Terry Karl es una de las académicas “latinoamericanistas” más respetadas de los Estados Unidos. Profesora de la Universidad de Stanford, en California, esta mujer ha servido como testigo experto en los juicios migratorios contra el coronel Inocente Orlando Montano, en Boston, y contra los generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, en Florida, así como en el juicio abierto en Madrid contra 20 militares por los asesinatos de 6 sacerdotes jesuitas y dos empleadas en 1989 en la UCA de El Salvador. La profesora Karl escribió para Factum su opinión sobre cómo casos llevados en Estados Unidos contra salvadoreños acusados de violar los derechos humanos están cambiando la legislación estadounidense y como, irónicamente, todos estos casos siguen la impunidad en El Salvador. Factum publica esta opinión como parte de su seguimiento editorial a los crímenes del pasado y la impunidad en nuestro país. (Al final de esta entrada publicamos la versión en inglés del artículo).
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El Salvador está cambiando el sistema legal de EUA, ¿podrá cambiar el suyo?
El Salvador no solo está en camino de tener un santo, también está en camino de cambiar la ley estadounidense.
Al mismo tiempo de que el Vaticano anunció la fecha para la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo asesinado, la Junta de Apelaciones Migratorias de los Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés), que es la más alta autoridad administrativa de revisión de sentencias en el circuito de cortes migratorias del país, emitió la decisión inédita de mantener en pie la orden de deportación contra el general Eugenio Vides Casanova –ex ministro de Defensa, ex director general de la Guardia Nacional y aliado cercano de los Estados Unidos. El general Vides es el oficial de más alto rango, de cualquier país, procesado en los Estados Unidos bajo las reglas de cadena de mano contempladas en la legislación estadounidense de derechos humanos de 2004.
Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, muestra, en una corte estadounidense, una de las amenazas de muerte que recibió Monseñor Romero. Foto proporcionada por Terry Karl.
La decisión sobre Vides es especialmente significativa porque relaciona la doctrina legal de la responsabilidad de mando, desarrollada en los juicios de Nuremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, con la posibilidad legal de expulsar de los Estados Unidos a violadores de los derechos humanos.
La responsabilidad de mando se demuestra legalmente cuando hay tres elementos presentes: 1) Fuerzas subordinadas a un comandante cometen abusos; 2) el comandante supo o debió saber sobre estas violaciones; y 3) el comandante no tomó las medidas necesarias para prevenir estos crímenes o para investigar y castigar a quienes los cometieron. Al determinar que las tropas gubernamentales del general Vides cometieron numerosas atrocidades, que él fue informado una y otra vez de estas violaciones, y que nunca castigó a nadie bajo su mando, el militar salvadoreño cumple los tres requisitos. En el proceso de emitir su fallo, el BIA discutió casos específicos relacionados con torturas a salvadoreños, asesinatos de ciudadanos estadounidenses en el conocido “caso de las monjas” y en el caso Sheraton.
Desde una perspectiva histórica, el fallo sobre Vides marca un cambio trascendental. Si antes los Estados Unidos ofreció refugio de forma clandestina (por no mencionar pagos de seguridad social) a ex nazis y otros criminales de guerra, hoy será más fácil deportar a extranjeros que alguna vez fueron comandantes importantes como castigo por las violaciones a los derechos humanos que cometieron soldados que alguna vez sirvieron bajo sus órdenes.
Pero, ¿por qué estos juicios de derechos humanos se realizan en Estados Unidos y no en El Salvador?
No fue por falta de intentos. Cuando el fallecido William Ford, en representación de las familias de las cuatro religiosas asesinadas en El Salvador en 1980, buscó justicia para su hermana y las otras tres mujeres, no lo hacía con optimismo. Los asesinos de Monseñor Romero, varios de los cuales se jactaban en público sobre su participación en el hecho, no solo siguieron libres en los 80, sino que siguieron matando sin problemas. Aun después de que las exhaustivas investigaciones en los casos del Arzobispo Romero y de las religiosas estadounidenses revelaran la participación de oficiales de alto rango, en el mejor de los casos como encubridores en las investigaciones que pretendían establecer responsabilidades más arriba en la cadena de mando, los resultados fueron miserables: cuatro guardias nacionales de bajo rango fueron condenados eventualmente en el caso de las religiosas; el caso de Romero ni siquiera empezó.
Con la Ley de Amnistía de 1993, decretada por la Asamblea Legislativa de El Salvador una semana después de que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas publicará detalles sobre casos de alto perfil (incluidos los de Monseñor Romero y el de las religiosas) y nombrara a los responsables, se consolidó la impunidad.
En 2002, la falta de castigo en El Salvador motivó a tres salvadoreños y al Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA, en inglés) basado en San Francisco, a querellar y ganar la primera demanda civil (Romagoza vs García) contra los ex ministros de defensa, generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, quienes vivían en Florida. Este fue un caso relacionado al de las religiosas -en el que al final la responsabilidad de mando no fue probada de forma fehaciente al jurado-, ya que se acusó a los generales específicamente de torturar a los tres salvadoreños, pero también, otra vez, bajo el principio de responsabilidad de mando, de asesinar y torturar a miles de personas.
Dos años después, CJA, esta académica y abogados que trabajaron ad honorem en representación de familiar de Monseñor Romero ganaron un juicio contra uno de los arquitectos de su asesinato, el capitán Alvaro Saravia, quien había encontrado refugio en Modesto, California. En este caso (Doe vs Saravia), como había ocurrido antes en el de Vides Casanova, declaraciones de testigos e importante evidencia documental (incluido el diario de Roberto d’Aubuisson, fundador del partido ARENA), demostraron que, mientras era jefe de seguridad de d’Aubuisson, Saravia fue parte de un equipo de asesinos creado y coordinado por paramilitares de derecha, oficiales del ejército salvadoreño y algunos civiles adinerados. El juez Wanger, de la corte distrital para el Distrito del Este de California, falló que el asesinato de Monseñor Romero, en el que estuvieron implicados Saravia y otros, era un “crimen contra la humanidad”.
Luego hubo otros casos exitosos y más precedentes (ver Chávez vs Carranza), pero en El Salvador la Ley de Amnistía sigue bloqueando la posibilidad de rescatar la memoria histórica y de establecer si hay responsabilidad criminalidad de cualquiera de las partes en masacres, torturas y muertos durante la guerra.
Retrato de Monseñor Romero en la procesión de los farolitos durante la conmemoración del 25o. Aniversario de la masacre de la UCA. Foto de Francisco Campos.
Irónicamente, la continua inacción del sistema judicial salvadoreño en contra de los violadores de derechos humanos está cambiando el sistema legal de los Estados Unidos. Si antes estas violaciones solo eran investigadas y llevadas a cortes por organizaciones como CJA, la decisión sobre Vides de 2015, decisiones previas sobre Vides y García, y el juicio criminal contra el coronel Inocente Orlando Montano en 2013 (otro oficial de alto rango, quien vivía en Boston y ahora está en una prisión federal) han sido querelladas por instituciones del gobierno de los Estados Unidos: La Unidad contra Violadores a Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de la Agencia de Inmigración y Aduanas (en el caso de Vides) y el Departamento de Justicia (Montano).
Mientras El Salvador se aferra a la impunidad y contribuye así a perpetuar la violencia en la sociedad, en Estados Unidos nuevas iniciativas para evitar el refugio a los violadores hacen que la impunidad sea aún más difícil para estos oficiales extranjeros. Alentado por organizaciones de derechos humanos y por legislación pasada con apoyo bipartidista en el congreso, para la cual los juicios contra los generales Vides y García fueron de vital importancia, Estados Unidos da finalmente pasos para prevenir que los violadores escapen a la justicia de sus países y encuentren refugio aquí. Como resultado, hoy es más probable que violadores de derechos humanos de los Balcanes, Guatemala, Ruanda y otras partes enfrenten procesos de deportación, juicios civiles y (muy ocasionalmente) juicios criminales.
En su apelación, el general Vides argumentó que su expulsión de Estados Unidos debía prohibirse porque su conducta había sido “consistente con la ‘política oficial’ de Estados Unidos”. El militar alegó que sería una “injusticia manifiesta” deportarlo. Sin embargo, no pudo probar que alguien le había ordenado bajo amenaza presidir abusos sistemáticos y masivos en su país. La corte rechazó con fuerza este intento del general de escudar su culpa individual basado en la política externa de los Estados Unidos hacia América Central en los 80.
Aunque El Salvador ha traído cambios internos al sistema legal estadounidense, sigue siendo limitado tratar crímenes de guerra como un tema migratorio y no como un tema criminal. No obstante, este es un cambio importante y sustancioso. La pregunta del día es si estos juicios en Estados Unidos y las consecuentes deportaciones tendrán un efecto recíproco en contra de la impunidad en El Salvador, especialmente luego de la beatificación de Monseñor Romero.
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El Salvador: Changing the U.S. Legal System but Can It Change Its Own?
El Salvador is not only en route to producing a saint, but it is also changing U.S. law.
At the same time that the Vatican announced the date of the beatification of murdered Archbishop Oscar Arnulfo Romero, the U.S. Board of Immigration Appeals (BIA), the highest administrative review authority for U.S. Immigration Courts, issued an unprecedented decision upholding the deportation order of General Vides Casanova — former Minister of Defense of El Salvador, Director General of the National Guard, and close U.S. ally. General Vides is the highest-ranking official of any country to be prosecuted under the command provisions of a 2004 U.S. human rights law.
The Vides ruling is especially significant because it connects the legal doctrine of command responsibility, developed in the Nuremberg and Tokyo trials after World War II, to the ability to remove human rights abusers from the U.S. Command responsibility is demonstrated legally when three elements are present: 1) forces subordinate to a commander commit abuses; 2) the commander knew or should have known about these violations; and 3) the commander failed to take the necessary measures to prevent these crimes or investigate and punish the abusers. By ruling that General Vides’ government troops committed widespread atrocities, was repeatedly informed about these violations, and failed to punish anyone under his command, he met these three requirements. In making its ruling, the BIA discussed specific cases involving the torture of Salvadorans and the murders of Americans in the so-called “churchwomen” and Sheraton cases.
From a historical perspective, the Vides ruling marks a momentous shift. Where the U.S. once clandestinely offered safe haven (not to mention social security payments) to former Nazis and other war criminals, it will now be easier to deport foreigners who were once top commanders, based on human rights violations committed by the soldiers who served under them.
But why are human rights trials being held in the U.S. and not in El Salvador?
It is not from lack of trying. When the late William Ford, representing the families of four American churchwomen murdered in 1980 in El Salvador, first sought justice for his sister and three others where they had been killed, he was not optimistic. The murderers of Archbishop Romero, several of whom had bragged openly about their role, were not only walking free in the 1980s; they were still killing freely. Even after extensive investigations of both Archbishop Romero’s and the American churchwomen’s murders revealed the role of senior officials in, at minimum, obstructing investigations up the chain of command, the results were paltry: four low level National Guardsmen were eventually tried and convicted of the churchwomen’s murders. The case of Archbishop Romero never even got off the ground.
Instead, the 1993 Amnesty law, enacted by the legislative Assembly one week after the U.N. sponsored Truth Commission published detailed high profile cases (including those of Archbishop Romero and the American churchwomen) and named those responsible, established impunity.
In 2002, the decades long lack of accountability inside El Salvador led three Salvadorans and the San Francisco-based Center for Justice and Accountability (CJA) to seek and win the first civil suit (Romagoza v Garcia) against former ministers of defense, General Jose Guillermo Garcia and General Vides Casanova who were now living in Florida. This was a “sister case” to that of the churchwomen, specifically charging them with responsibility for the torture of three Salvadoran but also for “command responsibility” in the murder and torture of thousands.
Two years later, CJA and pro bono attorneys representing a family member of Archbishop Romero won a judgment against one of the architects of his assassination, Captain Alvaro Saravia, who had found safe haven in Modesto, California. In this case (Doe v Saravia), like that of Vides Casanova earlier, witness statements and extensive documentary evidence (including the diary of ARENA Party founder Roberto D’Aubuisson) demonstrated that Saravia, working as the security chief for D’Aubuisson, was part of an assassination team conceived of and coordinated by right wing paramilitaries, officers of the Salvadoran military as well as some wealthy Salvadoran civilians. Judge Wanger of the U.S. District Court for the Eastern District of California ruled that the murder of Archbishop Romero involving Captain Saravia and other individuals was a “crime against humanity.” Other successful cases and new precedents followed (see Chavez v Carranza), but the General Amnesty Law continues to bar the way to breaking the divided memory inside El Salvador.
Ironically, the continued inaction of El Salvador’s justice system against its own human rights abusers is changing the U.S. legal system. Where human rights cases were once solely pursued by organizations like CJA, the 2015 Vides decision, prior decision against Generals Vides and Garcia, and the 2013 criminal trial of Colonel Inocente Orlando Montano (another high commander once living in Boston and now in federal prison) have been conducted by entities of the U.S. government: the Human Rights Violators and War Crimes Unit of Immigration and Customs Enforcement (in the case of Vides) and the Department of Justice (Montano).
Where El Salvador staunchly maintains impunity and thus contributes to even greater violence throughout society, new “No Safe Haven” initiatives in the U.S. make impunity for foreigners ever more difficult. Spurred by human rights organizations and bipartisan congressional legislation in which the trials of Generals Vides and Garcia figured prominently, the U.S. finally is making strides in preventing human rights violators from escaping justice in their own countries by living in the United States. As a result, human rights violators from the Balkans, Guatemala, Rwanda and elsewhere are more likely to face deportation, civil and (very occasionally) criminal trials.
In his appeal, General Vides argued that his removal from the U.S. should be prohibited because his conduct was “consistent with the ‘official policy’ of the U.S.” As such, he claimed that it would be “manifestly unfair” to deport him. But he presented no evidence that he was ordered under duress to preside over gross and systematic abuses in his country. The court strongly rejected this attempt to shield himself from individual culpability based on U.S. foreign policy of the U.S. in Central America in the 1980s.
While El Salvador has brought change inside the U.S. legal system, treating war crimes as immigration rather than a criminal matter obviously falls short. Still, this is an important and substantive change. Whether trials in the U.S. and deportations can have a reciprocal effect on El Salvador by chipping away at impunity there, especially following Archbishop Romero’s beatification, is the question of the day.
Traducción del inglés por Héctor Silva Ávalos.
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