Las madres del arriate

Las 54 familias de la comunidad El Espino llevan aquí más de cinco meses viviendo en la calle para exigir el derecho a la propiedad. Ocupan parte del arriate del bulevar que conduce a Cancillería, una acera y un redondel.  Las familias no quieren huir, tienen miedo, se resisten a dejar el territorio, a la espera de un largo trámite burocrático para soñar con una casa. La comunidad resiste y se le van sumando nuevos miembros: tres bebés han nacido aquí desde el desalojo. Ellos y sus madres son la nueva generación del arriate.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Jessica Romero sostiene a su bebé con soltura, mientras abre con cuidado la puertita de la cerca que rodea la entrada de su casa. Tiene 19 años y ha sido madre por primera vez. Su casa está hecha de lámina, plásticos negros y algo de madera, y mira hacia el moderno edificio de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA). Solo una calle separa a estas dos construcciones tan dispares.

Del otro lado de su casa temporal, y también atravesada por la otra calle de este bulevar, duerme su hermana menor en una tienda sobre la acera. En medio del bulevar, sobre el arriate, sobre la mera tierra, Jessica convive junto a su madre, su padrastro y su hija de tres meses, Gabriela*.

Jessica pensó que no sería madre. Cuando tenía 15 años le detectaron un quiste en los ovarios y le dijeron que no podría tener hijos. Pero tres años después le hicieron unas pruebas y salió que estaba embarazada. Le costó creerlo, pero se alegró mucho.

Durante su embarazo, Jessica sufrió una impresión fuerte que casi le provoca un aborto: vio cómo tiraban abajo la casa de su familia mientras los vecinos gritaban horrorizados. Fue entre el 16 y 18 de mayo de 2018, cuando se ejecutó la orden de desalojo del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, y el personal de la familia Dueñas entró al terreno donde vivía con excavadoras para echarlos definitivamente.

“Yo tenía seis meses de embarazo cuando nos sacaron (de la casa) –recuerda Jessica. A mí la niña se me quiso venir, tuve dos intentos de aborto por la situación que yo veía como sacaban a la gente, entonces caí como en depresión y me mandaron al hospital”.

Criar a una bebé sin luz, ni agua corriente, vulnerable ante las lluvias fuertes y el calor que se prende a las láminas y los plásticos negros es fatal, dice Jessica. Gabriela se asusta mucho cuando llueve, pero afortunadamente no se ha enfermado. Su madre la cuida siguiendo las recomendaciones médicas y ambas reciben semanalmente la visita de una doctora de la unidad de salud de Antiguo Cuscatlán, una clínica del Ministerio de Salud que está en el mismo recinto que el mercado municipal.

A los seis días de dar a luz, la joven madre tuvo que ser ingresada de nuevo durante una semana porque se le saltaron los puntos de la episiotomía, una pequeña cirugía que se realiza en los hospitales para facilitar el parto. Dice que según los médicos fue por el calor.

“Yo he visto comentarios malos, dicen que (el Gobierno) no nos debería dar nada, que queremos vivir de choto aquí, nos han ofendido prácticamente. Que nosotros deberíamos dar gracias a Dios que no nos han venido a sacar antes… cosas así, que somos unos muertos de hambre…Pero yo aquí nací…”, reclama Jessica.

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La resistencia de la comunidad de El Espino comenzó hace 12 años, mucho antes de que empezara el trámite del desalojo. Su motor ha sido que se les reconozca el derecho a la propiedad de la tierra como quedó plasmado en un convenio firmado por el expresidente Armando Calderón Sol en 1995 y legalizado en 1999.

Este acuerdo pretendía liberar de asentamientos las fincas de la familia Dueñas, propietaria histórica de la Hacienda El Espino, y los terrenos donde actualmente se asientan tres centros comerciales de Antiguo Cuscatlán y varias residenciales de lujo. De esta forma, los propietarios Roberto Dueñas Palomo, Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera entregarían un territorio urbanizable, el gobierno quedaba encargado de velar por el cumplimiento de esta entrega y además el Viceministerio de Vivienda apoyaría en la gestión de recursos para necesidades específicas de la comunidad, como un tanque de agua, una cancha, una escuela, unidad de salud y una casa comunal.

El convenio no se cumplió y fue suspendido 10 años después por el entonces presidente Antonio Saca para permitir una permuta de tierras entre el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y la familia Dueñas. El gobierno lograba así el control sobre los terrenos donde se iba a construir el bulevar Diego de Holguín (hoy Monseñor Romero) y los Dueñas se convirtieron en los propietarios del espacio donde estaban asentadas las familias. Una jugada que puso en jaque el futuro de la comunidad de El Espino.

“Ese convenio lo arruinó la misma Cooperativa de El Espino, el gobierno de Antonio Saca, y la familia Dueñas, que por el derecho de vía pedían el casco de la Finca El Espino que era donde nosotros estábamos ubicados. Él (Saca) hace el mutuo acuerdo con ellos (Dueñas) y las 85 familias que nos quedamos entonces hicimos la lucha, nos organizamos”, dice Yolanda Hernández, miembro de directiva de la Asociación de Desarrollo Comunitario (Adesco) de El Espino.

La esperanza de la comunidad El Espino se centra ahora en el acuerdo con el actual Gobierno para realizar gestiones y conseguir la titularidad de un terreno. El traslado sería a un espacio mucho más pequeño que el lugar donde antes vivían, una zona verde que colinda con el edifico de Cancillería, situado a pocos metros del bulevar y del arriate que ahora está lleno de hogares de plástico. Pero aquí es donde se sienten seguros, donde muchos nacieron y de donde no quieren huir. Por eso han rechazado ya varias propuestas del gobierno de Sánchez Cerén, como la entrega de un terreno de paso en Santa Tecla o el acceso a programas oficiales de vivienda en zonas populares y, en muchos casos, también peligrosas.

Este segundo acuerdo con el gobierno de turno, 23 años después y ahora del partido de izquierda, el FMLN, pretende iniciar los trámites para otorgarles una tierra y ayudarles a gestionar recursos con organizaciones de la sociedad civil para poder tener algún día una propiedad. Ese día aún está lejos pues los trámites burocráticos son lentos y exigen en última instancia la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, explica que para muchos funcionarios se trata de un compromiso ético del Gobierno para tratar de dar una solución a estas personas.

“Ahorita se está haciendo un acuerdo, una decisión ejecutiva que dé cuenta de que hay una decisión que se está tramitando, que la gente está en una situación de extrema vulnerabilidad–dice el secretario-. Pero que se hagan módulos en el terreno que se va a recibir”.

Una pareja de adultos mayores conversan en la improvisada sala dentro de una carpa plástica que se ha convertido en su hogar, después de ser desalojados en mayo pasado. El gobierno les prometió una solución habitacional en ese momento, sin embargo el cumplimiento de la promesa aún espera. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Los módulos a los que se refiere Rodríguez son una donación que ha ofrecido la ONG Techo como una solución habitacional temporal para las familias desalojadas. El acuerdo permitirá que los donantes tengan certeza de poder llevar a cabo el plan de casas temporales sin problemas. Para ello era necesario modificar la titularidad del terreno público que está dividido en cuatro partes, unirlas y luego volver a dividir la parte que se le va a dar los habitantes de la comunidad que cumplan los requisitos para poder optar a un lote.

Además, una vez se logre la entrega del terreno, esta trasferencia conlleva la obligatoriedad de mantener la titularidad del mismo durante 20 años, es decir, que no podrá ser vendido antes de ese periodo.

El fin de semana del 3 y 4 de noviembre, los voluntarios de Techo comenzaron a instalar varios los módulos de 4 metros cuadrados en el terreno que aún está en proceso de transferencia. Se trata de 121 viviendas para 51 familias que se construirán en dos fases, según la información brindada por representantes de la ONG. Los trabajos continuarán entre el 17 y 18 de noviembre y esperan que las familias se puedan trasladar este mismo mes.

Nelson Recinos, el presidente de la Adesco de El Espino, dice que están contentos con este avance, aunque cansados por el trabajo de limpieza del terreno que tuvieron realizar en los días previos a la instalación de los módulos, a puro machete y serrucho.

“Es un terreno que ha pasado por años todas las inclemencias del clima y había que terracearlo muy bien, pero Techo tenía fechas fatales de acuerdo a sus dirigentes y si no se comenzaba en tal fecha, el donante retiraba la ayuda. Eso es lo que Techo dijo y por eso es que se comenzó el sábado con la premura, porque se empezó a terracear artesanalmente. Hoy ya llegó la maquinaria del MOP (Ministerio de Obras Públicas) a abrir las losas (muro perimetral), a hacer un ingreso por el extremo del bulevar Monseñor Óscar Romero, para empezar a sanear los lotes”.

Pero dejar el arriate donde han vivido durante los últimos seis meses también tiene sus condiciones.  Las mujeres de la comunidad enviaron una carta al secretario de Transparencia, con copia a la comisionada presidencial para los Derechos Humanos y al secretario jurídico (de la Presidencia), para manifestar que no permitirán el traslado a las viviendas provisionales de Techo si no se cumple primero con la instalación de los servicios de agua y electricidad en la zona, según informó el presidente de la Adesco.

Mientras tanto, el acuerdo del Gobierno ha obligado a la comunidad a estar activa en el proceso burocrático y solicitar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) que se iniciaran los trámites para la cesión del terreno.

“La comunidad le tuvo que pedir a Fonavipo. Fonavipo le tiene que escribir al Ministerio de Hacienda porque el terreno es del ministerio –explica el secretario Rodríguez-. El Ministerio de Hacienda debe pedirle al Consejo de Ministros para que una vez que tenés el acuerdo lo mandás a la Asamblea Legislativa y solo la asamblea puede tomar una decisión, como tomó con Fepade y la (universidad) Matías Delgado”.

El secretario se refiere a la donación realizada en 1998 por la cual se entregó de forma irrevocable a la Fundación Empresarial para el Desarrollo (Fepade) y a esa universidad privada, los terrenos donde están asentados los edificios de ambas instituciones.

“¿Si el Estado le pudo entregar varias manzanas de terreno a Fepade y a la Universidad Matías Delgado, ¿por qué no le podemos buscar una solución a esta gente?”, cuestiona Marcos Rodríguez.

Una situación que ahora preocupa a la directiva de la Adesco de El Espino es que hay personas de la comunidad que en algún momento de este largo pleito por las tierras aceptaron cheques entregados por la familia Dueñas para dejar el lugar, un finiquito del que nunca les dieron copia y que les hizo renunciar a los derechos adquiridos con el convenio del gobierno de Calderón Sol y eximir de responsabilidad a todas las instituciones y privados involucrados, dice Nelson Recinos, presidente de la Adesco.

“El presidente (Salvador Sánchez Cerén) ha tomado a bien beneficiar a quien se merezca de acuerdo a los parámetros que el mismo gobierno establezca. Confiamos que el tiempo no sea muy largo porque somos conocedores que el gobierno ya está casi de salida”, dice el líder comunitario.

Pero hasta octubre de 2018, este complejo proceso para transferir la propiedad pública a las familias de la comunidad de El Espino solo ha llegado hasta la etapa de división del terreno. Aún queda lejos la posibilidad de llevarlo ante la Asamblea Legislativa.

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Es una mañana gris de octubre, empieza a llover levemente y el clima está fresco. Jennifer emerge entre los plásticos negros de su casa al ser llamada por algunos vecinos. Tiene 18 años, es menuda y sus ojos vivaces resaltan sobre las oscuras pecas de sus mejillas.

Cuando Jennifer estaba embarazada de siete meses echaron abajo su casa y tuvo que empezar a vivir en la calle junto a su esposo, sus padres y sus hermanos pequeños. Su nueva casa fue construida sobre el tramo más ancho del arriate del bulevar de Cancillería, sobre la plaza de la República de Colombia que hoy ha quedado oculta por la comunidad.

Al comienzo solo tenían dos plásticos grandes amarrados para darles cobijo y así pasaron dos meses, bajo las inclemencias del tiempo. Luego fueron consiguiendo más materiales y armando un espacio mejor para la familia. Jennifer dio a luz en agosto, a tres meses del desalojo.

Hoy se ve un montón de ropa tendida sobre la parte de la casa que tiene lámina, hay camisas de todos los tamaños que se mojaron con las lluvias de anoche. A simple vista se nota que aquí vive mucha gente.

“Físicamente lo que más me afectó fue levantar esto, porque nos tocó ir a traer varas, trabajar en esto. ¿Cómo me iba a quedar yo atrás, si entre todos nos ayudamos? Y pues sí, embarazada es más difícil. A la otra chica de allá casi se le viene un aborto (se refiere a Jessica Romero), desde que me contaron yo traté de calmarme, porque a veces es melancolía y a la vez una impotencia que sentís…”

Jennifer Alfaro, de 18 años (derecha), espera turno para abastecerse de agua potable, desde el único grifo disponible en las orillas de la comunidad El Espino. Ella y su pareja ya son padres de una niña de dos meses de edad, que está creciendo bajo las carpas plásticas que ahora se ha convertido en su hogar. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Karla* es una bebé sana, su madre reconoce que apenas se ha enfermado y se alegra por ello. Cuando empiezan a caer unas gotitas de lluvia, Jennifer corre a reprender a su esposo que se ha asomado y sostiene a la niña en sus brazos sin su gorrito. Luego le entra el hambre a la nena y ella le da el pecho mientras el joven padre las observa a ambas. La lluvia ha parado.

Cuando le preguntan cómo se imagina su casa, Jennifer suspira con cierta resignación: “Ya después de haber pasado cosas así uno ya no pide mucho.  Yo solo le pido a Diosito estar bien, que sea mía y que no vaya a pasar nada, que un temblor lo soporte, que una tormenta lo soporte. No voy hablando de tamaño. Una casita para estar mejor que ahorita, cualquiera quisiera estar mejor que ahorita”.

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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) representa legalmente a la comunidad El Espino y ha denunciado que la expulsión de las familias del terreno a los Dueñas fue un desalojo forzoso y, por tanto, ilegal.

El abogado Arnau Baulenas ha confirmado que se mantiene la denuncia que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia por la actitud del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, Juan José Palma, específicamente por la forma como se realizó el desalojo de mayo de 2018, violando los derechos constitucionales de las personas afectadas y actuando con “ ineptitud e ineficiencia manifiestas”.

“Hasta cierto punto se podría estudiar si el juez que decidió el desalojo ha prevaricado o no y emplazaría a la Fiscalía General de la República a ver si esta decisión es apegada a derecho. (…) por encima de una ley tenemos tratados de derechos humanos, que, según la constitución de la ley, son ley y decir que aplico una ley, pero ignoro este tratado…mínimo es de ignorante, sino malicioso”, dijo el abogado en mayo pasado durante un foro en la UCA.

Aunque la primera orden de desalojo fue emitida en julio de 2014, los recursos legales interpuestos por la comunidad permitieron detenerla. En junio de 2016, los habitantes afectados presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional y recibieron un nuevo compás de espera con la admisión.

Aunque el amparo finalmente fue rechazado, la Sala ordenó en esa sentencia que el Viceministerio de Vivienda incluyera a la población afectada en algún programa social para acceder a una casa y que lo resolviera en el plazo de seis meses. Los seis meses finalizaron en junio de 2017 y no se resolvió nada.

La sentencia de la Sala también ordenó al juez Palma que no ejecutara el desalojo, “hasta que se cumpla el plazo concedido a la referida autoridad para analizar la posibilidad de brindar a las referidas familias oportunidades reales de acceso a una vivienda”.  El juez sostuvo siempre que tenía que cumplir la ley y continuar con el desalojo, por eso intentó ejecutarlo nuevamente en julio de 2017, pero la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos logró detenerlo nuevamente en beneficio de la comunidad.

Solo unas pocas familias aceptaron las ayudas del Gobierno, la mayoría la han rechazado apoyándose en su lema principal: que se cumpla el convenio de 1995 que les reconocía como habitantes con derecho a la propiedad.

Los recursos y acciones para detener el desalojo culminaron el 16 de mayo de 2018, cuando el juez Palma llegó a la zona, cerró el paso y la comunidad presenció cómo las palas excavadoras destruían sus casas sin que ni siquiera les dieran permiso para entrar antes y sacar sus pertenencias.

Patricia Jacinto ha nacido en El Espino y siempre ha vivido ahí. Ella recuerda cuando todo eran puros cafetales y árboles grandes, el clima mucho más fresco y para salir hacia la colonia Merliot solo había un acceso, un camino polvoso.

Recordar el desalojo hace que su voz tiemble. También tiembla cuando menciona los detalles de la casa de ladrillo y teja donde vivía con sus padres. Hoy está en la calle, su casa está hecha con los mismos materiales que sus vecinos desalojados, en ese rancho – como ella lo llama- convive junto a otros 10 familiares. Cuando llueve y sus dos hijas tienen que hacer las tareas no les queda otra que estudiar en casa y usar una vela. Cuando no llueve pueden salir a un canopy de la comunidad donde hay mesas grandes y bombillas para los estudiantes.

“Hay momentos en que uno se desespera y ya no quisiera seguir en la lucha por ver todo lo que estamos pasando, el agua, la preocupación de las lluvias. Pero, creáme que tenemos miedo de salir de este lugar, porque nunca hemos salido. Si tuviéramos un lugar seguro a donde irnos quizás ya no estuviéramos aquí. Somos cuatro y solo mi esposo trabaja. Yo tengo un negocito que a veces vendo, y a veces no. Pero mis hijas están estudiando y es un gran gasto y ya para pagar una casa no nos alcanzaría…”.

Patricia fue una de las invitadas a participar con su testimonio en el foro “El Espino tiene la palabra” realizado en la UCA a pocos días del desalojo. Allí también estuvo Claudia Blanco, directora ejecutiva de Fundasal, una organización con más de 40 años de experiencia trabajando por el derecho humano a la vivienda. Blanco dijo que las cifras sobre el déficit habitacional son muy variables según la institución que las reporta, pero que en 2016 la ONG Hábitat para la Humanidad reportó 1.2 millones de salvadoreños viviendo en condiciones inaceptables.

“Nunca va a haber desarrollo en este país mientras 1,2 millones de familias estén habitando en condiciones inaceptables ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál estudio? ¿Cuál equidad de género? ¿Cuál acceso al suelo? ¿Cuál derecho humano a la ciudad, a la vivienda, a la recreación, al arte, a la cultura? Eso no existe. Y quizás el caso de la comunidad El Espino pueda hacer que nos hierva el corazón…”

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Alejandra* tiene 17 años y fue la tercera mujer en ser madre en el arriate de El Espino. Su hija nació el 4 de septiembre, pero a los 15 días de nacida fue trasladada al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla, donde estuvo ingresada por problemas respiratorios. Su abuela, Ángela Alfaro, dice que no está segura de lo que le pasaba, pero cree que la niña tenía bronquitis. No pudo verla porque las normas del hospital solo permiten que ingrese la madre.

Ángela cuenta las penurias de vivir en la calle y echa la culpa del malestar de su nieta a la lluvia que ha caído en las últimas semanas. Señala hacia el cuarto de su hija, a metro y medio de ella, un espacio oscuro y pequeño donde el piso es de tierra húmeda, entra el agua y todo se llena de lodo, se queja la señora.

Su hija Alejandra ya no está llegando a la casa, se queda en la de sus suegros, acompañada de su pareja, el padre de la bebé. Ellos viven cerca del parque de El Principito, en Santa Tecla, -dice Ángela- y a su hija también le queda mejor para las visitas diarias al hospital.

Un par de días después de hablar con Ángela hay novedades: Alejandra ya no va regresar a su casa del arriate, mejor se va a quedar a vivir donde la familia de su esposo. Un promotor de salud que pasa cerca de la casa dice que la bebé ya salió del hospital, sabe que su madre se mudó a Santa Tecla, pero duda: quién sabe si la tendrán que volver a ingresarla en el hospital pronto, porque así pasó la otra vez – dice- al poquito de volver a su casa en el arriate.

*Estos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas menores de edad.