Las niñas salvadoreñas no son mencionadas en los nuevos libros de textos distribuidos en las escuelas públicas y cada vez tienen menos acceso a educación sexual. Esta investigación de Revista Factum y La Sala, Mujeres en la Redacción revelan cómo la disminución en el presupuesto básico de salud también las dejó expuestas a embarazos adolescentes y deserción escolar.
Por Revista Factum y La Sala, Mujeres en la Redacción
Una niña de 10 años estaba jugando con un amigo de siete años en un pasaje de la residencial Alta Vista, en Tonacatepeque, San Salvador, cuando un hombre que vestía un short y una camiseta se acercó, la agarró de los hombros, le tocó la vulva y se fue corriendo.
Ocurrió a las cinco de la tarde del 18 de febrero de 2019 y no quedó en la impunidad, debido a que una vecina presenció la agresión y la madre de la víctima llamó a la Policía. Las autoridades lograron obtener la identidad del agresor, un hombre con un puesto importante en las esferas del poder: el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante.
La familia denunció al funcionario y se enfrentó al sistema judicial que lo acuerpó. Primero le cuidaron su plaza de trabajo. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador no suspendió al magistrado de sus funciones; en su lugar, le concedió un permiso por 60 días, a la medida como él lo solicitó después de su arresto.
Poder Judicial protegió al agresor
Nueve magistrados votaron a favor de Escalante a pesar de que la Ley de la Carrera Judicial en el artículo 54A establece que la suspensión para un juez o magistrado puede ocurrir: “Cuando la actuación del funcionario o empleado judicial constituya un peligro o menoscabe la correcta administración de justicia, o haya producido escándalo social por las circunstancias de los hechos o por la calidad de las personas, o cuando la permanencia del empleado o funcionario en su cargo pueda impedir o entorpecer la investigación del asunto”.
Prefirieron darle una prerrogativa que gozan todos los empleados de la Corte Suprema, para evitar una sanción disciplinaria que mancharía su expediente administrativo. Los magistrados, para ese momento, ya habían recibido un reporte de la Policía con los detalles del hecho que acusaba al funcionario.
El acusado gozó de libertad condicional por nueve meses.
Únicamente preocupada por la reputación institucional, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que lamentaba el manejo de la información sobre el caso en redes sociales y repudió que se divulgara el nombre de otro magistrado y no el del detenido.
El proceso judicial superó un segundo impasse, luego que la Cámara de lo Penal resolviera que el tocamiento que sufrió la niña no era constitutivo de delito. Para ello dieron tres justificaciones: no hubo violencia de por medio, ocurrió en un momento breve y se produjo sobre la ropa de la víctima, una niña de 10 años.
Para esa conclusión no fue tomado en cuenta el artículo 161 del Código Penal de El Salvador que establece que “la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años”.
Familia de la niña forzada a emigrar
Escalante fue condenado a 10 años de cárcel en marzo de 2022, por el delito de agresión sexual. Sin embargo, la menor abandonó su año escolar después del suceso.
La madre, la niña y su hermano adolescente se fueron de El Salvador después de que dos hombres golpearon su puerta y los amenazó para que no siguiera con el proceso judicial. Uno de los hombres golpeó el rostro de la madre, según lo reportó el periódico El Faro.
Entre finales de mayo y mediados de junio de 2022, tras ser deportada de un país que no revelaron, la familia fue amonestada por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) por haber migrado de manera irregular. En lugar de protegerlos frente a las amenazas recibidas por denunciar al exmagistrado Escalante, la institución abrió un proceso administrativo enfocado únicamente en impedir una nueva salida del país, ignorando el grave riesgo que corrientemente enfrentaban.
Al sentirse desprotegidos, salieron nuevamente de El Salvador. Pese a su ausencia, el proceso judicial avanzó hasta lograr la condena del exmagistrado mediante un anticipo de prueba: la declaración que la víctima rindió antes de huir del país.
El caso de esta niña ocurrió antes de que Nayib Bukele asumiera la Presidencia y revela problemas de violencia sexual, impunidad y desprotección que El Salvador arrastra desde hace años. Sin embargo, la revisión realizada para este reportaje encontró que, lejos de fortalecer algunos de los mecanismos para reconocer y prevenir estas violencias, durante los últimos años el Estado ha adoptado decisiones que reducen la visibilidad específica de las niñas en la educación, limitan contenidos sobre sexualidad y prevención y dificultan conocer, mediante las estadísticas oficiales, la dimensión de las agresiones que sufren.
Sistema escolar prohíbe reconocer a las niñas
Este no es el único caso de invisibilización de una niña. El sistema educativo dejó de nombrarlas. El lenguaje inclusivo, que incluyó el término niña, fue prohibido en los centros educativos públicos el 2 de octubre del 2025, a través del memorándum No. 22-2025 firmado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, capitana de la Fuerza Armada de El Salvador.
La medida es aplicada en los textos escolares, documentos oficiales y materiales didácticos.
Según el gobierno de Nayib Bukele, la supresión del lenguaje inclusivo garantizó “el buen uso de nuestro idioma y se evita injerencias ideológicas o globalistas” que afecten a los estudiantes. La acción llegó de la mano de la militarización en las escuelas salvadoreñas, con la presencia de la ministra con uniforme camuflado.
Bukele cobijó la medida que trasciende el lenguaje al ignorar los compromisos internacionales respecto al reconocimiento de la diversidad de identidades y que se garantice el trato igualitario para niñas, mujeres y adolescentes, según Tejiendo Redes Infancia América Latina y El Caribe.
Censuran educar sobre sexualidad
La eliminación de referencias específicas a las niñas en determinados materiales educativos no ocurre de manera aislada. Desde 2022, el Ministerio de Educación también ordenó retirar materiales de Educación Integral en Sexualidad (EIS) que proporcionaban herramientas para reconocer situaciones de abuso, prevenir embarazos y conocer derechos sexuales y reproductivos. Están prohibidos en las aulas de clases aunque esté en juego cuánto conocimiento reciben niñas y adolescentes para identificar riesgos y pedir ayuda frente a situaciones de violencia.
Los contenidos de las páginas, 4, 12, 21, entre otras, formaban parte de las guías metodológicas que eran ocupadas por los docentes; en los que se referían a los términos “niñas y mujeres” durante la prevención de riesgos. Atrás quedaron los textos que las mencionan como grupos de la población históricamente excluidos.
Revista Factum hizo una revisión de los textos retirados y los comparó con los actuales. Una de las diferencias en el lenguaje más notorias es que “niñas” no son identificadas como un grupo específico; sino que son mencionadas en una categoría conjunta con los “niños”.
También son nombradas como parte de la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres; no como sujetas de derechos ganados históricamente.
Guía Metodológica EIS Tercer Ciclo | PDF | La sexualidad humana | Plan de estudios
A los ojos de dos docentes del Bases Magisteriales, que solicitaron el anonimato por temor a ser despedidas, eliminar los contenidos estrechamente relacionados a la educación sexual viola el derecho que las niñas y niños tienen para informarse en un territorio donde se reportan embarazos forzados y abusos sexuales todos los días.
La acción también afecta a la enseñanza integral basada en conocimientos que son útiles para la vida, afirmaron.
“Afecta a las niñas que necesitan información y apoyo. Todo se politiza cuando no tiene nada que ver una ideología con la realidad”, dijo una docente consultada por Revista Factum.
El Colegio Médico de El Salvador, una institución que aglutina a todas las gremiales de especialistas en el territorio, también considera que la prevención de enfermedades de transmisión sexual podría verse afectada por el retiro de los contenidos de las escuelas públicas y lo califica como un retroceso.
“Si no educamos a la población joven de manera adecuada son potenciales para infectarse”, dijo el doctor Iván Solano, presidente del Colegio Médico para este reportaje.
El impacto de estas decisiones debe observarse en un país donde miles de niñas y adolescentes continúan enfrentando embarazos, violencia sexual y abandono escolar. Aunque los embarazos en este grupo han disminuido durante la última década, el problema persiste mientras se debilitan o transforman algunas de las herramientas estatales destinadas a la prevención. Al mismo tiempo, la reducción del financiamiento registrado en áreas de atención comunitaria plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema público para llegar a las poblaciones más vulnerables.
Los embarazos de niñas y adolescentes se reducen, pero persisten
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reporta una disminución de los embarazos forzados en niñas a partir del 2015, sin embargo, El Salvador no ha podido cumplir la meta de llegar a “cero embarazos” en niñas y adolescentes en un contexto de debilitamiento institucional de la protección.
El desplome del presupuesto de la salud del área comunitaria desde 2021 ha dejado a las niñas en riesgo de embarazos forzados. Una reducción de al menos $295.73 millones entre 2018 y 2024 se reporta en el primer nivel de atención del sistema público de Salud salvadoreño, que brinda cobertura a las comunidades y previene los embarazos forzados en niñas de entre 10 y 14 años, según los datos de las memorias de labores del Ministerio de Salud (MINSAL).
Un claro ejemplo del impacto del Gobierno en la atención a poblaciones vulnerables es el drástico recorte presupuestario en salud: la partida destinada a los servicios del primer nivel de atención y al desarrollo de inversiones se redujo de 297.73 millones de dólares en 2020 a tan solo 2 millones de dólares en 2024.
Mientras se han visto afectados los Ecos Comunitarios de Salud Familiar, integrados por personal de salud que atendía la educación sexual en las comunidades, las niñas siguen siendo obligadas a maternar. Solo en 2024 se registraron 7,900 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, según los datos de UNFPA.
Los proyectos de vida de las niñas y adolescentes se ven truncados por esta situación, porque después de embarazarse abandonan su vida cotidiana y se dedican a tareas de cuidados en el hogar. De las 47,361 niñas y adolescentes que no fueron a la escuela en 2024, 7,788 no lo hicieron por maternidad y 2,826 por embarazos.
A los ojos de la activista feminista salvadoreña y defensora de derechos humanos, Morena Herrera, considera que una relación de poder o de dominio siempre está inmersa en los embarazos de niñas y adolescentes. Por eso, según Herrera, es importante que se reconozcan como hechos violentos contra ellas se reconozca que fueron agredidas.
“Les podemos llamar violaciones, acoso, extorsiones, pero siempre está presente una relación de poder, una relación de dominio. Entonces, la falta de reconocimiento al embarazo forzado o impuesto es la negación de esa relación violenta y de dominio y es una forma de desconocer el carácter de agredida, de víctima que tienen las niñas y las adolescentes”, enfatizó la activista feminista.
La invisibilización también ocurre en los registros del propio Estado. Saber cuántas niñas son víctimas de violencia sexual, cuántas quedan embarazadas como consecuencia de esas agresiones y qué sucede con sus victimarios es indispensable para diseñar políticas de prevención y protección. Sin embargo, los datos disponibles no permiten reconstruir completamente ese recorrido.
No existe evidencia vinculada al número de embarazos en la niñez salvadoreña que ocurren debido a agresiones sexuales, ya que la Fiscalía no documenta esos casos en sus memorias de labores anuales. En promedio, en los últimos seis años se han registrado entre 2,700 y 3,018 agresiones sexuales en El Salvador, según las estadísticas consolidadas con la Policía y Medicina Legal.
No se conoce si las víctimas tuvieron un proceso psicológico o médico, para superar sus traumas o evitar enfermedades de transmisión sexual.
Los casos no fueron divididos por edad, sexo, región o municipio en los que ocurrieron. A juicio de expertos en estadísticas que prefirieron mantenerse en el anonimato por seguridad, esa generalización invisibiliza a las víctimas y contribuye a la impunidad.
Los registros de la Fiscalía tampoco detallan cuántos fueron declarados culpables o si los imputados siguen un proceso judicial. La Fiscalía no respondió a las solicitudes de información pública al cierre de esta publicación.
El Salvador ha reducido los embarazos de niñas y adolescentes, pero miles aún dejan las aulas por embarazo o maternidad y las agresiones sexuales persisten. En ese contexto, nombrarlas va más allá del lenguaje. Sin información, prevención y estadísticas que permitan dimensionar la violencia que enfrentan, las niñas y adolescentes salvadoreñas no dejan de ser víctimas: simplemente se vuelve más difícil verlas.
Se solicitó entrevistas e información a las oficinas de comunicaciones de los ministerios de Educación y Salud entre los meses de agosto y septiembre de 2026; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. La Secretaria de Prensa de la Presidencia tampoco respondió a las consultas efectuadas por la Revista Factum.
* Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística La Sala: Mujeres en la Redacción, con el financiamiento de Vikes (Fundación Finlandesa para los Medios y el Desarrollo), una iniciativa que busca fortalecer el periodismo independiente, crítico y de investigación, así como promover la participación, el liderazgo y la proyección de las mujeres periodistas, mediante acciones de influencia e impacto que contribuyan a visibilizar y posicionar sus voces como referentes del periodismo, la investigación y la opinión pública.
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