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El asesinato que ha puesto bajo la lupa a la Fuerza Armada

San Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) presume que el asesinato de Carlos René Rivas Molina, hijo del coronel retirado Carlos Alfredo Rivas Najarro, fue cometido por sicarios. Una de las líneas de investigación de los fiscales, basados en testimonios recabados hasta ahora, es que la Fuerza Armada salvadoreña está relacionada de alguna manera con el crimen, tal como lo ha denunciado el padre de la víctima. Así lo confirmaron fuentes fiscales de primer nivel.

Y así lo aseguró también el coronel Rivas Najarro. “La Fiscalía me ha manifestado que (el asesinato) se trata de un acto de sicariato y que por lo que yo he expuesto se presume viene del interior del Ministerio de la Defensa Nacional… Es una línea de investigación”, dijo vía correo electrónico.

Carlos René Guillermo Rivas Molina, el menor de los cuatro hijos del coronel, fue asesinado el pasado 23 de abril entre las 5 y las 7 de la mañana según el reporte forense. Un sicario le propinó 7 balazos, cuyos orificios de entrada y salida se repartieron entre las piernas, el tórax, los hombros y el abdomen.

El coronel Rivas Najarro, empujado sobre todo por la sospecha que le provocó la muerte en circunstancias misteriosas de un oficial de inteligencia militar que investigaba el asesinato, escribió dos cartas al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para exponer su tesis de que a su hijo lo había matado un sicario bajo órdenes de personas relacionadas al ejército y que, desde el momento mismo del crimen, esas personas empezaron a ejecutar un plan elaborado para encubrir el crimen.

Rivas Najarro incluso identifica al coronel Simón Alberto Molina Montoya, un asesor del actual ministro de Defensa, como presunto responsable del crimen y del encubrimiento.

“El asesinato de mi hijo obedeció a una planificación por lo menos con 30 días de anticipación”, escribió Rivas Najarro en una de las cartas para Sánchez Cerén, entregada en Casa Presidencial el pasado 10 de julio. “(Hay involucrados) elementos militares en la planificación, en coordinación con sicarios de la MS (Mara Salvatrucha) que manejan la estructura del ministro y su asesor coronel Simón Alberto Molina Montoya”, continúa el coronel.

En su carta al Presidente, Rivas Najarro menciona varios móviles posibles del asesinato de su hijo. Uno de ellos es, dice el militar retirado, su oposición pública y privada a que se mantenga la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea tras la firma de los Acuerdos de Paz. Amparada en esa ley, la justicia salvadoreña perdonó a los militares de rango bajo y medio que fueron condenados a penas leves de prisión por los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas el 16 de noviembre de 1989.

Rivas Najarro fue uno de los principales enlaces salvadoreños con la llamada comisión Moakley del congreso estadounidense, cuyo informe final, publicado a tres meses de la masacre, determinó sin lugar a dudas la autoría militar y la participación del alto mando en el crimen.

El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, niega todas las acusaciones del coronel Rivas Najarro y las atribuye a acciones de un “padre desesperado por resolver su problema”. En una entrevista concedida en su despacho de Defensa, el general dijo: “Ahora no se manda a asesinar a nadie porque esté en acuerdo o desacuerdo con la derogatoria de la Ley de Amnistía… si ese fuera el caso… no tiene sentido… aquí en la Fuerza Armada no hacemos esas cosas que él dice”.

Para más información, lee la entrevista con el general David Munguía Payés.
Imagen de archivo del coronel Rivas Najarro

Imagen de archivo del coronel Rivas Najarro

El misterioso teniente Gómez González y otras anomalías

El teniente Óscar William Gómez González fue varias personas a la vez la mañana del 23 de abril cuando llegó, enviado por el Estado Mayor del ejército salvadoreño, a rondar la casa número 12 de la calle Topacio, en la colonia Casa Verde 1 de Santa Tecla, hogar del recién asesinado Rivas Molina.

Gómez González fue un coronel de alta -según le dijo al agente policial que levantó el acta inicial en la escena- que estaba ahí para identificar el cuerpo del sicario. Fue un investigador de inteligencia enviado por el ejército para ayudar en las pesquisas sobre el asesinato de Rivas Molina, según le dijo al coronel Rivas Najarro, tal como este escribió en sus cartas a Sánchez Cerén. Fue un investigador de la PNC, de indicativo “Brandon”, según le dijo a un reportero presente aquella mañana en la escena. Y fue un investigador militar que estaba ahí de casualidad, porque visitaba la zona “haciendo inteligencia” para aclarar la muerte de otro militar, este de alta, a quien habían asesinado 15 días antes, a 500 metros de la casa de Rivas Molina, según la versión del general Munguía Payés.

Nelson Rauda Zablah, reportero de La Prensa Gráfica que cubrió la escena, recuerda que el teniente le dio, ahí, el mismo número de celular que había compartido con el coronel Rivas Najarro. “En el año y medio que he trabajado como periodista nunca un investigador ha sido tan abierto conmigo… Me pidió mi número. Me dijo: ‘a veces los periodistas se enteran de cosas antes que nosotros’. Me pareció curioso pero en todo caso acepté porque quería el número del investigador… me dio ese número: 79100288”.

Ese teniente está muerto. La versión oficial es que murió por una intoxicación alcohólica. Su cuerpo sin vida apareció en la colonia La Rábida, en San Salvador, dos días antes de que se reuniera con el coronel Rivas Najarro para hablar del asesinato de su hijo. Durante dos semanas el coronel y el teniente se habían comunicado a través de ese número, el 79100288.

Este teniente, en cuya hoja de servicio consta que padece de un “cuadro alcohólico” según el general Munguía Payés, está al centro de esta controversia. A su súbita muerte atribuye el padre de la víctima su certeza de que el asesinato de su hijo fue cuidadosamente planificado, ejecutado y encubierto.

Después de la denuncia pública de las sospechas del coronel Rivas Najarro, expresadas en las cartas que envió al Presidente, más cosas raras pasaron en torno a la investigación del asesinato.

Primero fueron tres investigadores, que se identificaron como policías, quienes llegaron a casa de los Rivas en Los Planes de Renderos a interrogar a la madre de la víctima. La señora se negó a atenderlos. El coronel, quien en ese momento estaba en la Fiscalía hablando con los encargados del caso de su hijo, citó a esos investigadores en el recinto fiscal. Nunca llegaron.

Luego fueron otros detectives, identificados como miembros de la inteligencia policial, que intentaron interrogar a empleados de la empresa de seguridad del coronel Rivas Najarro en relación a un empleado que podría estar relacionado con el asesinato. Esa tesis, la de la venganza laboral, ha sido descartada por el coronel y no es una línea de investigación que siga la Fiscalía General, según fuentes relacionadas al caso. Eso, la aparente acción de la policía sin órdenes claras de la FGR, ha llamado la atención de los fiscales.

“En ningún momento hay dirección funcional a la PNC en ese sentido… la presencia de investigadores policiales, si lo están haciendo sin el consentimiento de la Fiscalía, podría (generar) una línea de investigación para deducir responsabilidades porque solo la Fiscalía puede direccionar a los agentes de la policía”, dice una fuente fiscal cercana a la investigación.

El coronel Rivas Najarro, por su parte, ha pedido explicaciones por escrito al director general de la PNC, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, tanto de la presencia de agentes en su casa de Los Planes como de los supuestos detectives que hacen averiguaciones no encomendadas por la FGR. “A esta fecha -21 de octubre de 2014- no he obtenido respuesta”, escribe Rivas Najarro.

La respuesta, sin embargo, ha llegado seis días después. El 27 de octubre, casi exactamente un mes después de la primera denuncia, el coronel Rivas Najarro fue denunciado en tribunales. El coronel Molina Montoya, por medio de sus apoderados legales, demandó por difamación a Rivas Najarro ante el juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador para exigirle una indemnización de $300,000.

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