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“Para fortalecer un Estado primero hay que extirparle las redes criminales”

Adriana Beltrán, colombiana, es la oficial de seguridad ciudadana de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), uno de los tanques de pensamiento a los que el “establishment” político de la ciudad escucha con mayor atención cuando se trata de temas concernientes a la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad en el hemisferio. Beltrán, junto a otros miembros de WOLA, fue parte a partir de 2005 de los diálogos que llevaron a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y en el segundo semestre del año pasado trabajó de cerca en las discusiones que concluyeron con la instalación, el martes 19 de enero, de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH, un mecanismo internacional auspiciado por la OEA que, sin tener las capacidades investigativas de CICIG, busca incidir en la lucha contra la impunidad en ese país centroamericano. En esta entrevista, Beltrán revela algunos detalles de esas negociaciones y confirma, entre otras cosas, que el Congreso en Washington siguió de cerca el proceso para lograr que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández aceptará una misión con capacidad, al menos, de escoger el tipo de casos de corrupción a investigar. MACCIH, dice Adriana Beltrán, no es CICIG, pero es un instrumento que con la supervisión adecuada puede tener incidencia real en Honduras. De El Salvador, el país más violento de la región, asegura que “hay preocupación” por los niveles “sumamente altos” de impunidad.


Adriana Beltrán, de WOLA. Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

Adriana Beltrán, de WOLA. Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

Tus primeros pensamientos sobre la instalación de MACCIH con la firma del convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA en Washington…

Viendo el acuerdo final, y sabiendo que ha pasado todo un proceso desde que fue presentada la propuesta original en septiembre pasado, puedo decir que como ha quedado el acuerdo tiene ciertas imperfecciones y debilidades, porque carece de algunas de las facultades robustas que tiene la CICIG por ejemplo en Guatemala: MACCIH no va a contar con las facultades para llevar investigaciones de manera independiente o de acompañamiento en la persecución penal. Dicho eso, creo que la MACCIH, aun con esas debilidades, podría contribuir en el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras siempre y cuando se den algunas condiciones; creo que hay elementos de la nueva propuesta que son positivos. Mucho dependerá del liderazgo de los expertos que formen parte de la misión, que cuenten con la debida honorabilidad y compromiso de dar golpes fuertes a la impunidad. También va a requerir de un monitoreo bastante riguroso de la sociedad civil y de la comunidad internacional para ver como la MACCIH identificará casos emblemáticos y cómo se va a formar el observatorio de la sociedad civil, así como el rol que puede jugar en la depuración de las instituciones.

¿Estas imperfecciones de las que hablás son defectos de nacimiento o se dan porque durante las negociaciones se vio que no era algo políticamente viable darle a MACCIH más atribuciones?

Esta propuesta en realidad surge como respuesta a las demandas de la ciudadanía hondureña luego de que se revelaran casos graves de corrupción, como paso en Guatemala. Una de las peticiones en Honduras era el establecimiento de un similar a CICIG en Honduras. Si ves la propuesta que presentó la OEA en septiembre, el mecanismo no contaba con ninguna de las facultades que tiene CICIG en ese entonces. De hecho, esa primera propuesta se centraba en constituir un grupo de expertos internacionales que brindarían asesoramiento a las instituciones hondureñas y en hacer una serie de diagnósticos y recomendaciones; desde un inicio no se contempló las facultades de investigación independiente y de acompañamiento a los procesos penales, como CICIG. De hecho la reacción del gobierno fue bastante fuerte en el sentido de que no querían una CICIG como tal en Honduras.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras (derecha), saluda al secretario general de la OEA, Luis Almagro, antes de la instalación formal de MACCIH. Washington, 19 de enero de 2016.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras (derecha), saluda al secretario general de la OEA, Luis Almagro, antes de la instalación formal de MACCIH. Washington, 19 de enero de 2016.

Viendo la versión final del convenio parece que sí hay algunos cambios, y parece que el secretario general de la OEA ha puesto buena parte de su capital político en esto, y que por eso al final los expertos internacionales sí tendrán al menos capacidad de veto en los temas que se investiguen. ¿Cómo se llega de un punto en que el gobierno del presidente Hernández no quiere nada que se parezca a CICIG a algo que al menos tiene algunos rasgos?

Desde que se presentó la propuesta a la fecha ha habido una serie de negociaciones entre la secretaría general de la OEA y el gobierno de Honduras; hubo mucha reacción a la propuesta inicial de parte de la sociedad civil en Honduras y fuera, que levantó mucha preocupación porque no había músculo suficiente en aquella primera propuesta para llevar a cabo una batalla en realidad efectiva. Como te digo hubo toda una serie de negociaciones. También hay que tener en cuenta que esto se da en el contexto de las discusiones que se estaban llevando a cabo en el congreso estadounidense por el paquete de ayuda a Centroamérica para atender los factores causantes de la migración, donde el tema de la corrupción ha sido un tema central de preocupación de muchos miembros del Congreso; los congresistas quieren ver que realmente se están tomando medidas fuertes para atender el tema de la corrupción. Creo que hubo mucha reacción para tratar de fortalecer el acuerdo general. Entonces, cuando digo que hay elementos positivos es porque sí hubo un cambio de la propuesta original en el sentido de que los expertos van a poder seleccionar, certificar, supervisar y capacitar a un grupo de fiscales nacionales.

¿Qué tan importante fue en toda esa negociación la presión que ejerció Washington, tanto desde la administración Obama o desde las oficinas de senadores y representantes que dijeron claramente que si no había un mecanismo con dientes podrían repensar la ayuda económica?

Las discusiones se dieron en ese contexto. Está claro que la MACCIH va a ser un organismo financieramente independiente que va a requerir del apoyo de la comunidad internacional y en ese sentido hubo mucho acercamiento de la OEA y del Gobierno de Honduras al Congreso por el paquete de ayuda al Triángulo Norte. Como sabes la ley (de presupuesto) incluyó al final la posibilidad de un apoyo financiero a misiones contra la impunidad si estas se establecían en Honduras y El Salvador, siempre y cuando contaran con facultades similares a las de CICIG. Hubo mucho seguimiento de parte de oficinas clave del Congreso que expresaron a la OEA y al Departamento de Estado su preocupación e interés de que el mecanismo contara con las facultades y elementos que aseguraran su efectividad.

WOLA fue parte activa de la negociación que terminó con la creación de CICIG en Guatemala y hoy del proceso que terminó con la creación de MACCIH. ¿Siguen siendo necesarios estos instrumentos en el Triángulo Norte? ¿Son indispensables estos mecanismos para garantizar el imperio de la ley?

Si analizás el contexto de Guatemala que dio pie a que la sociedad civil solicitará la cooperación extranjera lo que tenías eran niveles endémicos de violencia, una impunidad que en el caso de Guatemala significaba que el 98% de los casos de homicidios no terminaban con una sentencia, y una infiltración muy fuerte de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado, al punto que algunas instituciones llegaron a ser utilizadas por estas redes para favorecer sus intereses y no los intereses de la ciudadanía. En ese contexto no se veía factible que las mismas instituciones fueran capaces de atender los problemas de impunidad y violencia y que se requería en realidad cooperación internacional para atender estos problemas y fortalecer al Estado. Las condiciones en los otros dos países son similares: El Salvador, Guatemala y Honduras están entre los países más violentos del mundo que no están en guerra; en El Salvador, que se ha convertido en el país con las tasas de homicidio más altas, hay unos niveles de impunidad sumamente altos y hay mucha preocupación por la infiltración en las instituciones de seguridad y justicia. Creo que contar con la colaboración más activa de la comunidad internacional para fortalecer las instituciones y desmantelar las redes de corrupción es importante.

“Hay mucha preocupación por la infiltración en las instituciones de seguridad y justicia de El Salvador.”

En la discusión sobre la naturaleza de estas comisiones ha surgido la discusión sobre las prioridades: ¿es más importante perseguir casos emblemáticos, como en Guatemala que la CICIG colaboró en el caso de corrupción contra el ex presidente Pérez Molina, o fortalecer las instituciones nacionales?

Tomando el caso de Guatemala, ha habido mucha atención en las facultades de la CICIG que se enfocan en el tema de la investigación, precisamente por el nivel de los casos que apoya la comisión, como el del ex presidente Alfonso Portillo, el ex presidente Pérez Molina, la ex vicepresidenta (Roxana) Baldetti. Es un aspecto importante porque estos casos muestran los niveles de cooptación del Estado, y no estás hablando solo de la Policía o de las aduanas, sino de un nivel mayor de infiltración en el Estado, y es en ese sentido que las investigaciones en estos casos son clave para desmantelar esas redes incrustadas en el Estado. Para fortalecer una institución del Estado primero tienes que extirpar esas redes criminales. Yo diría que los logros que se han visto del Ministerio Público en Guatemala tienen mucho que ver con lo que ha hecho la CICIG.

También sabemos que en el caso de Guatemala ha habido una reducción importante en el caso de homicidios, ¿a qué se puede atribuir esa baja? ¿A la reforma en el Ministerio Público? ¿A la acción de CICIG?

Hay varios factores. Parte se debe al cambio en la manera en que se investigan los casos; por ejemplo no investigar caso por caso, sino tratar de investigar fenómenos para ver si se puede investigar estructuras o redes criminales; la creación de unidades de análisis; mejorar la coordinación del Ministerio Público y la Policía. Todo eso creo que colaboró en bajar las cifras de impunidad, por lo menos en lo que tiene que ver con homicidios. En muchos de estos cambios y herramientas colaboró la CICIG, pero también tiene que ver que han tenido liderazgos bastante fuertes en el Ministerio Público.