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Los enemigos de la CICIG van por la presidencia de Guatemala

Una segunda vuelta entre Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom y la preferida en las encuestas, y Alejandro Giammattei, un exjefe del sistema penitenciario vinculado a una masacre y al caso Parlacen, es el resultado más probable de la jornada electoral del domingo, en la que los guatemaltecos escogerán presidente, diputados y concejos municipales. Hay un punto en común: ambos se han mostrado en contra del instrumento que desde hace más de una década ha luchado contra la corrupción e impunidad en Guatemala: la CICIG. 

Foto/Sandra Sebastián


La portada de Prensa Libre del jueves 13 de junio es un buen resumen del panorama electoral. Con números de su última encuesta, el matutino desplegó los rostros de los cuatro favoritos. Sandra Torres en primer lugar con 20.2% de la preferencia, Alejandro Giammattei con 14.4% y empatados en tercer lugar, con cifras entre el 7.6% y el 8.5%, Roberto Arzú, Edmond Mulet y la líder indígena Telma Cabrera.

Sandra Torres es, en papel, la candidata a vencer, pero en su camino al Palacio Nacional de Cultura, sede de la presidencia, aún quedan obstáculos. Sobre Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2007-2011), pesan un pasado marcado por señalamientos de corrupción, la visión negativa que según las encuestas los guatemaltecos tienen de ella -incluida la élite económica tradicional-, y la sombra de la elección presidencial anterior, donde terminó perdiendo ante Jimmy Morales, un candidato surgido de la nada.

Las encuestas, por ahora, dicen que Guatemala elegirá al próximo presidente o presidenta en segunda vuelta -la Constitución establece que solo se puede ganar con la mitad más uno de los votos-, y en eso Sandra Torres no tiene buena experiencia.

En 2015, después de ser la favorita durante casi toda la campaña electoral, Torres quedó en segundo lugar en la primera vuelta y terminó perdiendo la siguiente ante Morales, quien sacó el doble de los votos. ¿Qué pasó? Empresarios guatemaltecos importantes y viejos círculos de poder formados alrededor del añejo poder militar guatemalteco terminaron dando su dinero -a veces de forma ilegal- y su respaldo al excomediante televisivo.

Hoy a Sandra Torres se le asoma como posible contendiente en segunda vuelta Alejandro Giammattei, un oscuro operador político.

Hijo de la burocracia estatal más cuestionada, de la que surgieron por ejemplo los grupos clandestinos de exterminio incrustados en el Estado guatemalteco de la posguerra, Giammattei compite por cuarta vez por la presidencia. Una vez llegó lejos: en las presidenciales de 2007 quedó tercer lugar, a 6 puntos de Otto Pérez Molina, el militar que perdió ante Colom y ganó la presidencia cuatro años después.

La aventura de 2007 no le salió mal. Una investigación de Nómada asegura que Giammattei dio su apoyo a Pérez Molina en la segunda vuelta, lo que le mantuvo vigente en la operación política y entre los círculos de exmilitares. En su aventura electoral 2019, el partido de Giammattei ha listado en la planilla de diputados al hijo de Francisco Ortega Menaldo, un militar retirado a quien investigaciones del Ministerio Público vincularon a finales de los 90 con la llamada Red Moreno, uno de los esquemas de contrabando más importantes en la historia criminal de Guatemala.

Los otros dos de la lista de favoritos, según las encuestas, también tienen hojas de vida que los comprometen con pasados políticos turbulentos.

Roberto Arzú es el hijo de Álvaro Arzú, el fallecido exalcalde y expresidente de Guatemala, miembro de las élites económicas más poderosas del país y, hasta antes de fallecer en abril de 2018, uno de los más beligerantes activistas contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG.

Arzú hijo ha hecho campaña alrededor de varios de los postulados de su padre. En seguridad pública apuesta por una visión manodurista enfocada al combate a las pandillas y la salida de militares a las calles. Su propuesta anticorrupción es explícita en algo: si gana no habrá CICIG.

Edmond Mulet, que también ya intentó sin éxito ser presidente, es un exdiplomático que representó a Guatemala ante la Casa Blanca y la Unión Europea y llegó a ser secretario adjunto en la ONU. Su plataforma dice que los derechos humanos son su prioridad; sin embargo, este candidato se ha mostrado partidario de reinstaurar la pena de muerte, de la militarización de la seguridad pública y, en el campo social, ha dicho que no comulga con el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto.

Sobre Mulet pesa una mancha importante. En los años 80 fue investigado e incluso encarcelado un breve periodo por su supuesta participación en una red ilegal de adopción de menores guatemaltecos. El candidato ha negado los señalamientos diciendo que las acusaciones tenían motivaciones políticas. Lo cierto es que nunca fue juzgado por estos hechos.

De todos los nombres que encabezan la lista de presidenciables el único sin pasado en la política guatemalteca es el de Thelma Cabrera, indígena maya Nam de 49 años, que en menos de un mes subió dos puntos porcentuales, aupada en parte por voto joven urbano que se entusiasmó con la candidatura luego de que la Corte de Constitucionalidad botó a la exfiscal general Thelma Aldana de la competencia. Las posibilidades de Cabrera, sin embargo, parecen remotas.

La competencia que no fue

Importantes en esta elección han sido, además de los nombres que siguen en las encuestas y aparecerán el domingo en las papeletas, los de dos candidatas a los que el órgano judicial prohibió participar: Thelma Aldana y Zury Ríos.

Aldana fue fiscal general del Ministerio Público entre 2014 y 2018. Durante su mandato investigó y procesó judicialmente a redes de corrupción política ligadas al gobierno militar del Partido Patriota de Pérez Molina y al del Frente de Convergencia Nacional de Jimmy Morales. También acusó por hechos de corrupción a los expresidentes Álvaro Arzú, Álvaro Colom y al mismo Pérez. Después de un inicio más bien tímido en el MP, Aldana se convirtió en la principal aliada de CICIG y de Iván Velásquez, el jefe de la comisión.

La exfiscal y excandidata presidencial Thelma Aldana, en entrevista con Factum. FOTO FACTUM/Salvador MELENDEZ

Al terminar el mandato, Aldana construyó su candidatura presidencial y alcanzó a estar en primer lugar en las encuestas. El sistema político al que había acusado de varios crímenes, sin embargo, no la dejó continuar. En marzo de este año, a pocas horas del inicio formal de la campaña electoral, un juez dictó orden de arresto contra la exfiscal por el caso de una supuesta contratación fraudulenta.

Aldana se amparó ante la Corte de Constitucionalidad, que finalmente falló en contra de la candidata y la dejó fuera de la contienda.

Zury Ríos, que también llegó a despuntar en las mediciones electorales, quedó fuera de la contienda luego de que la máxima autoridad judicial estableciera como válido el alegato de que ella no podía competir por ser hija de Efraín Ríos Montt, exdictador que llegó al poder tras un golpe de Estado. La ley guatemalteca prohíbe a los hijos de golpistas competir por la presidencia.

Con Ríos y la exfiscal Aldana fuera, lo que alguna vez fue una competencia abierta entre tres mujeres se convirtió en la carrera electoral de Sandra Torres, heredera del poder político aglutinado en torno a la Unidad Nacional de la Esperanza que ya había llevado a su exmarido, Álvaro Colom, al poder. Durante la presidencia de Colom, Torres se hizo cargo de la cartera de programas sociales, lo cual le agenció réditos electorales en zonas empobrecidas del país.

Sobre Sandra Torres, la UNE y su entorno también se extienden largas sombras.

Una investigación de InSight Crime de 2018 determinó que a la campaña de Colom había entrado dinero del narcotráfico: según una grabación emitida en una radio local en 2010, el grupo criminal mexicano Los Zetas, que en la década de 2000 llegó a Guatemala en busca de una plaza segura, dio 11.5 millones de dólares a la campaña de Colom a través de terceros. El expresidente ha negado esta acusación.

La CICIG y el MP, en una amplia investigación sobre financiamientos electorales ilícitos que también incluye al presidente Morales, encontraron que Torres había recibido 19 millones de quetzales (unos 2.5 millones de dólares) en forma irregular durante la campaña presidencial de 2015.

Como otros antes que ella -Morales el más estruendoso-, Torres y su entorno acusaron a la CICIG de tener agenda política en su contra, de favorecer la candidatura de Aldana y de inmiscuirse en asuntos que no le corresponden. Y como ella, el discurso es también patrimonio de Roberto Arzú y Alejandro Giammattei, los otros punteros en las encuestas.

Es válido decir que, incluso antes de que Guatemala abra sus urnas el domingo, una política o un político cuestionado por actos de corrupción y enfrentado al modelo híbrido de investigación criminal que formaron CICIG y el MP de Thelma Aldana ganará la primera vuelta y, eventualmente, la presidencia de Guatemala.

El fin del modelo CICIG

Al domingo electoral no llega Guatemala en buena situación.

Ya hay, en análisis de prensa y entre especialistas, referencias a un Estado fallido, incapaz de perseguir el crimen, de sanear las instituciones, de evitar el desfalco del recurso público o de desmontar el uso patrimonial que de él han hecho las élites económicas y militares que dominan la política local desde hace 200 años.

Thelma Cabrera y Edmond Mulet, dos de los candidatos contendientes, se han referido así, como fallido, al Estado cuyo gobierno pretenden dirigir. José Mario García Laguardia, ex presidente de la CC y exprocurador de los Derechos Humanos, también habla de un estado fallido.

Fundesa, una asociación de estudios sociales ligada a la empresa privada guatemalteca, calificó al país como un estado frágil, al que define como “ineficaz al momento de cumplir las funciones que le han sido asignadas en materia de seguridad, justicia, transparencia y desarrollo social y económico”.

Las estadísticas tampoco son buenas. La desnutrición infantil en Guatemala es una de las peores en América, y empeoró durante los cuatrienios de Pérez Molina y Morales, ambos plagados de corrupción, según una investigación periodística sobre el fracaso de Hambre Cero, el programa destinado a mejorar las condiciones nutricionales en el país.

Las cifras de homicidios han cambiado para mal en los últimos meses. Entre enero y mayo de 2019, un promedio de 13 guatemaltecos fueron asesinados cada día, para una tasa 30 por cada 100 mil habitantes. Las cifras de este año representan una leve alza respecto a los 12 homicidios diarios con que terminó 2018. Y, en general, se estancó la pronunciada reducción en tasas que el país había visto a principios de la década, que había pasado de 50 por cada 100,000 habitantes en 2009 a 37 por cada 100,000 en 2015. (Hubo una reducción importante entre 2017 y 2018 que se ha revertido en los primeros meses de 2019).

Hay otra cifra que explica bien la situación de la aplicación de justicia. De acuerdo con un estudio que CICIG publicó en mayo pasado, la impunidad en Guatemala ronda el 97%. Es decir, solo 3 de cada 100 denuncias de crímenes terminan en condena o sentencia en un tribunal.

El presidente saliente, Jimmy Morales, junto a su familia, también ha sido investigado por casos de corrupción.

A mediados de 2000, la amenaza de que Guatemala, enfrentada entonces a los antepasados de las mafias políticas que hoy dominan el país, se convirtiera en un Estado fallido terminó empujando la llegada de la CICIG para acuerpar al Ministerio Público en investigaciones que expusieran a los grupos criminales incrustados en el aparato estatal.

Más de una década después, tras un inicio más bien discreto, la dupla CICIG y MP había investigado más de 100 casos de corrupción política y crimen organizado: había desbaratado complejas redes de corrupción; pactos entre militares, empresarios y políticos para desfalcar la cosa pública, y había investigado a cuatro expresidentes y al presidente en funciones. En corto: CICIG y MP habían expuesto, en todo su esplendor, la entraña corrupta de Guatemala.

El presidente Morales, uno de los investigados, usó todo el poder del estado para deshacerse de CICIG. Primero complaciente pero también distante, la élite económica de la que el expresidente Álvaro Arzú era uno de los rostros más visibles, no opuso resistencia; luego se convirtió en animadora activa del desmantelamiento del modelo híbrido -comisión supranacional-fiscalía local- que había tocado por primera vez el tumor de la corrupción y el cáncer de la apropiación estatal.

A pocas horas de que empiece el nuevo ciclo presidencial con la primera ronda electoral, Guatemala, en cualquiera de los escenarios más previsibles, se dispone a despedirse de CICIG, de un MP fortalecido y de su cruzada anticorrupción para volver a los años en que los poderes políticos, económicos y criminales disponían del estado nacional sin adversarios capaces de controlarlos.

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