Fiscalía lleva a Walter Araujo como testigo en caso Jesuitas

La Fiscalía General de Nayib Bukele ha emprendido un nuevo intento de justicia por el caso Jesuitas. La acusación fiscal señala al expresidente Alfredo Cristiani, quien ya se fue del país, como principal responsable de la matanza de los sacerdotes y sus colaboradoras. La acusación, sin embargo, viene cargada de dudas. La Fiscalía lleva como uno de sus testigos al opinador bukelista Walter Araujo, quien declaró haber presenciado reuniones de las que no recuerda fechas ni lugares.

Foto FACTUM/Gerson Nájera

Walter Araujo ni siquiera recuerda los nombres de las víctimas de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos trabajadoras domésticas. Tampoco recuerda fechas ni lugares exactos en que ocurrieron las reuniones que dijo a los fiscales haber presenciado. Pero el ahora opinador político probukelista y expresidente del partido Arena es uno de los principales testigos que la Fiscalía General de la República (FGR), afín al gobierno de Nayib Bukele, lleva como prueba en su intento por buscar la justicia por la masacre perpetrada por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989.

El 25 de febrero de 2022, el fiscal general Rodolfo Delgado presentó personalmente una nueva acusación formal por la masacre ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. Esta acusación es un nuevo intento por revivir el caso, obstaculizado reiteradamente por la justicia salvadoreña desde que ocurrió y, por última vez, desde octubre de 2020. Por este caso ya fue condenado en un tribunal español un exmilitar salvadoreño de alto rango en febrero del mismo año.

En el requerimiento (acusación formal), del cual Revista Factum tiene una copia, la Fiscalía salvadoreña acusa al expresidente Alfredo Cristiani, quien ya se fue del país, según reveló su hija recientemente. La acusación es enfática en señalar a Cristiani, entonces comandante general de la Fuerza Armada, como la cabeza de la operación militar que cometió los homicidios aquella noche del 16 de noviembre. Y narra, además, detalles revelados por testigos que declararon en aquel entonces.

La acusación fiscal va por Cristiani sin titubeos: por su responsabilidad al mando de las fuerzas armadas, debe responder por los asesinatos “como si él los hubiera cometido”.

También es acusado Rodolfo Parker, ex asesor jurídico de la Fuerza Armada en tiempos de guerra y exdiputado; varios miembros de la cúpula militar y dos soldados activos durante la guerra civil salvadoreña, quienes son señalados de haber permitido, organizado, dirigido, perpetrado la matanza.

Cristiani es señalado de permitir que ocurriera la masacre. Y Parker, de obstruir la justicia, alterar y eliminar documentos que implican a varios militares. Los militares son señalados de ejecutar la masacre.

No es la primera vez que Parker es señalado en el caso. En 2020, el teniente René Yushi René Mendoza, sentado ante un tribunal del Reino de España, lo señaló como el responsable de destruir documentos para proteger a militares del entonces alto mando de la Fuerza Armada.

En su nueva acusación, la Fiscalía ha presentado como prueba las declaraciones de los mismos testigos que aportaron su relato pocos días después de la masacre, pero también ha añadido algunos nuevos. Entre los nuevos está Araujo, expresidente arenero, exmagistrado de ese partido en el Tribunal Supremo Electoral y exdiputado. 

Araujo además comparte un pasado con uno de los principales implicados en la masacre de los sacerdotes y sus colaboradoras: según él mismo lo contó a la fiscalía, en los años posteriores a la masacre se convirtió en asesor del entonces presidente Cristiani. En su declaración, Araujo enfoca sus señalamientos explícitamente en Parker, no así en su exjefe.  Su testimonio se enfoca únicamente en señalar al exdiputado Parker, pero no a Cristiani.

Walter Araujo en los tribunales de San Salvador cuando fue parte de otro proceso judicial. Foto: Archivo

Revista Factum tiene en su poder una copia de la declaración rendida por Araujo en la Fiscalía el 14 de julio de 2020, ante dos fiscales de la Unidad de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado.  Días antes, el 8 de julio de 2020, el presidente Nayib Bukele lanzó un tuit: “El diputado @rodolfo_parker está siendo mencionado en España, en el juicio de la masacre de los Jesuitas, como encubridor del crimen. Secreto a voces durante décadas. Sí, @rodolfo_parker, el que nunca baja su dedo acusador contra el Gobierno”.

Efectivamente, Parker había sido señalado esa misma tarde por Yushi René Mendoza, uno de los tenientes de la Fuerza Armada que participó en el operativo militar y que posteriormente declaró durante la audiencia ante un juzgado del Reino de España en el juicio por la masacre de los sacerdotes jesuitas.

Ante el señalamiento, Parker respondió al presidente a través de la misma red: “Por tu condición de Presidente de la República te contesto: no encubrí ni mentí, esas menciones son totalmente falsas y más bien contrarias a la realidad. Aclarado lo anterior, rebajarme a tu nivel como individuo, no quiero”, escribió.

Seis minutos después, Walter Araujo le respondió a Parker: “Sos un encubridor y asesino…a mí me lo confesaste @rodolfo_parker y voy a  atestiguar junto a Yushi aquí en El Salvador 🇸🇻…estás en un gran huevo”.

Ocho días después de aquel intercambio, el 14 de julio, Araujo se presentó ante dos fiscales de la Unidad de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado a dar su declaración. En esos días, Parker había denunciado ser víctima de espionaje telefónico y acoso digital propiciado, según él, por el gobierno de Bukele.

Araujo, un opinador a favor del Gobierno que se desenvuelve durante horas en sus videos de opinión difundidos en sus redes sociales, padeció de amnesia durante su declaración. Dijo no recordar nombres, fechas ni lugares donde ocurrieron los hechos que relató. Pero fue tajante en asegurar dos cosas: que una vez vio a Parker enojado, en su oficina, diciendo que lo habían “quemado” en el Informe de la Comisión de la Verdad; y otra vez, en un restaurante del cual no recuerda su nombre, diciendo que había roto papeles para salvarse.

Acta de la declaración que el expresidente de Arena, Walter Araujo, rindió en la FGR en 2020.

Para respaldar sus declaraciones, Araujo relató a los fiscales que se enteró de los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 1989 a través de los medios de comunicación. “Conoció que los nombres de las víctimas eran Ellacuría, Segundo Montes, Martín Baró y padre López. Y no recuerda los nombres de los otros ni de las domésticas que también fallecieron”, dice el acta de entrevista. Araujo también dijo a los fiscales que él ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió la masacre.

La nueva acusación fue impulsada por la fiscalía en medio de una ofensiva mediática y legal desde el gobierno de Bukele hacia la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde se desempeñaban las dos mujeres y los jesuitas masacrados durante la guerra. Y luego de que, en febrero de este año, una comisión legislativa, conformada en su mayoría por diputados oficialistas, señalara a la universidad de recibir fondos ilegales de parte de los gobiernos anteriores y citó y acusó públicamente a su rector Andreu Oliva de ser cómplice de un supuesto desvío ilegal de fondos.

Además, el fiscal que lo impulsa fue impuesto en su primer período por una Asamblea Legislativa controlada por el bukelismo en su primer día de funciones, luego de un golpe en el que también descabezó a la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo de 2021.  

Fiscalía: Cristiani debe responder como si él hubiera cometido la masacre

El Juzgado Tercero de Paz realizará la audiencia inicial del caso este 10 de marzo. La acusación fiscales enfática en señalar al expresidente Cristiani como principal responsable de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. En aquel entonces, Cristiani gozaba del cargo de comandante general de la Fuerza Armada Salvadoreña y tenía la potestad de detener cualquier operativo militar, sobre todo uno tan importante como el que se realizó la noche del 16 de noviembre de 1989.

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ignacio Ellacuría (derecha) durante una reunión con el entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, en septiembre de 1989, a dos meses de la masacre de cinco sacerdotes españoles pertenecientes a la Compañía de Jesús, por un comando del ejército salvadoreño.
Foto/Iván Montecinos

Para esta acusación, la Fiscalía se basa en el artículo 9 de la Ordenanza del Ejército Salvadoreño publicada el 9 de agosto de 1934 que dice: “será también responsable el superior de las faltas, abusos y desórdenes que resulten de su negligencia o debilidad de vigilar la conducta de sus subalternos”.

Y en su argumentación legal, la fiscalía expone: “Es decir, Alfredo Cristiani, como Comandante General de la Fuerza Armada, pudo haberlo evitado al tener conocimiento de los hechos” por lo que debe responder “como si él los hubiera cometido por tener la disposición de garante según la ley”.

Según los relatos de los testigos presentados por la Fiscalía, tres días antes de la masacre, el 13 de noviembre de 1989, el coronel Emilio Ponce Torres ordenó un cateo al recinto de la UCA como respuesta a la ofensiva de la guerrilla.

Dos días después, el 15 de noviembre, los testigos aseguran que hubo una reunión en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. En aquella reunión, el entonces coronel René Emilio Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno “y en presencia de todos le ordenó asesinar al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos, y para ello le encomendó usar al personal del Batallón Atlacatl destacados en San Salvador desde el día 13 de noviembre”, dice la investigación fiscal.

Esa misma noche, según la acusación, “se acordó consultar estas medidas con el presidente de la República Alfredo Cristiani, comandante general de las Fuerzas Armadas, quien nunca dio una contraorden al respecto”. Pasadas las 11:00 de la noche, un comando de la Fuerza Armada dirigido por el teniente José Armando Espinoza Guerra irrumpió y asesinó a los seis sacerdotes jesuitas y a dos trabajadoras que se encontraban totalmente desarmados y rendidos ante el Ejército.

Antes de retirarse, los militares dejaron un cartón con un mensaje: “El FMLN hizo un ajusticiamiento a las orejas contrarias. Vencer o morir. FMLN”. “Luego, los responsables del hecho regresaron a la Escuela Militar como a las tres de la mañana”, señala la acusación.