junto a otros miembros del ejército salvadoreño, en la masacre de la UCA. De acuerdo a la valoración de Swank, hay suficientes indicios de que Montano participó en la decisión de “asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos”, según la orden que de acuerdo al juez español dio el 15 de noviembre de 1989 René Emilio Ponce (quien entonces era coronel).

Montano, establece Swank además, participó en el ocultamiento del crimen. Como evidencia, la jueza retoma las palabras de un testigo protegido en España, quien aseguró que su esposa recibió amenazas de Montano poco después de los asesinatos para que no hablara del tema.

La decisión de la jueza Swank pone fin al periplo judicial que Montano inició en noviembre de 2012, cuando se declaró culpable de fraude migratorio en Everett, Massachusetts. En Boston, un juez lo condenó a 21 meses de prisión por esos delitos. Luego, Estados Unidos pidió oficialmente que fuera extraditado a España.

A continuación un análisis de Héctor Silva Ávalos:

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