Nada cambió después del 4 de abril de 1999

Llevo 19 años escribiendo sobre Katya Natalia Miranda Jiménez, la niña a la que violaron y asesinaron el 4 de abril de 1999 en un rancho de playa en el que dormía con su padre, que era guardaespaldas del presidente de la República; con su tío, que era un influyente oficial de la Policía; y con su abuelo, un abogado. El Estado salvadoreño, su Fiscalía, sus juzgados, su Policía, sus presidentes, han encubierto a los culpables de aquel crimen que 19 años después sigue siendo un ejemplo más de la impunidad que tiene arrodillado a El Salvador sin que nadie la enfrente en serio.

La Policía Nacional Civil sigue siendo el mismo nido de impunidad y corrupción que era cuando Godofredo Miranda, el oficial que era tío de la niña, comprometió la integridad de la escena del crimen, según resolvieron en su momento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y confirmó luego la Fiscalía General.

En el partido ARENA sigue activo Mauricio Sandoval, el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado y de la PNC que montó investigaciones paralelas que solo sirvieron para obstruir las pesquisas de la Fiscalía en el caso.

La administración de Mauricio Funes, como hizo con muchas cosas, se llenó la boca diciendo que apoyaría más y mejores investigaciones en casos como el de Katya Miranda. También dijo que depuraría a la PNC de sus oficiales corruptos. Todo fue mentira: cuando la Inspectoría de la PNC empezó a investigar al tío de Katya, acusado entonces por posibles vínculos con el narcotráfico, el mismo Funes y su ministro de Seguridad terminaron por obstruir aquellos intentos.

Todos los funcionarios que de una forma u otra han impedido que haya justicia para Katya Miranda siguen vigentes, algunos se retiraron de la vida pública sin mayores exabruptos, otros siguen trabajando como operadores políticos.

Y a Katya, 19 años después, El Salvador le sigue debiendo justicia.

Nada cambió desde aquella Semana Santa de 1999. Las instituciones siguen podridas. Los encargados de gestionarlas siguen dándose golpes de pecho mientras las exprimen para provecho particular, de sus partidos políticos o de sus grupos de interés. En El Salvador, las oficinas encargadas de investigar a criminales para procurar justicia siguen siendo monumentos a la debilidad.

Nada cambió. En diciembre de 2017, otra mujer, una agente policial, fue víctima de sus mismos compañeros policías en medio de una fiesta con licor. Ella se llama Carla Ayala, y, según la narrativa oficial, está desaparecida, aunque todo indica que uno de sus compañeros la mató. Los jefes policiales, en este caso, aparecen igual de indolentes que los que no investigaron la violación y el asesinato de Katya en 1999.

Esta Fiscalía, la de 2018, se parece también a la de 1999: sigue siendo una institución anodina, ineficiente en el mejor de los casos, cuando no abiertamente corrupta y cómplice de la obstrucción de investigaciones criminales.

Hoy, El Salvador vuelve a estar en ciclo electoral. Los precandidatos, sobre todo los de ARENA, algo han dicho entre dientes sobre la lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado, pero todo vuelve a sonar hueco. “Hay que fortalecer las instituciones”, dicen. ¿Cómo? Eso solo se logra procesando y metiendo presos a los que las han desfalcado financiera y moralmente, que son siempre miembros o amigos de los partidos políticos.

No se pueden limpiar las instituciones mientras los líderes de la nación, a los que nosotros elegimos, sigan entendiendo el servicio público como una forma de enriquecerse y a las instituciones de control y aplicación de la ley como oficinas para maquillar, encubrir y perfumar sus pestilencias.

No veo en el panorama actual a alguien con el valor y el compromiso necesario para hacer lo que hace falta. Ninguno de los cuatro hombres que pretenden llegar a la silla presidencial en 2019 han sido contundentes en este tema (la mayoría ni siquiera lo ha abordado).

El cáncer que ha detenido la justicia para Katya Miranda desde 1999 sigue creciendo; es el mismo que nos carcome en cada víctima que, en lugar de justicia, encuentra desaliento y más agresiones en un sistema plagado de jueces sobornados, de policías sin control, de fiscales incapaces. Nada cambió después del 4 de abril de 1999, cuando violaron y asesinaron a Katya Miranda.