“El mandato de CICIG no es investigar casos, eso es limitarse y ha sido el mayor error”

¿Era necesario una nueva prórroga para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)? La respuesta de Aníbal Gutiérrez, exconsejero político de la Comisión, es no. ¿Aún después de destapar grandes casos de corrupción? Sí, aun así. Para él, la Comisión tuvo que replantearse para buscar cambios en el sistema de seguridad y justicia guatemalteco. 

Gutiérrez es un crítico de la CICIG. La cuestiona porque estuvo en ella durante cinco años y medio como consejero político, porque conoció de cerca cómo funcionaba y porque asegura que debe cambiar su enfoque sobre casos específicos y tratar de cambiar el sistema de seguridad y justica de raíz.

Y esto lo dijo en Guatemala en el pasado, como lo repite ahora tomándose un café en Buenos Aires, Argentina: “Lo importante de una institución como la Comisión es poder acompañar al Estado para definir qué es lo que hay que cambiar en el sistema de seguridad y Justicia. Si esto no se hace, ¿qué pasaría? ¡La CICIG no podrá irse nunca de Guatemala y esto sería un error!

“La CICIG no es una institución de investigación criminal. Si fuera así se tendrá que quedar para siempre en Guatemala”.

Error o no, hoy la CICIG tiene dos años más por delante. Y lo tiene por el apoyo de Estados Unidos, los empresarios guatemaltecos que meses atrás ya no la querían en el país y una sociedad civil que inunda las plazas principales de Guatemala aplaudiendo los casos de corrupción destapados en el actual gobernó del Partido Patriota (PP). ¿No era necesario prorrogar su mandato? No, dice Gutiérrez, pero matiza que esto no “significa que CICIG se tenga que ir de Guatemala”.

¿Qué diferencia existe entre las prórrogas al mandato de la CICIG solicitadas en 2013 y la de este año?

Pongámonos en contexto: Otto Pérez Molina asumió en enero de ese año y el mandato de la CICIG finalizaba en septiembre 2013. Y el proceso para la prórroga se inició y se mantuvo todo 2012 para que las instituciones del Estado fueran quienes realmente estuvieran en condiciones de solicitarlo a la comunidad internacional y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

¿El Estado o el gobierno central? Lo pregunto porque este año fue Otto Pérez Molina quien dijo que la decisión de solicitar o no una prórroga era enteramente suya como presidente.

El Estado. Es que fue un proceso de cabildeo para convencer a los poderes del Estado de la necesidad de renovación del mandato de la CICIG. Para eso, el primer paso fue interno: hacer por primera vez un plan de trabajo.

¿No se tenía hasta entonces?

Antes lo que se hacía era cumplir con el mandato sin un plan de trabajo claro que demostrara hacia adentro y hacia afuera de Guatemala hacia dónde se iba. No, no como lo conocemos dentro de la cooperación internacional con componentes, objetivos, indicadores, tiempos y responsables.

Déjeme entender, por ejemplo, ¿se llevaron adelante dos o tres casos, y de ahí salió a necesidad de hacer cambios al sistema de evaluación de jueces, pero nunca se hizo un análisis previo de todo el sistema judicial en el país?

Exactamente. Y por eso, el primer trabajo que hicimos para tratar de renovar el mandato en 2013 fue interno: elaborar un plan de trabajo, que coordina la consejería política a mi cargo, en el que participa todas las dependencias de CICIG. Y, para el 9 de julio de 2012, se presenta ante el Estado y la comunidad internacional el plan para el período 2012-2105.

¿Qué es lo que se tenía hasta entonces: un mandato y un compromiso?

El mandato, que decía qué se podía hacer y qué no, y la impronta personal del comisionado, que de alguna manera es quien indica hacia dónde va la Comisión. El primer plan de trabajo se construye durante los primeros meses de 2012. Incluso acordamos con Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), cuando Fernando Carrera era el secretario, que técnicos de esta institución acompañaran el proceso porque ellos deberían de tratar de compatibilizar este plan con el del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de otras instituciones para que realmente fuera sinérgico.

¿Esto no era querer convencer a las instituciones de que CICIG era todavía necesaria?

No, no lo vi así. La CICIG tenía una obligación de cumplir con su mandato y el Estado guatemalteco tenía la necesidad de fortalecerse. Con ese ánimo trabajamos en conjunto con el Estado. Se le pidió a cada institución que destacara funcionarios de alto rango que acompañaran este proceso. Por ejemplo, nos fijamos actividades y metas respecto al Ministerio Púbico (MP). Ahora bien, estas siempre fueron consensuadas con el MP. Claudia Paz y Paz era la fiscal general y teníamos un buen nivel de diálogo con ella y con los funcionarios que la acompañaban. Lo mismo con el Mingob.

¿Y ese fue el primer paso?

Sí, la confección del plan. Después se firmó un papelito muy sencillito pero muy simbólico e importante. Era un solo párrafo en que se comprometieron a acompañar los esfuerzos de CICIG en el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y lo firmaron el presidente de la República; Guddy Rivera, como presidente del Congreso de la República; Thelma Aldana, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y Paz y Paz.

¿Por eso es que al solicitar la prórroga asisten todos los poderes del Estado a Naciones Unidas?

Sí. Fue también algo simbólico de un fuerte mensaje político: Todos los poderes acompañaron al comisionado a una reunión en la Secretaría General de la ONU para pedirle a la comunidad internacional una nueva prórroga del mandato. Y digo que fue muy fuerte porque la sede de Naciones Unidas está acostumbrada a recibir altos dignatarios. A lo que no está acostumbrada es a recibir juntos a los jefes de los tres poderes de un Estado. Entonces fue el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; Aldana; el exviceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales; Rivera, del Congreso; y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti. Todos juntos a pedir la continuidad. ¿Vos me preguntás cuál es la diferencia entre aquella y esta? ¡Esa es la gran diferencia! En ese momento quien asumía el compromiso era el Estado.

¿Cómo lo tomaron entonces algunos actores sociales, como el CACIF (empresa privada), que no siempre han favorecido la gestión de la CICIG?

Si hay una cosa que marcó la gestión de Francisco Dall’anesse como comisionado fue la de poco diálogo con actores que no eran proclives a acompañar el mandato de CICIG. No obstante, se hizo una presentación ante la Comisión de Seguridad de CACIF. Incluso los actores que no estaban de acuerdo con la Comisión no pudieron tomar a mal lo que estábamos haciendo porque era lo que reclamaban los más críticos de la gestión: saber qué iba a hacer la CICIG en Guatemala. Pero más allá, los empleados de la misma CICIG tenían que saber cuál era el camino que iba a tomar la Comisión.

¿Cómo se definía antes de 2012 el “qué vamos a hacer”?

La estructura de la CICIG está armada para que sea el comisionado quien tome las decisiones en absoluta soledad.

¿Eso no permite que hoy sea la investigación de un hecho coyuntural, como lo fue el caso Rodrigo Rossemberg, y mañana algo más planificado, como el seguimiento de depuración de la Policía Nacional Civil?

Sí. Y dependerá de la voluntad de quién conduce la organización. Esta es probablemente una de las debilidades del modelo CICIG como tal: no haberle dado a la institución una organización que pudiera administrar correctamente este tipo de cosas.

Eso me suena monárquico.

Sí. Yo fui muy crítico y discutí muchísimo cómo quedó el mandato de la Comisión y me dijeron siempre lo mismo: “Lo que se firmó en 2006 y se aprobó en 2007 fue lo que se pudo tener.”

Pasemos al 2015. Aunque Iván Velásquez (actual comisionado) ha reafirmado que sacar a luz pública la investigación del caso “La Línea” no era para procurar la continuidad de la CICIG en Guatemala, para algunos sí lo fue.

Y si fuera así, qué grave fuera. Es cierto que la corrupción en las aduanas guatemaltecas es algo de lo que se habla desde hace mucho, desde la red Moreno y desde antes de ella también. Pero si este caso toma estado público para, de alguna manera, condicionar la decisión de un Estado soberano con respecto de la continuidad o no del apoyo de la comunidad internacional, me parece algo gravísimo.

¿Sería que la decisión de hacer público un caso depende de momentos y tiempos políticos más que de intenciones judiciales?

Si fuera así, sin duda sería algo más político que judicial. La política se tiene que tratar en el ámbito político y lo que CICIG no debería de hacer, que es uno de los tantos vicios de Guatemala, es judicializar la política. La política tiene que estar un carril y la justicia, otro. Y no deberían mezclarse salvo cuando evidentemente hay un delito.

¿No sirve de nada dar a conocer casos de este nivel para forzar cambios reales en Guatemala?

Es que investigaciones sobre corrupción en aduanas ya había en la Comisión. Pero me parece muy complejo que se pueda haber utilizado un caso de alto impacto mediático y de altísimo impacto político e institucional para forzar la decisión de autoridades democráticamente electas.

¿Era necesario extender la misión de la CICIG en Guatemala?

No. Y eso no significa que CICIG se tuviera que ir. En 2012 sostenía, y lo hago todavía hoy, que el mandato se tenía que prorrogar hasta 2015 y tenía que ser por última vez.

¿Por qué?

A la par, teníamos la obligación de pensar cómo la comunidad internacional debía continuar apoyando el proceso de fortalecimiento de las instituciones de justicia guatemalteca de una manera distinta a CICIG. ¡Porque un remedio que se aplica durante tanto tiempo termina convirtiéndose en parte de la enfermedad! La Comisión no debió pensar en estos dos últimos años que hacía para conseguir una nueva extensión de su mandato sino ver qué hacía para culminar aquello que había hecho y ver de qué manera se podía pensar otra forma de continuar apoyando a las instituciones de justicia guatemalteca sin que fuera el mismo modelo. Y esto hacerlo en conjunto con las agencias del sistema de Naciones Unidas, las embajadas de países donantes, los organismos multilaterales las instituciones privadas que acompañan este proceso.

Me queda la sensación de que la CICIG “resolvió casos”, pero a nivel sistémico había hecho poco o nada.

No me animo a decir “nada”. Se hicieron cosas importantes a nivel sistémico, pero se hizo menos de lo que podría haber hecho.

¿Por ejemplo?

Todo lo que tuvo que ver con el sistema de extinción de dominio, por ejemplo.

Igual que las escuchas telefónicas, pero al final hablamos de herramientas de investigación y no de cambios del sistema.

Por eso digo que la CICIG ha resuelto casos y en materia de modificación sistémica ha hecho menos. Tal vez nos faltó capacidad, a todos los que estábamos allá adentro, para ver eso. ¿Por qué? Porque dejamos de pensarnos.

¿Dejaron de pensarse?

La CICIG se pensó mucho hasta el 2007 o 2008. Después, se dejó de pensar en sí mismo. Y hablo de la propia comisión y todas las organizaciones que acompañaron su creación. Y la Comisión, por definición, es una institución que debía estar pensándose constantemente para ver qué es lo que tiene que hacer, tratar de ser muy estratégico en lo que tiene que hacer y para ser realmente un factor de cambio en la realidad de un país tan castigado como Guatemala.

Muchos vieron a la CICIG como una institución de investigación paralela a las instituciones del Estado guatemalteco.

El mandato de CICIG no es investigar casos, eso es limitarse y ha sido el mayor error que se ha cometido. El mandato es la de generar las condiciones necesarias para que el Estado guatemalteco sea capaz de investigar la existencia de estructuras criminales insertas en sí mismo que son capaces de generar, por sí mismo o por otros, impunidad para sí o terceros. Y no se trata que fuera capaz de investigarlos, perseguirlos penalmente y de conseguir una condena, sino que sea capaz de generar las herramientas necesarias para que esa estructura, una vez identificada y desmantelada, no se rearmen. Por eso digo que dejamos de pesarnos, porque ese era el mandato. Si vos me decís: CICIG es un ente de investigación. Te respondo que no.

¡Pero en la práctica, sí!

Es un ente de fortalecimiento institucional. Y debería de tener como herramienta la investigación de casos concretos que sirvan como modelo para fortalecer las instituciones del Estado. ¿Sino de qué sirve? ¿Cómo mediríamos su desempeño y su eficiencia? ¿Por la cantidad de casos resueltos? ¿Y de qué te sirve eso? En 2017, después de 10 años, ¿qué es lo que va a decir la Comisión respecto al cumplimiento de su mandato? ¿Qué llevaron a delante 200 o 500 casos? Eso no sirve de absolutamente de nada. La CICIG debería de ser capaz de analizarse a sí misma y en 2017 decir: “Encontramos un Estado, en términos del sistema de seguridad y justica, en estas condiciones y nos vamos dejando las instituciones en este otras condiciones”. Y poder mostrar que las condiciones de 2017 son mucho mejores que las de 2007. Y, como añadido, dejar trazado un camino a seguir. Si pensamos que la CICIG es una institución de investigación criminal, se tendrá que quedar para siempre en Guatemala.

Hoy, cuando sale la gente a protestar se universaliza la idea de que sin CICIG no hubiera sido posible investigar este tipo de casos. ¿Esto, a la larga, no es un fracaso de la Comisión?

No, la CICIG no ha fracasado. Fracasamos los que participamos de ella y los que acompañaron todo el proceso porque dejemos de pensarnos, dejamos de discutir entre nosotros y nos dedicamos a vernos las caras y a convencernos de que estábamos en el camino correcto. Y dejamos de interpelarnos para ver si realmente lo que estamos haciendo era lo correcto. Y, peor aún, dejamos de aceptar que cuando alguien decía algo en contra la de la Comisión no era un ataque sino una crítica.

Hoy por hoy, ¿Guatemala está en la capacidad de investigarse a sí misma?

No lo sé. Probablemente sí en algunas cosas. En otras, no.

¿Eso no es suficiente para que la CICIG continúe en Guatemala?

Obviamente que tiene la capacidad. No vamos a ser tan ingenuos de pensar que CICIG remplaza a los 900 o más funcionarios que tiene el MP. Hay muchos y muy buenos funcionarios en el MP, en el sistema judicial, en la defensa pública y en la Policía Nacional Civil (PNC). Lo que hay que pensar es si existen las condiciones para que el sistema premie a esos buenos y castigue a los malos. Si no existen las condiciones, hay que trabajar para crearlas. Creo que siempre Guatemala será capaz de investigarse a sí misma cuando existe la voluntad política para ello. Y ese debería ser el trabajo. Insisto: si se sigue haciendo foco en que la permanencia de la CICIG en Guatemala es indispensable para que se puedan dar casos como los de “La Línea” va a ser imposible salir de esa trampa en al que se entró hace ocho años.

Entrevista con Aníbal Gutiérrez, exconsejero político de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre un análisis de la validez o no de la prórroga de la CICIG en Guatemala, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 12 de mayo de 2015. Foto de Rodrigo Baires Quezada.

Algunos hoy aplauden el trabajo de la CICIG frente a la corrupción y dicen que esa es una muestra más de que se debería quedar en Guatemala.

El mandato habla de poderes paralelos capaces de poder procurar impunidad para sí o para terceros. Y esta tiene que ver con cualquier tipo de caso. Se puede procurar impunidad en un caso de corrupción, en un hecho de sangre o un hecho de justicia mercantil. El tema es la impunidad y no la corrupción en sí misma, que es solo un elemento más. Hay que tener en cuenta esto para generar la batería de soluciones para cada cosa concreta. No es lo mismo perseguir y procurar mejorar índices de seguridad pública –“Que se mate menos”-, a perseguir hechos de corrupción –“Que se robe menos dinero del Estado”-.

Pero en el centro tienes que tener un sistema que pueda perseguir y condenar ambos casos.

Por supuesto. Por eso la respuesta y el acompañamiento tienen que ser a nivel sistémico. El hecho concreto tiene que servir como ejemplo demostrativo para un cambio. Siempre puse el mismo ejemplo: el caso del juez Mario Fernando Peralta Castañeda por tráfico de niños amparado en la figura de la adopción internacional. No se trataba de haber capturado y llevado a juicio al juez Peralta. Se trataba que alguien como Peralta haya sido juez, que se haya mantenido durante tanto tiempo en su cargo, que haya hecho todo lo que hizo y que el sistema no lo supo depurar a tiempo. Lo importante es saber sí en la actualidad el sistema es capaz de que no lleguen otros jueces como Peralta a ocupar la vacante que él dejó. Lo importante de una institución como la CICIG es poder acompañar al Estado para definir qué es lo que hay que cambiar para que esto no vuelva a suceder.

Si esto no se hace, ¿qué pasaría?

¡La CICIG no podrá irse nunca de Guatemala!

Viendo todos estos pros y contras de la Comisión, ¿la CICIG es una institución replicable en la región?

Sí, absolutamente. El modelo es replicable en el mundo entero pero no como ha funcionado la CICIG en Guatemala.

¿Cómo así?

A ver, de Guatemala a El Salvador hay un ratito en coche. Ahora, las diferencias de los sistemas de seguridad y justicia entre ambos países son muchísimas.

¿Es un modelo necesario en el Triángulo Norte centroamericano?

Sí, pero se tiene que hacer un diagnóstico muy exhaustivo de qué es lo que necesitan estos tres países en términos de fortalecimiento de sus propios sistemas. Lo que necesita El Salvador y Honduras no es lo mismo que necesita Guatemala. Se puede tener una CICIG en cada uno de estos países, sí. Y mi opinión es que deberían de hacerse. Pero de hacerlas, las tres instituciones deberían de trabajar de manera muy coordinada.

¿Esto es posible?

Es que algo que les criticábamos a los tres países de la región. Por ejemplo, que sus policías no trabajan de manera coordinada porque desconfían de ellas. Y se necesita un organismo internacional que demuestre a estos países que se puede trabajar de manera coordinada porque se tienen problemas comunes que necesitan soluciones comunes. En el caso de la inseguridad del Triángulo Norte, si no se resuelve de manera conjunta, no se resolverá en cada país. Los problemas de inseguridad de estos tres países se exportan de uno al otro tan fácil como cruzar de esta banqueta a la otra. Sí es factible y sí es necesario, pero sí creo que obliga a los países a hacer un ejercicio de honestidad intelectual para definir en qué necesitan ser acompañados.

¿O sea que lo que planteó el vicepresidente estadounidense Joe Biden es factible?

Aunque a finales de 2009 y principios de 2010 hubo conversaciones tanto en El Salvador, con el presidente Mauricio Funes, como en Honduras, con el presidente Porfirio Lobo, creo que no estaban dadas las condiciones políticas institucionales en ambos países para eso en aquel momento. Y entonces se hablaba de una CICIG regional. Lobo venía del desgaste del golpe de Estado a Manuel Zelaya; Funes estaba en una transición compleja por ser el primer gobierno de izquierda con un presidente democráticamente electo. Tampoco la Secretaría General de Naciones Unidas estaba tan convencida de la conveniencia de regionalizar a la CICIG.

¿Por qué?

Porque CICIG le ha traído a la Secretaria General de Naciones Unidas muchos dolores de cabeza y se han pagado algunos costos de descredito y críticas, muchas veces. Y la ONU no está acostumbrada a recibir críticas. Entonces, creo que no estaban muy convencidos de la conveniencia de agrandar la experiencia hacia todo el triángulo norte y multiplicar por tres los conflictos que tenían en Guatemala.

¿Pero habría algún apoyo internacional para estar pensando en ello?

Sí, claro. Creo que el apoyo lo tenían en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado empezaba a ver la necesidad de una CICIG regional como una herramienta para conseguir los resultados que ellos quieren sin desgastarse con una intervención directa y frontal como lo hizo en otros momentos en América Latina.

¿Entonces la propuesta de Biden estaría encaminada en temas específicos, como el narcotráfico, las pandillas y la corrupción estatal?

Pero eso sería pensar en casos concretos. Y eso no resuelve nada, solo replica un modelo de ocho años de la CICIG en Guatemala.

¿Siempre Estados Unidos apoyó tanto a la CICIG?

El acompañamiento de Estados Unidos a la CICIG fue importante. Primero, en lo financiero; segundo, hubo momentos en que este apoyo y acompañamiento fue muy protagónico y otros momentos en que no.

¿Cuándo fue más y cuando fue menos?

Claramente hay una diferencia entre Castresana y Dall’Anese, quien era mucho menos dócil para la Embajada de Estados Unidos en Guatemala que el primero. Tal vez porque uno era español y otro era centroamericano, y eso marcaba una diferencia muy importante en su manera de pensar sobre qué necesitaban las instituciones de justicia guatemaltecas. Por lo que se ve, por lo que me puedo enterar por amigos guatemaltecos con los que sigo en contacto y por la prensa, en este momento el nivel de presión de Estados Unidos para conseguir la extensión del mandato fue muy grande.