Elías Antonio Saca pasó a la historia como el expresidente de la República condenado por corrupción. Concretamente por haber desviado millones de dólares del erario público a sus cuentas o a las de su banda criminal: un grupo de exfuncionarios del gobierno que dirigió entre 2004 y 2009.

No es el primer presidente procesado por corrupción en El Salvador, pero sin duda el más notorio. Su confesión, el 9 de agosto de 2018, dejó en evidencia una realidad que dibuja al país y sus gobernantes: los tips para el uso indiscriminado de la partida secreta fueron transmitidos por el gobierno de otro arenero, Francisco Flores, aprovechados por Saca y luego perfeccionados por el gobierno Funes; Saca usó sus radios, agencias de publicidad para inflar gastos publicitarios, cuyos excedentes terminaron en las cuentas personales del expresidente; miles de dólares de los fondos públicos ($7 millones, según la investigación fiscal) terminaron en cuentas de Arena, entonces partido de Saca; la fiscalización de los recursos púbicos por parte de la Corte de Cuentas fue inexistente, tanto que Saca y su entorno usaron los fondos de los salvadoreños como su chequera personal.

Saca, después de negociar con la Fiscalía y su confesión ante tres jueces, fue condenado a diez años de cárcel por lavado de dinero y peculado. Es decir, por hurtar dinero de los contribuyentes mientras fungía como presidente de la República.

Aún hay cabos sueltos pese a su condena, dictada el 12 de septiembre de 2018. La Fiscalía aún no ha presentado acusaciones contra Arena, pese a que fondos públicos financiaron sus campañas políticas, o contra Gana, el partido que Saca ayudó a fundar.

Así cubrimos la confesión y condena del expresidente Saca:

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