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Los socios del «Chapo» en El Salvador

Publicamos una actualización del reportaje sobre la huella que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el líder del cartel de Sinaloa, conocido como «El Chapo», ha dejado en El Salvador desde principios de los 90. Héctor Silva Ávalos lo publicó en marzo de 2014 en La Prensa Gráfica y en su blog personal luego que el gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente de México, capturara al capo. Guzmán se fugó de su celda el pasado domingo 12 de julio a través de un túnel de 1.5 kilómetros que iba desde el baño de su celda en la prisión de maxima seguridad El Altiplano, al oeste de Ciudad de México, hasta una casa construida en extrañas circunstancias mientras el capo estaba preso. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras (el llamado Triángulo Norte de Centroamérica) se han declarado en alerta tras la fuga de Guzmán; no es para menos: «El Chapo» ha vivido, transitado, hecho negocios y dejado amigos –muchos y poderosos– en los tres países. Aquí el capítulo salvadoreño de esa historia.

1993-2000. Cinco kilos en Acajutla: entrada y lucha por territorio.

Uno de los primeros ingresos registrados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, «El Chapo», a Centro América ocurrió en 1993. El 4 de junio de ese año, una caravana de vehículos en la que viajaban varios miembros del Cartel de Sinaloa llegó a Guatemala. Cinco días después, el 9 de junio, el Chapo y los suyos salían rumbo a El Salvador. Iban a recoger cinco kilos de cocaína al Puerto de Acajutla, en Sonsonate. Así lo relató dos décadas después el jefe de la inteligencia guatemalteca que, en 1993, seguía la huella del Chapo Guzmán.

Al llegar al kilómetro 25 de la carretera que conduce a El Salvador, la policía guatemalteca, dirigida por el jefe de la inteligencia, detuvo al Chapo. El 11 de junio, los guatemaltecos entregaban a Guzmán a sus homólogos mexicanos. Dado que el sinaloense no tenía procesos pendientes en Guatemala, los chapines lo deportaron por indocumentado. Antes de eso, en interrogatorios extraoficiales, el Chapo confirmó que operadores del Cártel de Medellín habían puesto cinco kilos en Acajutla y que él era el encargado de recogerlos.

El oficial guatemalteco de inteligencia pasó la información a las autoridades salvadoreñas. Aquel oficial es hoy presidente de su país. Se llama Otto Pérez Molina y confirmó su episodio con Guzmán Loera en 2011, cuando una cadena mexicano lo entrevistó.

Pérez Molina dijo, en esa entrevista, que en 1993 el Chapo le pareció un operador menor. No parecía faltarle razón: cinco kilos era una cantidad pequeña en aquellos años en que los carteles colombianos, sobre todo el de Medellín, tenían ya copado el tráfico de drogas en el triángulo norte de Centro América, sobre todo gracias a sus contactos con oficiales de los ejércitos de Honduras, Guatemala y El Salvador, según consta en documentos estadounidenses.

Para inicios de los 90, cuando los procesos de paz centroamericanos trajeron depuraciones más o menos exitosas a los ejércitos de la región y la muerte de Pablo Escobar, el capo de Medellín, abrió la puerta a la entrada de los carteles mexicanos a Centroamérica, operadores como el Chapo Guzmán utilizaron a socios locales para expandir su influencia.

En El Salvador, los reacomodos en el bajo mundo del narcotráfico implicaron también cambios en los círculos oficiales de influencia. Un cable clasificado enviado desde la Embajada de Estados Unidos en San Salvador por un agregado militar al Departamento de Defensa (DOD, en inglés) en 1991 da cuenta de vendettas en el ejército relacionadas con drogas.

“El Embajador felicitó a la unidad antidrogas salvadoreña (la UEA) por recientes decomisos de drogas… Hay una campaña (de desprestigio) conducida por algunos (oficiales) cuyas manos están sucias… Un militar arrestado recientemente por narcotráfico dijo a un oficial (de la UEA) que pronto estaría cantando con los ángeles”.

–Cable clasificado SA011079

Un documento interno de la fiscalía salvadoreña, escrito por un fiscal que llevó casos de drogas entre 1989 y 1993, también da fe de la relación narcotráfico-autoridades y del papel de mexicanos y colombianos en el mapa salvadoreño. “A los narcotraficantes que habían tenido protección de algunos militares desde 1985, las fuentes nos decían, les venían golpes de la UEA, que ya empezaba a estructurarse con el narcotráfico con la protección de otros militares y contactos (venidos) de México”, dice el informe, en poder de Factum.

Dos maleteros en Ilopango

A mediados de los 80, la base aérea de Ilopango estaba llena de sub-contratistas de la CIA relacionados con la operación Irán-Contras y de oficiales salvadoreños que tenían nexos con el Cártel de Medellín. En el aeropuerto trabajaban dos maleteros, Miguel Ángel Pozo Aparicio y Élmer Bonifacio Medrano Escobar. El primero fue el autor intelectual de la primera masacre relacionada al crimen organizado en El Salvador, la de siete miembros de una familia, los Gaytán, en el reparto Valle Nuevo de Ilopango. El segundo era, en 2011, el principal nexo del Chapo con El Salvador, según agentes de inteligencia policial en San Salvador y Tegucigalpa.

De acuerdo al informe fiscal citado arriba, para 1992, Pozo Aparicio y su grupo ya movían y almacenaban droga que el cartel de Sinaloa compraba a los herederos de Medellín en bodegas salvadoreñas. Una de ellas estaba en una hacienda conocida como La Marranera. Dos ex oficiales de inteligencia salvadoreños y un ex fiscal que vio casos de narcotráfico en aquellos años coinciden en que la cocaína que el Chapo iba a recoger a Acajutla en 1993 era parte de los cargamentos que Sinaloa también movía a través de estructuras como las de Pozo.

El informe de la fiscalía salvadoreña dice que la UEA encontró en La Marranera, en 1992, “importantes kilos” de cocaína. El informe no habla de un decomiso, sino de un tumbe, nombre que en el lenguaje de narcotraficantes se da al robo entre grupos del crimen organizado.

En aquellos expedientes judiciales e informes confidenciales que agentes salvadoreños elaboraron a partir de testimonios recabados en los noventa ya constan, de hecho, contrabandistas o narcotraficantes que construirían sus círculos de influencia gracias a las alianzas con algunos agentes de la UEA y a sus contactos con narcos colombianos y mexicanos. Uno de ellos es Medrano Escobar, cuyo nombre aparece en los oficios que levantó la UEA entre el 28 y el 30 de enero de 1992, tras las primeras capturas por el tumbe de La Marranera.

En 2011, la inteligencia policial salvadoreña presentó al ministerio de Seguridad un perfil revisado de Medrano Escobar luego que un reportaje periodístico revelara que la banda de narcotraficantes Los Perrones, del oriente salvadoreño, había reemprendido sus conctactos con el Chapo Guzmán y Sinaloa.

El reporte reitera que Medrano Escobar y Pozo Aparicio se conocieron en los 80 en Ilopango. En 1991, dice ese informe, Medrano Escobar utilizaba una empresa fachada, la Sociedad Importadora IMCOBA, para traer fardos de ropa desde Panamá; “en el interior de algunos fardos transportaban droga, que luego transportaban a La Marranera”, se lee. Medrano fue capturado en 1992 y en 1995 por delitos relacionados al tráfico de drogas; en ambas ocasiones salió libre al poco tiempo.

Las áreas de control territorial de los carteles mexicanos según la ONU, tomado de InSightCrime.

Las áreas de control territorial de los carteles mexicanos según la ONU, tomado de InSightCrime.

Otro informe de 2011 detalla que Medrano Escobar se reunió con el Chapo Guzmán en La Brea, en el Atlántico hondureño entre el 24 y el 27 de noviembre de ese año. Un equipo de vigilancia de la policía salvadoreña detalla, en ese informe, que Medrano Escobar y otros miembros de la banda Los Perrones salieron de Pasaquina, en La Unión, el 23 de noviembre en una caravana de vehículos todoterreno. En Tegucigalpa, un asesor del ex presidente hondureño Ricardo Maduro, confirmó los contactos entre el Chapo Guzmán y narcos salvadoreño y de Honduras. “Se reunían en la zona de Atlántico y también cerca de El Paraíso”.

La expansión: Sinaloa entra a El Salvador

Los sinaloenses expandieron primero su influencia en Guatemala, a través de alianzas con las familias Mendoza, los Chamalé y grupos establecidos en Jutiapa, en la frontera con El Salvador. Un operador de Los Perrones asegura que el capo guatemalteco conocido como Juan Chamalé sirvió de intermediario entre la banda salvadoreña, grupos políticos y la gente del Chapo. La sombra de estos narcos llega también a la masacre de tres diputados salvadoreños en 2007 en Guatemala.

Los mapas que la inteligencia antinarcóticos estadounidense compartía con sus homólogas centroamericanas a mediados de la década pasada muestran el territorio bajo el control del Cártel de Sinaloa como una inmensa mancha que se extiende desde Tijuana, en la punta noroccidental de México, pasa por dos tercios de la costa pacífica mexicana, se adentra a Guatemala, también por el litoral, recorre el Golfo de Fonseca y luego se traslada hasta el tercio sur del Atlántico hondureño y de ahí llega hasta la frontera de Panamá con Colombia. En cada país, el jefe del Cartel, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, tenía socios locales. En El Salvador, los primeros fueron, según archivos de la División Antinarcotráfico de la PNC, los fundadores del consorcio conocido como Los Perrones de Oriente.

Las rutas de la cocaína en Centroamérica en 2011 según varias agencias del gobierno estadounidense.

Las rutas de la cocaína en Centroamérica en 2011 según varias agencias del gobierno estadounidense.

Desde 2002, apoyada en información que le proveía la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), la DAN seguía la pista en El Salvador a movimientos de mexicanos asociados con Sinaloa, quienes buscaban, a través de sus socios guatemaltecos, cabezas de playa que dieran al Cartel acceso a la Panamericana y a ampliar la ruta marítima.

El radar que Washington había hecho instalar en el Aeropuerto Internacional era ya funcional en aquellos años, lo que había hecho más difícil el tránsito por aguas internacionales.

Una de las primeras pistas sobre el ingreso formal de la gente del Chapo Guzmán a El Salvador llegó a la DAN en septiembre de 2002. Un memo del Centro de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos, firmado por el oficial José Jaime Cabrera Soriano, cuenta que, poco antes, en Nueva Jersey, el agente Ricardo Eliézar de la DEA entrevistó a una salvadoreña, Etel Esmeralda Cruz Campos, quien le dio información sobre una organización que movía droga entre Centro América y los mercados de cocaína en Nueva York y Maryland.

Dos años antes, Sinaloa había consolidado su presencia en Guatemala, también a través de socios locales.

Durante la década de 2000, la gente del Chapo afianzó en Guatemala alianzas con el grupo liderado por Juan “Chamalé” Ortiz López, que ejercía control en San Marcos y Quezaltenango; con los Mendoza, que controlaban Izabal y la entrada al Atlántico y al extremo noroeste de Honduras; y con organizaciones más pequeñas en Jutiapa.

Cada organización controlaba una ruta de cocaína. Las que gerenciaban “Chamalé” y la gente de Jutiapa tenían, para el inicio de 2000, contactos directos con transportistas en El Salvador. Para 2008, según un ex miembro de Los Perrones entrevistado en varias ocasiones entre 2012 y 2013, miembros de la banda salvadoreña viajaban a una hacienda de “Chamalé” Ortiz en San Marcos. Agentes de inteligencia policial en Guatemala confirmaron esos contactos.

Entre 2006 y 2008, Los Zetas también empezaron a buscar plaza en Guatemala. Este último grupo es una en escisión del Cártel del Golfo, otra de las grandes organizaciones criminales mexicanas, aliada de Sinaloa.

La red se expande

A principios de 2002, el Chapo mandaba emisarios de avanzada a El Salvador para ampliar sus rutas. En enero de ese año ingresó a territorio salvadoreño el colombiano Gustavo Gil Becerra, a quien la DAN y la DEA habían perfilado como intermediario entre proveedores colombianos y distribuidores mexicanos. El extranjero estuvo en El Salvador con visa de turista hasta el 9 de mayo, cuando Migración lo expulsó.

El dossier inicial que la policía y fiscalía salvadoreñas armaron de la banda Los Perrones contiene informes que confirman a Gil Becerra como uno sus proveedores iniciales.

Gil Becerra volvió a entrar el 17 de mayo por la frontera terrestre El Amatillo. A partir de entonces entraba y salía regularmente del país. Para 2005, según oficiales de inteligencia en San Salvador y Tegucigalpa, Gil Becerra designó a una salvadoreña conocida como “La Caneche” como distribuidora de la droga en el oriente del país

La fachada que el colombiano ocupó a partir de 2005 fue una empresa llamada COMSA. El 11 de abril de ese año, Gil Becerra pidió a Migración prórroga de su estadía para trabajar ahí. Uno de los co-propietarios de COMSA era Adolfo Tórrez, entonces director departamental del partido Arena en San Salvador. Tórrez, de hecho, intercedió al menos dos veces ante las autoridades salvadoreñas para que extendieran la estadía a su empleado extranjero.

En Guatemala, un proceso judicial abierto por el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN a manos de policías guatemaltecos el 19 de febrero de 2007 también arrojó luces sobre los nexos entre el Cartel de Sinaloa y sus operadores en el norte de Centro América.

Un hacendado salvadoreño que trabajó con Los Perrones entre mediados de los 90 y 2009 aseguró que Tórrez le había contado, un año antes, que el asesinato de los diputados estaba relacionado a una deuda de drogas contraída con la gente de Gil Becerra. “El colombiano trabajaba con los mexicanos y con salvadoreños que le decían ‘Chapito’ al Chapo Guzmán”, dijo el hacendado en abril del año pasado durante una entrevista en un hotel en Tegucigalpa.

Tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como cables desclasificados de Estados Unidos apoyan la hipótesis del tumbe de drogas como móvil en el asesinato de los diputados salvadoreños. “Los cuatro policías (acusados de matar a los diputados) recibieron información (desde un teléfono celular en Jalpatagua) que los diputados transportaban droga o dinero…”, se lee en un cable, serie R 071350Z, que la embajada estadounidense en Ciudad Guatemala envió a Washington en mayo de 2007.

El 29 de octubre de 2010, Carlos Amílcar Orellana Donis declaró como imputado en el caso PARLACEN. Ahí reveló que la DEA lo había detenido en Manhattan, Nueva York, con $17,000 y que, durante un interrogatorio, los estadounidenses lo acusaron de ser testaferro de José Mario Paredes, el Gordo, un narcotraficante acusado en 2003 en una corte neoyorquina de introducir cocaína a Estados Unidos. En el expediente PARLACEN consta que Orellana Donis compró al Gordo Paredes una camioneta todoterreno en 2004.

Paredes era socio de Otto Herrera, uno de los principales lugartenientes del Chapo Guzmán en Centro América según documentos judiciales estadounidenses. Fuentes citadas por el periódico electrónico guatemalteco Plaza Pública, aseguran que el Chapo pidió a Herrera en 2003 que fuese su nexo en Centro América con los remantes del Cartel de Cali en Colombia.

Herrera y Paredes eran, se lee en documentos anexos al dossier de Los Perrones en la DAN, nexos de los salvadoreños con los mexicanos.

La cadena terminaba en Los Perrones

El 24 de noviembre de 2006 una nueva pista llegó a manos de la Fiscalía salvadoreña. El oficio 346/DIDF/DAN/06, firmado por el subinspector Luis Ernesto Anaya Martínez, del Departamento de Investigación Financiera de la DAN, daba cuenta de una conversación que un investigador antinarcóticos había sostenido ese día con una de sus informantes.

Esto es lo que el agente Wilson Edgardo Molina Martínez escribió sobre esa llamada: “Hay una organización de lavadores de dinero relacionada al narcotráfico encabezada por una señora de nacionalidad mexicana conocida como ‘La Patrona’…” De esa organización, continúa el investigador, participan Óscar René Molina Manzanares, a quien le fue capturado un hombre de confianza; Juan María Medrano, hermano de Carlos Antonio Medrano Fuentes, quien había estado preso en 1998 luego que la Policía le decomisó 65 kilos de marihuana según consta en un proceso de habeas corpus presentado por su abogado ese año (ref. HS056597); Eliú Martínez, diputado hoy condenado en Estados Unidos por conspirar para ingresar 34 toneladas de cocaína.

El oficio da cuenta de que “La Patrona” visitó por primera vez El Salvador en 2003 para reunirse con el grupo en una hacienda de Sonsonate: “Se presentó como jefa de la organización y presentó a Roberto Hernández, salvadoreño residente en Houston, como su contacto en el país”. En esa reunión, según el informante, se estableció la primera estrategia para invertir dinero de la droga en un negocio de cerámica en San Miguel, un restaurante del que era co-propietario Sergio Eduardo Sandoval, un coronel retirado de la Naval salvadoreña, y en lotificaciones cerca de San Miguel.

La Fiscalía salvadoreña inició, el 26 de noviembre de 2006, la primera investigación oficial del grupo de La Patrona. En noviembre y diciembre de ese año, los fiscales giraron oficios para averiguar sobre las propiedades de los mencionados en el memo, cuentas telefónicas y sobre sus vehículos.

Un oficio girado a la empresa de telefonía Telecom el 11 de diciembre de 2006 confirma los nombres de los principales socios de Sinaloa en El Salvador: Juan María Medrano Fuentes, José Ramón Flores Torres, Roberto Antonio Hernández Torres y Roberto Carlos Silva Pereira, entonces diputado suplente por el partido PCN. Ellos serían, luego, el núcleo central de Los Perrones de Oriente.

Sobre Los Perrones y el Chapo Guzmán, la Oficina contra el Crimen y las Drogas y la ONU dijo en 2002: “Los Perrones son una organización pequeña de alrededor de 15 miembros clave… (Tiene) alianzas con organizaciones criminales mexicanas… El Chapo Guzmán contrató a Reynerio Flores –otro líder de la banda– para introducir cocaína de contrabando en Guatemala y transportar dinero a Panamá”.

Desde un hotel de Tegucigalpa, un ex socio de Reynerio confirma que aun en 2008, antes de ser capturado en Honduras, los conectes del miembro de Los Perrones le permitieron mover un alijo desde el aeropuerto de Ilopango hasta Guatemala.

El modelo de alianzas que el Chapo instaló en Centro América ha funcionado casi sin inconvenientes durante 20 años. La droga fluye por los corredores del Pacífico y el Atlántico que controlan los socios locales de Sinaloa: Entre 118 y 554 toneladas de cocaína –cifra récord según los reportes de inteligencia anti narcotráfico en la región– pasaron por esas rutas en 2011 según el Departamento de Estado, buena parte de ellas propiedad de Guzmán Loera. Ese año, arrestos y ajustes de cuentas entre narcos locales en Guatemala, El Salvador y Honduras modificaron los mapas, pero la operación de trasiego continúa con éxito.

El 12 de septiembre de 2011, la policía costarricense detuvo un cargamento de 140 kilos de cocaína que, según la inteligencia salvadoreña, eran parte de otra carga de Sinaloa que movían Los Perrones.

Fue también en 2011 que Élmer Bonifacio Medrano Escobar, uno de los viejos líderes de la banda que había hecho contactos con Sinaloa desde finales de la década de los 90, viajó al Atlántico hondureño para, según la inteligencia de ese país, reunirse en persona con el Chapo Guzmán en La Brea.

Imagen destacada tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

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