Este fin de semana estaré en San Salvador para honrar las vidas y el trabajo de seis sacerdotes Jesuitas, su empleada y la hija de ella. Todos trabajaban en la Universidad Centroamericana (UCA). Todos fueron asesinados hace 25 años, el 16 de noviembre de 1989, en una operación coordinada del ejército salvadoreño y ejecutado por el Batallón Atlacatl.
Tres de los Jesuitas asesinados eran muy bien conocidos en los Estados Unidos, y yo siempre estuve honrado de llamarlos amigos: el rector y respetado intelectual Ignacio Ellacuría; Ignacio “Nacho” Martín-Baró, cuyos exhaustivas investigaciones y análisis sobre la realidad salvadoreña sirvieron de insumo a políticos y funcionarios alrededor del mundo; y Segundo Montes, cuya gestión, investigación y análisis en torno a los refugiados salvadoreños en los Estados Unidos fueron tan influyentes en la política migratoria de los Estados Unidos durante los 80.
Mi relación con El Salvador empezó en 1983, cuando trabajaba como asistente legislativo para Joe Moakley, congresista por Massachusetts. Un grupo de ciudadanos en Boston hizo llegar a oídos de joe las historias de varios refugiados salvadoreños. Tras escucharlas, y luego de conocer en persona a los protagonistas, me pidió viajar a El Salvador para evaluar de primera mano la veracidad de las mismas. Así que fui. Me di cuenta que la situación en el terreno era mucho peor de lo que nos habían contado a Joe y a mí.
Cuando los sacerdotes fueron asesinados, el entonces speaker Tom Foley encomendó a Joe liderar una investigación del Congreso sobre el caso y hacer recomendaciones sobre la política y ayuda financiera dirigidas a El Salvador. Moakley me pidió ser parte de la investigación. La Comisión Moakley, como se le llegó a conocer, publicó un informe trascendental en 1990 que identificaba a miembros del Batallón Atlacatl como los ejecutores de los asesinatos. Reportes posteriores incluyeron las conclusiones de la Comisión sobre quién había ordenado, encubierto y sabido sobre los asesinatos en el alto mando del ejército y gobierno salvadoreños
Los hallazgos de la comisión fueron citados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, creada por los Acuerdos de Paz de 1992, así como en múltiples casos judiciales, incluido el primero en 1991 en San Salvador contra los autores materiales y un coronel.
Como parte de nuestra investigación descubrimos que 19 de los 26 miembros de la unidad que mató a los padres y a las dos mujeres había recibido entrenamiento militar pagado con dinero de los contribuyentes estadounidenses en la Escuela de las Américas. Eso me disgustó mucho. Además, el Batallón Atlacatl recibió entrenamiento de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos solo dos días antes de que ocurriera la masacre en la UCA. Era solo la más reciente atrocidad cometida por tropas salvadoreñas que habían recibido entremiento militar de los Estados Unidos; otras atrocidades como estas incluyen el asesinato del Arzobispo Romero; el asesinato y violación de religiosas estadounidenses en 1980; los asesinatos de dos asesores laborales y del director salvadoreño del programa de reforma agraria en 1981; la masacre de El Mozote en 1981; y la masacre en la cooperativa indígena de Las Hojas en 1983, solo por mencionar algunos de los casos más conocidos.
Después que un voto bipartidista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos obligó a cerrar la Escuela de las Américas en 1999, el Pentágono le cambió el nombre en 2000 a Instituto de Cooperación en Seguridad para el Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés). La escuela aún opera en Ft. Benning, Georgia.
Estados Unidos nunca ha reconocido responsabilidad alguna en muchos asesinatos, masacres, desapariciones y actos represivos protagonizados por el ejército y las fuerzas de seguridad salvadoreñas contra civiles inocentes y desarmados. Con la rebautizada WHINSEC, el Pentágono pretende que el pasado no exista, pero ni la WHINSEC pudó escapar al pasado: invitó como instructores a oficiales salvadoreños que fueron señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de asesinatos y de otros abusos a los derechos humanos.
La WHINSEC empezó en 2006 a clasificar como secretos los nombres de todos sus estudiantes e instructores extranjeros para evitar futuras verguenzas. La Cámara de Representantes ha votado dos veces para que esos nombres vuelvan a ser del dominio público, y el requerimiento se ha convertido en ley firmada. El Pentágono, sin embargo, se rehusa a cumplir, alegando preocupación por la seguridad nacional. El asunto se está decidiendo en las cortes.
Aquellos que perdieron familia y seres queridos a manos de ejércitos entrenados por los Estados Unidos no han olvidado el rol de Washington, de la Escuela de las Américas o incluso de WHINSEC. Cuando se cumplió el vigésimo aniversario de la muerte de los Jesuitas, el gobierno de El Salvador otorgó a los sacerdotes y a las dos mujeres el más alto honor oficial en forma póstuma. El entonces presidente, Mauricio Funes, se disculpó en público por el papel del estado en los asesinatos y extendió la disculpa a los familiares de las vícitmas. Fue un acto extraordinario de transparencia y reconciliación.
A lo largo de América Latina -en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y otros lugares- hay países luchando por documentar la verdad sobre sus pasados turbulentos para promover la reconciliación. Aún espero el día en que los Estados Unidos reconozcan su propia responsabilidad por el sufrimiento y pesar de tantas familias latinoamericanas, incluidas salvadoreñoas, y pidan perdón y, como un acto de reconciliación, cierren el WHINSEC.
* El autor es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En 1990 fue parte del equipo investigador de la Comisión Moakley, que viajó a El Salvador a investigar la masacre de la UCA. Este texto fue publicado primero en el Huffington Post y ha sido reproducido aquí con permiso del autor.
Opina