La sombra de los aviones aún persigue al fiscal general

*Foto destacada: El expresidente hondureño Porfirio Lobo viaja con Enrique Rais.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó -no pidió, sugirió o solicitó; ordenó, como es su prerrogativa legal- al fiscal general Luis Martínez que revele toda la información relacionada a los viajes que hizo en misión oficial durante los años 2013 y 2014. La orden, que consta en la parte resolutiva de la resolución definitiva NUE 122-A-2014 del IAIP, fue girada a las 10:23 a.m. del 29 de enero pasado. Martínez tenía tres días hábiles, que ya pasaron, para detallar “fecha de viaje, destino, tipo de misión, cantidad de viáticos asignados al funcionario y cifra de boletos aéreos comprados para dichos viajes y su costo”. Hasta el cierre de esta nota, el fiscal general no había cumplido la orden, pero fuentes del IAIP confirmaron que su equipo legal había pedido la revocatoria de la resolución ante la Corte Suprema de Justicia. 

El fiscal general, Luis Martínez, creyó haber resuelto el asunto de sus viajes en los aviones de Enrique Rais, un empresario que estuvo acusado de estafa y a quien fiscales de Martínez pidieron absolver, diciendo que era un asunto “banal”, producto de conspiraciones en su contra. Así creyó el fiscal que había resuelto el tema.

Pero no: el IAIP resolvió ordenar al fiscal que divulgue toda la información sobre sus viajes. La decisión fue por unanimidad, según reveló Jaime Campos, uno de los cuatro comisionados que votaron a favor de la resolución. Campos explicó que el IAIP tiene cinco comisionados y que en casos de apelación uno de ellos instruye o investiga el caso en cuestión, mientras que los otros cuatro votan para resolver; pues lo dicho: en este caso los cuatro resolvieron que Luis Martínez debe informar sobre sus viajes.

«La información sobre los viajes es de carácter público, según el voto unánime que se dio en base al artículo 10 de la ley (de Acceso a la Información Pública)», dijo Campos vía telefónica a revista Factum.

Aunque la resolución daba tres días hábiles para presentar la información, los abogados institucionales de Martínez buscaron apelar la decisión del IAIP. Según confirmó Campos, los representantes fiscales adelantaron en la audiencia de apelación que acudirían a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión en el máximo tribunal. En los últimos días, la Fiscalía presentó un escrito ante el IAIP en el que confirma que acudirá a la CSJ.

Luis Martínez, está claro, acudirá a todas la instancias legales para no revelar datos sobre sus viajes, entre ellos los que hizo en aviones privados de Enrique Rais.

Todo empezó el 26 de noviembre pasado, cuando Factum reveló que entre febrero de 2013 y junio de 2014 Martínez viajó a misiones oficiales en tres aviones con matrículas N237WR, N455FD y N54HT, que son propiedad de Rais o de alguno de sus grupos empresariales. Solo 24 horas antes de esa publicación, el 25 de noviembre, fiscales a las órdenes de Martínez habían pedido a la jueza responsable de ese caso que exonerara Rais de los delitos de administración fraudulenta y estafa.

Vídeo de un jet HS 125-700A, de fabricación británica, similar al matrícula N237WR, uno de los aviones de Enrique Rais en los que ha viajado el fiscal general salvadoreño.

En una nota de seguimiento, publicada el 9 de diciembre, esta revista reprodujo partes de la respuesta que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General (UIAP-FGR) dio por escrito a una petición de información hecha ante el IAIP para que la FGR brindara detalles sobre los precios de los pasajes, destinos, viáticos asignados y boletos aéreos emitidos.

En su respuesta, la UIAP-FGR solo reveló algunos de los viajes y los nombres de fiscales y funcionarios que acompañaron a Martínez, pero obvió revelar los costos de esas misiones. El principal argumento de la Fiscalía para no dar esos datos fue que revelarlos podía poner en peligro la vida de los fiscales por tratarse de viajes hechos para “fortalecer las investigaciones de casos complejos”.

Este razonamiento, agregado a la respuesta dada por la UIAP-FGR el 28 de noviembre, está basada en un memo sobre la restricción de alguna información sobre viajes que el mismo Martínez hizo circular el 8 de junio de 2014 en la Fiscalía. Este es el argumento del fiscal general: “los viajes que se realizan, en su mayoría, tienen como propósito el fortalecimiento de investigaciones de casos complejos y de trascendencia nacional; y además, tomando en cuenta la naturaleza propia de las acciones que realizan los funcionarios y empleados de esta institución, son objetivos para la delincuencia común y el crimen organizado, volviéndose más susceptibles al revelar información que implique conocer costos del viaje, lo cual implícitamente abarca el monto pagado por los boletos aéreos, lo cual puede poner en riesgo la vida y seguridad personal”.

Pues bien, el IAIP resolvió hace dos semanas que ese argumento no tiene mérito legal, es decir, que no cumple con el requisito de legalidad requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública para decretar reserva parcial o total de la información solicitada. El Instituto dio esta resolución final el 29 de enero pasado.

Página 11 de la resolución NUE 122-A-2014, en la que el IAIP resuelve que la decisión de la FGR de no revelar información sobre los viajes del fiscal general no cumple con el requisito de "legalidad".

Página 11 de la resolución NUE 122-A-2014, en la que el IAIP resuelve que la decisión de la FGR de no revelar información sobre los viajes del fiscal general no cumple con el requisito de «legalidad».

En síntesis, el Instituto le contestó al fiscal general Martínez que la publicidad sobre los costos de sus viajes no implican peligro alguno y que tampoco entorpece investigación alguna.

Según los argumentos de la Fiscalía, revelar los costos de los viajes es “objeto de controversia” porque además de poner en riesgo la seguridad de los fiscales, el “ente obligado” (la FGR) “estima que el daño que podría producirse con la liberación de la información… es superior al interés público de conocerla”.

El IAIP responde: “estos argumentos (de la Fiscalía) no han sido comprobados fehacientemente… No se ha acreditado que vulnere protocolos de seguridad ni que exista perjuicio serio en contra de los servidores públicos o sus familiares, máxime cuando se trata de viajes que ocurrieron en el pasado”.

La orden

El IAIP resuelve, en general, que la Fiscalía General no ha cumplido con dos de los tres requisitos que justifican la reserva de una información en casos de que su exposición pública “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona” o “si causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes”, tal como consigna el artículo 19, literales d y f, de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Además de no cumplir con el requisito de legalidad, citado arriba, no hay “razonabilidad” en los argumentos de la FGR para ocultar información sobre los viajes de Luis Martínez. Este segundo requisito implica que el ente obligado en este caso debe razonar cada uno de los viajes y explicar “con un análisis más amplio” por qué niega la información y, además, debe aportar pruebas sobre esas explicaciones. La Fiscalía no lo hizo, según el IAIP.

Al final, tras botar los argumentos del fiscal general, la IAIP concluye que la resolución de la UIAP-FGR debe revocarse por “no estar apegada a derecho”, y luego en el numeral b de la parte resolutiva, ordena a la FGR que entregue “la información relativa al detalle de los viajes al exterior realizados por el Fiscal General de la República en misión oficial durante los años 2013 y 2014, en la que se detalle: fecha de viaje, destino, tipo de misión; cantidad de viáticos asignados a dicho funcionario; y cifra de boletos aéreos comprados para dichos viajes y su costo”.

El fiscal general Luis Martínez durante un viaje a Washington, DC a finales de 2014.

El fiscal general Luis Martínez durante un viaje a Washington, DC a finales de 2014.

Se ahonda el conflicto

El pleito legal por $25 millones entre Enrique Rais, el dueño de tres de los aviones en que ha viajado al extranjero el fiscal general, y Matteo Pasquale y Franco Pacetti, canadienses y representantes de Cintec Internacional, por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), se ha saldado con resultados diferentes para ambas partes, al menos durante le gestión de Luis Martínez.

A José Aquiles Enrique Rais, la Fiscalía le ha favorecido con dos peticiones de exoneración por los delitos de administración fraudulenta y estafa en el proceso referencia 130-4-2014 que lleva el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvado. Para el caso contra Rais y varios de sus empleados, Martínez asignó a un fiscal de la Unidad de Patrimonio Privado.

Contra Pasquale y Pacetti, la Fiscalía ha abierto proceso penales por apropiación o retención indebidas, falsedad ideológica, difamación y calumnia en perjuicio de Rais. Cuatro procesos diferentes en igual número de tribunales. En al menos uno de esos procesos, los fiscales de Martínez han pedio órdenes de captura.

También ha arremetido la Fiscalía contra Mario Calderón, exabogado de Enrique Rais, contra quien ha abierto tres proesos penales diferentes. Y contra Claudia Herrera, la esposa de Calderón.

Para 2004, los canadienses y Rais habían empezado una cruda batalla legal por las acciones de MIDES. El salvadoreño acusaba a los canadienses de extorsionarlo y estafarlo, mientras los extranjeros decían que Rais nunca honró por completo sus deudas.

En el colofón de ese pleito, a partir de 2013, el fiscal general, en cuyo despacho estaban pendientes acusaciones contra Rais, empezó a viajar en los aviones del empresario.

Documento en que MIDES solicita al Banco Agrícola transferencia de dinero para el pago de aviones, firmado por Enrique Rais.

En una de esas aeronaves, la matrícula N237WR, Luis Martínez viajó al menos dos veces. El 6 de febrero de 2013, el fiscal general y otros siete miembros de su delegación viajaron a San José, Costa Rica, para “participar en un taller regional”. El pasado 16 de julio, para regresar de Washington, tras reunirse con los abogados que representan a El Salvador en el litigio entre el Estado salvadoreño y la italiana Enel, el fiscal general también usó el N237WR.

La dueña de ese avión, según el registro federal de aviación de los Estados Unidos, es Rais Group International NC LLC, asentada en Carolina del Norte, Estados Unidos. El 4 de marzo de 2011, la empresa hizo dos préstamos, uno por $200,000 y otro por $2.78 millones  a Joda Loan Servicing System para amortizar los costos de la hipoteca de la aeronave de fabricación británica. Ese día, Joda elaboró un plan de pagos mensuales que empezaban el 23 de marzo de 2011 y terminan el 20 de enero de 2018.

El 23 de febrero, Rais escribió a varios de sus colaboradores: “Ya analizamos la factura, quien la elaborará es la empresa USA dueña del avión es (sic) Rais Group International NC. Esta solo debe 2 millones 8 mil (sic), Mides obtener el crédito…”

Rais ya había cubierto algunos pagos del N237WR con fondos de MIDES, la empresa por la que él y los canadienses pelean en los tribunales en ese litigio en que los fiscales de Martínez tienden a pedir la exoneración del empresario salvadoreño.

El 17 de febrero de 2011, por ejemplo, Hugo Ernesto Blanco Rais, sobrino de Enrique Rais, firmó un memo dirigido al Banco Agrícola de El Salvador. Ahí, Blanco Rais pedía transferir $13,782.82 a la empresa Hawker Beechcraft Corporation. La referencia de esa transacción es N237WR, la matrícula de ese avión en que viajó Martínez. Como ese, hay otros pagos por cantidades similares provenientes de la cuenta 0500-012095-4 del Banco Agrícola.

En enero de 2011, el mismo Enrique Rais firmó una petición al banco salvadoreño para que transfirieran, de la misma cuenta de MIDES, $26,598.17, esta vez a otro beneficiario, ExecuFlight Inc, la empresa a la que Rais Group pagaba por el alquiler de cada viaje que hacía N237WR antes de empezar a pagar para cancelar la hipoteca por el avión, según se deduce de comunicaciones electrónicas internas de la compañía a las que Factum ha tenido acceso.

Ya para abril de 2011, Rais estaba haciendo pagos desde CAPSA, otra de las compañías con las que tiene relación, para pagar por la hipoteca del N237WR.

En junio de ese año, los abogados de Rais le advirtieron que era mejor que los cheques para pagar por el avión no salieran a nombre de las empresas vinculadas al grupo, sino de terceros. Tras un intercambio de correos -cuya autenticidad Factum verificó con investigadores relacionados a los pleitos penales en los que el empresario ha estado involucrado-, el 15 de junio de 2011, a las 15:50 p.m., Rais escribió: “Se me está ocurriendo una cosa… Para que nos dejen tranquilos, a partir de hoy, todos los pagos que tengamos que hacer para los políticos y los aviones que sean a través de la cuenta ViFasa. Mides abona a calle los 3 millones… y todos los pagos que no debemos mostrar… y a ViFasa no le pueden solicitar nada, en vista que es otra empresa, así ya no nos complicamos la vida”. Al final del correo, Rais pide opinión a los cinco colaboradores a quienes remite el correo electrónico, entre ellos a su sobrino, Hugo Blanco Rais.

Factum escribió al correo electrónico de Enrique Rais y de Hugo Blanco Rais para pedir su reacción y comentarios sobre estos hechos. Al cierre de esta edición no había habido respuesta.

El entuerto se resume así: Luis Martínez, el fiscal general de El Salvador, ha viajado en aviones que pertenecen a empresas del empresario Enrique Rais; según una resolución de la UIAP-FGR, la Fiscalía nunca ha pagado cuando el fiscal viaja en vuelos privados; Martínez viajó al menos dos veces en el jet matrícula N237WR, propiedad de Rais Group International NC LLC; para pagar por ese avión, Rais ocupó fondos de MIDES, una de las empresas involucradas en el pleito legal que el empresario sostiene con los representantes de una empresa canadiense; los fiscales que dirige Martínez han pedido al menos dos veces a los tribunales que exoneren a Rais en este caso.

Hoy, además, se conoce algo más: el dinero de MIDES con el que Rais ha pagado por el N237WR sale de un fondo del que salen “los pagos que tengamos que hacer por los políticos y los aviones”. Por los políticos y los aviones.

El 29 de enero pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador ordenó al fiscal general revelar todos los detalles de los viajes que hizo en misión oficial 2013 y 204. Por ahora, Luis Martínez no ha cumplido esa orden.

Factum escribió a la unidad de comunicaciones de la Fiscalía General pidiendo comentarios de Martínez sobre la resolución de la IAIP. En este caso, el fiscal también decidió guardar silencio y no contestar el correo.

Sin embargo, este miércoles 11 de febrero, horas después de la publicación, Martínez fue consultado por el caso. El fiscal estaba en Casa Presidencial, escuchando el anuncio del presidente Sánchez Cerén para la presentación de una ley especial contra extorsiones.

Al finalizar el evento, un grupo de reporteros lo cuestionó y le preguntó su opinión sobre la orden del IAIP. Martínez contestó: «Ese tema es un tema banal, lo reitero, es un tema agotado. No me voy a prestar a la curiosidad de gente pusilánime que sólo se dedica a querer destruir».

Al fiscal general se le recordó la resolución del IAIP. «De todas maneras nosotros ya habíamos dado la información. Nos tiene sin cuidado. Ya es un tema terminado», finalizó sin decir más.

 

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