El Fiscal que se merece El Salvador

El proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia aún no ha concluido; sin embargo, en el ambiente político salvadoreño ya se empieza a hacer referencia a la elección del Fiscal General de la República. Aunque el periodo del fiscal Luis Martínez concluye el 4 de diciembre del presente año, la búsqueda de su sucesor se perfila como uno de los procesos más trascendentales de la actual legislatura. La situación actual de El Salvador imposibilita restarle importancia a dicha elección, en un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y donde brotan señalamientos de corrupción sobre las cabezas de dirigentes de muchas instituciones (pasadas y presentes), la figura de un “abogado del Estado” que esté dispuesto a resolver los problemas que aquejan al país se vuelve de vital importancia.

Dado que los funcionarios están llamados a cumplir con una labor institucional que refleje un total servicio a los intereses generales es necesario conocer cuáles son las labores que constitucionalmente se le han encomendado a la Fiscalía General de la República. Según el artículo 193 ordinal 1° de la Constitución, corresponde el fiscal defender los intereses de la nación. Entre dichos intereses se encuentra la promoción de la acción judicial en defensa de la legalidad, utilizando criterios técnicos respaldados por las leyes para la consecución de la misma; cooperar en la administración de justicia y velar por el interés del Estado, de la sociedad y los particulares; el combate al crimen y la corrupción; la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de promover la acción penal, entre otras enumeradas en la Constitución.

Con base en las atribuciones de la Fiscalía General de la República antes descritas, es evidente que el titular de dicha institución ejerce una labor técnica altamente especializada. Para ser Fiscal General se exigen las mismas cualidades que para ser Magistrado de Cámara, entre las que destacan las tan discutidas “moralidad y competencia notorias”. La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha traducido esos conceptos indeterminados a que la persona designada debe gozar de “la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia (de órganos e instituciones, así como de partidos políticos) y rectitud”; además, que estas personas deben poseer la cualificación técnica y profesional requeridas para el idóneo desempeño del cargo. La persona que ocupe el cargo de Fiscal General debería ser un abogado con amplia experiencia, como mínimo, en temas penales, sancionatorios y administrativos; con base en experiencias pasadas, saber posar para las fotografías no es suficiente para ser Fiscal General, sino que se requiere a alguien con pensamiento estratégico y dispuesto a tomar decisiones con base en criterios técnicos que produzcan resultados tangibles en el combate a los delitos.

Después de tantas elecciones realizadas y de una serie de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, las cuales delimitan el perfil idóneo de un funcionario y el procedimiento para seleccionarlo, es obvio que la Asamblea Legislativa sabe cómo debe desarrollarse la designación del Fiscal General. Dicho proceso tiene que realizarse bajo un mecanismo objetivo por el cual se puedan ponderar los indicadores que lleven a los legisladores a decantarse por una persona; para lo anterior debe realizarse una valoración imparcial del perfil de cada candidato, teniendo como base la documentación que acredite la cualificación profesional y un cuadro de antecedentes limpio que refleje una moralidad intachable. El proceso de selección, además, debe ser público, transparente y sujeto a la verificación de los diferentes aspirantes y medios de comunicación, y en el cual debe valorarse públicamente los atestados que prueban o justifican el mérito, idoneidad, competencia y aptitudes de los abogados que se postulen.

El Salvador debería tener el Fiscal General que se merece; uno que corresponda al trabajo y sacrificio diario que los salvadoreños hacemos para salir adelante, que sea capaz de reducir el problema de la delincuencia, tanto de corrupción como de violencia; y, además, que deje a un lado los shows mediáticos y de ninguna manera ejerza sus funciones atendiendo a parámetros  subjetivos, sino con objetividad e imparcialidad.

Entre tantos problemas que aquejan a nuestro país, la elección del Fiscal General de la República no puede pasar desapercibida para la sociedad civil. Sin duda alguna los ciudadanos debemos volver la mirada a los procesos de elección de funcionarios, pues no faltarán los intentos de repartición política o nombramientos a conveniencia, lo cual ha sido la constante desde hace varias décadas. Los ciudadanos estamos en el derecho de exigir a los diputados la evaluación y selección de los mejores perfiles de profesionales, pues al momento de elegir Fiscal General deben considerarse los requisitos establecidos en la Constitución (e interpretados por la Sala) y elegir a quienes sean los más aptos para la función; la labor que implique la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo del país y los derechos de las personas, como corresponde a un Fiscal General, debe ser ejercida por un ciudadano capacitado y competente, pues tendrá a su cargo la defensa de los derechos de las personas y de la Constitución.

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