La complejidad de la crisis que sufre Grecia no permite refugiarse en análisis simples, que eliminen el carácter de proceso de largo aliento que tienen las causas que la provocaron; tampoco da espacio para comparaciones forzadas, que borran – a veces intencionalmente – las características que diferencian a las sociedades que se pretende equiparar. Las lecciones que pueden extraerse de los sucedido en ese país, cuna de la civilización occidental, ciertamente pueden ser muy aprovechables, a condición de – según el caso – trabajar sobre ellas con la seriedad académica o política necesaria, o con ambas.
Desde la caída del autoritarismo militar, a principios de la década de los años setenta del siglo XX, los griegos han vivido en un régimen formalmente democrático, en el que hasta recientemente se alternaron en el gobierno dos grandes partidos: Nueva Democracia (nominalmente de derecha liberal) y el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK, nominalmente social demócrata). Pese a las diferencias conceptuales de origen, que suponen adhesión a escuelas de pensamiento diferentes, ambos partidos sostuvieron por más de cuarenta años una forma de gobierno con características similares: el paternalismo en la función pública que implicó – en palabras de algunos de los acreedores de Grecia – “una fuerte colusión entre el gran capital privado y el poder político”; una alta dosis de clientelismo político que se mantenía a través de una burocracia estatal sin proporción a los servicios prestados a la sociedad y cargada de privilegios; poca transparencia en el manejo de los negocios del Estado, como en la realización de las obras públicas en las que los grandes constructores privados griegos se beneficiaban de la mencionada colusión; una enorme evasión fiscal, a la vez que portillos de elusión, que generaban una pérdida importante en los recursos que debían entrar a las arcas públicas; etc. Resultado, un país con un alto déficit fiscal (era de un 10% del PIB cuando estalló la crisis en 2010), el cual se convirtió en la expresión negativa más visible de un sistema muy eficiente de distribuir privilegios arbitrariamente.
Esta era la realidad existente en 1981 cuando fue aceptado ese país en la Comunidad Económica Europea, y aún más intensamente en el año 2001 cuando se integró a la llamada “eurozona” y adoptó la moneda común europea en vez de su moneda nacional, el dracma. Ya entonces, diversos estudiosos de su economía habían prevenido que las condiciones no eran adecuadas para tan trascendente paso, pues se quedaba sin un instrumento esencial de la política económica sin haber puesto en el estado necesario sus propias cuentas nacionales. (Sin olvidar las dudas que la misma creación de la moneda europea generó: ¿cómo funcionará una moneda sin Estado, y un conjunto de Estados soberanos sin monedas nacionales?) Razones geopolíticas obvias parecieron estar por encima de las consideraciones de la ciencia económica, mostrando lo que ya sabemos: al final, no existe decisión económica que no tenga un contenido de fundamentaciones políticas.
La combinación de los efectos de la crisis de los años 2008-2009, más los de la evolución de las características propias de la realidad gregia, generaron problemas para honrar los compromisos de pago de una deuda externa que superaba el 120% del PIB, y cuyos tendores eran, en gran medida, inversores privados. El 2010, el primer acuerdo para “rescatar” la economía el país fue pactado por las autoridades de la Unión Europea, con la participación de bancos de los países miembros y del FMI; se entregaban recursos para pagar a los acreedores a cambio de una política de austeridad muy estricta (entendida como reducción de los gastos del Estado y de su participación en la economía, reducción de los salarios de la burocracia, exigencias de reforma del sistema de pensiones, etc.); como expresan algunos de los economistas con mayor reconocimiento, más que el crecimiento de la economía, o el mantenimiento de los ingresos de los ciudadanos helenos, la prioridad era crear la posibilidad de responder por las deudas. El acuerdo para imponer esa política hizo caer al gobierno del PASOK en 2010; fue sucedido por otro gobierno más de Nueva Democracia, que asumió plenamente su ejecución. Los efectos fueron notables: el PIB decreció en una cifra superior al 20% (comenzó a crecer levemente al fin del 2014), más de uno de cada cinco griegos entraron a la categoría de desempleados (en desempleo de los jóvenes es muy superior), el ingreso per capita se redujo apreciablemente, se procedió a eliminar o vender algunas empresas del Estado; etc. La reacción de los ciudadanos condujo al triunfo del partido Syriza en las elecciones de enero de este año. Éste, formado por distintas corrientes de izquierda, rechazaba la politica de austeridad y favorecía una de crecimiento económico, con una decidida participación del Estado para estimularlo, ganaron las elecciones y recibieron el encargo de implementar un modelo diferente, menos orientado a poner sobre los asalariados el peso de la corrección de los desequilibrios producidos; la izquierda anti-liberal estaba obligada a gerenciar la salida de la crisis que no había contribuido a generar. Entonces, lejos de haberse reducido el peso de la deuda sobre el producto había crecido a una cifra cercana al 180%, debido a la reduccción brusca del PIB y al incremento de la cifra absoluta de lo adeudado.
El nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, y su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, iniciaron una intensa negociación con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el Fondo Monetario Internacional para encontrar un compromiso distinto al acuerdo en vigor; buscaban eliminar las cláusulas que eran contrarias al programa por el que habían votado los ciudadanos griegos, a la vez que evitar los riesgos de caer en impago con los compromisos inmediatos con los acreedores, ahora casi totalmente estatales europeos o instituciones financieras internacionales; simultáneamente, se tomaron decisiones para suspender de inmediato algunas medidas centrales tomadas por el gobierno anterior. Esta historia es muy conocida por los lectores. Fue un largo proceso, plagado de contradictorias posiciones tanto de parte del gobierno de Grecia como de las autoridades europeas, cargado de acusaciones mutuas. En la etapa final, un referendo en el que por abrumadora mayoría los ciudadanos rechazaron las propuestas europeas, seguido de inmediato por un acuerdo mucho más centrado en la lógica de la austeridad que el que se rechazaba, que fue aceptado por el primer ministro griego a pesar de expresar categóricamente que era contrario a lo que él deseaba, pero que era la única alternativa que le dejaban los organismos europeos para evitar el caos que podría producir la salida de la eurozona. Enmedio de ello, Grecia se convirtió en el primer país desarrollado que en la era contemporánea ha caído en cesación de pagos, y como conclusión, Syriza, la coalición de izquierda, se encuentra fracturada y con el riesgo de depender de fuerzas tradicionalistas para seguir en el gobierno y cumplir el acuerdo que “no deseaban”.
Las lecciones de lo que algunos han llamado “la saga de la tragedia Griega” son muchas, y no sólo en el campo estrictamente económico. Han puesto de manifiesto las dificultades de responder a la volutad de un pueblo expresada democráticamente dentro de una estructura regional que tiene rasgos de supranacionalidad pero no constituye una entidad estatal única. También obliga a recordar las dudas que se expresaron sobre la oportunidad de establecer una moneda única antes de generar las condiciones para equilibrar los desbalances que se pudieran presentar en los distintos países, dado lo que sucede en Grecia y en gran medida es una potencial realidad en varios de los otros países de la eurozona. Y, por sobretodo, exige un reflexión muy seria sobre la imposición mecánica de reglas de austeridad – en el sentido que les da la llamada troika europea, y los organismos financieros internacionales en general. No podemos olvidar que el mismo FMI ha dicho que la deuda griega es impagable, que el programa establecido en el acuerdo no generará las condiciones para que el Estado helénico pueda hacerle frente a las exigencias de pago, en tanto los acreedores europeos siguen insistiendo en que no hay posibilidades de una “quita” en el monto de la deuda, y que el acuerdo genera las condiciones para que existan los recursos para responder a las obligaciones.
Las comparaciones que se han hecho entre la situación comentada y la de El Salvador han sido, en general, poco consecuentes con las diferencias fundamentales que existen. Cierto que ambas naciones carecen de moneda propia y por lo tanto de política monetaria; cierto que en ambos casos el abandono de la moneda nacional se hizo sin cumplir los requisitos mínimos; cierto que gran parte de la política comercial de Grecia está manejada por los acuerdos de la Unión Europea, como en nuestro caso por diversos tratados de “libre comercio”. Pero el país heleno pertenece a una unidad internacional de la que es miembro, que tiene un Banco Central – aunque con facultades restringidas – que es un emisor comunitario; en tanto, El Salvador se dolarizó unilateralmente, y una crisis monetaria en nuestro país no afecta a ninguna estructura intergubernamental y no tenemos una autoridad común que asuma la responsabilidad de buscar una solución al problema existente, de elaborar planes de rescate. Tampoco es comparable el nivel de ingreso per cápita entre ambos países: el de los ciudadanos griegos era nueve veces el de los salvadoreños al iniciar la crisis en 2010 y ahora es más de seis veces. Y el nivel de déficit fiscal que presentan las finanzas públicas salvadoreñas en muy inferior al que las de Grecia presentaba cuando se hizo el primer plan de recate.
Sin embargo, estamos obligados a mencionar algunas similitudes. En primer lugar el hábito de utilizar al aparato del Estado en función patrimonialista, en beneficio de unos pocos empresarios coludidos con el poder político, y no pocas veces ejerciéndolo. La evasión y la elusión fiscal también es una realidad presente en el país, pese a los esfuerzos del actual ministro de Hacienda para reducirla. La política impuesta por el Consenso de Washington a partir de 1989 se fundamentaba en la disminución de las cargas impositivas a los potenciales inversores, y se orientaba a depender más de los impuestos a los consumidores, como ha sido el caso griego. Sin olvidar la tradicional falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, y los favoritismos al adjudicar la obra pública; pese a pasos positivos como la ley de información pública y otras medidas, es una realidad que no ha podido superarse plenamente.
La Gran Recesión de 2008-2009 no produjo en el país efectos de la gravedad de los que sufrió Grecia. En tanto este país vio descender su producto vertiginosamente, El Salvador volvió a su antigua realidad de bajo crecimiento, que ciertamente no satisface las necesidades de la población pero no presenta un colapso económico a las puertas. Ni hemos llegado a niveles de deuda externa de 120% del PIB, y menos de 180%, acompañados de un descenso veloz de la actividad económica (nuestra deuda pública interna y externa es inferior al 60% del producto interno).
Esto no quiere decir que no existan problemas económicos y financieros, que deben ser resueltos urgentemente. El lento crecimiento de la economía tiene una explicación estructural, y debe ser enfrentado como tal, sin los eufemismos de desconfianzas coyunturales porque son otros los que gobiernan (aunque a veces éstos contribuyen de manera importante a darle justificación a la excusa). El déficit fiscal no puede ser sostenido indefinidamente a los niveles que tiene en este momento, y la dinámica de las pensiones es un elemento central como carga en las finanzas públicas con consecuencias en la dinámica de endeudamiento. La dolarización es una “camisa de fuerza”, como ya expresaba este servidor en el año 2000, y es difícil salir de ella, tal como nos lo presenta con claridad la decisión de Tsipras de pasar por la humillación para evitar lo que se llamó el “grexit”; pero hay que discutir con claridad y seriedad sobre su sostenibilidad y sobre la posibilidad de generar las condiciones para ella, para no pasar por una crisis que tendría consecuencias desastrosas en un país de nuestro nivel de ingreso y desigualdad rampante. Y hay que tener presente, para tenerla en cuenta en la reflexión sin deificarla, la categórica frase del ministro de finanzas de Alemania, Wolfang Schäuble: “A Grecia le iría mejor si saliera de la zona euro”.
Héctor Dada Hirezi es doctor en Economía. Ha sido canciller y ministro de Economía.
No se ha hecho esperar el aumento del volumen de las voces que predican una austeridad, para resolver los problemas de El Salvador. En un sentido correcto, todas las autoridades deben ser austeras, en el sentido de utilizar los fondos de manera correcta para los objetivos legítimos del Estado, sin privilegios y sin gastos superfluos ni corrupciones. Pero no se recomienda en ese sentido, sino se asume la postura esencial de las autoridades europeas: se habla de reducir los gastos del Estado, de aumentar los impuestos a los consumidores y no a los que más tienen, de reducir las políticas de subsidios a los pobres, de continuar reduciendo el papel del Estado como impulsor de un desarrollo compartido. Y el debate que existe sobre el tema a nivel internacional no parece asumirse ni por los políticos, ni por la academia, ni por la llamada sociedad civil. Cinco distinguidos economistas[i] dirigieron una carta abierta a Ángela Merkel sobre Grecia, que se sintetiza en la frase “la austeridad ha fallado”; para ellos el plan que estaba a punto de imponerse a Grecia era como pedirle a su gobierno que se colocara una pistola en la sien y apretara el gatillo. ¿Será aplicable esta frase para calificar las solicitudes de restricción de austeridad en el sentido que se ha impuesto a los griegos? Aún es tiempo de buscar reflexivamente la respuesta a esta pregunta.
En síntesis, el tiempo es corto y nos exige seriedad en la reflexión y en la acción política, a todos los ciudadanos, sean miembos de partidos, de asociaciones gremiales empresariales y sindicales, de la academia, etc.
[i] Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Heiner Flashbeck, Dani Rodrik, Simon Wren-Lewis, Austerity has failed : An Open Letter from Thomas Piketty to Angela Merkel, The Nation, 07/07/2015.
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