Quezaltepeque: no fueron los Z

La violencia se desbordó de nuevo en El Salvador. 16 muertos diarios en marzo de 2015 de acuerdo a las cifras de la Policía. ¿Quién mata a quién? ¿Pandillas? ¿Solo pandillas? ¿Sicarios que operan desde el Estado? ¿Grupos de exterminio? ¿Los Zetas? Los Z llevan ya al menos dos años fuera de la jugada en El Salvador, aun en Guatemala. Las pandillas no, pero tampoco Los Perrones ni los sicarios que hay en la PNC. Empecemos por buscar entre los actores locales.

Detengámonos en lo de Quezaltepeque, que esa masacre habla fuerte del cóctel letal de nuestra violencia.

El resumen de los hechos que conocemos: el 30 de marzo de 2015 ocho personas fueron ejecutadas en un predio que servía de estacionamiento a furgones de carga. En la mayoría de los cadáveres los forenses encontraron tiros de gracia. Ninguno, que se sepa hasta ahora, tenía señales de tortura. En la escena había unas zetas de color rojo pintadas en la pared. Uno de los muertos, Rudis Lazo Flores, era primo de Reynerio Flores Lazo, exjefe de Los Perrones hoy condenado a 80 años de cárcel por narcotráfico y en la década pasada socio de Herber Saca y Adolfo Tórrez, ambos operadores políticos del partido ARENA. Lazo Flores era dueño de al menos dos furgones que la policía decomisó en el lugar, los placas C11439 y C86858.

Rudis

Registro que prueba la propiedad de Rudis Alcides Lazo Flores sobre uno de los furgones encontrados en predio de Quezaltepeque

Otras cosa que sabemos: a la escena del crimen llegó, además de Mauricio Ramírez Landaverde, director general de la PNC, Marco Tulio Lima, el jefe de la División Antinarcotráfico de la policía.

Hay cosas que las autoridades no nos han dicho, pero que ya en Factum sometimos a un primer proceso de comprobación con fuentes de la misma Policía y de la Fiscalía. Por ejemplo: la zona en que ocurrió la masacre -el triángulo delimitado al norte por San Juan Opico, al sur por Lourdes-Colón y al este por Quezaltepeque- ha sido en los últimos meses escenario de pleitos de territorio protagonizados por la pandilla Barrio 18 y en esos pleitos, de acuerdo a investigaciones abiertas en la Fiscalía, también hay involucrados policías destacados en Quezaltepeque, Colón y Santa Tecla. Tanto pandilleros como policías, según esas investigaciones, han matado, y no necesariamente los unos a los otros.

Ese triángulo, además, ha sido desde los 90 punto de recalaje y tránsito de furgones robados, de alijos de droga y de otro tipo de contrabando. Ahí operaban, por ejemplo, Blanca Margarita Parada Grimaldi, una de las líderes roba-furgones más importantes e influyentes en la PNC en los 90; o Roberto «Burro» Herrera, uno de los miembros del Cártel de Texis, preso por robo de vehículos, a quien la PNC detuvo cerca de una bodega camino a Opico.

Según testimonios recabados entre familiares de algunas de las víctimas de la masacre del 30 de marzo, Rudis Lazo Flores iba a vender algunos de sus furgones en el predio de Quezaltepeque cuando fue asesinado. Y, de acuerdo a algunos testigos, los familiares de Lazo Flores han tenido incidentes posteriores con supuestos agentes de la PNC que han llegado a entrevistarlos sin identificarse.

Aún es pronto, pero todos los elementos que conocimos durante las 24 horas posteriores a la masacre, los escarbados los días posteriores y algunos datos accesibles para cualquiera que se moleste en investigar un poco sobre la actividad de los carteles mexicanos en Centroamérica permiten sacar al menos dos conclusiones iniciales.

Primera: Es muy poco probable que los Zetas tengan algo que ver en esto. Desde 2012, de acuerdo a por ejemplo reportes del Departamento de Estado en Washington o investigaciones independientes del portal InsightCrime, la influencia de los Z en la región ha disminuido considerablemente. El modus operandi de ese cartel, además, suele incluir torturas, desmembramientos y otro tipo de crueldades (como en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas). Los Z, además, nunca tuvieron socios directos en El Salvador. Los Perrones trabajaban, sobre todo, para el Cártel de Sinaloa y para el narco guatemalteco Gordo Paredes.

Segunda: Las piezas conocidas del rompecabezas, como son el área en que se cometió la masacre, los actores criminales que en ella existen y la identidad de una de las víctimas apuntan más bien a las viejas relaciones entre los operadores locales del narcotráfico y sus sicarios-pandilleros o agentes del Estado.

En el mapa general de la violencia, además, esta masacre podría ser una muestra de como todas las fuerzas criminales y los métodos de la violencia se han juntado en El Salvador: territorios controlados por pandillas o sicarios estatales, viejos transportistas de droga en nuevas vendettas y, de nuevo, un sistema que no puede o no quiere investigar a profundidad.

Y para analizar nuestra violencia, la de este caso y la que provocó casi 16 muertos diarios en marzo pasado, necesitamos que quienes investigan lo hagan a profundidad. Ese, solo ese, es el comienzo de una justicia criminal eficiente: que entendamos nuestra violencia.

Es cierto, la violencia, que es percepción desbordada en el cuarto suroeste de San Salvador -el de la clase media alta, el de la mayoría de funcionarios, analistas y periodistas- y es realidad macabra en el resto del país, nos tiene postrados. Sumemos a eso que la gran mayoría de análisis al respecto vienen de exfuncionarios que fracasaron o fueron cómplices de respuestas políticas que no respondieron nada -¿Mano dura les suena? ¿Tregua les suena?- o simplemente de políticos cuya única cruzada nacional es joder a los otros políticos o de los experiodistas y exfuncionarios a quienes contratan para esos fines. Sumemos y no paramos de restar.

Nuestra violencia, lo tenemos que saber ya, es vieja; está enraizada en una sociedad que premia la desigualdad y se ha construido sobre la marginalización de miles.

Nuestra violencia debe también su buena salud a las instituciones -públicas y privadas- para las que el bien público es solo una nota al margen: a la policía corrupta, a la Fiscalía bocona, a los gobiernos paridos por derecha e izquierda que la hicieron materia prima electoral, al sistema de prisiones que por más militares que llegaran -o debido a ellos- es uno de los hoyos de corrupción más profundos del país, a las telefónicas que no han bloqueado señal cerca de las cárceles, a los empresarios que prefieren pagarle 3 millones de dólares al exalcalde neoyorquino que invertir de verdad en sus trabajadores.


Nuestra violencia es compleja y nuestra memoria es corta. Por eso solemos llenar el Facebook y el Twitter de estupideces que oímos por ahí, del tipo «estado de sitio» (en el tuit de arriba hay una muestra de lo que propone el diputado de GANA, Guillermo Gallegos. GANA es el partido para el que opera Herber Saca), «pena de muerte», «las pandillas son víctimas». O, en el tema de la reciente masacre de ocho personas cerca de Quezaltepeque, «fueron los Z».

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