¡Moral y qué!

Hace algunos días, la comisión de educación y cultura de la Asamblea Legislativa elaboró una propuesta, que también fue aprobada en la plenaria, para incluir de forma obligatoria en el currículo nacional, desde parvularia hasta bachillerato, la materia “Moral, urbanidad y cívica”. Un largo silencio me invadió después de leer la noticia.

Luego, al leer las declaraciones de los diputados que pertenecen a esta comisión, pasé de ese largo silencio a la ansiedad que siempre me genera tener una larga cola de preguntas y reclamos. Creo que queda claro que no estoy de acuerdo con esta propuesta.

Antes de lanzar mi ráfaga de preguntas y razones de por qué no estoy de acuerdo, creo que tengo que decir que considero que hay que ser muy cuidadosos con una propuesta de este tipo, porque aunque apela a temas de prevención de violencia, recuperación y fortalecimiento de valores morales, democráticos y convivencia, su etapa de diseño, si se le puede denominar así, y la forma en que planean ejecutarla en las escuelas no es necesariamente la más efectiva para alcanzar los fines que se propone.

Una de las primeras cosas que me causan mucho ruido de la materia “moral, urbanidad y cívica” es justamente un tema de definiciones y consensos entre esas definiciones. Es decir, hay un problema de ambigüedad en la definición y uso de estos términos; un problema que radica en, lo que a mí me parece, un uso despreocupado de los mismos, pues su comprensión tanto en la teoría como en la práctica escolar sería tan variada y diversa como lo es la población estudiantil y docentes de nuestro sistema educativo. En ese sentido, algunas de las preguntas que me llevan a razonar de esa forma son, por ejemplo, ¿Cómo se entiende en esta propuesta qué es moral o urbanidad? ¿Cómo entienden moral y valores la diversidad de docentes del sistema educativo? ¿Cómo creen los diputados, quienes diseñaron esta propuesta, que se deberían enseñar valores y moral? No hay una respuesta única y que ellos lo decidan por todos, sin si quiera consultar, no me convence.

Por eso mismo, quisiera saber si al diseñar esta propuesta ha habido -o han pensado al menos- un diálogo o proceso reflexivo y de consulta sobre qué contenidos o temáticas se van a dar dentro de la materia de “moral, urbanidad y cívica” o, más importante aún, con qué insumos y referencias se ha decidido lo que se va a entender y desarrollar curricularmente en las escuelas como moral, urbanidad y cívica, ¿con las opiniones y experiencias de los docentes? No lo creo, ni lo parece así.

La segunda de las razones por las que esta propuesta me despierta muchas dudas y me hace reaccionar con tanto escepticismo es que para este tipo de decisiones, cambios o adiciones curriculares se necesita un proceso muy articulado; desde el primer paso que es el diseño de una propuesta de este tipo hasta la ejecución y evaluación de la misma. Concretamente me estoy refiriendo a que en este proceso se necesita hacer partícipes y protagonistas a aquellos que van a ser los responsables fundamentales de ejecutar los cambios que se esperan, es decir, a los docentes. Yo sostengo que cualquier cambio que se plantee o que se pretenda desarrollar nunca va a tener las transformaciones esperadas, ni el éxito deseado, si desde el inicio no se incorpora al cuerpo docente en las discusiones, reflexiones y decisiones, pues ellos, por un lado, necesitan compartir las experiencias que sí les han funcionado y las que no y, por otro lado, necesitan entender el por qué y los alcances del cambio propuesto, porque solo así pueden apropiarse del proceso y trabajar comprometidos para alcanzar sus objetivos.

La tercera de mis razones está enmarcada en un tema de práctica y operativización de la propuesta en los centros escolares públicos y privados. Por mencionar algo, según el dictamen aprobado, “se contará con un plazo de 90 días para que la nueva materia sea incluida en el currículo desde parvularia a bachillerato…” Pareciera que, con este plazo que plantean, no logran imaginar o concebir todo lo que implica un proceso de ejecución de un cambio educativo que se espera que se incorpore en el aula y en las prácticas cotidianas de los docentes salvadoreños.

Un proceso de esta categoría significa lidiar con creencias, prácticas y formas de pensar de los docentes que ya están muy arraigadas; significa pensar en cómo se van a organizar y modificar las planificaciones de cada escuela; también significa pensar cuáles serán los temas y actividades que se han contemplado dentro de esta nueva materia y cómo piensan desarrollarlos en términos metodológicos y didácticos en el aula para que tengan el impacto que, según la propuesta, debe tener en los estudiantes.

Y podría seguir enumerando todas los aspectos, actores, procesos y conflictos que implica un cambio de este tipo, pero que, al parecer, no han sido contemplados por quienes elaboraron esta propuesta.  Y, si las han contemplado, han sido ignoradas, porque probablemente les suena mejor decir algo abstracto como que esta propuesta tiene la intención de prevenir la violencia en las escuelas, reforzar los valores en los niños, niñas y jóvenes salvadoreños, que pensar y planificar  cómo se piensa concretar en la práctica cotidiana de las escuelas.

Para finalizar, quiero aclarar que no dudo de las buenas intenciones de una propuesta como la que está en cuestión, no dudo de las buenas intenciones que todos y todas tenemos para mejorar y transformar la realidad de nuestro país. Tampoco pongo en duda que en El Salvador necesitamos educar para la convivencia, para el diálogo, para la pluralidad y la diversidad. Sin embargo, creo que en ese mar de buenas intenciones no se nos tiene que escapar que una propuesta de cambio educativo (una política, un programa, etc.) es un tema complejo, porque se trata de procesos de cambio difíciles de operativizar en cada escuela, cada aula y con cada docente, y es justo eso lo que a esta propuesta le está faltando tomar en cuenta.

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