“Los medios públicos son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política.”
UNESCO
La llegada de ese espacio comunicativo que pretende defender “nuestra voz” es un reflejo más de ese ya cotidiano discurso oficialista del que hemos sido espectadores en redes sociales y en cadenas de radio y televisión. Estamos ante una nueva —aunque trillada— estrategia de intervencionismo estatal, como un reflejo más de este gobierno con rasgos populistas que, irónicamente, lo que pretende es todo lo contrario al interés popular del derecho a la información.
Bajo una aparente convicción de estar fuera del sistema y convertirse en una especie de outsider cool y de vanguardia, lo que en realidad tenemos es un inevitable interés por la hegemonía comunicacional desde “arriba” —lo mismo de siempre—. Sacar ventaja del poder político para controlar la información a través del manejo perverso de uno de los únicos medios públicos en el país.
Los medios públicos en El Salvador, y en parte también en América Latina, se han definido a partir de una simpleza institucional, en donde “público” ha sido igual a dos cosas: educativo-cultural o instrumento gubernamental. Sin embargo, no se trata solo de redefinir el concepto de medio público —un tema importante de debate—, sino de entender que medio público no debería ser equivalente a medio estatal.
Y, claro, diferenciar esto no es sencillo, debido a que los medios de comunicación casi nunca están en la mente de las personas como un “bien público”; sino, más bien, se entienden como un elemento más del sector económico empresarial. Y tampoco aparecen, ni de manera práctica, ni conceptual, como plataformas capaces de representar a la ciudadanía —papel asumido por algunos medios comunitarios—; en parte debido a que la mayoría de los medios de comunicación en El Salvador han estado en manos privadas, ligadas a intereses políticos enfocados a modelos empresariales y comerciales, más que a modelos informativos sociales.
Teniendo esto claro, es importante hacer la diferencia entre medios públicos y medios estatales (“medios públicos con comunicación estatal”) por un simple hecho en concreto: un medio público debe enfocarse bajo la idea de una conciencia de valor social de la comunicación, que pertenezca a la sociedad y fomente la ciudadanía y no ser un instrumento de la propaganda gubernamental.
Los medios públicos suelen tener legitimidad propia, están desligados del interés gubernamental, no son operados ni controlados por el gobierno de turno y, a nivel internacional, se regulan por autoridades independientes del poder político. En El Salvador pasa todo lo contrario.
Como muchas realidades salvadoreñas, hay una polarización: la información orientada hacia las ganancias desde una perspectiva privada y la información pública como meramente un servicio estatal, dejando de lado la información como bien social, independientemente de si surge de medios públicos o privados.
Si el periodismo no fuera tan importante, si no fuera una amenaza para los gobiernos, no estarían tan empeñados en tener el control informativo y fundamentar la utilización de un medio público en provecho de mensajes parciales que mutilan cualquier voz crítica.
La incomodidad que me deviene, más que la “realidad de los medios públicos”, es la ingenuidad de la población: creer que ese espacio mediático —si es que puede nombrarse de algún modo— representará los ideales colectivos, ciudadanos, con veracidad y fuentes contrastadas. Si después de las elecciones y después de más de un año de gobierno creer que todavía las cosas van a ser diferentes —para bien— solo es un rasgo infantil e iluso. Su dinero, sus impuestos, están financiando ese set y esos salarios, y no crea que por eso se trata de su voz y de sus intereses: es la voz y el interés de ellos.
¿Por qué es tan negativa esa intervención? Primero, porque un medio público está financiado con dinero público principalmente, dinero que le pertenece al ciudadano. Segundo, porque el populismo no promueve la “abolición” del carácter privado de los medios, sino una reorganización a favor del gobierno. Tercero, porque según la encuesta “La población salvadoreña evalúa la situación general del país a finales del año 2019”, la televisión es el medio preferido por el 55 por ciento de la población salvadoreña, mismos que suelen recibir una imagen única y sin contraste. Cuarto, destruye la democratización de los sistemas mediáticos, donde en esta ecuación Estado-medios lo menos importante, y que ya es bastante grave, es el autoritarismo. Lo realmente preocupante son todas las estrategias legales y mecanismos discrecionales para transformar a los medios mediante estrategias constitucionales. Quinto, porque quien pierde —como siempre— es la sociedad.
Por tanto, el debate tiene que llevarnos hacia la necesidad de una información y comunicación usando el concepto de medios ciudadanos. Porque los medios son públicos en la medida que involucren a la sociedad y a sus necesidades a través de una pluralidad de voces. Si les exigimos a los medios privados —independientes o no— ser veraces, con diversidad de fuentes, ¿por qué no exigir lo mismo a los públicos?, medios que se sostienen con nuestros impuestos.
Hallin, D. C., y Mancini, P. (2011). Comparing media systems beyond the Western world. Cambridge University Press.
Waisbord, S. (2014). Vox populista: Medios, periodismo, democracia. Barcelona, España: Gedisa.
*Alexia Ávalos es salvadoreña residente en México. Maestra en Estudios de la Cultura y la Comunicación y Especialista en Estudios de Opinión bajo la línea de investigación “Monitoreo de la agenda pública y medios de comunicación”. Actualmente es ayudante de investigación del proyecto: “Culturas periodísticas subnacionales en el sureste de México”.
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