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La banalidad de los corruptos

En una semana El Salvador conoció tres casos de posible corrupción cuyos protagonistas son tres señores que reciben sus salarios del erario público. No son funcionarios menores: se trata del presidente de la Asamblea Legislativa, del segundo vicepresidente de ese órgano de Estado y del Fiscal General de la República. Los tres son, cuando menos, sospechosos de corrupción. Lo triste: ninguno ha negado los actos descubiertos por tres investigaciones periodísticas; dos de ellos, el fiscal y el vicepresidente legislativo, guardaron silencio en público aunque en privado han prometido venganzas; el otro, el presidente Reyes -como le gusta nombrarse-, ocupó más recursos públicos para ofrecer represalias legales al medio que publicó sus desmanes y para insultar al periodista que firmó la nota. Eso es triste. ¿Lo más triste? Si atendemos a las interminables muestras de la impunidad que reina en El Salvador es bastante seguro decir que a ninguno de los tres les pasará nada. Nada.

Nombremos.

Luis Antonio Martínez González. Fiscal General de la República. Una investigación publicada en Factum reveló que el fiscal suele viajar en aviones privados de Enrique Rais, un empresario acusado de fraude por una empresa canadiense con la que mantiene un pleito por Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES). El fiscal general ha viajado, hasta donde hemos podido documentar, al menos en tres aviones y un helicóptero relacionados con Rais. Hasta ahora ni el funcionario ni sus asesores han dicho esta boca es mía al respecto. No han explicado de dónde salen los fondos para pagar los aviones de Rais; y si, de ser fondos públicos, estos se desembolsaron luego de una licitación o si es el empresario quien paga. En cualquiera de los casos Luis Martínez tiene, de entrada, dos problemas. El primero es que viajar en aviones de un potencial investigado le implica un serio conflicto de interés. El segundo, más grave aún, es que este caso da al traste con cualquier atisbo de credibilidad que Martínez pudiese haber dado a una oficina como esta, la de fiscal general, tan desprestigiada, vilipendiada y prostituida en El Salvador.

¿Qué podemos esperar de aquí en adelante de este fiscal general hoy que tenemos claro que prefiere hacer tratos con un potencial investigado que investigarlo? Muy poco. O nada.

El fiscal ni siquiera ha creído necesario confirmar a la opinión pública que viajó en los aviones de Rais y explicar cómo es que eso no interfiere con su función de acusador. Lo único que Luis Martínez dijo fue que no hablaría del tema porque es una frivolidad, una banalidad.

Martínez llegó al despacho con un enorme margen de maniobra. Al menos a mí así me lo pareció por algunas acciones políticas que realizó al principio de su periodo, como decir que iba a revisar las investigaciones sobre la masacre de El Mozote o que iba a investigar el tráfico de armas en la Fuerza Armada. Esas primeras declaraciones de intención y el pobre papel de todos sus antecesores hacían posible, al menos por default, el beneficio de la duda.

Había margen de duda. La verdadera naturaleza del nuevo fiscal, no obstante, empezó a desvelarse de a poco. Los casos insignia, que él mismo hizo famosos con sus declaraciones públicas, se le cayeron o, en el mejor de los casos, están parados. Contemos dos o tres:

La acusación contra Roberto “Burro” Herrera, miembro del Cartel de Texis y presunto robacarros, quedó en nada por incompetencia de los fiscales que él dirige.

A José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”, líder del cartel, logró hacerlo pagar poco más de un millón de dólares de multa por evasión de impuestos, pero aún no lo acusa de lavado de dinero a pesar de que auditorías financieras anexadas al proceso certifican que hay cientos de miles de dólares cuyo origen Salazar Umaña no puede explicar. Y eso que, como ha hecho en otros casos, ya había acusado de palabra: Luis Martínez dijo que sí iba a proceder contra el jefe de Texis por lavado. Muchas palabras, ninguna acción penal.

En el caso de la tregua, a la que él llama hipócrita y criminal, de poco le han servido las horas y horas y horas de entrevistas con funcionarios, pandilleros, mediadores. ¿Para qué los entrevistó? ¿Para intimidarlos? ¿Para mostrarles su poder? ¿O para acusarlos de algo? Tampoco está claro.

Al Ministro de Defensa también lo ha mandado a llamar el fiscal Martínez para que declare en casos como amenazas, la tregua o el asesinato del hijo de un coronel retirado. El fiscal incluso aseguró en público que hay tráfico de armas en la FAES y allanó la casa de un exministro, pero no ha acusado a nadie con grado mayor al de capitán. En esto del tráfico la Fiscalía cuenta con testigos criteriados, exoficiales que participaron en ventas ilegales, a los que tiene pudriéndose en casas de seguridad.

Ah bueno. Y está el caso del expresidente Francisco Flores. Y aquí, hasta donde entiendo, no hay caso porque la Fiscalía será incapaz de sustentarlo. Aunque el mismo Flores habló suficiene en la Asamblea sobre posibles delitos. Aunque una investigación periodística de El Faro, basada en datos que siempre han estado al alcance de la Fiscalía, da cuenta de todas las vueltas ilegales que dio el dinero entregado por Taiwán al expresidente arenero y de quién hizo uso de esa plata.

Hay un verbo en inglés que define muy bien todo esto: to bluff, el cual no tiene traducción directa al español, pero cuyo significado sí podría traducirse como la acción de “tratar de engañar a alguien para que se crea algo”, según la definición del diccionario de la lengua inglesa de la Universidad de Cambridge. Que nos creamos que la Fiscalía cambió, que el fiscal es eficiente y que su gestión es limpia. Ninguna de las tres.

Sobre la eficiencia basta ver el índice de condenas que han logrado los fiscales de Martínez: el 5% respecto al número de casos denunciados en 2013 según cifras oficiales recogidas en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ese año. Por hacer una comparación: en la vecina Guatemala, en un periodo de dos años, la ex fiscal Claudia Paz y Paz subió esa cifra del 5% al 30%, también de acuerdo a los reportes de Estados Unidos.

Y sobre la limpieza. Pues. El tema de los aviones de Rais es ya la vara con que el mismo Martínez ha hecho que lo midamos. O explica y convence (no veo cómo). O renuncia. No creo que alguna de esas dos cosas pase, con lo que nuestra Fiscalía General seguirá siendo, solo, otra institución disfuncional.

Vamos a los otros dos funcionarios. Othon Sigfrido Reyes Morales y Guillermo Antonio Gallegos Navarrete.

Al presidente de la Asamblea La Prensa Gráfica le descubrió un trato cuestionable con tierras de la Fuerza Armada, compradas por él y un socio a precios por debajo del mercado. A diferencia del fiscal general, Reyes sí dio la cara. Lo hizo, eso sí, en un medio que él controla: la televisión legislativa. Y cuando lo hizo no negó las compras; se limitó a decir, tras amenazar e insultar, que no había nada ilegal en eso de comprar por debajo del precio tierras que son propiedad de los pensionados del Ejército, para quienes, de paso, no hay dinero con que financiar sus retiros. También dijo el diputado que él tiene derecho a «progresar». Hasta donde entiendo es al fiscal general al que toca determinar si hay o no ilegalidad. Martínez, igual que con «Chepe Diablo», con El Mozote, con la tregua, con el tráfico de armas, ha dicho que investigará a Sigfrido Reyes. Pero claro, volvemos al problema de la credibilidad del fiscal…

Al diputado Gallegos es al que menos parece molestarle el asunto. El artículo que hace poco publicó El Faro sobre un viaje del vicepresidente legislativo a Australia, hecho para atender una invitación inventada, es la segunda denuncia pública: ya el periódico electrónico había denunciado una movida similar meses atrás. ¿Qué le pasó a Gallegos? Nada. Y tanto sabía el de GANA que para lo que hace no hay castigo que se recetó otro viaje.

No hay, en todo esto, eufemismos posibles. Se trata de actos de corrupción o, cuando menos, de indicios de conductas inapropiadas. Es grave. Y muy grave en el caso del funcionario encargado por Constitución de investigar el delito. En un sistema político decente estos señores tendrían ya que haber renunciado a sus cargos o haber enfrentado procesos efectivos para rendirle cuentas a quienes les pagamos con nuestros impuestos. Pero nuestro sistema político es, en general, indecente. Y ese es uno de nuestros grandes problemas: ahí anida la impunidad, de ahí nace y se alimenta.

El próximo año la Asamblea tendrá que decidir si Luis Martínez sigue o no. Ese, sin embargo, no es el punto: la Asamblea Legislativa de El Salvador ha sido incapaz de elegir un fiscal general decente desde…

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