A los abogados: no alimentemos dictadores

El 30 de junio de cada año se celebra el Día del Abogado y también es un día para reconocer a los estudiantes de derecho. En una coyuntura como la salvadoreña, no es muy difícil distinguir entre aquellos abogados que utilizan las normas jurídicas para provecho propio, para realizar actos de corrupción o incluso violar los derechos de las personas; de aquellos que -por el contrario- buscan en el Derecho una herramienta para fomentar los derechos en diferentes ámbitos e intentar protegerlos.

Que los estudiantes de ciencias jurídicas logren adquirir una capacidad de análisis y de discernimiento sobre el contenido de los derechos constitucionales y humanos y el exigir su respeto, es un trabajo en conjunto, que parte de sus antecedentes académicos en colegios, escuelas, institutos y su paso -claro está- por las universidades.

En ese sentido, el artículo 55 de la Constitución establece que la educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; incluir el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.

El análisis crítico por cada estudiante sobre las actuaciones de los funcionarios públicos es ahora aún más relevante. En un contexto nacional en el que la mayoría de funcionarios y sus más fieles colaboradores no respetan la Constitución ni el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿Es este el nuevo ideal? ¿Obtener una experiencia laboral en cualquier ente público o en cualquier empresa sin tomar en consideración si sus acciones o sus omisiones violan o no derechos?

El éxito o la satisfacción de la profesión no se encuentra en la corrupción, en la comisión de delitos o en el ver, oír y callar las violaciones constitucionales. No seamos los que amplían la lista de profesionales que sustentan las estrategias de los dictadores. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, y sus más actuales reflejos contemporáneos alrededor del mundo, también requirieron sus servicios, así como la de economistas, comunicadores, administradores, ingenieros, militares entre otros.

Tal y como lo expusiera la legítima Sala de lo Constitucional en la Inconstitucionalidad 6-2020, en el Derecho Europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es Derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de Filosofía del Derecho y de Derecho Penal: “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el Derecho extremadamente injusto no es Derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad.”

Y en ese sentido, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Pedirle a los estudiantes de ciencias jurídicas y, por supuesto a los abogados, que se pregunten y analicen, por ejemplo, si las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, entre ellas las prórrogas del régimen de excepción, son Derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Cuestionar, analizar, denunciar, no una obediencia a ojos cerrados sin importar si estas normas jurídicas afectan o no a los salvadoreños.

En abril de 2022, el Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados enfatizó en su Informe sobre la Protección de los abogados contra injerencias indebidas en el ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica, que las personas que ejercen la función de la abogacía cumplen una labor fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Asimismo, recomendó que es imprescindible que las personas que ejercen y/o están llamadas a ejercer funciones propias de la abogacía tengan acceso a una formación continua y adecuada en materia de estándares internacionales y regionales sobre independencia judicial, derechos humanos y lucha contra la corrupción.

En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos y, con ello, la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Junto a otros defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, tenemos el derecho a defender la democracia, ya que esta constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende, a su vez, el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tal y como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015.

 

 

 

 

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