“El gobierno salvadoreño podrá ser menos corrupto que sus antecesores y que sus vecino, pero parece que todos los partidos políticos están comprometidos con el crimen organizado”.
En julio, las principales pandillas salvadoreñas atacaron directamente a la población salvadoreña: quemaron buses, mataron a empleados del transporte colectivo y a agentes de la policía, y tiraron una granada en un importante hotel de San Salvador.
Más de un millón de salvadoreños tuvieron que agregar a sus ya difíciles vidas la lucha por sobrevivir al paro de transporte causado por las amenazas de las pandillas.
Todo el caos llegó en medio de una escalada en la violencia entre el gobierno y las pandillas. En lo que va del año, decenas de militares y policías y cientos de pandilleros han sido ejecutados o han muerto en confrontaciones, muchos en circunstancias extrañas.
Después de vivir una tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18, que bajó casi a la mitad las cifras de homicidio en 2012, en 2015 es muy probable que El Salvador sobrepase a Honduras y se convierta en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo.
Mejorías con éxito limitado
El FMLN puede, sin duda, agenciarse varias políticas públicas exitosas en los seis años en que ha tenido el control del Ejecutivo. Sin embargo, su incapacidad de ejecutar y sostener un plan de seguridad integral y de parar la corrupción ha dejado a muchos extremadamente frustrados; esa incapacidad, además, amenaza con opacar el éxito de sus programas sociales.
Durante los últimos seis años, el FMLN ha hecho énfasis en las inversiones públicas en salud y educación como soluciones a largo plazo a los retos económicos y en seguridad que El Salvador tiene ante sí.
Los programas del FMLN han mejorado el acceso a la salud a hombres y mujeres, así como el acceso de miles de jóvenes a las escuelas. El gobierno provee con leche y uniformes gratis a miles de salvadoreños y les da, con ello, la oportunidad de tener acceso a la educación.
Los insumos médicos escasean en varios centros de salud, y hay preocupación por que los progresos logrados durante la gestión de la anterior ministra de salud, una profesional, que se ha estancado bajo la gestión de la nueva titular, designada política.
También hay una preocupación legítima de que las experiencias de los alumnos en los salones de clase dejan mucho que desear. Pero no todas las fallas pueden achacarse al FMLN.
De cualquier forma, hay muchos alegatos de que los programas de salud y educación están plagados de corrupción; de que, por ejemplo, hay contratos otorgados con base en sobornos, nepotismo y mala administración.
Los avances en educación y salud también se han visto opacados por la incapacidad de mejorar la seguridad pública. De acuerdo a las autoridades salvadoreñas, 34 estudiantes han sido asesinados en lo que va del año, y el 13 por ciento de los estudiantes que se inscribieron al principio del año desertaron de las aulas por causa de la inseguridad.
Escuelas e institutos públicos permanecieron cerrados durante el paro de transporte provocado por las pandillas. Hay denuncias de que, bajo amenazas de violencia, profesionales médicos forzados a atender a miembros de pandillas, a sus familias y a sus amigos.
Perdiendo la esperanza
Durante los últimos años tuve la impresión de que El Salvador era menos corrupto, y que sus instituciones eran, de alguna manera, más fuertes que las de sus vecinos. Tenía esperanzas de que con la elección del FMLN en el Ejecutivo, varios programas –como El Salvador Seguro, los compactos de la Cuenta del Milenio del Congreso de los Estados Unidos y el Asocio por el Crecimiento del Departamento de Estado, que están diseñados para combatir la corrupción y orientados a facilitar el crecimiento económico, fortalecer las instituciones, y reducir la inseguridad- serían suficientes para mejor la vida diaria de los salvadoreños. Ya no estoy tan seguro.
Ya sea de forma intencional o no, el Fiscal General ha sido incapaz de destapar un número adecuado de casos de corrupción o de litigar en forma exitosas los pocos que ha llevado ante la justicia. Esta falla del fiscal beneficia a la impunidad. La reforma policial no ha sido, ni de cerca, la prioridad que debería ser –los policías siguen mal pagados, mal entrenados, propensos a apretar rápido el gatillo, y muy corruptos. Y en un sistema judicial sospechoso de ser corrupto, pocos jueces y abogados han sido despedidos.
El gobierno de El Salvador podrá ser menos corrupto que sus predecesores y sus vecinos, pero parece que todos los partidos políticos están comprometidos con el crimen organizado.
Como hemos visto en Guatemala, una fiscalía general comprometida con la lucha contra la corrupción y apoyada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –la cual cuenta a su vez con el apoyo de la ONU- puede contribuir a enfrentar la impunidad, a fortalecer el Estado de derecho y a disminuir los niveles de violencia.
Incapacidad para combatir la corrupción
Desafortunadamente, el FMLN no ha mostrado ningún interés en solicitar una comisión similar para El Salvador. Han insistido en que El Salvador no es tan corrupto y en que sus instituciones no son tan débiles como las de Guatemala u Honduras. Para ellos, una comisión similar a CICIG no es necesaria.
Yo más bien diría que una comisión internacional sería aún más efectiva en El Salvador que lo que ha sido en Guatemala precisamente por esas razones: El Salvador no es tan corrupto y sus instituciones no son tan débiles como las de sus vecinos del triángulo norte.
Es mucho más probable que una comisión así tuviera más éxito que en Guatemala, donde las instituciones apenas existían, y aquellas que existían ahora son totalmente corruptas.
El FMLN debería hacer todo lo que esté en su poder para determinar cómo puede apoyar una comisión similar, no necesariamente idéntica, consistente con la Constitución nacional y con los retos institucionales y de seguridad.
Aun si el FMLN no sigue la ruta de una comisión internacional, debe trabajar con el resto de actores políticos del país para elegir a un Fiscal General comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, de forma que puedan apoyar los planes de seguridad y económicos existentes y consolidar los avances en educación y seguridad.
El presidente Salvador Sánchez Cerén y el FMLN deben actuar de acuerdo a los intereses de los salvadoreños y dejar de tildar de “golpista” y “desestabilizador” a cualquiera que critique a su gobierno. El FMLN ya no es la oposición; es el partido en el que los salvadoreños pusieron su fe para gobernarlos y para ayudarlos a resolver los problemas más demandantes del país.
Mike Allison es profesor asociado y director de ciencias políticas, así como coordinador del programa Educación para la Justicia de la Universidad de Scranton en Pennsylvania. También es autor de “Central American Politics blog”. Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el portal de la cadena televisiva Al Jazeera. La traducción es de Héctor Silva Ávalos.
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