Edición: Ricardo Vaquerano | Foto/video: Oliver de Ros | Edición video: Gerardo del Valle | Este reportaje fue producido por El Intercambio.

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Un hombre sortea la maleza, entra en su parcela y señala al foco de alumbrado público de su aldea. Aunque es el único en el lugar, lleva una semana apagado. Hace un año que el caserío San Pedro tiene postes y cableado. El foco fue encendido a mediados de mayo de 2019 y sólo debía servir para hacer una prueba. La electricidad corrió durante dos semanas, pero la distribuidora cortó el suministro después de que dos vecinos hurtaron energía.

Paradójicamente, esas dos personas frustraron temporalmente al caserío de acceder a un servicio que nunca antes había tenido. Estaban a punto de entrar al siglo XIX en términos de electrificación, pero todo se paralizó. En El Salvador, el país con mayor cobertura eléctrica del norte de Centroamérica, este autosabotaje significaba pobreza. Los responsables no midieron que al robar, dejarían sin energía a su comunidad. 

Esta aldea está en el municipio de Jicalapa, una anomalía en el relativamente desarrollado litoral del centro del país. El hombre que mostraba el único foco de alumbrado público de su caserío es Héctor Rivas, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) del caserío San Pedro.

Cuando ocurrió el hurto de la energía, el futuro parecía demasiado impredecible. La posibilidad de acceder a la red nacional de electricidad podía ser un suplicio económico para los hogares de Jicalapa. Aunque el 97% de los hogares en El Salvador tiene acceso a electricidad, el país es pobre. Y Jicalapa, aparte de pobre, es un municipio en el que más de la mitad de los hogares, el 52%, carece de energía. 

Jicalapa es el municipio más desconectado de un país que no tiene ningún pueblo sin cobertura, como sí ocurre en el vecino Honduras. En total, hasta 2017, unas 2,830 personas de Jicalapa estaban fuera de la red. Son algunos de los últimos salvadoreños que carecen de este servicio básico.

La electricidad llegó a los postes de la aldea a principios de junio. La estimación que hace Héctor Rivas es que las primeras viviendas tengan luz a finales de agosto o inicios de septiembre, pero detrás de la anécdota del hurto había un vaticinio: conectarse al servicio de electricidad representa mejores condiciones de vida, pero puede ser muy caro cuando la miseria es demasiada. 

Los dos vecinos que tomaron la luz, anticiparon que no podrían pagar ni la instalación eléctrica ni la factura mensual. A medio plazo, no serán los únicos a los que el costo del servicio los ahogue. En Jicalapa un agricultor gana entre US$60 y US$80 mensuales, aunque por ley el salario mínimo rural es de US$200. 

En El Salvador, la factura de electricidad residencial es la suma de varios cargos: uno fijo por comercialización, otro por consumo de kilovatio/hora (kWh) y otro por distribución. Además de otros cargos variables, como el pago de alumbrado público. Si un usuario usa al mes hasta 105 kWh al mes, puede recibir un máximo de US$5 de descuento por el subsidio que otorga el gobierno. 

Las tarifas eléctricas son ajustadas cada tres meses. Un hogar promedio en la zona rural consume entre 75 y 97 kWh al mes. Alguien que gastó 75.4 kWh en julio pudo encender 5 bombillas ahorradoras, un televisor, un radio, una licuadora y cargar dos teléfonos al día. A cambio, tuvo que pagar US$ 20.05, que representan entre 4 y 6 días de trabajo para un agricultor de Jicalapa. 

Para recibir la ayuda del subsidio se exige estos requisitos: poseer una sola casa, que la vivienda no sea de uso recreativo, y tener bajos ingresos. Delsur es la empresa distribuidora en Jicalapa. Y para que un vecino de San Pedro pueda tener luz primero tiene que pagar la instalación en su casa. Esto cuesta US$57.25, casi un mes de ingresos de un agricultor. También debe pagar el cableado, los enchufes y las bombillas, que suponen otros US$40, otros 10 días de trabajo. 

Además, debe tener un croquis, la escritura de la vivienda y un formulario firmado por un electricista autorizado. Esto se paga por separado. En el caso de San Pedro, Delsur llegó a un acuerdo con los vecinos y cobrará US$40 por este servicio a quienes sean propietarios de sus casas.  

En un año, un trabajador de un pueblo pobre puede ingresar US$960. Si trabaja los 20 días hábiles mensuales, destinar una décima parte de sus ingresos anuales para la instalación de la luz puede ser excesivo. 

En el caserío San Pedro, en la visita al único foco de alumbrado público que había a mediados de mayo de 2019, Héctor Rivas está acompañado por el alcalde de Jicalapa y tres empleados municipales. Arruga sus ojos achinados y señala más allá del río, hacia donde residen los vecinos que hurtaron energía. Protege su identidad porque sabe que el dinero es escaso. Porque la penuria no debería acarrear culpas. “Ahí viven”, dice, sin más detalles. Las dos periodistas y el fotoperiodista le explican que quieren ir a visitarlos, que quieren saber cómo llegar. Rivas rehúye la respuesta y el alcalde tampoco pregunta quiénes son aquellas personas.

La diferencia de El Salvador

Jicalapa es un pequeño municipio que en el sur empieza en la playa La Perla, trepa por montañas unos 10 kilómetros hasta el centro de la cabecera municipal, y se desparrama en 17 caseríos entre frutales bosques. Pese a estar en La Libertad, uno de los departamentos más desarrollados por el turismo y por el peso en desarrollo humano y económico que aportan las ciudades de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, el municipio carece de hoteles y sólo tiene dos restaurantes de playa. Sus vecinos viven del maíz, del frijol y de la sandía. En La Libertad también están cuatro de los municipios menos electrificados del país. Es un reflejo de El Salvador y del Triángulo Norte de Centroamérica y su desigualdad.

Para un municipio de escasos recursos, la conexión al sistema es un desafío. La gente debe escoger a qué destinar sus pequeños ingresos. Y casi siempre eso supone sacrificar algún servicio. El 66% de las zonas rurales de La Libertad carece de múltiples servicios básicos, como agua, luz, escuelas de secundaria o centros de salud. Así lo indica la Encuesta de Hogares de 2017, que mide la pobreza de ingresos y la de carácter multidimensional. Esta última incluye mediciones en salud, educación, vivienda y trabajo, entre otros. 

Aunque la situación de El Salvador está lejos de la perfección, Guatemala está cinco puntos por debajo en electrificación (92%), y Honduras solo llega al 75%.  El pequeño tamaño y las bajas montañas del país influyeron directamente en el proceso. Pero sobre todo la visión anticipada, los tiempos. Ya en 1962, el gobierno -por medio de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- inició su Plan Piloto de Electrificación Rural. Treinta años antes que Guatemala y cincuenta antes que Honduras. 

La electrificación para viviendas inició en El Salvador a finales del siglo XIX. En 1890 se fundó la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador y a partir de entonces el servicio fue expandiéndose al resto del país. Desde 1936 y durante cincuenta años, la distribución de electricidad a nivel urbano fue una concesión privada. Pero de esta manera se electrificó casi todo el país. Menos Jicalapa. En el pueblo, la vida no cambió mucho entre los candiles de ocote que se usaban en el siglo XIX y cualquier noche de 2019, cuando casi 3,000 vecinos se acuestan a dormir a las ocho. 

Así manda la costumbre de vivir al margen de las reformas de las políticas públicas que normalizaron vivir con servicio eléctrico. Involuntariamente al margen. Incluso ahora, que el pueblo a oscuras es como una especie en peligro de extinción, pero con la consciencia de que el presupuesto familiar y el anhelo no bastan para dejar la oscuridad.

Entre 1986 y 1994, la distribución general de la energía en El Salvador estuvo a cargo del Estado. Después, las políticas neoliberales impulsadas desde Estados Unidos y los organismos financieros internacionales incidieron en la privatización de la distribución. Para 1995, la electrificación en El Salvador ya llegaba al 77%. Es decir, arriba del nivel actual de Honduras. Tres años después, cinco empresas se convirtieron en las distribuidoras a nivel urbano y rural. 

El 3% de los hogares carentes de energía fue mapeado por una institución sin equivalencia en sus países vecinos: la Dirección General de Equidad Energética, del Consejo Nacional de Energía (CNE). Del total de 44,578 hogares a oscuras, 35,662 tienen probabilidad de ser conectados a la red eléctrica. Los otros 8,916 están tan alejados que sólo podrán recibir paneles solares, según datos de la Dirección de Equidad. 

Todo esto, siempre que el gobierno salvadoreño consiga los US$171.18 millones que necesita para hacerlo. Ese monto representa el 5% del presupuesto anual del Órgano Ejecutivo salvadoreño.

Ni violento ni migrante: pobre

Una playa pedregosa sin explotar turísticamente, al borde de un largo manto de tamarindos, guayabas y cocos ilustra Jicalapa. La cabecera municipal tiene dos características que seis de sus caseríos no tienen: un reloj de sol y luz eléctrica.

En El Salvador, en promedio, hay 3.6 habitantes por cada hogar, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017, que es la última disponible. Pero en Jicalapa, un censo reciente realizado por la alcaldía determinó que en el municipio viven cinco personas por cada casa y que la mayoría camina sobre piso de tierra y bajo techo de lámina. La gente cocina con leña y viven sin agua por cañería ni drenajes de aguas negras. En el segundo país más homicida del mundo, no es un municipio violento. Aunque este año un concejal fue destituido por vínculos con la pandilla MS-13. 

Apenas tiene migración irregular a Estados Unidos. Como consecuencia, casi no recibe remesas. Muchos de los que se quedan, no es porque no quieran irse a buscar prosperidad, sino porque no pueden costearse el viaje. Algo similar sucede en los caseríos sin luz: no pueden costearse el viaje al desarrollo eléctrico.

“Es uno de los municipios más lejanos del desarrollo de la capital”, dice el alcalde Salvador Menjívar, un sexagenario militar retirado. El pueblo de Jicalapa está a hora y media de San Salvador en carro. La alcaldía paga camionetas para que los jóvenes puedan ir a estudiar hasta la única escuela con bachillerato del municipio. Pero el resultado no varía mucho entre los que estudian y los que no. San Salvador y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) son otro país respecto de la rural Jicalapa. En el AMSS la pobreza afecta a uno de cada cinco hogares. En las zonas rurales, uno de cada tres hogares es pobre.

En el despacho del alcalde de Jicalapa solo caben dos mesas en forma de T. Menjívar dice estadísticas de memoria, pero si no se sabe un dato, se lo sopla el encargado de Catastro. Y no aclara de dónde saca los números que maneja en su mente. “En migración, póngale un 5 %. El servicio de agua está cubierto en un 75 %”, asegura. Y luego recita un dato sorprendente: “La energía cubre al 90 %”. Quizás ha olvidado la razón de nuestra visita a Jicalapa, que se la ha explicado 10 minutos antes: más de la mitad de la población, el 52%, carece de electricidad en su municipio.

Es el caso de San Pedro, el boscoso caserío que tuvo un foco de prueba desconectado, donde reventar involuntariamente mangos con los zapatos parece un deporte, la conectividad también es un problema. Los estudiantes de secundaria hacen el ejercicio diario de una hora para subir por fangosas cuestas hasta el caserío La Pedrera, porque en su caserío sólo hay primaria. Queda casi a dos horas a pie de La Perla, la playa que es como un mundo separado de la vida en las aldeas. 

En La Perla, la atmósfera es más propia del ambiente urbano y de la vida moderna del litoral de La Libertad. En el resto del municipio, el ambiente es bucólico, rural. Geográficamente es un territorio pequeño de apenas 42 kilómetros cuadrados de superficie, pero las distancias en Jicalapa se miden a pie y en horas, porque la gente no tiene carro. Como si cada caserío fuera un pueblo en sí mismo.

Quizás lo más duro para los habitantes de San Pedro no sea la posibilidad frustrada de conectarse a la red nacional de electricidad, sino volver a una situación que habían superado, parcialmente, desde 2011. Ese año, una oenegé donó paneles solares a los vecinos del caserío, así que la mayoría tuvo energía fotovoltaica al menos durante cinco años, que es el tiempo que suele durar un acumulador. 

El presidente de la asociación vecinal, Héctor Rivas, tras mostrar el foco de prueba del caserío, presenta a su tía María. La mujer, menuda y madre de cuatro hijos, cuenta con sonriente resignación que la batería del panel le duró un poco más que al resto de vecinos: fue hace una semana,  mayo de 2019, cuando contempló impotente cómo sus dos bombillas se apagaban mientras ella y sus hijos cenaban tortillas con sal.

Un año para comprar un panel

Desde 1998, el sistema de distribución de electricidad es privado en El Salvador. Las cinco empresas distribuidoras reciben fondos de gobierno para electrificación, a veces del Fondo de Inversión Social (Fisdl) y a veces del Fondo de Inversión en Electricidad (Finet), que a su vez reciben fondos de cooperación. 

“En todos los países del mundo, las empresas privadas se abstienen muchas veces de llevar las ampliaciones de servicio, porque el costo-beneficio no representa rentabilidad”, afirma Luis Reyes, quien durante 10 años —hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019— fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía. El CNE es el organismo estatal responsable de definir la política energética de El Salvador.

En San Pedro, después de sus cinco años de acceso a electricidad fotovoltaica, sólo hay una familia con un panel solar pagado de su bolsillo: la de la mamá de Héctor Rivas y sus nueve hermanos. Viven todos en la misma casa. Aunque ese hogar no es un hogar promedio, porque los ingresos se multiplican por ocho. Pero también son más hijos para mantener.

A las 11 de la mañana, aprieta el calor húmedo. José Ángel Rivas es una copia de su hermano Héctor, pero con 10 años menos. Paciente, se sienta en un taburete, en la cocina de leña al aire libre, para recordar el año que pasaron sin luz. Cuando el panel donado dejó de servir, no podía jugar en el celular y tenía que subir a cargarlo al centro de Jicalapa. “En la oscuridad se siente la soledad”, dice. Y mientras, la familia volvió a gastar US$6 en paquetes de velas que les duraban quince días o US$3 para la botella de gas para candil. 

Un año necesitó la familia Rivas —incluyendo Héctor, aunque no vive con ellos— para ahorrar los US$180 con los cuales comprar un panel solar grande y un acumulador. El equivalente US$0.50 al día para poder tener luz. Siempre y cuando salga el sol. Una electricidad que básicamente usan para su entretenimiento con el televisor o el celular, porque en este municipio, la gente aún mata el rato platicando con vecinos o jugando fútbol. 

 

Los Rivas guardan la esperanza de que el regreso a las velas y al candil solo sea una última etapa ante una inminente conexión a la red nacional. Para abastecer al 3% de El Salvador que vive sin electricidad, la principal estrategia es la conexión a la red nacional. Bajo este formato, 30 familias de San Pedro tienen ya al alcance postes y cableado tras una inversión de US$106,043. Otra cosa será si todas las familias puedan pagar la factura.

“Si queremos algo helado, subimos al pueblo, donde hay luz”

José Ángel Rivas, vecino del caserío San Pedro

En todo el país, faltan 7,132 kilómetros de cableado para cubrir las zonas que aún carecen del servicio. El precio por kilómetro ronda los US$24,000, pero algunos puntos son casi incosteables para el presupuesto previsto de US$171.18 millones. En el disperso caserío San Pedro, por ejemplo, hay cuatro viviendas arriba de un cerro que están demasiado alejadas de la red y alcanzarlas supondría una elevación prohibitiva del costo. A esas, el gobierno les daría  paneles solares, según el plan. 

Perder la luz a los 94 años

En 1952, Juan José Rivas —que no es familia de Héctor, el del foco en su terreno— llegó a la zona con su papá desde San Julián, en Sonsonate, 65 kilómetros al oeste de este lugar. Es el vecino más anciano del caserío. Llegó para sembrar en lo que entonces era la Hacienda San Pedro, que quedaba a diez horas caminando desde su pueblo. En los años cincuenta, también trabajó en la construcción de la Carretera del Litoral, que recorre toda la costa salvadoreña desde la frontera con Guatemala hasta el Golfo de Fonseca.

En la hacienda, Juan José, de 97 años, trabajó con el abuelo de Héctor Rivas, Estanislao. Para entonces, muchas de las tierras de Jicalapa eran propiedad de una familia de apellido Cabrera. La hacienda se extendía hasta San Matías, otro de los seis caseríos que no tienen aún electricidad en el municipio, a dos horas y media a pie desde la casa de este padre de 14 hijos.

Ahora, delante de los ojos con cataratas de Juan José Rivas hay una gran palmera con cocos y un poste con cableado. En su casa, tuvo un panel solar donado, pero no compró otra batería, así que tras cinco años de luz eléctrica volvió a vivir con candelas. Como lo hizo prácticamente toda su vida. “La luz es necesaria, hasta las culebras se esconden debajo de la leña”, dice este viudo. Por ahora, es una persona que conoció la energía en su casa ya casi a los 90 años de edad y a los 94 no pudo retenerla.

Alrededor de él, ocho gallinas atadas con un lazo verde picotean el piso de tierra en el corredor —nombre por el que llaman en El Salvador a esos espacios largos, techados y sin paredes de las casas—. Está acompañado por tres de sus hijas y tres de sus nietos. Habla con respeto de Rafael Cabrera, el finquero para quien trabajó treinta años. “Yo era colono de él. Al patrón no le gustaba la desobediencia”, dice sobre un empresario severo de cuya historia la alcaldía no tiene registro, más allá de la memoria popular. 

En 1980, cuando recién arrancaba la guerra en El Salvador, la junta cívico militar que se formó tras el golpe de Estado de 1979 expropió las propiedades de mayor extensión del país para integrarlas a un banco de tierras destinadas a las familias que las trabajaban. Por eso, en San Pedro todos conocen el significado del decreto 207. Y los trabajadores directos como Estanislao Rivas, abuelo de Héctor, y Juan José Rivas, son propietarios de las tierras donde ahora viven.  

Después del decreto, Juan José tiró su casa de paja y construyó una con láminas y madera, donde vive con una de sus hijas y tres bisnietos. La tierra le alcanzó para heredar a los 12 hijos que le quedan vivos una parcela para cada uno. “Vivo mejor con tierra, ya no tengo el grito de él”, dice el anciano en referencia al finquero. 

Las hijas del anciano ofrecen a los visitantes las más de siete variedades de mango que cultiva su papá. Rivas se queja por primera vez en la conversación. “Me botaron los cocos”, dice, señalando el cable en el poste. A sus 97 años, Juan José Rivas aún camina desde su casa al casco urbano de Jicalapa, aunque le tome dos horas recorrer la vereda entre granadillas, nances y jocotes. A los adultos más jóvenes les toma unos cuarenta minutos.

Libres dentro de una prisión

Las expectativas son grises para quienes habitan Jicalapa, pero tratan de luchar contra la adversidad. Algunos tienen la sensación de estar atrapados. Sin posibilidad alguna de escapar. Con 28 años, José Ángel Rivas —el hermano de Héctor, el representante vecinal—vive con su mamá. Aunque quisiera mudarse con su novia, no se puede permitir una casa propia con sus ingresos como agricultor de maíz y frijol. Una vez se fue a Estados Unidos, pero tenía 17 y fue deportado desde San Antonio, Texas. Después, salió de Jicalapa a trabajar de ayudante de albañil en el municipio de Zacatecoluca, donde vivió en casa de una tía. 

“Lejos”, dice, aunque entre Jicalapa y Zacatecoluca hay sólo 100 kilómetros en carro. Las carreteras en El Salvador, en comparación con las de Guatemala y con algunas de Honduras, son un paseo por el asfalto. La distancia es un asunto de perspectiva. 

En Zacatecoluca, lejos de los árboles frutales de Jicalapa, José Ángel logró ganar US$12 al día por primera vez en su vida. Tres veces más de lo que gana actualmente. En Jicalapa, un agricultor o albañil puede ganar US$4 diarios, si consigue trabajo. La vida con dinero le duró tres años, hasta que una pandilla lo amenazó y se tuvo que ir. Ahora, en la cocina de leña, su estática mirada es plomo pesado de resignación: “Nunca me gustó estar en el mismo lugar, me he movido… Pero se me hizo imposible”.

A otro vecino, Mercedes Mejía, lo reconocen por la moto roja. Este  veinteañero espigado y moreno se mueve a todas partes en su ciclomotor. Pero todas partes significa ir no más allá de veinte minutos de resbaladizo suelo empedrado para bajar un cerro que da al mar. A las diez de la mañana, va en su moto de 125 centímetros cúbicos hacia Shalpa, la playa en la que le gusta sentarse a ver el mar. Mercedes vive en el caserío San Matías, donde también hay tres decenas de hogares sin electricidad. Ahí sólo hay dos personas con moto nueva, el otro es su hermano. Por eso es fácil saber quién es Mercedes. San Matías queda a hora y media a pie de San Pedro. Cada aldea, un micromundo.

“Si ponen luz acá sería más mejor, lo clarito, así una no pisa un alacrán”

Angélica Cibrián, vecina de San Matías.

La distancia, en este pequeño país, tiene otros parámetros. En el departamento de La Libertad, Mercedes podría ir a La Perla, la playa de Jicalapa o a El Zonte, la playa de surfistas, a sólo 10 minutos más en la moto. Pero El Zonte, le parece lejos. Quizá —no lo aclara— el dinero también es distancia. 

Aunque vive a solo minutos del mar en una zona donde abundan los surfistas, hasta 2018 Mercedes nunca había rentado una tabla de surf para al menos probar. Estaba con unos amigos en Shalpa cuando logró ponerse de pie en la tabla. Fue su primera y única vez. Quizás es la distancia del dinero. En Shalpa hay un hotel con bar. Nunca antes había entrado hasta hoy. Sentado de espaldas al mar, en una mesa de madera, ignora cómo la humedad calienta la botella de agua helada que no abre. Aunque sólo puede tomar cosas frías cuando sale de su aldea. En su caserío, San Matías, su familia no tiene refrigeradora porque es un objeto caro. Tienen un panel solar, pero  la electricidad no les alcanza. 

El de la moto roja tiene una risa floja. Pero casi no sonríe. Menos cuando analiza el esfuerzo que le supuso estudiar bachillerato. Por aquel entonces, sí se movía lejos, viajaba hasta el puerto de La Libertad, a casi 45 minutos en camioneta desde su casa. Todo para usar una computadora en un cibercafé. Terminó los estudios y con veinte años no tiene trabajo. Su situación, piensa, es parecida a la de su hermana Raquel, de 18. Ella abandonó los estudios por estar embarazada. Ninguno tiene empleo. 

El joven que estudió, pero no consigue empleo, depende en parte de la alcaldía de Jicalapa. En 2017, el alcalde le dio trabajo como ayudante en la escuela de San Matías por US$200 al mes. Y quizá le vuelva a contratar para dar charlas formativas a mujeres sobre métodos anticonceptivos. Se ríe un poco al darse cuenta de que no estudió nada para dar esa formación. Mercedes quiere ser maestro, pero está seguro de que no le alcanza el dinero para la universidad. Y también está seguro de otra cosa: “No le dan oportunidad al joven, pensaba trabajar y seguir estudiando, pero va a ser lo mismo… Salir preparado a hacer lo mismo”, dice.  

Mercedes quiere un futuro, pero se resigna a otro. En el fondo, es muy cierta su intuición sobre la dificultad de prosperar cuando no hay dinero. En dos estudios recientes, Naciones Unidas analiza El Salvador y concluye que la carencia de infraestructuras influye directamente en la pobreza; que escalar ese barranco es casi imposible; que quien nace pobre, muy probablemente, está condenado a morir igual.

Anhelos sí, sueños no

San Matías y San Pedro tienen un problema en común, pero las expectativas de resolverlo son más bajas para los habitantes de San Matías: no hay idea de cuándo podrían instalar postes de electricidad y cableado y los residentes no son dueños de sus terrenos. La falta de tierra que el anciano Juan José Rivas resolvió hace casi cuarenta años en San Pedro, es un problema sin solucionar para San Matías. 

En los ochenta, muchos vecinos de otras comunidades de Jicalapa se mudaron a San Matías porque el propietario de la tierra hizo una lotificación: una parcela para vivir y otra para sembrar, calles y servicios básicos. Todos los consultados dicen que el propietario era marido de una heredera de los Cabrera, los antiguos finqueros de la zona. Dicen que le pagaron 80 colones mensuales, unos US$32 de aquella época. Pero los estafó y se dio a la fuga. Hace veinte años, un banco embargó las tierras de San Matías. 

Por US$5 mensuales, una cooperativa está intentando obtener las tierras. Ser parte de la agrupación, les da derecho -como cuando llegaron al lugar- de usar una manzana de terreno para siembra. Su objetivo es negociar con el banco para que la agrupación, apoyada por otra cooperativa nacional, obtenga la propiedad de las parcelas. En San Matías, no tienen ni tierra, ni agua, ni luz. Pero la verdad es que la última preocupación de las treinta familias es la electricidad.

Una de las afectadas por la estafa es Victoria Castellanos, de 60 años. Mientras el cielo amenaza con tormenta esta tarde de mediados de mayo, ella limpia frijoles con detenimiento. De ojos brillantes, está sentada a la mesa del corredor en su casa de bloques de cemento. Victoria es la mamá de Mercedes, el de la moto roja.

En 2001, El Salvador sustituyó el colón por el dólar estadounidense para tener una moneda más estable. Victoria calcula que perdió como ₡7,500 —cerca de US$3,000 al cambio de cuando la estafaron— solo por la parcela de vivienda. Ahora quiere confiar en la cooperativa Loma Seca, que comparte nombre con la zona de cultivo de sandias de San Matías.

Tres de los hijos varones de Victoria rentan un terreno para siembra y Victoria le presta su parcela a Mercedes. De su marido habla si se le pregunta, porque nunca está. Es marinero. Cuando él llega, Victoria le va a buscar al puerto de La Libertad. Pero su relación es pragmática: él le da dinero, apenas pasa por la casa y ella paga las cuentas. 

Por la artritis, Victoria no puede trabajar en el campo. Vende cuajada —un tipo de queso fresco— y a veces frijol o maíz de su parcela. Tiene un sistema de depósitos de agua, que le donó una organización, para recoger agua de lluvia. Está acostumbrada a alumbrar con candiles y velas, pero con los ahorros de sus cuatro hijos varones, en 2018 compró un panel solar por US$ 140. Tiene dos focos en el corredor, pero sobre todo usa el panel para cargar los celulares. 

San Matías es una comunidad sandiera. Alrededor de ochenta agricultores cosechan la fruta en unas cien manzanas y al terminar, cultivan maíz. Cada manzana da unas 3,000 sandías. A cambio, cada agricultor recibirá máximo US$1,500 por manzana. A diferencia de otras aldeas, el rendimiento de la tierra del caserío se explica porque sólo tiene un 30% de piedra. 

Los camiones grandes no suelen llegar por el mal estado de la carretera que sube desde la ruta del litoral. Aunque sean veinte minutos de distancia. A cambio, un vecino gana hasta US$2,000 por bajar a venderlas junto al túnel 2 de la Carretera del Litoral, el más largo de Centroamérica, frente a la playa La Perla. La familia de Victoria Castellanos cultiva sandía, pero ellos no bajan a vender.

En la oscura tarde, el cielo eléctrico advierte de que va a caer una tormenta intensa sobre Jicalapa. Victoria ofrece cuajada a los visitantes y enciende las dos bombillas. Las mujeres cocinan y lavan platos, los hombres miran el celular. El cielo estalla. Victoria y Raquel corren para agarrar cubetas plásticas y recolectar el agua de lluvia que cae de los techos. A las seis de la tarde, San Matías es un lodazal. Los pies se hunden y las llantas del único carro, el de los visitantes, resbalan. 

A la matriarca de la familia Mejía Castellanos lo que más le importa es el agua. La que cae estrepitosamente le sirve para cocinar. Y la que hay en el mar, le asusta. Desde que era niña, no se mete al agua. “Mi madre dice que una vez bajaron a pescar con los hermanos y una gran ola se llevó a un hombre”, dice la mujer del marino ausente. “Si me meto, me voy a ahogar, me voy a perder”. Victoria no teme a la oscuridad relampagueante de la noche. La mujer que carece de luz, agua potable y tierra, teme a las olas. 

Mientras en San Matías los vecinos desconocen cuándo podrán tener luz, en las casas de San Pedro suponen que la electricidad llegará pronto, porque ya tienen alumbrado público. Por eso los ojos de José Ángel Rivas —el joven que necesitó un año para pagar un panel de US$180 con nueve familiares más— se inquietan. “Hay alegría porque viene la luz, nuevos beneficios, pero es bastante caro”. Hace una pausa tan vacilante como reveladora sobre el futuro de Jicalapa, el municipio pobre: “Podríamos pasar como un año en espera, como sucedió con el panel, para pagar la conexión”. 

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Este reportaje fue producido por El Intercambio.