Por Julia Gavarrete

“A este tribunal no se le presentó prueba directa que determine de forma irrefutable que la señora Maritza de Jesús González sea la responsable de haber golpeado en la cabeza al menor fallecido hasta ocasionarle la muerte”, dijeron los jueces en la sentencia del 11 de junio de 2009. Pero el reconocimiento de que no había evidencia que vinculara a Maritza con la muerte de su hijo no fue suficiente para absolver a la mujer de 30 años. Dos jueces del tribunal creyeron una historia de infidelidad que construyó la Fiscalía y, basados en ese relato en el que Maritza mató a su bebé por miedo a que su pareja dejara de enviarle dinero desde Estados Unidos, fue así como la condenaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

En la sentencia, luego del reconocimiento de los jueces Carlos Mauricio Herrera Rodríguez, José Cristóbal Reyes Sánchez y Rosa Imelda Meza de González —en sustitución de José Aquiles Álvarez Hernández— de que no había prueba directa e irrefutable contra Maritza, tanto Reyes como Meza dijeron que, por lo menos, la Fiscalía sí pudo presentarles “indicios probatorios” para “deducir” que la mujer mató a su hijo.

Esos indicios probatorios fueron los relatos de una infidelidad de Maritza y de un temor a dejar de recibir dinero de su pareja. Un testigo protegido y otro testigo que no vio nada, pero que le contaron lo que ocurrió, fueron los pilares de la acusación de la Fiscalía y quienes llevaron a Maritza a la cárcel. Maritza, cuando fue condenada, no solo era mamá de su hijo fallecido. Estaba criando al pequeño Juan, su hijo de ocho años.

De aquella sentencia de junio de 2009 han pasado nueve años y unos cuantos meses. Maritza espera sentada por una entrevista en una de las áreas comunes de la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate. Le faltan casi veinte años más de cárcel para que salga libre. Maritza junta sus manos y las aprieta sobre sus rodillas, que de repente se mueven como haciendo palpitaciones, como un tic que la delata. Está ansiosa. “Es primera vez que me van a hacer esto (una entrevista)”, dice entre intermitentes risas de nervios. Más adelante, con más confianza, va a desamarrar su historia.

Maritza creció en Agua Blanca, un cantón del municipio de Anamorós, en el norte de La Unión. En estos municipios orientales salvadoreños, las familias cuentan numerosas historias de migración a Estados Unidos. Las coloridas casonas de hasta tres pisos y adornadas con vitrales, que se desenrollan en hileras por la carretera que lleva a Anamorós, son una muestra de cómo las remesas de los familiares viajan desde Estados Unidos hasta estos pueblos pobres.

Cuando era una niña, Maritza vivió con sus abuelos, dos hermanas y un hermano. Nunca aprendió a leer. A los 18 años, se acompañó con el papá de su primer hijo: Jorge Fuentes. Dos años después, Jorge engrosó la lista de anamorenses que se fueron para Estados Unidos a buscar una mejor vida. Logró quedarse en ese país y desde allí empezó a enviar dinero para la leche, la comida y los pañales de Juan.

La compañía de Jorge se materializó en dinero para su hijo. Maritza se quedó sola hasta que años después empezó una relación con Lázaro Fuentes, primo de Jorge. Y Maritza se embarazó por segunda vez. Lázaro era el papá del bebé que esperaba. Jorge supo de la nueva relación de Maritza con Lázaro, pero no pareció importarle. La ayuda para el pequeño Juan siempre llegaba de Estados Unidos.

“Yo le había dicho a él (a Jorge) que yo estaba embarazada. Yo le decía a él que se viniera (de Estados Unidos) y no quiso… Yo le decía: ‘Bueno, si pasa algo, después no vaya a decir…’”, cuenta Maritza sobre las conversaciones que tuvo con Jorge acerca de su nuevo embarazo y de la relación con su primo Lázaro.

Anamorós entonces seguía viendo a su gente partir. Y le llegó el turno a Lázaro. Maritza se volvió a quedar sola. Embarazada y sola.

Maritza, para entonces, seguía en casa de la familia de Jorge, donde pasó su segundo embarazo. Ahí vivían su suegra, Maximina Fuentes, tres niñas y la hermana de su suegra. “Éramos como siete personas y vivíamos juntos todos… en un mismo cuarto. Ellos eran bien pobrecitos, pero ahí vivíamos bien todos”, dice desde el encierro en Izalco.

Una tarde en la que Maritza volvía de vender turrones por los cantones de Anamorós y de comprar comida, Cándida, una de las tres niñas que vivía en la misma casa, sobrina de Maximina, la vio llegar a casa con su hijo Juan. Llevaba dolores abdominales, que en un par de horas se volvieron más agudos. Era la semana de embarazo número 38, no cabía duda de que el bebé estaba por nacer.

A las 7:30 de la noche del 24 de octubre de 2008, Maritza tuvo a su segundo hijo.

 

El dedo acusador

La Policía recibió una denuncia el 30 de octubre de 2008, seis días después de que Maritza había dado a luz. Unos vecinos les dijeron a las autoridades que un bebé había sido enterrado en el terreno de una de las casas del cantón Agua Blanca. En el reporte policial, fueron estos vecinos los que aseguraron que Maritza de Jesús González fue quien enterró al bebé. Aunque también señalaron a Maximina Fuentes, la suegra de Maritza.

La denuncia progresó y la Fiscalía ordenó la captura de las dos mujeres para acusarlas de homicidio agravado en contra del recién nacido.

Rhina Esmeralda Campos fue la fiscal encargada de recopilar y documentar las evidencias contra las acusadas. El bebé de Maritza tenía heridas que habían sido provocadas.

En la acusación se incluyó una inspección policial, entrevistas a los policías que les detuvieron, prueba de ADN, exámenes físicos practicados a Maritza, testimonios de vecinos, el relato de la pequeña Cándida, el croquis de la ubicación donde fue desenterrado el hijo de Maritza, fotografías del lugar y la confiscación del arma con la que, se supuso, mataron al bebé: una cuma.

La lista de pruebas de cargo se amplió con los exámenes psicológicos, la autopsia de Medicina Legal y los informes solicitados a la clínica de Anamorós sobre controles de embarazos de Maritza. Controles que nunca recibió, al menos no en ese lugar, contó Maritza durante la entrevista.

Maritza fue condenada sin más que una prueba a su favor: el nombre de un familiar de su esposo que iba a acudir a declarar para que no la condenaran. Pero el familiar nunca apareció en el proceso.

Entre todas las pruebas, el testimonio de un testigo protegido fue determinante para demostrar la culpabilidad de Maritza y se convirtió en “uno de los indicios probatorios” que llevaron a dos de los tres jueces de Sentencia a decir que Maritza asesinó a su bebé.

En el juicio, ese testigo anónimo apuntó que Maritza cometió el delito para ocultar una infidelidad a su esposo: “El embarazo provocaría que dejara de mandarle la ayuda económica que recibe, porque el niño era de otro hombre”. El testigo mencionó el nombre de Lázaro Fuentes como ese otro hombre que era el papá del segundo hijo de Maritza.

Pero la afirmación del testigo protegido también fue reveladora en otro punto: aseguró que no vio nunca que Maritza y Maximina mataron al bebé. Incluso, dijo que no sabía que Maritza estaba embarazada y, por supuesto, tampoco fue testigo del parto de Maritza y ni siquiera sabía, entonces, el drama al interior de la casa de Maritza y Maximina.

Lo que dieron por cierto los jueces fue una afirmación de este testigo: dijo que escuchó un llanto que provenía de esa casa de la que se encontraba a pocos metros cuando sucedió el parto. Después, vio salir a Maritza de la casa “toda desgreñada” y “sin estómago” —aunque ya antes había dicho que no sabía de su embarazo—. Por eso, según su relato, comenzó a sospechar que algo pasaba.

El testigo protegido tenía un nombre peculiar: “719mm08”. Desde la primera entrevista que brindó a la Policía, pidió que sus declaraciones permanecieran en el anonimato, porque temía que la familia de Maritza tomara represalias.

Pero la versión de este testigo no solo tuvo esas imprecisiones. En realidad, sus declaraciones cambiaron de las que dio en un principio a las que expuso a los jueces el día de la vista pública. Por ejemplo, el “719mm08” en un primer momento aseguró que él se dio cuenta de que Maritza había tenido un hijo porque su hermana se lo contó. Pero ante los jueces, el testigo incógnito dijo que supo del embarazo de Maritza por los llantos de bebé que escuchó esa noche.

Las incongruencias en la declaración del testigo que fue clave para condenar a Maritza no fueron objetadas por la defensa a la hora del juicio.

 

Un relato en el olvido

Horas antes del parto, Maritza volvía de Anamorós junto a su hijo y un puñado de bolsas con comida que traía para abastecer la casa. Caminaba bajo un sol extenuante de la 1 de la tarde sobre una calle empedrada y alfombrada con polvo. Maritza dio un paso en falso y se deslizó. Cayó al suelo, boca abajo, golpeando primero con el estómago. “¿Te caíste, mamá?”, le preguntó su hijo. “¿Te caíste?”, volvió a preguntarle. Maritza seguía en el suelo. “Sí, papito, me caí”. Y entonces comenzaron los dolores.

Ya en casa, su suegra notó que el malestar había aumentado. “¿Qué podemos hacer?”, cuenta Maritza que le preguntó su suegra. Maritza recuerda que en el cantón nadie tenía un vehículo que estuviera a la mano para trasladarla a un hospital. La hora y la distancia del hospital más cercano, el nacional que se ubica en el municipio de La Unión, se volvieron en su contra.

“Es que me siento mal…”, iba a repetir ese día.

El parto lo asistió Maximina y la madre de Cándida, María Bartola Flores. Cándida, de 16 años, fue una de las principales testigos de lo que sucedió en esa pequeña casa del cantón Agua Blanca. El reporte que fue escrito a mano por uno de los policías que llegaron a detener a Maritza y a Maximina dice que Cándida vio llorar al bebé sobre el suelo durante veinte minutos y lo describió mal formado, sin cuello, “como con cara de animal”. Cándida, según el reporte, también dijo haber visto cuando su tía Maximina tomó una cuma y lo golpeó.

Luego Maximina buscó a Pedro Fuentes, su tío, para que le ayudara a enterrar al bebé. Las descripciones de Cándida fueron anotadas por las autoridades en una fase inicial del proceso contra Maritza y Maximina. Pero luego no pasaron a más. Fueron desechadas de todo el proceso penal. De hecho, Maximina fue absuelta de cargos y solo Maritza fue quien recibió una condena de 30 años de cárcel.

Maritza, en Izalco, cree que fue la caída que sufrió en la calle la que provocó el parto precipitado. A su parecer, el niño nació muerto por ese accidente. Recuerda que lo vio sin vida y que fue su suegra Maximina la que sugirió enterrarlo en la casa. “¿Y si es prohibido?”, le preguntó a Maximina. “No”, respondió la suegra. Maritza cuenta que Maximina entonces enterró a su bebé. “Y eso fue lo que a mí me perjudicó”, dice, ahora más concentrada en su relato.

Los jueces Reyes y Meza, quienes condenaron a Maritza, reconocieron también en el juicio que “ninguno de los testigos manifiesta haber presenciado el momento”, pero que, en todo caso, “la prueba circunstancial o indiciaria tiene acogida en el ámbito jurisdiccional penal”. Maritza fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado por indicios que dos de tres jueces creyeron que eran suficientes para sentenciarla, sin pruebas directas de por medio.

“Declárese responsable a la imputada Maritza de Jesús González en grado de autor directo”, dictaminaron los dos jueces. Maximina, en cambio, quedó libre debido a que la Fiscalía no logró ubicar a la suegra de Maritza en la escena del crimen, pese a las declaraciones previas de Cándida y la confiscación de la cuma.

Maximina fue absuelta porque su participación debió haber quedado establecida a nivel de coautoría. Debió haberse establecido su participación y funciones “en el desarrollo de la acción” y el dominio del hecho como coautora. Pero la Fiscalía, a criterio de los tres jueces, no lo demostró.

Pero el juez Herrera tuvo un criterio distinto. Su voto disidente lo razonó en la sentencia contra Maritza. En sus argumentos, sostuvo dos líneas que no fueron sustentadas por la Fiscalía: la primera, relacionada con que no existió ningún elemento directo que llevara a establecer que tanto Maritza como Maximina cometieron alguna acción, dado que el testigo protegido no describió ni tampoco informó de forma convincente los hechos. En ese primer punto, los tres jueces estuvieron de acuerdo. Y la segunda línea fue el hecho de que al juicio no llegó Cándida, quien fue la única testigo que presenció el parto. Si bien Cándida lo vio todo, su minoría de edad fue un impedimento para que tomaran en cuenta su declaración.

Herrera no detuvo sus alegatos ahí. Dejó escrito que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal solo determinó que el bebé murió por “traumatismo cráneo confuso y lesión de tejidos blandos”, es decir, que le fueron encontradas heridas en una pierna, además de tener destrozado el cráneo, pero no mencionó si en algún momento arrojó información que permitiese conocer si el bebé había sufrido alguna malformación congénita. Medicina Legal, a juicio de Herrera, no dejó claro si las contusiones que le detectaron al bebé fueron intrauterinas o les fueron provocadas luego de nacer.

El médico forense de Medicina Legal Moisés Valentín Cortez aseguró que el estado del cuerpo del bebé no permitió que le practicaran ciertos exámenes, como las docimasias tanto pulmonar como gástrica. Pero, en su conclusión, solo indicó que el bebé estaba con vida cuando le fueron ocasionadas las heridas.

Maritza, en la entrevista en Izalco, insiste en que su caso careció de mucha información: “¡Cómo ha puesto la Fiscalía que esto fue aquí, que allá…! Las cosas nunca fueron así como las pusieron”.

La defensa de Maritza centró sus alegatos en que la Fiscalía “no ha establecido responsabilidad”, porque tampoco se pudo determinar si el bebé nació vivo o muerto, al no tener ni siquiera la prueba de los pulmones. Pero los argumentos presentados por el abogado particular Herberth Villacorta no fueron suficientes.

Villacorta fue contratado por la mamá de Maritza. Ella absorbió los gastos del abogado, que cobró 8,900 dólares por defender a su hija. Pero fue en vano.

En la Granja de Izalco, Maritza dice que al menos su defensor hubiera buscado pruebas de descargo. En el expediente judicial, por ejemplo, no se lee ningún testimonio de Maritza. Por eso no pudo contar sobre su caída o de la relación consentida que Jorge le permitió con su primo. Su abogado, cuenta, no la dejó hablar. “Yo sí hubiese querido hablar. Si yo hubiera hablado, quizá no me hubieran dado esta cantidad de años así”, dice.

 

Si no había pruebas, ¿qué seguía?

Claudia Flores Mejía, abogada y colaboradora de la Sala de lo Constitucional, sostiene que la condena de Maritza estuvo basada en una investigación que fue “incapaz” de incorporar elementos probatorios que pudieran determinar un grado de certeza sobre su responsabilidad penal, por ejemplo, evidencias de que ella fue quien le propinó los golpes a su bebé.

Factum solicitó en varias ocasiones a la Fiscalía, a través de su unidad de comunicaciones, contactar a la fiscal Rhina Campos para conocer sobre la investigación que desarrolló en este caso. La Fiscalía nunca respondió.

La abogada Flores menciona que también condenaron a Maritza sin tener certeza del dolo de matar. “No se tuvo prueba directa”, dijo en una entrevista que concedió a esta revista.

De los jueces de Sentencia de La Unión que condenaron a Maritza, solo Cristóbal Reyes Sánchez continúa en ese tribunal. Factum lo buscó en reiteradas ocasiones a través de llamadas telefónicas y le dejó mensajes en el juzgado, pero tampoco hubo respuesta de su parte.

Carlos Mauricio Herrera Rodríguez, el voto disidente que creyó en la inocencia de Maritza, fue removido por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Herrera, en 2004, agravó la tipificación de un “homicidio culposo” a un “homicidio simple” en un caso que abordó y la corte consideró que esa decisión fue incorrecta.

El 22 de junio de 2009, once días después de escuchar su condena, Maritza envió un recurso de casación al mismo Juzgado de Sentencia de La Unión. El recurso llevaba nada más la huella dactilar de la mano derecha de Maritza, porque no sabía leer ni escribir. En est escrito pidió la nulidad de la sentencia condenatoria y que se hiciera otra vez el juicio por otro tribunal. El recurso llegó hasta la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En ese mismo escrito, Maritza enumeró las inconsistencias del testimonio del testigo protegido, en el que basó su sentencia el Juzgado de Sentencia de La Unión para condenarla.

Pero la corte no quiso admitir su recurso. Según el poder judicial de El Salvador, Maritza no reunió requisitos técnicos en su escrito. En lenguaje de abogados, no se desprendieron de su documento “las condiciones mínimas para entrar al fondo del vicio”. El 18 de septiembre de 2012, Maritza presentó un escrito, también a mano, a la Asamblea Legislativa. En ese documento pedía que los diputados le concedieran un indulto. Pero el caso de Maritza sigue archivado en el congreso salvadoreño, pues tanto el Consejo Criminológico Nacional como la Corte Suprema de Justicia emitieron dictámenes desfavorables sobre la petición de indulto, debido a que concluyeron que la “capacidad criminal” de Maritza es “media”, según los expertos de esas instituciones.

Claudia Flores Mejía, en su análisis jurídico, también añade que otra debilidad dentro del proceso es que no se valoró la condición social de Maritza, como el hecho de no saber leer, lo que le dificulta el acceso a información que le facilitara comprender, por ejemplo, cuál es el procedimiento y las condiciones para dar a luz. Incluso siendo la mamá del pequeño Juan. “Eso necesariamente debe ser tomado en cuenta en la investigación —dice la abogada—, porque implica que no está preparada y eso puede llevarla al resultado que ocurrió”.

Maritza, en prisión, volvió a ser mamá. Su hijo de cuatro años y medio se llama Junior. Su papá es un reo que Maritza conoció en el penal de San Miguel, antes de que la trasladaran a Izalco. Ahora Maritza entró en la fase de confianza dentro de la cárcel y participa en programas psicosociales. Ya aprendió a leer y a escribir, recibe talleres e intenta cuidar de Junior mientras el primero de sus hijos, el pequeño Juan, vive en Estados Unidos con su hermana. Juan ahora tiene 19 años.

*Los nombres de los hijos de Maritza fueron cambiados para esta investigación.