La de El Calabozo, en San Vicente, es otra masacre en la impunidad. Después de 40 años, sobrevivientes y familiares de las víctimas aún claman por justicia. El caso -como las masacres de El Mozote o del río Sumpul- está estancado y a la espera de la apertura de expedientes militares.
Fotos FACTUM/Natalia Alberto
Juan Aguilar Carrillo tenía 7 años cuando huía junto a su familia. Era 22 de agosto de 1982 y un operativo militar contra la guerrilla había empezado tres días antes en los cerros de San Pedro, en San Vicente. Centenares de familias campesinas, como la de Juan, pretendían dejar atrás el horror pero fueron capturados por soldados del batallón Atlacatl.
Las personas fueron reunidas en la zona conocida como El Calabozo, en el cantón Amatitán Abajo del municipio de San Sebastián Catarina, en San Vicente. El Atlacatl, según el informe de la Comisión de la Verdad, asesinó ese día a más de 200 personas, hombres, mujeres y niños, incluidos los hermanos de Juan.
El 22 de agosto de 2022, Juan acudió junto a decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes para conmemorar el 40 aniversario de la masacre de El Calabozo. Como las víctimas de la masacre del río Sumpul, al norte de Chalatenango, donde fueron asesinadas más de 300 personas hace 42 años; como las víctimas de la masacre de El Mozote, en Morazán, donde fueron asesinadas casi mil personas hace 41 años, Juan espera lo de siempre: justicia.
Sobrevivientes y familiares de víctimas peregrinan con cantos y oraciones desde la casa comunal del cantón Amatitán Arriba hacia el cantón Amatitán Abajo donde ocurrió la masacre el 22 de agosto de 1982. Foto FACTUM/Natalia Alberto
El material de la placa del monumento de El Calabozo es el mismo que el de las placas del Monumento a La Memoria y la Verdad, en el Parque Cuscatlán de San Salvador. La tipografía de las letras grabadas con los nombres de las víctimas también son las mismas. Esto es una manera de conectar ambos monumentos según Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda. Foto FACTUM/Natalia Alberto
El caso se encuentra en etapa de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente. En enero de este año, la Fiscalía General de la República pidió al juzgado la detención de cinco exjefes militares por ser los responsables de la masacre. Ellos son el exministro de la Defensa, general José Guillermo García; el excoronel Sigifredo Ochoa Pérez; el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima; el entonces comandante de la Quinta Brigada, Napoleón Alvarado; al entonces jefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo; y el ya fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios.
David Morales, abogado de la organización de derechos humanos Cristosal, cuenta que la mayor dificultad que enfrenta el proceso judicial por ahora es la falta de acceso a archivos militares históricos. “Encontramos un patrón sistemático de negación de la información cuando los jueces o fiscales requieren documentos militares”, dijo Morales durante el acto.
Desde el fin del conflicto armado, en 1992, los gobiernos salvadoreños han negado la información de los operativos militares. El actual gobierno, presidido por Nayib Bukele, prometió abrir los archivos pero luego reculó.
En el monumento se leen los nombres de los familiares de Juan Aguilar Carrillo que murieron en la masacre. Foto FACTUM/Natalia Alberto
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