Corte negó dos veces la extradición del ministro de Gobernación

Juan Carlos Bidegain Hananía es prófugo de la justicia guatemalteca por un proceso que enfrenta por maltrato a una de sus hijas. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó su extradición en 2020 y el año pasado lo confirmó. El funcionario entró y salió del país en 2019, a pesar de tener una orden de captura internacional de Interpol. Luego, su abogado se convirtió en contratista del Ministerio de Educación, dirigido por la madre del ministro.

Ilustración: Victoria Delgado/Fotos: Gerson Nájera

Eran las 10:05 de la mañana del 19 de septiembre de 2019 cuando el investigador Carlos Juárez le leyó sus derechos a Juan Carlos Bidegain Hananía, actual ministro de Gobernación, en la oficina central de la Organización Internacional  de Policía Criminal (Interpol) en El Salvador. Ese día, Bidegain Hananía, quien entonces era asesor del Ministerio de Obras Públicas y director de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte, fue capturado con una orden de arresto internacional en su contra, que está vigente por una acusación de maltrato contra una de sus hijas. El funcionario estuvo detenido 30 días en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía y también, bajo arresto domiciliar. 

Bidegain fue denunciado en la Fiscalía (Ministerio Público) de Guatemala el 16 de febrero de 2012 y en la actualidad el caso es llevado por el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de ese país. El 8 de mayo de 2015, el tribunal remitió la orden de “aprehensión internacional con fines de extradición” a la oficina central de Interpol por el delito de maltrato de menores. La víctima, según la documentación del caso, reside en Guatemala y es ciudadana estadounidense. 

Sobre uno de los funcionarios más promovidos por el gobierno, y quien fue el responsable de la operación logística del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), también recaen desde hace años cinco denuncias por violencia intrafamiliar, amenazas de muerte, señalamientos de retención de pasaportes de sus hijas, acoso de sus abogados en contra de una víctima y espionaje telefónico.  “Él (Bidegain Hananía) está utilizando el aparato estatal del gobierno de El Salvador para rastrear mis conversaciones telefónicas, por correo electrónico”, señaló la esposa del funcionario, en una denuncia interpuesta el 13 de abril de 2021 en el Ministerio Público guatemalteco. 

La orden de captura internacional contra el ministro de Gobernación está vigente desde el 27 de marzo de 2019, según detalla la notificación oficial de Interpol. A pesar de eso, el 9 de agosto de 2019, en su calidad de asesor de despacho de Obras Públicas y director de Transporte Terrestre, salió de El Salvador en una misión oficial en el vuelo de LACSA 627 rumbo a Chile, un viaje que fue costeado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El registro migratorio revela que Bidegain volvió a entrar al país el 16 de agosto de 2019. 

En un amplio informe, el procurador de derechos humanos Apolonio Tobar cuestionó al jefe de Interpol El Salvador, Manuel Garay Coto, por no haber hecho efectiva la detención de Bidegain a pesar de estar vigente la orden de arresto internacional para esa fecha. En respuesta a ese reclamo, la oficina de Interpol informó que el 31 de mayo de 2019 recibió la alerta de localización y captura del acusado y, como parte de las diligencias que le corresponden, solicitó a la Dirección de Migración y Extranjería que diera paso a la alerta migratoria para impedir la salida del funcionario. Un sistema que en la práctica no funcionó, pues Bidegain viajó sin inconvenientes en agosto de ese año. Revista Factum buscó al jefe de Interpol en el país, pero este no recibió a la periodista para hablar del tema. 

Hasta este momento, el director general de Migración y Extranjería Ricardo Cucalón no ha rendido el informe solicitado por la Procuraduría acerca de porqué le permitieron salir del país al funcionario cuando ya tenía calidad de prófugo de la justicia. 

La orden de captura internacional, que a la fecha continúa activa y no tiene caducidad ni prescripción, posee notificación roja; una clasificación que se emite sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena en la red de países que integran Interpol. No todas las clasificaciones de Interpol son públicas. En total, 195 países miembros se comunican entre sí para localizar y detener a una persona que tienen cuentas pendientes con la justicia.

La Corte Suprema negó su extradición

Después de la detención, la solicitud de extradición fue remitida al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. El funcionario se declaró enfermo y permaneció custodiado en el Hospital Centro de Emergencias Pastrana. Luego regresó a las bartolinas de la DAN y después permaneció bajo arresto domiciliario. 

El 26 de septiembre de 2019, cuando Bidegain tenía una semana de estar arrestado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discutieron el suplicatorio 171-S2019 referente a la petición de detención con fines de extradición a Guatemala.  La defensa del entonces director de Tránsito Terrestre  solicitaba que le autorizaran medidas diferentes a la detención. Ese día, los magistrados únicamente acordaron notificar el arresto a Guatemala y analizar la Convención de Extradición Centroamericana suscrita por El Salvador en 1923. 

Un mes después, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores Ana Geraldina Beneke le pidió al exministro de Justicia Rogelio Rivas que trasladara “con carácter urgente” el expediente de Bidegain a la Corte Suprema.

La extradición de Bidegain fue frenada definitivamente el 28 de mayo de 2020, casi un año después de la detención, por la Corte Plena integrada por los 15 magistrados de la CSJ. Doce magistrados votaron por rechazar la entrega del funcionario a las autoridades guatemaltecas y tres se abstuvieron, según consigna el acta de esa reunión. 

Los episodios de violencia física y verbal contra su hija, por los que es perseguido penalmente el ministro de Gobernación salvadoreño, iniciaron el 31 de diciembre de 2011 en El Salvador y continuaron en enero de 2012 en Guatemala, según la denuncia de la víctima. “El día veinte de enero del año dos mil doce nuevamente la volvió a agredir físicamente golpeándole un brazo yo le reclamé y me contestó que no midió sus fuerzas”, detalla la acusación. 

Los magistrados rechazaron la petición de extradición del funcionario a Guatemala alegando el principio de territorialidad, que consiste en dar prioridad a juzgar los delitos en el territorio donde fue arrestado el acusado o en el territorio donde fue localizado primero. La Corte Suprema en pleno resolvió que los hechos ocurrieron en El Salvador, pero continuaron y fueron denunciados en Guatemala.  

“Analizado el marco jurídico y el principio de territorialidad de la ley penal se evidencia la procedencia de que los hechos sean investigados en nuestro país y para tal efecto se ordenará certificar a la Fiscalía General de la República”, resolvió la Corte Suprema.

Los magistrados ignoraron el artículo uno de la Convención de Extradición Centroamericana que establece que los países de la región se entregarán recíprocamente a los condenados o acusados como autores, cómplices o encubridores de un delito que tengan condenas no menores de dos años. En la legislación guatemalteca, el maltrato a menores es castigado con una pena de dos a cinco años de cárcel, según el artículo 150 BIS del Código Penal de ese país. 

Esta revista le pidió una explicación de la decisión al expresidente de la Corte Suprema, Armando Pineda Navas, uno de los que votó contra la extradición. Él se limitó a decir que Bidegain tenía procesos judiciales pendientes en El Salvador, por lo que la prioridad es que sea juzgado en el país: “Primero hay que resolver los casos nacionales y después se resuelven los otros (lo internacional). Ese sería el criterio de manera general. Hicieron una exposición bastante amplia y eso es lo que yo recuerdo, tanta cosa no puedo dar detalles ahorita y no hay forma de consultarlo porque eso quedó en el archivo”, respondió Pineda.  

El exmagistrado presidente negó que haya existido presiones o algún otro motivo para resolver a favor del funcionario del gobierno de Nayib Bukele. “En ese momento no era funcionario, eso fue después. Nadie me presionó, ni yo mucho menos iba a aceptar eso”, enfatizó el exmagistrado.

Aldo Cáder, uno de los tres magistrados que abstuvo de votar en la resolución a favor de Bidegain, dijo que tomó esa decisión debido a que el caso fue presentado en el pleno en último momento y no tuvo tiempo para analizarlo. “Se incorporó en el último momento y yo no lo había estudiado bien y por eso no voté. Si no estaba estudiado, no votaba”, detalló a Factum el exmagistrado.

Además de Cáder, también se abstuvo de votar por negar la extradición el entonces magistrado Carlos Sánchez y Sandra Luz Chicas, que en ese momento era magistrada suplente. Los demás magistrados ordenaron la inmediata liberación sin restricciones del ministro de Bidegain y notificaron el caso a la Fiscalía para que continuara con la investigación. 

Oswaldo Feusier, abogado y catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, quien ha estudiado a profundidad el tema de extradiciones, explicó que el principio de territorialidad es utilizado para aplicar la ley de manera local cuando una persona es solicitada por otro país.  “Sin tener mayores detalles del caso, pero lo que están diciendo ellos es que lo van a juzgar, como prioridad, antes de que sea juzgado en otros países. Que ellos van a aplicar la ley en territorio nuestro”, dijo. 

A juicio del abogado, a lo que se debe estar atento es a que si la territorialidad fue utilizada para hacer justicia o para proteger o encubrir al funcionario. “Porque si ellos dicen vamos a aplicar el principio de territorialidad es porque van a hacer un proceso judicial real; pero si no lo hacen, únicamente lo están ocupando para evadir la aplicación de justicia”, afirmó Feusier. 

La ratificación de la nueva corte

Foto FACTUM / Gerson Nájera

La Corte Suprema cambió de conformación. El 1 de mayo de 2021, los diputados de la Asamblea controlada por Nayib Bukele desintegraron la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República. Cinco magistrados de lo Constitucional, que habían emitido resoluciones incómodas al Gobierno, fueron destituidos en el primer día de trabajo de los diputados oficialistas. Raúl Melara también fue destituido como fiscal general y, en su lugar, fue impuesto Rodolfo Delgado. 

Los magistrados impuestos por el oficialismo tuvieron que volver a conocer sobre el caso Bidegain, tras una petición de uno de los abogados defensores del funcionario y de la Procuraduría de Derechos Humanos. La corte afín al oficialismo certificó la decisión de no entregar al funcionario a Guatemala, en la sesión de Corte Plena celebrada el 12 de agosto de 2021, cuando Bidegain ya había sido nombrado como ministro de Gobernación. 

El 12 de agosto de 2021, los nuevos magistrados de la CSJ acordaron pedirle un informe a la Fiscalía sobre las investigación de los hechos denunciados contra Bidegain.

“Es preciso acotar que, mediante resolución pronunciada por este tribunal de fecha 28-V-2020, se declaró improcedente la presente petición formal de extradición y se informó lo resuelto a la Fiscalía General de la República, así como, se remitieron las diligencias provenientes del Estado guatemalteco”, consigna la resolución del 12 de agosto.

Los magistrados que firmaron ese documento fueron Sandra Luz Chicas, Luis Javier Suárez, Miguel Ángel Flores Durel, Alex Marroquín, José Ángel Pérez, Héctor Nahún Martínez, Paula Velásquez, Leonardo Murcia y Roberto Calderón Escobar.

Los nuevos magistrados se justificaron en no tener un instrumento jurídico que regule las extradiciones. 

“Los señores magistrados advirtieron que efectivamente la práctica de extradición no cuenta con un procedimiento uniforme a seguir cuando un procesado es requerido…Este Órgano Judicial carece de competencia para promover una Ley atinente a regular el procedimiento de extradición”, dice el documento que se respalda en el artículo 133 de la Constitución, relacionada a las competencias institucionales. Esa justificación fue enviada por la nueva Corte Suprema de Justicia al procurador de Derechos Humanos a finales de 2021. 

Como parte del trámite, tras cerrarle la puerta a la extradición, la Corte Suprema envió a la oficina de Interpol El Salvador una copia simple de la resolución  y solicitó a la Fiscalía impuesta por el oficialismo un informe sobre las diligencias ejecutadas sobre los delitos que se le imputan al funcionario. 

A raíz de la petición de extradición del ministro Bidegain, la Corte Suprema se comprometió a unir esfuerzos con varias instituciones para redactar una ley de extradición que será presentada a la Asamblea Legislativa. Al cierre de esta publicación, los magistrados no han dado avances sobre la propuesta de legislación que también abarcaría otros casos como el de Armando Eliú Melgar Díaz, alías “el Blue”, identificado como cabecilla de la Mara Salvatrucha-13, y que es el primer salvadoreño en ser acusado por actos de terrorismo en Estados Unidos. 

El mismo pleno que ratificó la no extradición del ministro de Gobernación también frenó la extradición del cabecilla de la MS el 26 de agosto de 2021. El pandillero está acusado de asesinatos en Maryland, Virginia y Texas, y es señalado de interferir en el comercio estadounidense. La solicitud de extradición “actualmente se encuentra en trámite, por lo que no se ha definido la situación jurídica del reclamado”, notificó la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema a la agencia EFE el pasado 10 de enero. 

Uno de los magistrados que formó parte de la comisión que durante muchos años estudió los casos de extradición le explicó a esta revista que la autoridad competente, en este caso la Corte Suprema de Justicia, debe revisar que se cumplan varios requisitos antes de tomar una decisión; por ejemplo, la conducta denunciada debe estar tipificada como un delito en los dos países; un punto jurídico que se conoce como doble principio de imputación. 

 Los delitos no deben ser políticos; además, según la Cqonstitución salvadoreña, el país a donde se enviaría el extraditado deberá respetar sus derechos y evitar la pena de muerte o la cadena perpetua, condenas que no están estipuladas en esta legislación.  Ante todo, detalla el exmagistrado, debe prevalecer el principio de colaboración obligada de todos los países para combatir el crimen transnacional, es decir, el primer país que detiene al acusado tiene derecho a juzgarlo. Sin embargo, lo primordial es que los países tienen derecho a perseguir a las personas que cometieron un delito en contra de uno de sus ciudadanos. 

“Lo que no puede es generar impunidad. Uno no es ingenuo y sabe que en El Salvador muchas de estas decisiones de la corte solo se ejecutan en el papel, donde me dicen ´no lo extradito porque lo quiero juzgar aquí, pero en la práctica puede ser que el efecto que no se procesa, o se archiva el caso y se genera impunidad”, dijo el exmagistrado, quien pidió no ser identificado.

Las consecuencia que supone tener vigente una orden de arresto internacional es que el funcionario no podrá salir del país, pues de hacerlo será arrestado. “Al final se convierten en presos en su propio país, eso le tocaría: una cárcel de 21,000 kilómetros cuadrados; y eso va a pasar con los funcionarios cómplices porque sus jefes sin duda que se irán y los dejarán a ellos”, concluyó el exmagistrado.

 El artículo 160 de la Constitución de El Salvador establece que para ser ministro es requisito ser salvadoreño por nacimiento y  ser de moralidad e instrucción notorias, que los abogados traducen a un impecable comportamiento dentro de los márgenes sociales de convivencia. También establece “estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores a su nombramiento”. 

El proceso en El Salvador

Foto FACTUM / Gerson Nájera

Poco antes de su destitución, el fiscal Raúl Melara informó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que remitió el caso a una de sus unidades:  “Este despacho hace de su conocimiento que dicho proveído ha sido remitido a la unidad organizativa interna respectiva, a efecto que se analice la exposición fáctica y probable noticia crímenes, en dirección a determinar si los hechos planteados contienen los elementos esenciales para sustentar el inicio de una investigación de naturaleza criminal”, dice la nota enviada por Melara al procurador Apolonio Tobar el 22 de marzo de 2021. 

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y la procuradora general, Miriam Geraldine Aldana, tienen conocimiento del caso, pues una de las víctimas denunció en esas dos instituciones la violencia intrafamiliar, el incumplimiento en el pago de cuotas alimenticias y la  notificación roja en Interpol.

La PDDH y la Procuraduría General de la República han hecho entrevistas y solicitado informes al Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia sin que a la fecha existan resoluciones definitivas de esas instituciones. 

Amenazas de muerte y espionaje

Bidegain también es señalado de cometer violencia psicológica en contra de su esposa en febrero de 2012, cuando ella estaba embarazada de su tercer hijo. Durante la convivencia, el matrimonio procreó a dos hijas. Según consta en la denuncia interpuesta en el Ministerio Público guatemalteco, ella sufrió una amenaza de parto prematuro luego de una discusión con Bidegain por un acuerdo para cuotas alimenticias.

En abril de 2021, la esposa del funcionario denunció en el Ministerio Público guatemalteco que recibió una amenaza de muerte y, paralelo a esa situación, también denunció que sufrió espionaje telefónico y persecución del Estado salvadoreño por los procesos legales que mantiene abiertos en contra del funcionario. La víctima, que solicitó medidas de protección, también ha notificado judicialmente que ha sido presionada para retirar las denuncias.

“El licenciado me indicó que si yo no retiro todos los procesos judiciales que se encuentran en contra de mi esposo Juan Carlos Bidegain Hananía me va a mandar a matar, razón por la cual solicito medidas de seguridad ya que temo por mi integridad y la de mi familia ya que me ha estado acosando mi esposo y sus abogados”, dice la denuncia interpuesta el 13 de abril de 2021. 

Ese mismo día, el Juzgado Tercero de Paz Móvil de Guatemala concedió medidas de protección a la esposa del funcionario durante seis meses. Bidegain debía abstenerse de agredirla, perturbarla e intimidarla físicamente o por un medio electrónico. Tampoco los intermediarios del funcionario podían comunicarse con ella.

La esposa del funcionario también denunció espionajes telefónicos que, según ella, ocurrieron cuando llamó a las instituciones de gobierno donde Bidegain trabajó para detallar los procesos judiciales vigentes. En uno de los expedientes judiciales constan las capturas de pantalla de las conversaciones que intercambió con empleados del Ministerio de Salud, del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y del Viceministerio de Transporte. 

Los jefes de informática y tecnología de las tres instituciones firmaron una declaración jurada en la que describieron el contenido de las comunicaciones. En los escritos se observan adjetivos que descalifican a la víctima, y estos fueron adjuntados por el abogado de Bidegain como prueba en otro proceso.

El abogado del ministro, un contratista del MINED

El abogado Luis Giancarlo De La Gasca Coltrinari que representó a Bidegain Hananía durante el proceso de solicitud de extradición y en una denuncia de violencia intrafamiliar presentada contra una de las víctimas por los procesos judiciales de familia que lo involucran, también es abogado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Esa institución es dirigida por la ministra Carla Hanania de Varela, madre del ministro de Gobernación. 

Diez meses después de representar los intereses de Bidegain Hananía ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado De La Gasca recibió del Ministerio de Educación un contrato de $15,000 por servicios legales bajo la  modalidad de libre gestión, que permite un procedimiento simplificado de selección y contratación sin comparar ofertas para obtener un mejor precio. La orden de compra con vigencia de marzo a diciembre de 2021 fue firmada por la madre de su defendido. 

Ese no fue el único contrato que recibió De La Gasca del Ministerio de Educación. En diciembre de 2019 fue contratado por $2,250 por brindar sus servicios durante 47 días. 

Revista Factum buscó De La Gasca en su despacho para hablar sobre el proceso de extradición del ministro Bidegain. El abogado quedó en corresponder la petición, pero luego ya no contestó las llamadas telefónicas posteriores a la visita.