El salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, miembro de los Teamsters en Estados Unidos, fue asesinado en Usulután el 5 de noviembre de 2004. La Fiscalía salvadoreña aseguró en 2007 que el sindicalista había sido asesinado por miembros de la pandilla Barrio 18 y que el móvil era una venganza familiar promovida por la ex esposa de la víctima. Los Teamsters, sin embargo, han insistido siempre que su colega fue asesinado para evitar que organizara a los transportistas portuarios en El Salvador. Esta semana, Jimmy Hoffa, Jr., presidente del sindicato estadounidense, envió una carta al fiscal general salvadoreño, Luis Martínez, pidiéndole que se reuna con él en Washington para discutir la reapertura del caso. Según el texto de la misiva, Martínez dijo al congresista demócrata Jim McGovern que estaba dispuesto a revisar el caso Soto.
El 16 de noviembre de 2014 el fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, hizo tiempo en su agenda para reunirse con el congresista estadounidense Jim McGovern de Massachusetts en el hotel Real Intercontinental de San Salvador. Ambos hombres hablaron sobre casos de crímenes que aún permanecen en la impunidad, entre ellos el del asesinato de Gilberto Soto. Así lo confirmaron dos personas que supieron de la reunión. Y así lo refiere en parte Jimmy Hoffa, Jr., presidente del sindicato de transportistas Teamsters, en una carta que hizo llegar a Martínez esta semana.
Entrevista con Jimmy Hoffa Jr. en su despacho en Washington, DC. Foto por Ron Carver IPS.
“Entiendo, por el congresista McGovern, que durante la conversación que sostuvieron, usted le indicó su interés en reunirse conmigo para discutir la reapertura del caso”, escribe Hoffa Jr, al funcionario salvadoreño en la carta, a la que Factum tuvo acceso.
En un boletín de prensa distribuido este lunes 23 de febrero, los Teamsters dicen que Hoffa es optimista de que “recibirá una respuesta positiva del fiscal general debido a reportes del congresista McGovern de que Martínez había expresado deseos en reunirse con el líder sindical”.
En el comunicado, el sindicato aclara además que Hoffa escribió esta última carta debido a que Martínez aún no contesta otra similar que el jefe de los Teamsters y otras 14 personas –entre académicos e intelectuales estadounidenses– publicaron el 5 de noviembre de 2014 en La Prensa Gráfica. En ese campo pagado, los firmantes se interesaban por la falta de castigo contra los autores intelectuales del caso Soto y de otros, como los asesinatos de activistas ambientales en Cabañas.
“En nuestra carta abierta también le pedimos que trabaje en cooperación con la PDDH y grupos independientes de derechos humanos para identificar a quienes ordenaron estos crímenes y quién ordenó encubrirlos. (En el caso Soto) he visto reportes de que el encubrimiento incluyó vejaciones sexuales a los pandilleros acusados del asesinato con el fin de extraerles confesiones falsas”, escribe Hoffa, Jr.
Las dudas
Martínez es el tercer fiscal general que escucha de interlocutores estadounidenses peticiones de esclarecer el asesinato de Gilberto Soto. Ya antes Félix Garrid Safie y Romeo Barahona, antecesores del actual titular del Ministerio Público, habían recibido comunicaciones de los Teamsters y de la oficina de McGovern.
Hasta ahora, tanto la Fiscalía General como la Policía Nacional Civil han mantenido la versión de que Soto fue asesinado por problemas con su ex esposa. Las dudas sobre la investigación del caso, sin embargo, son muchas.
En diciembre de 2004, a un mes del homicidio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución sobre el proceso de investigación realizado por la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC. En esencia, la PDDH acusa a la DECO de contaminar la escena del crimen, coaccionar testigos –a través de “tortura física y sicológica”– y de enterrar la línea de investigación según la cual Soto fue asesinado por su actividad sindical.
A finales de la década de 2000, autoridades estadounidenses investigaron incluso la posibilidad de que en el asesinato del sindicalista estuviesen involucrados miembros de la banda Los Perrones, un grupo de narcotraficantes salvadoreños.
En diciembre de 2014, en una entrevista con La Prensa Gráfica, Danny Dalton, ex miembro de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estacionado en El Salvador en 2004, confirmó las investigaciones: “Yo estaba investigando el homicidio de Gilberto Soto, organizador de sindicatos. Yo estaba investigando el caso con el congresista Jim McGovern… Todos se preguntaban cuál era el vínculo ahí, quizás Los Perrones, quizás, yo no llegué a una conclusión… Pero te puedo decir que Los Perrones están vinculados con diferentes oficiales del Gobierno”, dijo Dalton al periódico.
En noviembre pasado, el congresista visitó El Salvador para asistir al XXV aniversario de los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas en el campus de la Universidad Centroamericana. En el marco de esa visita, McGovern se reunió con Martínez para preguntarle por varios casos de impunidad por los que el congresista preguntó oficialmente a los despachos de los presidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, entre ellos el de Soto.
Factum contactó con la oficina de prensa de la Fiscalía General para obtener una reacción del despacho de Martínez a esta nueva petición de los Teamsters. Al cierre de esta edición aún no había habido respuesta.
Una vieja preocupación en Washington
El congresista Jim McGovern envió la primera carta en la que llamaba la atención sobre casos como el de Soto en 2008. El destinatario fue, entonces, el presidente Antonio Saca, a quién el legislador estadounidense pedía investigar a profundidad, entre otros, los asesinatos del sindicalista, de la menor Katya Miranda, así como a la banda Los Perrones.
Un año después, en 2009, McGovern envió una carta similar a Mauricio Funes, el sucesor de Saca; las peticiones eran las mismas.
Para 2011, ni el Ejecutivo de Funes ni la Fiscalía General había hecho algo respecto a alguno de los casos por los que abogaba el congresista. Ese año, en un discurso que pronunció en una universidad de Massachusetts, su estado natal, McGovern se lamentaba por la incapacidad de la Fiscalía para dar con los autores intelectuales en estos casos:
“Desafortunadamente, hay viejos problemas institucionales que siguen obstaculizando las reformas, la búsqueda de la justicia e incluso la consolidación de la democracia. En mi opinión, la Fiscalía sigue siendo el lugar donde la justicia va a morir. Innumerables casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y otros crímenes siguen estancados ahí”, cita a McGovern un informe de coyuntura elaborado por el Wilson Center en Washington en marzo de 2011.
Lea en este link entrevista con Jimmy Hoffa, Jr.
*En la imagen destacada aparecen Gilberto Soto y Jimmy Hoffa, Jr.
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