Las autoridades guatemaltecas no aceptan que criminales han cooptado una entidad del Estado, pero los hechos hablan por sí solos. Mientras las masacres quitan piezas que estorban en el andamiaje de poder interno en las cárceles, los reos poderosos viven de explotar a los reos sin recursos. Las secuelas son visibles: internos que extorsionan a personas en la calle para pagar las extorsiones que ellos mismos reciben en la cárcel. En esa dinámica, el poderoso es más efímero de lo esperado, y el pez grande de hoy resulta ser el pequeño de mañana.
“¡Todos los internos entren al salón de usos múltiples! ¡Es una emergencia!”. La orden salió de los altoparlantes, repetitiva como un taladro, en la Granja de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. Era mediodía del 28 de abril de 2018. Los primeros balazos ya se escuchaban en varios sectores de esta cárcel.
Por instinto, los internos supieron que era un motín. Luego sabrían que ese día alguien mató a ocho reclusos y también hirió a otros 25. No era la peor masacre en Canadá. Sólo tres años antes, en otra revuelta murieron 16 reos, pero aquel ya era un hecho olvidado. Una pugna resuelta. La matanza de ese día era una cuenta pendiente: quitar del mando al “encargado” de la cárcel, Arnoldo Ramírez, alias “El Diablo”. Ramírez purgaba una condena de 30 años de prisión por secuestrar a un niño en 1999. Había llegado a la Granja Canadá en 2015 y desde entonces tenía el mando.
Horas después de la matanza de 2018, el encargado de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Juvell de León (a quien le fue aceptada su renuncia después de los hechos ocurridos), atribuyó los hechos al intento de un grupo de internos que querían tomar el poder. Un año más tarde, tres reos revelan más detalles: el intento fallido de controlar la cárcel tenía nombre y apellido, el del costarricense Alejandro Jiménez González, alias “El Palidejo”. Dicen que este sujeto, un narcotraficante sentenciado a 50 años de prisión por la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral en 2011, dotó de armas a Armin Peralta Betancourt, alias “El Max”, para arrebatar el control a El Diablo. Pero El Max fue acribillado en el intento; también murieron sus siete guardaespaldas.
“El Palidejo” supuestamente todavía pretende controlar Canadá, y en esa faena le asiste un cómplice cercano, Howard Wilfredo Barillas Morales, alias “Matazetas”. Así lo afirma un guardia del Sistema Penitenciario (SP) asignado a la cárcel de Pavoncito, en Fraijanes, Guatemala. “Ellos tienen dinero”, dice el guardia, sin despegar la vista del suelo. Agrega que estos sujetos tienen aliados en otras prisiones y habla, por supuesto, bajo condición de anonimato. El “Matazetas” era un secuestrador zacapaneco que también estaba sentenciado por tenencia de armamento de grueso calibre, y las autoridades lo vinculaban al narcotráfico por el hallazgo de un arsenal en Zacapa, que presuntamente utilizaría para atacar a los Zetas mexicanos. El aludido nunca confirmó si era cierto. En marzo pasado, un reportaje de Prensa Libre reveló que el “Matazetas” controla Pavoncito desde 2018, según testimonios de varios internos, y que al menos 60 reos cumplen sus órdenes: controlan encomiendas, las visitas y el ingreso de cualquier cosa, desde alimentos hasta licor y drogas.
Por ahora, las autoridades sospechan que “El Palidejo” y El Matazetas tienen alguna responsabilidad en la matanza de otros siete reos en Pavoncito el 30 de septiembre del año pasado. Seis días después, los dos fueron trasladados a la cárcel en el Cuartel Militar Matamoros—por 13 días. Los registros del SP indican que, el 19 de octubre de 2018, la orden de un juez de ejecución los devolvió a Pavoncito.
Pese a los alcances del Matazetas en Pavoncito, un guardia del SP afirma que en la escala de poder, “El Palidejo” tiene más control, pero que ambos hicieron un pacto de no agresión. No hay roces entre ellos—por ahora—y, para más señas, hasta tienen el mismo contacto de emergencia ante el SP: una persona cuya identidad las autoridades mantienen en reserva. Eso sí, cada uno tiene su ejército privado. Unos 20 hombres armados (también reos) protegen al costarricense, un sistema de seguridad que se asemeja al círculo de confianza que tenía el capitán del Ejército Byron Lima Oliva (asesinado en Pavón en julio de 2016). Otros 10 reos cuidan al Matazetas.
En retrospectiva, algunos guardias del SP afirman que si bien Palidejo y Matazetas controlan algunas cárceles, no superan el poder que tuvo Lima, particularmente en Pavoncito entre 2009 y 2014, hasta que lo trasladaron a la Brigada Mariscal Zavala y a Matamoros y, en 2015, a la Granja Penal de Pavón, donde lo asesinaron en 2016. De hecho, casi tres años después se habla más del asesinato de Lima y 13 personas más, que de las más recientes masacres en Canadá y Pavoncito. Las tres matanzas eran violentas maniobras para reorganizar el poder tras las rejas, pero la presencia mediática del caso de Lima obedece en parte a la acusación que el Ministerio Público (MP) anunció en marzo de 2019 contra 17 sospechosos de ese asesinato múltiple.
Byron Lima controló Pavoncito entre 2009 y 2014, hasta que lo trasladaron a la Brigada Mariscal Zavala y a Matamoros. En 2015, fue enviado a la Granja Penal de Pavón, donde fue asesinado en 2018.
Mientras tanto, el caso de Canadá todavía está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y está en reserva, según la portavoz del MP, Julia Barrera. Es una de las razones por las que el silencio se tragó la pugna de poder en la cárcel de Escuintla. Además, a ningún reo que se precie de líder le conviene que se divulgue que falló en su intento por dominar una cárcel, y aunque el SP admite que la matanza fue una pugna interna, no reconoce más. Camilo Gilberto Morales, actual director del SP, dice que ningún recluso tiene el control interno. No concede que criminales tienen cooptada una entidad del Estado.
La cabeza más mediática
Hace casi 20 años, Lima se convirtió en uno de los reos más visibles por la acusación que pesaba contra él: coautoría en la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, en abril de 1998. Después de su condena a 30 años en 2001, no demoró en subir la escalera del poder. En 2003, trece años antes de su asesinato, esquivó la muerte a manos de pandilleros—que sí decapitaron al sargento Obdulio Villanueva (también sentenciado por el caso Gerardi) y a tres reos más. Lima se salvó porque no estaba en su celda, sino en otro sector del Centro Preventivo de la zona 18. Poco después, el delito que llevó a su condena se modificó a encubrimiento y su sentencia de cárcel se redujo a 20 años. Más adelante, Lima se hizo famoso por otras razones.
Eddy Morales, director del SP en dos períodos entre 2008 y 2012, asegura que Lima fue investigado, pero nunca lograron imputarle delitos en flagrancia, aunque explotaba laboralmente a los reos. Los obligaba a trabajar en la fabricación de pelotas, u otros productos, pero solo les pagaba un 30 por ciento del costo del trabajo. Eran negocios que funcionaban sin la autorización del SP. No obstante, Morales afirma que él fue uno de los funcionarios que más logró controlar a Lima.
“A este señor se le aisló en Pavoncito”, recuerda el exfuncionario. “Tenía relación e incidencia con los voceros (jefes de sector), y era preferible tenerlo controlado. Nosotros infiltramos gente para obtener información de cómo quería influir en las autoridades penitenciarias”. Lo dice considerando que al capitán se le atribuye haber construido un imperio en Pavoncito y que las señales del poder de Lima no eran sutiles. Giulio Talamonti, quien dirigió el SP en 2009, asegura que Lima le envió mensajes para que autorizara traslados de otros reos, por los cuales cobraba. Talamonti dice que en una ocasión una jueza le ordenó, en una resolución, que dejara salir a Lima de la cárcel durante cuatro días con solo dos custodios. El exdirector afirma que se negó y denunció a la jueza, cuyo nombre prefierió no revelar.
“Lima también llamaba a los reos y les decía que otro grupo de reos los iba a extorsionar, pero que él los tenía bajo control y si no le daban cierta cantidad de dinero, dejaría a los otros actuar como quisieran”, revela Talamonti. Reportes oficiales indican que en una requisa le hallaron a Lima siete agendas con listados de reos a quienes les cobraban cuotas por servicios, y de personas particulares afuera de la prisión de quienes también recibía dinero.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) registró que, a mediados de 2010, el capitán tomó el control de la cooperativa Torre Fuerte en Pavoncito, que administraba una maquila en la cárcel. No era un negocio cualquiera. La maquila fabricaba artículos promocionales para diversos clientes, como el Partido Unionista, la municipalidad capitalina y el alcalde de entonces, Álvaro Arzú, y el Partido Patriota (PP). El PP se convertiría en el partido oficial al año siguiente al mando del presidente y general retirado Otto Pérez Molina. Lima había tenido una relación cercana con Pérez (capturado en 2015 por diversos casos relacionados con corrupción) cuando éste dirigió el desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) entre 1994 y 1995. El capitán también integró el EMP en la administración presidencial de Arzú (1996-2000).
Cuando la prensa le preguntó en 2012 a Pérez por qué un reo como Lima fabricó productos promocionales para su partido, el mandatario dijo que el exjefe de campaña del PP, Mauricio López Bonilla (entonces ministro de Gobernación) podía responder a eso, pero en esos días el ministro estaba de viaje. Cuando regresó, la pregunta había quedado en el olvido.
Morales admite que el grupo de Lima y otros reos poderosos tenían un efectivo sistema de amenazas en las prisiones. Sus promesas creíbles de agredir a los peces pequeños, los reos sin poder ni recursos, provocaban extorsiones organizadas desde la cárcel. Es decir, no todos los reos extorsionaban a víctimas afuera de la cárcel para amasar una fortuna; algunos (o muchos) lo hacían para poder pagar las extorsiones de las que eran víctimas adentro de la cárcel, a manos de los reos poderosos.
También tenían otros alcances. El exfuncionario afirma que cuando se realizaban requisas o traslados, el grupo de Lima y esos otros reos poderosos respondían con violencia. Lo vivió en carne propia. Tratar de mantener el control de las prisiones derivó en varios atentados en su contra. En 2009, mataron a un miembro de su seguridad. En 2010, colocaron un carro bomba frente a la sede del SP y cuatro cabezas en diferentes puntos del país; algunas tenían el nombre de Morales y del exministro de Gobernación, Carlos Menocal. En 2011, Morales sufrió otro atentado, pero nadie resultó herido. Era la víspera de la etapa más fuerte de Lima, cuando Luis González (que lo describía como un reo “modelo”) y Edgar Camargo (uno de los exfuncionarios capturados y sentenciados en casos vinculados con el capitán) fueron directores del SP, en la administración del PP (2012-2015).
Hace casi 20 años, Lima se convirtió en uno de los reos más visibles por la acusación que pesaba contra él: coautoría en la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, en abril de 1998.
Dios los cría, el diablo los junta
“El Palidejo” y El Matazetas entraron a la cárcel cuando la estrella de Lima (como interno) iba en ascenso. Una ventaja que tenía sobre ellos: los vínculos políticos. El costarricense llegó a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes I deportado desde Colombia, por el caso de Facundo Cabral, en marzo de 2012—después de nueve meses de huir.
Al costarricense lo precedía su fama: Llegaba de codearse con las grandes ligas del narco. Cuando lo capturaron, iba al encuentro de Los Rastrojos, uno de los principales grupos traficantes de entonces en Colombia, que además lo protegerían en su vida de prófugo, según autoridades de ese país. El director de la policía colombiana, Óscar Naranjo, dijo que el entonces líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán (capturado en 2016 y condenado a cadena perpetua en EE.UU. en 2019) había pedido a Los Rastrojos que protegieran a “El Palidejo”. El costarricense era uno de los vínculos entre un cartel colombiano—para el que movía grandes cantidades de cocaína—y el cartel mexicano, según el exagente de la DEA, Michael Vigil, dijo a Plaza Pública.
En junio de 2012, tres meses después de la llegada de ”El Palidejo” a Guatemala, cayó El Matazetas por secuestrar a un niño por quien exigía un rescate de un millón de quetzales. Para entonces, se le sabía poco. Después de su captura, lo llevaron a Fraijanes II (de máxima seguridad), a donde un mes antes habían trasladado a “El Palidejo”—un traslado justificado en que se detectó un supuesto plan para matarlo.
En Fraijanes II, el costarricense se quejó de padecer de presión alta. Entonces, en octubre de 2012, lo trasladaron a Pavoncito. Según el diario digital CRhoy.com de Costa Rica, que cita un reporte oficial, el costarricense también se beneficiaba de los traslados de reos atribuidos a la red de Lima. La publicación revela que al capitán “le regalaron 150 traslados por el apoyo a la campaña política de Pérez Molina”. La Cicig y el MP afirman que Lima cobró por hacer los traslados. Considerando que la campaña del PP terminó cuando Pérez Molina ganó las elecciones de 2011, es probable que el traslado de “El Palidejo” de Fraijanes I a II, y luego a Pavoncito, en 2012, eran parte de los casos que el reporte consigna.
El Matazetas demoró dos años más en Fraijanes II, y se reunió con “El Palidejo” en Pavoncito de nuevo en 2014. Pero para febrero de 2015, el costarricense se halló en Matamoros (la primera de varias estadías), pidiendo regresar a Pavoncito y quejándose de que lo extorsionaban exfuncionarios del SP asociados con Lima, y por eso estaba recluido en una cárcel militar. Si Lima arregló los traslados de ”El Palidejo” en 2012, era evidente que deshizo el trato tres años después.
Para cuando “El Palidejo” se quejó de Lima, algo había comenzado a cambiar. El espacio del capitán se comenzó a cerrar. Empezó con un absurdo: el Ministerio de Gobernación anunciando que sorprendió al capitán regresando a Pavoncito en febrero de 2013. Tenía permiso para salir a una cita odontológica, pero regresó casi cuatro horas más tarde de lo autorizado—además, las salidas para atención médica sólo las autorizaba un juez en casos de emergencia, cosa que no ocurrió. Lima viajaba en una camioneta agrícola blindada, y le acompañaba personal del SP en ese y en un vehículo colero, cuando la policía los detuvo a pocos kilómetros de la cárcel. Como les encontraron dos armas sin registro, Lima y sus acompañantes resultaron acusados de portación ilegal de arma de fuego y, sólo Lima, también de intento de evasión.
Su abogado, Marco Antonio Rossell, aseguraba que se trataba de un montaje del Ministerio de Gobernación. Pero, según registros públicos, también había otras denuncias contra Lima por tráfico de drogas, amenazas, extorsión y agresiones, que no avanzaron por falta de pruebas. Además, pronto se sabría que esa salida de Lima no era una excepción, y que no era el único reo con estos privilegios. El entonces ministro López Bonilla prometió cambiarlo de prisión, pero el traslado ocurrió hasta 2015, cuando el ministro también dejó el cargo.
Desde 2014, una investigación de la Cicig y el MP había revelado que Lima recibía no menos de US$6 mil (unos Q45 mil) por el traslado de un reo de una prisión a otra. Para entonces, el capitán era propietario de varios vehículos de lujo y costosas propiedades (incluyendo algunas que recibió a cambio de traslados de reos, según el MP), a las que les iniciaron un proceso de extinción de dominio. La investigación también reveló otros desmanes, que coincidían con denuncias de reos ante la Inspectoría General del Sistema Penitenciario en 2013. Los denunciantes decían que quienes incumplían las normas de Lima y su grupo eran obligados a caminar con bolsas de excremento humano sobre la cabeza, o sometidos a golpizas, y que en Fraijanes I y II, obligaban a las mujeres de la visita a hacer sentadillas desnudas.
Esto no era nuevo para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que en 2009 recibió una denuncia de 13 reos en Pavoncito que acusaban a Lima de someterlos a castigos físicos y psicológicos. Un reportaje de Plaza Pública da cuenta de que, para 2013, 50 reos al servicio del capitán cumplían sus órdenes. Nadie se atrevía a delatarlo. Las denuncias ante la Inspectoría también aludían a cobros desde Q80 mil hasta Q150 mil a los reos que pedían su traslado desde Fraijanes I y II hasta Pavoncito, según un documento de la Inspectoría al cual se tuvo acceso. En esa época, “El Palidejo” llegó a Pavoncito.
Una investigación de la Cicig y el MP sostuvo que en las cárceles se cobra US$6 mil (unos Q45 mil) por el traslado de un reo de una prisión a otra.
En 2015, cuando el costarricense acabó en Matamoros, Lima comenzó a denunciar amenazas de personal del SP. También reveló que López Bonilla había pagado el parto de su esposa con un cheque del Ministerio de Gobernación. Entonces, a Lima lo sacaron de Pavoncito y lo trasladaron a Pavón, y la sangre llegó al río.
El capitán dijo ante la prensa que López Bonilla era un narcotraficante y lavador de dinero (aunque EE.UU. lo acusaría por narcotráfico hasta 2017), y que lucraba con el servicio telefónico en las cárceles. Hasta lo llamó “ladrón asqueroso”, y lo responsabilizó de cuanto pudiera ocurrirle. El exministro, que acusó a Lima de extorsión y otros delitos, cayó detenido el 11 de junio de 2016 por asociación ilícita y fue llevado a Matamoros. Cinco semanas después, el capitán fue asesinado en Pavón.
Tres meses antes del asesinato de Lima, en abril de 2016, “El Palidejo” se halló sentenciado a 50 años de cárcel y de vuelta en Pavoncito. Pero después del asesinato múltiple en Pavón, que incluyó al capitán, al costarricense y al Matazetas los llevaron otra vez a Matamoros. Esa cárcel también fue el destino de Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero” (que estaba en Pavón), y Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “Guayo Cano” (que estaba en Fraijanes I).
El Taquero, el principal sospechoso de ordenar la muerte de Lima, según el MP, estaba condenado a 820 años de prisión por el asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés ocurrido en 2008 en Zacapa. Se había encontrado con Lima brevemente en 2014 en otra cárcel, hasta que El Taquero fue enviado a Pavón donde instaló un lucrativo negocio de venta de droga. Fuentes extraoficiales dan cuenta de que Lima intentó controlar ese negocio, y por eso El Taquero ordenó su muerte. Pero El Taquero no sólo lo niega: asegura que era amigo del capitán. Días después del asesinato en Pavón, la prensa lo retrató vistiendo una camiseta con esta leyenda: “Byron, crimen de Estado”. Pero también había algunos detalles que le daban alguna afinidad con “El Palidejo” y Cano: su captura en 2003 en Costa Rica, por un caso relacionado con drogas, del que fue absuelto en 2005, y luego su captura en 2011 en México, de donde fue extraditado a Guatemala por el asesinato múltiple en Zacapa. Cano también fue capturado en México, aunque en 2013, por ordenar la muerte de siete policías en Salcajá, Quetzaltenango, que resultó en su condena a 372 años de prisión. Junto al Matazeta, “El Palidejo”, El Taquero y Guayo Cano eran una alianza casi predecible.
Algunas fuentes identifican al Matazeta como exaliado de Lima, aunque sólo estuvieron en Pavoncito por espacio de meses en 2014, antes de que a Lima lo llevaran al Mariscal Zavala, Matamoros y, finalmente, a Pavón.
En agosto de 2016, un mes después de la muerte de Lima en Pavón, “El Palidejo” estaba de regreso en Pavoncito con el Matazeta (después de casi un mes en Matamoros). La maquinaria de los traslados seguía funcionando, aun sin el capitán. El costarricense logró quedarse en Pavoncito hasta 2018, cuando la matanza de los siete reos en esa cárcel en septiembre justificó su traslado y del Matazetas de nuevo a Matamoros (por su presunta vinculación a la matanza). En Matamoros, volverían a tener contacto con El Taquero y Guayo Cano, aunque no por mucho tiempo. En menos de dos semanas, “El Palidejo” y el Matazetas estarían otra vez en Pavoncito. Si estos traslados eran síntoma de algo, era que había un pulso de poder—y que ambos lo estaban ganando. Habían transcurrido seis meses desde el intento fallido de tomar la Granja Penal Canadá, y las piezas seguían en movimiento.
Marvín Montiel, el Taquero, el principal sospechoso de ordenar la muerte de Lima, según el MP, estaba condenado a 820 años de prisión por el asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés ocurrido en 2008 en Zacapa.
Muerto el rey, viva el rey
“El Palidejo” intentó tomar la plaza de Canadá para tener otra fuente ingresos, según los guardias del SP. El día del motín, en abril de 2018, la Policía decomisó en la cárcel ocho armas de fuego, 23 celulares, 100 municiones, droga, bebidas alcohólicas y Q123 mil 803 en efectivo, según el reporte del SP. La matanza reflejaba la lucha de poder en todos los centros carcelarios después del asesinato de Lima, según Menocal, quien afirma que “El Palidejo” podría haber asumido el lugar del capitán entre los reos que controlaban los cobros en las cárceles.
El costarricense logra comprar voluntades entre los internos y los funcionarios para agenciarse de fondos, según el exministro y Talamontti, quien fue asesor de seguridad en la presidencia entre 2010 y 2013, un año después que “El Palidejo” fue detenido. En esa empresa, El Taquero y Guayo Cano son aliados importantes. Así lo afirma una persona procesada por la muerte de Lima, que tuvo contacto con el capitán durante tres años.
¿Por qué? Algunos reos extorsionados dicen que Guayo Cano cobra las cuentas pendientes -y no de buena manera-. Los intimida en llamadas telefónicas. Sus antecedentes en la calle lo hacen persuasivo. Algunos guardias del SP dicen que, a diferencia de Lima, que castigaba a los reclusos que incumplían las normas, el grupo de ”El Palidejo” es flexible y tiene un estilo de mando más negociado que impuesto, pero eso no se desprende de los abusos denunciados en Pavoncito y atribuidos al Matazeta y a Cano. Otras fuentes afirman que estas alianzas le permitieron a “El Palidejo” controlar el ingreso de drogas, licor y la talacha en Pavoncito: los cobros a los internos a cambio de beneficios, o de no padecer vejámenes, o en concepto de los impuestos que le cobran a los reclusos para permitirles operar sus negocios—una situación que guarda pocas diferencias con cuanto se denunciaba acerca de Lima.
El Taquero también tenía sus méritos. Denunció en febrero pasado que intentaron asesinarlo en Matamoros y, de paso, torpedeó la acusación en su contra por el asesinato de Lima y 13 personas más.
En asunto de minutos, El Taquero se erigió como un sujeto con recursos. Llegó a la audiencia armado con un dossier empastado en espiral, con fotos tamaño carta de la expareja de Lima (excolaboradora eficaz en el caso Caja de Pandora relacionado con Lima y Arzú), Alejandra Reyes Ochoa, junto a Rogelio Ramírez Cartion, un investigador de la Cicig. Las imágenes mostraban que ambos sostenían una relación sentimental, aun después que el MP y la Cicig habían acusado a Reyes de lavar el dinero que Lima recolectaba por cobrar los traslados a los reos. El propósito del Taquero era evidente: desacreditar la investigación de la Cicig y el MP, y las declaraciones de Reyes que lo involucraran en el asesinato de Lima.
Mientras tanto, el abogado defensor de ”El Palidejo”, Toby García, dijo que no podía responder por conductas que se le atribuyen a su defendido, y que sólo atiende los asuntos relacionados con la acusación y el proceso legal contra su cliente. “Ignoro si él tiene alguna injerencia en las decisiones que se toman en las cárceles”, señaló García. Hasta el momento, el SP no ha revelado denuncias contra el costarricense. En una audiencia de 2017, por el asesinato de Lima, El Taquero respondió con evasivas y se rió de las preguntas de la prensa acerca de su supuesto papel como el nuevo líder de las cárceles. También dijo esto: “Yo tengo el poder en Pavón, igual que Lima lo tenía en Pavón, pero no (…) en el Sistema Penitenciario. ¿Allí quién soy yo?”.
“El Palidejo”, según fuentes del Sistema Penitenciario, es el nuevo reo poderoso que controla las cárceles de Guatemala.
El negocio en las falencias del Estado
Gerardo Villamar Ramírez tiene más de 10 años de hacer supervisiones en las cárceles, como jefe de la defensoría de las personas privadas de libertad, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para evitar que los poderosos abusen de los internos. No obstante, admite que poco se puede hacer para detener los abusos. Para empezar, en las 21 cárceles del SP hay 24,615 privados de libertad—cuando la capacidad es para una cuarta parte de esa cifra. Cuatro reos ocupan el espacio que sólo debería ocupar uno. Pero no sólo el espacio físico está sobrecargado: en promedio, hay un guardia para cuidar a diez reos.
Por eso Morales, el actual director del SP, señala que los pocos recursos les impiden implementar medidas de control en las prisiones. Menocal explica que el SP tiene Q560 millones de presupuesto anual; el 98 por ciento se utiliza para pagar salarios y alimentación. El resto, unos Q5 millones, se emplea para remozar las cárceles. En la PDH, Villamar coincide en que es imposible que el Sistema Penitenciario tome el control, y de eso se derivan los abusos entre los internos, o que unos cuantos lucren a costillas de los demás.
“En las cárceles se cobra por todo”, asegura el defensor. “Si no quieren dormir cerca de los baños, les cobran; si quieren en un rincón, en una plancha, en una hamaca o en una cama, les cobran, y, dependiendo de qué escojan, así es el precio”. Lo mismo sucede con los ingresos de celulares, con las llamadas telefónicas, con los espacios para recibir visitas en lugares adecuados, y el acceso a atención médica. Una de las denuncias contra Lima, por ejemplo, era el cobro por las sillas disponibles para las visitas que recibían otros reos. Villamar también ha recibido denuncias de reos que requieren medicamentos o atención en una clínica en las prisiones, pero “si no pagan, no los dejan salir del sector”, relata. A la vez otros, como Lima, podían salir hasta la calle para ir al dentista.
Pero entre los peces pequeños, nadie se salva. Pagan las prostitutas en los días de visita conyugal, pagan los que requieren material para hacerle mejoras a sus celdas, o el ingreso de mercadería para elaborar comida, adornos, pulseras, hamacas y cualquier producto que se fabrique en las prisiones. Todos los negocios que existen en las cárceles deben pagar una cuota semanal, y los encargados de cada sector los autorizan; ellos deciden a quién dárselos.
La talacha también se aplica según el perfil del reo. Menocal reveló que los reos líderes se reúnen diariamente a revisar un listado de los nuevos internos que ingresan a las cárceles, y les hacen un perfil de cobro. “Si lo perfilan como alguien que tiene dinero, les piden cantidades grandes, y los amenazan con que si no lo hacen, se van a ir a los sectores más peligrosos”, relata. Y las amenazas se cumplen. Los envían a los sectores peligrosos, y son víctimas de violencia. En los peores casos, reciben golpizas, son sometidos a cargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, son violados o hasta asesinados. La PDH lo confirma.
En todo 2018, el Sistema Penitenciario reportó 106 privados de libertad fallecidos por diferentes causas, de los cuales 51 murieron en forma violenta por asfixia (estrangulados, o ahorcados), contusiones múltiples (por golpes en el pecho, o distintas partes del cuerpo), o por arma de fuego. Esto, a casi tres años sin Lima.
Los recién ingresados sin conexiones ni poder deben pagar hasta Q3 mil para no ser enviados a los sectores más hacinados, según Villamar. De hecho, de los siete reos asesinados a balazos en septiembre pasado en Pavoncito, seis tenían sólo tres meses de haber sido trasladados a esa cárcel. Horas después del crimen múltiple, las autoridades le incautaron un revólver al Matazetas, pero no han formulado una acusación en su contra por el caso de la matanza.
Sin embargo, un interno dijo a Prensa Libre que el Matazeta exige que los recién llegados sean golpeados y/o encerrados en el baño sin dejarlos dormir, o que se les imponga hacer la limpieza hasta que su familia pague la extorsión. El matutino publicó que las denuncias se presentaron ante la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, pero que el SP no ofreció ningún dato al respecto. Por aparte, la PDH revela otra miseria: en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, hay 4 mil 872 reclusos en un espacio designado para 1 mil 500. Quienes no pagan, son enviados a dormir en un recinto de dos metros cuadrados con hasta otros 20 reos. Por eso, los que pueden pagar, lo hacen.
Los familiares también denuncian los abusos ante la Procuraduría, pero cuando esta hace una verificación, los reos abusados niegan todo, lo cual impide que avancen los casos. Eso en cuanto a los pagos. En cuanto al hacinamiento, el SP poco puede hacer, considerando las limitaciones del espacio físico y la sobrepoblación interna (el 52% de los reos está en detención preventiva; el resto, cumple sentencia)— aunque la sobrepoblación garantiza pagos voluminosos. El dinero se reparte entre los encargados de los sectores en las cárceles, conocidos como “voceros”, que rinden cuentas a un jefe. Este controla cuánto dinero ingresa y también se encarga de repartir el dinero entre los guardias y las autoridades, según Menocal.
“Si ingresan Q5 mil por un recluso, Q1 mil son para los encargados, Q1 mil para los guardias, Q1 mil para el director del penal y Q2 mil para el que recauda el dinero”, revela el exministro. El exfuncionario explica que esta información surgió durante entrevistas que las autoridades hicieron durante allanamientos a las cárceles y de reclusos que colaboraron, desde las prisiones, con Inteligencia Civil en casos de crimen organizado.
El SP, un monstruo disfuncional
Menocal, el quinto ministro de Gobernación de la administración de Álvaro Colom (2008-2012), y quien ocupó el puesto durante casi dos años, explicó que pese a manejar la información acerca de los cobros ilegales, el reducido presupuesto del SP era insuficiente para aliviar las condiciones que facilitan la corrupción y habilitan el control a manos de los reos.
Una muestra de la corrupción es el número de exfuncionarios y guardias del SP procesados en los últimos cinco años: al menos tres directores del SP capturados por delitos que van desde incumplimiento de deberes, hasta lavado de dinero, traslado ilegal de reos (en casos relacionados con Lima) y la realización anómala de un contrato para el arrendamiento de vehículos; al menos un subdirector del SP, y al menos ocho guardias procesados por una fuga. Como corolario, El Taquero declaró en febrero pasado que todavía hay funcionarios del SP que asisten a fiestas en las cárceles.
Este escenario, donde las condiciones carcelarias le permiten a los reos poderosos lucrar con el resto de la población interna y sobornar a funcionarios públicos, explica por qué la lucha por el botín es a muerte. Eso quedó claro cuando a Lima lo asesinaron hace tres años, y en 2018, cuando “El Palidejo” supuestamente intentó tomar el control de la Granja Penal Canadá. Por eso el guardia de Pavoncito dice desde el anonimato, “ellos tienen dinero”. Es una verdad a voces en el permanente juego del poder interno en el SP, pero también es un castillo de naipes. Se puede desplomar en cualquier momento.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP).
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