La corrupción es un negocio rentable en El Salvador. Más que un delito, la corrupción es la forma más común y conocida en que cualquier ciudadano puede enriquecerse, sin esperar algún tipo de castigo. Todos sabemos que es un delito, que conlleva un abuso hacia los demás, que trae consecuencias negativas para nuestra sociedad, que mina la confianza en las instituciones y que, a la larga, no hace más que desmejorar el bienestar de las personas, pero nada detiene que siga siendo vista como un negocio del que cualquiera puede participar y beneficiarse.
“He robado, pero poquito al lado de otros” es la frase más común y más cínica, que se escucha, con toda normalidad. Sin embargo, ya sea por presión de grupos de poder, porque las instituciones están funcionando coyunturalmente o por mera moda, el combate a la corrupción se ha incluido en la agenda política nacional.
Lo curioso es que al parecer no sabemos cómo reaccionar cuando se destapan casos de corrupción. El inconcluso caso del diputado Cardoza, el tórpido juicio contra el ex presidente Flores, los incipientes juicios de los ex presidentes Funes y Saca, son el resultado del trabajo de Probidad –porque sí, es su trabajo– no sorprenden. En el fondo son hechos que de alguna manera nos esperamos, porque así son los políticos, porque así funciona la política. Y a pesar de que sabemos que es ilegal, se defiende.
Más allá del notorio enriquecimiento de los funcionarios públicos de alto y mediano nivel, no reconocer que el irrespeto a las leyes y el abuso de las posiciones privilegiadas es una práctica de nuestra sociedad, una práctica que nos va carcomiendo de a poco. Es el primer paso para defender lo indefendible. Y es entonces que comenzamos a justificar la corrupción.
Y es que la corrupción no se trata de apoderarse de ciertas cantidades de dinero de las arcas públicas y de las formas más ingeniosas posibles, sino que es parte de algo más simple: romper la ley.
Los políticos llegan al poder, en cualquiera de sus formas, y tratan el aparataje institucional como su propiedad; se enriquecen y se aprovechan justificando con cinismo su posición aventajada, pero no solo son ellos el problema. Usar el carril de emergencia de las calles para adelantar unos cuantos metros, también es romper la ley.
Una sociedad donde prevalece el individualismo, antes que la razón, difícilmente entenderá que combatir la corrupción es fundamental para que todos vivamos mejor. Y es por eso que a lo mejor respaldamos los robos y “vivianadas” de nuestros políticos, tachándolas de persecuciones políticas.
Las recientes investigaciones a funcionarios públicos pueden ser el inicio de un cambio en la manera en que actúan nuestros líderes y funcionan nuestras instituciones, en la medida que sean, no solamente, respaldadas por la gente, sino emuladas en las acciones cotidianas de la ciudadanía.
Si rechazamos cualquier apoyo externo a favor de la transparencia o exigimos que los funcionarios actuales rindan cuenta de sus acciones o, simplemente, criticamos duramente las “vivianadas” y el cinismo que vemos en los noticieros, también se debe ser coherente con lo que se hace desde los partidos políticos, desde nuestros trabajos o desde nuestros quehaceres diarios.
En El Salvador, para combatir la corrupción no solamente hay que encarcelar presidentes deshonestos. El primer paso es entender que la coherencia y el respeto a las leyes son la base para mejorar y convivir con nuestras diferencias. Porque a veces los cínicos parece que no solamente están en la Asamblea.
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