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Por todas las Evelyn

El caso de Evelyn Hernández es una oportunidad para que Raúl Melara, fiscal general de la República, cambie la política de persecución a las mujeres que experimentan emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios. Y para que el gobierno de Nayib Bukele, presidente de la República, dé un giro a la orientación política del país con respecto a la criminalización, por esta vía, de las mujeres pobres en El Salvador.

Recuerdo el día que Evelyn Hernández fue condenada a 30 años. En la audiencia, el desfile de testigos en su contra. Ninguno de ellos presenció el parto de Evelyn. Sus testimonios se basaron en lo que escucharon que supuestamente ocurrió.  La jueza Nury Velásquez Joya no creyó que Evelyn no sabía que estaba embarazada. Y como no le creyó, entonces dio por sentado que Evelyn sí sabía de su embarazo y entonces también la responsabilizó de no asistir a control prenatal. Más adelante, una cámara de lo Penal le corrigió la plana a la jueza Velásquez: su fallo no estaba apegado a derecho y anuló la resolución.

Evelyn tuvo un parto intradomiciliario con un resultado fatal para su bebé.  Luego de la tragedia, estuvo esposada a la camilla del Hospital Nacional de Cojutepeque, el 6 de abril de 2016. Recuerdo las miradas de los custodios y esa sensación de que todos daban por sentado que ella había cometido un delito. Todos en la sala de audiencias la habían condenado antes de que la jueza Velásquez la sentenciara a 30 años de cárcel. Y eso pasa en El Salvador. Desde 1998, si una mujer tiene un parto extrahospitalario o una emergencia obstétrica y su bebé fallece, automáticamente es acusada de aborto. Luego, en el proceso judicial, por ser un embarazo de término, el delito es modificado a homicidio agravado. Esta no es mi opinión, ya existe un registro de 149 casos similares de mujeres procesadas —decenas de ellas ya condenadas por aborto o por homicidio agravado—, de acuerdo con una investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Los datos corresponden a enero del 2000 y abarcan hasta el 2014.

En El Salvador, es difícil que alguien les crea a estas mujeres jóvenes que desconocían estar embarazadas o que sus embarazos fueron producto de violencia sexual. Basta con recordar el caso de Imelda Cortez y el reportaje titulado: «Un paraíso para los violadores de menores», publicado por El Faro, en el que se consigna, con datos de la Corte Suprema de Justicia, que solo uno de cada diez casos denunciados termina en condena. En el 2016, el Instituto de Medicina Legal determinó la existencia de 71 embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el 2017, la cifra aumentó a 136, de acuerdo con el mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2017, titulado «Más de 19 mil razones para la protección de niñas y adolescentes», elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer de 2017, en El Salvador siete de cada diez mujeres fueron víctimas de violencia y cuatro de cada diez sufrieron violencia de índole sexual. Para el mismo año, según datos del Instituto de Medicina Legal, unas 1,442 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad fueron víctimas de violencia sexual y 62.6 % de los casos ocurrió en sus propias viviendas.

A pesar de estas cifras, que no dejan de ser un subregistro porque no todas denuncian los ataques sexuales ni todos los hospitales registran ni reportan si los embarazos son producto de violencia sexual, los prejuicios nos llevan a creer y a aseverar que ellas provocaron esa situación (sí, la violación); y, también, nos es más fácil pensar que son culpables de aborto u homicidio que pensar que son inocentes y que las acusaciones fiscales carecen de evidencia científica y se basan en lo que unas personas (testigos, en su mayoría vecinos o vecinas) imaginan lo que sucedió.

En el expediente de Evelyn consta que su bebé murió por aspirar sus primeras heces (asfixia por meconio). De todas formas, la Fiscalía construyó un caso y la jueza Velásquez lo dio por verdad: Evelyn había matado a su bebé y por ello fue condenada a 30 años de cárcel.

Pero fue la Cámara Primera de lo Penal la que anuló el fallo judicial porque tanto la Fiscalía como la jueza ignoraron por completo la prueba forense, la prueba científica: la causa de muerte del recién nacido fue por aspirar sus primeras heces tras el parto extrahospitalario y eso no pudo ser provocado por Evelyn. Entonces decidió que se haga una nueva audiencia.

La Fiscalía continúa con su acusación y Evelyn enfrentará una nueva audiencia de sentencia este lunes 15 de julio. Esto la expone nuevamente a ser condenada a 30 años de cárcel por un delito, que, de acuerdo con la prueba científica, no cometió.

La historia de Evelyn probablemente no será la última que conozcamos. Podría ser la mía, la suya si es mujer joven o adulta. La de su hija, la de su hermana, la de su sobrina, la de su tía, la de su mamá. Si el gremio médico, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa e incluso la Presidencia de la República no promueven una legislación a favor de las mujeres para evitar la criminalización de las emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios, nuestro país seguirá registrando más casos como este. Necesitamos un cambio legal por todas las Evelyn.

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